El alcalde Enrique Peñalosa volvió a arremeter contra los vendedores informales mediante un desalojo realizado en la localidad de Kennedy. El operativo inició a la 1 de la mañana del pasado 7 de noviembre en la calle 5 sur con carrera 81 y terminó con el desalojo de 200 personas que se suman a los otros 200 que ya habían sido expulsados de sus sitios de trabajo hace menos de dos meses.
El concejal Manuel Sarmiento rechazó los operativos que calificó como una agresión brutal contra personas humildes que han tenido que dedicarse al rebusque por la crisis económica y el desempleo que generan las políticas de los gobiernos de las últimas dos décadas. «Es inaudito que Peñalosa persiga a los vendedores informales como si fueran criminales y mientras tanto tramite contratos de privatización del espacio público a familias encopetadas como los consuegros del presidente Juan Manuel Santos», afirmó el cabildante.
A pesar de que la Corte Constitucional ha señalado que las personas que se dedican a las ventas informales en el espacio público son sujetos de especial protección dado que se encuentran en una «situación de especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza», Peñalosa insiste en arremeter contra sus derechos sin ninguna contemplación. «En el operativo de desalojo en Kennedy, el alcalde violó la extensa jurisprudencia que lo obliga a darles a los venderdores informales alternativas económicas reales. Ni siquiera cumplió con el deber m{inimo de instalar una mesa de concertación», afirmó Sarmiento.
El concejal del Polo hizo un llamado a los vendedores informales para que se organicen y se movilicen pacíficamente en defensa de sus derechos. «La unidad y la movilización son las vías para enfrentar a Enrique Peñalosa, quien ha demostrado una vez más su desprecio por los derechos de las personas más vulnerables».
