Bogotá mejor para los operadores de Transmilenio, peor para los usuarios

Manuel Sarmiento

Concejal – Polo Democrático Alternativo

30 de enero de 2018

Por tercera vez consecutiva el alcalde Peñalosa decretó un alza en las tarifas del transporte público que encarecerá el pasaje en 27% en tan solo tres años, 10 puntos por encima de la inflación. En las tres ocasiones el aumento se ha justificado en la necesidad de mejorar la calidad del transporte, argumento propio de la demagogia peñalosista, pues en lugar de de mejorar el servicio ha empeorado.

Los resultados de la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos demuestran con contundencia el deterioro del servicio: en 2017 el 60% de los encuestados señalaron que el servicio de Transmilenio había empeorado, el 65% consideró que se demoraron más tiempo para llegar a sus lugares de destino y 8 de cada 10 usuarios se declararon insatisfechos con el sistema de buses rojos. Además, de acuerdo con cifras entregadas por Transmilenio, en 2017 se vararon 5,8 articulados de Transmilenio por día, más del doble de lo registrado en 2015 cuando el número de varados diarios fue de 2,4. En el SITP, el incumplimiento en la programación de rutas y frecuencias, o el número de buses que dejan de pasar, medido mediante el indicador de vueltas perdidas, aumentó un 35% entre 2015 y 2017.  Mientras el servicio se encarece, su calidad se deteriora, elevando el sufrimiento de los bogotanos.

A los que sí les ha ido muy bien con Peñalosa son a los operadores privados de Transmilenio, cuyas ganancias siguen al alza. En 2016, las utilidades netas de los consorcios de las Fases I y II crecieron en un 29%, pasasando de $25.000 a $32.000 millones de pesos. Cabe recordar que entre 2001 y 2015 la rentabilidad sobre el patrimonio de estos operadores fue del 15,6%, el doble de la rentabilidad promedio de las 200 empresas más grandes del país según lo señala un estudio de la empresa Transmilenio. Los desproporcionados beneficios se deben, entre otras cosas, a las dos prórrogas de los contratos de las Fases I y II decretadas por los gobiernos de Petro y Peñalosa, obligando a los bogotanos a pagar dos veces por unos buses viejos que se incendian, se quedan sin techo y se parten por la mitad.

El servicio de transporte no se mejora con tarifas más caras. Se necesita un cambio estructural que inicie con la modificación de los contratos de los operadores privados de Transmilenio para acabar de una buena vez con prerrogativas absurdas que les garantizan exageradas ganancias, como lo señala incluso una sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También se debe eliminar la prohibición legal que impide la operación pública del sistema, como funciona en Medellín y en las principales ciudades del mundo . Estas medidas deben acompañarse de un plan para que Bogotá deje de tener a Transmilenio como columna vertebral de su movilidad y en el mediano y largo plazo construya una red con varias líneas de metros que sea alimentada por los demás modos de transporte.

Pero en el reino del visionario alcalde vendedor de buses, los contratos de los operadores son intocables, el sistema solo puede operar como un negocio de un oligopolio privado y el metro debe alimentar los buses de Transmilenio. Todo para que unos cuantos poderosos se sigan enriqueciendo con el sufrimiento de las mayorías bogotanas.

Coletilla: La alcaldada de la prohibición del parrillero en moto muestra el talante politiquero, improvisador y antidemocrático de Peñalosa. Después de prometer en campaña que no implementaría la medida y de asegurar que no servía para reducir la inseguridad, la impuso en medio de su desespero ante el fracaso de la política de seguridad. Y para rrematar, respondió con represión y todo tipo de agresiones la justa protesta d elos motociclistas.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *