Manuel Sarmiento / @mjsarmientoa
Bogotá, 8 de Septiembre de 2015
En Bogotá se ha impuesto un modelo de ciudad en el que un pequeño grupo de cacaos nacionales y extranjeros se enriquecen sobre la base de violar los derechos ciudadanos y de empobrecer a las capas medias y pobres. Se trata de lo que podría denominarse el modelo Transmilenio, que rige también en el caso del alumbrado público.
Codensa, empresa controlada por la multinacional Enel, ha hecho del alumbrado público un lucrativo negocio. En 1997 el Distrito suscribió un convenio con la Empresa de Energía de Bogotá para la operación de este servicio, contrato que asumió Codensa luego de la privatización de la EEB, proceso en el que la compañía también se apropió de la infraestructura del alumbrado.
Cada año el Distrito le gira cerca de 135 mil millones de pesos a Codensa para que le preste a la ciudad un servicio de calidad. Pero estos recursos, que salen de los impuestos que pagan los ciudadanos, no se están invirtiendo de manera adecuada, lo que lesiona el derecho a disfrutar de un buen alumbrado público y empeora las condiciones de seguridad.
La Contraloría encontró que el 28% de las 332.000 luminarias que hay en la ciudad ya cumplieron su vida útil y no fueron reemplazadas por Codensa, lo que deteriora la calidad del servicio y lesiona el derecho a la seguridad de los ciudadanos. Está demostrado que la iluminación es un factor determinante para evitar delitos como los atracos. Con bombillas viejas, como las 94.000 que no fueron reemplazadas por Codensa, las condiciones de inseguridad aumentan.
Como si esto fuera poco, la Contraloría también cuestionó la decisión de la UAESP de perdonarle a Codensa la mitad de una deuda por $32.000 millones, generando un detrimento por $16.000 millones de pesos. En el año 2002 se demostró que el Distrito incurrió en un sobrecosto en el alumbrado público debido a que pagó por 6.600 luminarias que no fueron instaladas. Por esta razón, en el año 2011 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio dos meses a la UAESP y a Codensa para ponerse de acuerdo sobre el saldo a favor del Distrito y, en caso de no llegar a un acuerdo, la UAESP debía liquidar de manera unilateral la deuda.
La UAESP no acató el fallo. Después de dos meses de la expedición de la sentencia la entidad no liquidó unilateralmente la deuda, pero el 26 de junio de 2014, tres años después, suscribió con Codensa un acuerdo en el que el Distrito inexplicablemente renunció a la mitad de la deuda, calculada en casi $32.000 millones, con lo que le regaló a la multinacional cerca de $16.000 millones.
Lo más grave es que el convenio que le permite a Codensa enriquecerse con el alumbrado público está lleno de irregularidades y el gobierno distrital no ha hecho nada al respecto. Una consultoría contratada por la Alcaldía Mayor recomendó demandar el contrato por vicios tan protuberantes como tener una duración indefinida, lo que le permite a Codensa explotar el alumbrado público de Bogotá hasta la eternidad. Sin embargo, el Alcalde no le hizo caso al estudio y no demandó el convenio, favoreciendo los negocios de la multinacional italiana y de José Antonio Vargas Lleras, presidente de la compañía y hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Codensa se ha enriquecido con los impuestos de los bogotanos y a cambio presta un servicio de muy mala calidad. El gobierno distrital ha sido benevolente y alcahueta con esta multinacional. Es el modelo Transmilenio, en el que el alumbrado público deja de ser un derecho para convertirse en el negocio de un monopolio privado, en el que participan personajes como el hermano del Vicepresidente.
Para hacer valer el derecho a un buen servicio de alumbrado público la ciudadanía debe organizarse y movilizarse, y exigirle al gobierno distrital que demande el convenio, revise los pagos que le esta haciendo a Codensa y termine con un negocio que lesiona a los bogotanos.
