Élite política ha condenado al país y la ciudad al desempleo y la informalidad. No podemos esperar que el espacio público sea como el de Europa, si la pobreza es como la de África. Peñalosa persigue a vendedores informales y viola las sentencias de la Corte Constitucional. La administración insiste en medidas que han fracasado, mientras les entrega espacio público a consuegros del Presidente Santos.
26 de julio de 2018. Debate de control político en el Concejo de Bogotá. Intervención del concejal Manuel Sarmiento
Comienzo con un saludo muy especial para los vendedores informales que nos acompañan en el recinto y les agradezco por atender la invitación a este debate de control político. Es sabido que el gobierno de Enrique Peñalosa es muy reaccionario, muy antidemocrático. Es un gobierno dedicado a montarles grandísimos negocios a los cacaos nacionales y extranjeros, en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. Pero si hay algo que refleje el talante antidemocrático y autoritario del gobierno de Enrique Peñalosa, es la persecución contra los vendedores informales de la ciudad, tratándolos como criminales. Al considerarlos criminales, la administración distrital ignora que es un problema social y decide reprimir con el bolillo. Todas estas actuaciones violan la Constitución y la ley, además de una serie de garantías ya adquiridas por los vendedores informales.
Entiendo que la ocupación del espacio público por los vendedores informales pueda incomodar a algunas personas, que ellos ocupen las aceras puede ser incómodo para los peatones, incluso que en algunos sitios de la ciudad puedan generar desorden. Sin embargo, esto no justifica el maltrato. A los ciudadanos quiero decirles que el problema es social, o sea es el resultado de una política económica que se ha impuesto en el país hace varias décadas y que hace que tengamos unos de los desempleos más altos del mundo y altas tasas de informalidad. No podemos esperar que el espacio público sea como el de Europa, si la pobreza es como la de África. El resultado obvio, de una situación social y económica como la que enfrenta el país, es miles de ciudadanos, centenares de miles, obligados a salir a la calle a rebuscársela para ver cómo pueden sobrevivir con su familia. Son esas personas a las que Enrique Peñalosa, el secretario Miguel Uribe y la directora del DADEP tratan como criminales.
Situación económica condena a millones la informalidad
Empecemos por mirar la situación económica, porque la política frente a los vendedores informales parte de entender cuál es la realidad de este país. Lo cierto es que la élite política y económica ha fracaso en el objetivo de desarrollar a Colombia. Lo ponen en evidencia las siguientes cifras. La generación de riqueza por habitante es supremamente mediocre. Cada colombiano al año genera alrededor de US$6.300, mientras que en Argentina, un país vecino, se generan el doble (US$14.400), en Corea del Sur casi cinco veces (US$29.700), y en países desarrollados como Estados Unidos, cerca de diez veces más (US$59.500). Somos un país subdesarrollado y eso tiene como primera causa la mala política económica impuesta por los gobiernos desde Pastrana, Gaviria, Uribe y Santos. Por supuesto que hay unos a los que les va muy bien, como al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, feliz con la situación que padece el país. A ellos les va muy bien, pero a la inmensa mayoría de los colombianos les va supremamente mal.
La situación también se refleja en Bogotá, sobre todo durante los últimos dos años de la administración del alcalde Peñalosa. El crecimiento económico es prácticamente inexistente. En 2016, apenas un 2,9% y en el 2017, 2,3%. Lo anterior ha hecho que durante la administración Peñalosa los indicadores sociales se hayan deteriorado dramáticamente. El desempleo fue de 8,7% en el 2015, y en 2017 aumentó a 10,5%. Esto quiere decir que, durante los dos años de gobierno de Peñalosa, cerca de 86.000 personas perdieron el empleo. Si miramos por localidades, la situación es bastante crítica.
Frente al desempleo juvenil, el cuadro es todavía peor. Durante la gestión de Peñalosa, el desempleo juvenil viene disparado. Entre enero y marzo de 2015 y enero y marzo de 2018, pasó de 13,7% al 19%. La informalidad laboral tampoco ha mejorado sustancialmente. Seguimos teniendo uno de cada diez trabajadores en Bogotá en la informalidad, porcentaje que se agrava en relación con el desempleo de las mujeres. En el primer trimestre de 2015, el desempleo en mujeres se ubicó en 9,6% y para igual periodo de 2018 ya ascendía a 12,7%. La pobreza monetaria, durante los dos años de esta administración, también ha aumentado. En 2010 teníamos una pobreza monetaria de 10,4% y en 2017 aumentó a 12,4%, lo que significó que cientos de miles de personas en Bogotá engrosaran las filas de la pobreza. Para Peñalosa estas cifras son insignificantes, como lo dijo en uno de sus característicos pronunciamientos de desprecio contra la gente humilde.
El resultado lógico es que centenares de miles de personas se vean arrojadas al rebusque para poder tener ingresos que les permitan sobrevivir. Por eso es que insistimos en que el enfoque con el que se debe tratar la informalidad laboral en Bogotá, en especial, en el caso de los vendedores informales, no es de seguridad sino social. Como primera conclusión: Peñalosa atiende el problema de la informalidad con un enfoque totalmente equivocado, porque parte de la idea errónea de que los vendedores informales son un problema de seguridad.
Vendedores informales sí son población vulnerable
Esta administración ha urdido todo tipo de mentiras para justificar su desastrosa política. Cuando ordenó este año el desalojo en el barrio El Restrepo, lo hizo con afirmaciones falsas. Los funcionarios se atrevieron a decir que la mitad de los vendedores informales no eran vulnerables y que tenían carros de alta gama, mejor dicho, carro, beca y casa. ¡Que eran grandes negociantes aprovechándose ilegalmente de la ocupación del espacio público!
Quiero entonces aprovechar para mostrar algunas cifras basándome en la caracterización hecha por el IPES en el 2016, que a su vez utilizó el registro único individual de vendedores informales, alrededor de 50.000 personas. Ese registro adolece de subregistro, porque algunas cifras señalan que los vendedores informales son cerca de 120.000. Pero bueno, usemos el informe del IPES del 2016. Allí se señaló que la mitad de los vendedores informales son mujeres. Llamo la atención a la bancada de las mujeres en el Concejo de Bogotá, porque cada vez que ustedes le aplauden a Peñalosa los desalojos arbitrarios, están aplaudiendo la violencia contra mujeres que no tienen otra salida que irse a la calle. Otra cifra reveladora: el 70% de los vendedores informales solo tiene estudios hasta quinto de primaria. ¡El 70%! Siete de cada diez vendedores informales en Bogotá solo tienen primaria completa. Esto ya refleja que se trata de una población en condición de vulnerabilidad, no los magnates que presenta la administración de Enrique Peñalosa. El estudio también señala que ocho de cada diez vendedores, el 80%, viven en una vivienda de estrato 1 y 2. Aun así, la directora del DADEP se empecina en decir que son unos ricachones con casa y carro aprovechándose del espacio público. Miremos entonces este dato: el 99,8%, prácticamente todos, carece de casa propia, según el cotejo que hizo el IPES de los vendedores inscritos y Catastro Distrital. También señala el estudio que el 99,9% de los vendedores no tiene carro, según el cotejo que se hizo con la Secretaría de Movilidad. ¡Le debería dar pena a esta administración salir con tanto cuento! Le exijo a la directora del DADEP pedirles disculpas a los vendedores informales de Bogotá a los que usted, hace unas semanas, llamó magnates. Un trato inaceptable, porque son personas sufriendo a sol y lluvia, no solo por lo difícil del trabajo, sino por la persecución que les hace el gobierno nacional y distrital. Un modelo económico inicuo los empuja a la informalidad en las calles y Peñalosa los espera allí con el bolillo. Porque si hay algo a lo que se ha dedicado el alcalde en sus dos años y medio de gestión, es a hacerle señalamientos a los vendedores, estigmatizarlos, tratándolos como criminales.
A mí me gustaría que a usted, señora directora del DADEP o al alcalde Peñalosa, les tocara algún día someterse, como ellos, al gota a gota, sin prestaciones sociales, sin derecho a pensión y sin ingresos suficientes para suplir las necesidades de sus familia. Y que cuando usted o el alcalde no estén en condiciones de trabajar un día, por enfermedad o por cualquier otra circunstancia, vean en el rostro de sus hijos, al llegar a la casa por la noche, los ojos del hambre. Ellos deben trabajar jornadas extenuantes, desde las 4 ó 5 de la mañana hasta muy tarde en la noche. ¿Les parece que es por placer que esas personas se hayan visto forzadas a ser vendedores informales? No, es por física necesidad por lo que salir a las calles a exponerse a todo tipo de riesgos para su salud como el clima, el sol y la lluvia, la inseguridad, porque los vendedores también son víctimas de la inseguridad que en Bogotá está disparada. No son ellos los causantes de la inseguridad, como lo aduce el alcalde.
Tengo recopiladas miles de citas del alcalde estigmatizándolos, comenzando por el Plan Distrital de Desarrollo que aprobaron las mayorías de este Concejo. ¿Sabe qué concluye el Plan de Desarrollo? Que el espacio público es un problema de falta de autoridad. ¡No! Es un problema social y económico que obliga a miles de personas al rebusque para poder sobrevivir! Y les cuento. En muchas zonas los bogotanos aseguran que los vendedores informales les dan mejores condiciones de seguridad. Recuerdo que estuve acompañando a unos vendedores informales desalojados por la anterior administración en los alrededores de la Universidad Javeriana. ¿Qué decían los estudiantes? Que los vendedores informales apostados a la salida del túnel generaban mejores condiciones de seguridad, especialmente a altas horas de la noche.
No me malinterpreten. No estoy negando que haya algunas personas infiltradas entre los vendedores informales para cometer actos delictuales. No lo niego, como tampoco que muchos vendedores puedan ser víctimas de personas que les cobran por el uso del espacio público. Pero en una democracia, se debe individualizar a cada una de las personas que estén cometiendo algún tipo de acto delictual, porque no se puede generalizar. Si yo asumiera la tesis que ustedes sostienen frente a los vendedores ambulantes, podría también decir que todos los banqueros, sin excepción, son unos ladrones de cuello blanco, porque ahí está el caso de los ladrones de Invercolsa. Pero no, ahí sí me replican ustedes exigiéndome individualizar y no hacer señalamientos generalizados, porque cómo se atreve usted, concejal Sarmiento, a decir eso de los señores banqueros, tan caballerosos y tan honorables.
Administración Peñalosa viola sentencias de la Corte Constitucional
Miremos los criterios jurídicos que existen sobre las ventas informales, porque puede haber más de cincuenta sentencias de la Corte Constitucional. No las voy a leer, pero todas han señalado con precisión que los vendedores informales son población vulnerable, que se les tiene que dar una serie de garantías en el momento de la recuperación del espacio público. Esas garantías son, en primer lugar, el debido proceso, una serie de pasos señalados. Pero, además, que, dentro de ese debido proceso, antes de proceder con el desalojo, se le ofrezcan una alternativa al vendedor que, según la Corte, “satisfaga sus necesidades de forma efectiva”, o sea, una alternativa económica real. Que les digan antes del desalojo, “señor, señora, ustedes no pueden estar acá, pero lo vamos a reubicar en este lugar donde va a poder tener unos ingresos por sus ventas, que no se van a disminuir o en caso tal le vamos a garantizar un empleo, etc.” El gobierno de Enrique Peñalosa no lo está haciendo, lo está violando sistemáticamente. En unas declaraciones que dio para Canal Uno, se puede ver la opinión del emperadorcito sobre las sentencias de la Corte Constitucional. Considera que él, al ser el rey de Bogotá, puede pasarse por encima las sentencias de este máximo órgano constitucional. Bueno, él tiene su derecho a molestarse con las sentencias y a decir que no le gustan, pero lo que no puede hacer es violar las sentencias. Como lo vamos a demostrar en este debate, con casos específicos como el del Centro Comercial Plaza de las Américas, el alcalde Peñalosa y toda esta administración se han dedicado de manera sistemática a pasar por encima de la Corte Constitucional.
Quiero señalar un hecho bien importante. Hay un decreto, el 098 de 2004, que establece un procedimiento para recuperar el espacio público, un poco recogiendo los criterios de la Corte Constitucional. Sin embargo, encierra una trampa grandísima, porque en los artículos 12 y 13 establece que en las zonas de espacio público recuperado y en las zonas especiales se podrán hacer desalojos sin cumplir con todos los criterios señalados por el decreto y por la Corte Constitucional. En Bogotá casi todo el espacio público es recuperado, casi el 80%, un espacio público recuperado falso, como lo indican las cifras del DADEP: en Bogotá hay 717 zonas consideradas espacio público recuperado, y de esas, 653, el 90%, se declararon entre 1996 y 2005. O sea que, por allá en 1998, algún alcalde local le dio por expedir una resolución que decía que cualquier zona era una zona de espacio público recuperado, pero resulta que nunca se recuperó. Llevamos veinte años desde que se expidió esa resolución, y el espacio público sigue siendo ocupado por vendedores informales. Llega entonces el alcalde Peñalosa, con su talante arbitrario, y dice: “Voy a proceder a sangre y fuego, porque no estoy obligado a cumplir con el procedimiento que señalan el Decreto 098 y las sentencias de la Corte Constitucional”.
Frente al tema de los desalojos, creo que nos debemos poner de acuerdo en algo. Previo a un operativo de recuperación de espacio público, lo que debe hacer la administración para cumplir lo preceptuado por la Corte es brindarles alternativas reales a los vendedores informales. Pero resulta que la Alcaldía de Peñalosa está ofreciendo prácticamente las mismas cosas que ofrecieron las administraciones de Petro, Samuel Moreno y Garzón. Esas ofertas no son alternativas reales que permitan garantizarles ingresos a las personas que son desalojadas o que van a serlo. En respuesta a un derecho de petición, el IPES me contestó que, entre enero de 2016 y enero de 2018, en los operativos de recuperación del espacio público se identificó a 2.131 vendedores, pero solo se les hizo oferta a 1.694. Eso quiere decir que al 20% de los vendedores identificados ni siquiera se les hizo oferta, lo que viola las sentencias de la Corte y los decretos respectivos. Es más. De esos 1.694 a los que se les hizo oferta, aceptaron apenas 192, el 9%, solo nueve de cada cien vendedores informales desalojados en estos operativos aceptaron las ofertas del Distrito. ¿Cómo serán esas ofertas de malas, que ellos prefieren quedarse donde están, enfrentando a la Policía?
Miremos otras cifras del IPES que nos permite constatar lo que estoy mencionando. A abril del 2018, han abordado a cerca de 21.967 vendedores informales previo a un operativo de recuperación de espacio público, pero solamente 7.156, el 30%, han aceptado las ofertas. Es un indicador que muestra que estas ofertas no garantizan ingresos a los vendedores que pierden su puesto de trabajo en las calles.
Peñalosa insiste en el error
Lo de siempre. No hay ningún cambio con respecto a la anterior administración. Se ofrecen alternativas comerciales, quioscos, muchos de ellos mal ubicados. Se están ofreciendo módulos, bajo un programa llamado “Antojitos para todos”, para los adultos mayores y personas en condición de discapacidad, puntos comerciales que han fracasado porque los arrinconan en las peores partes de la ciudad, donde no pasa una persona para venderles un chicle, zonas comerciales absolutamente deficientes, donde no hay demanda. Entonces, ¿quieren que la gente salga de la calle y se arrincone en uno de estos puestos comerciales donde no se vende nada?
Se ofrecen programas de emprendimiento, créditos, que tampoco han servido. En anteriores oportunidades les han ofrecido créditos y terminan endeudados con alguna entidad financiera, pero no solucionan sus problemas. Les anuncian ofertas laborales, pero no puestos fijos, no, lo que les dicen es que salgan del espacio público y lleven su hoja de vida a tal lado. ¿Garantía de que lo van a contratar? ¡Ninguna! Menos cuando el nivel educativo de todos es bajo, como ya lo mencioné. Por otro lado, el grueso de las ofertas del Distrito son las capacitaciones, la famosa formación para ser guardas de seguridad, o un curso de contaduría, que tampoco garantizan nada. No me han contestado ustedes, pero les solicito que discriminen, de todas las ofertas que han hecho, cuales son de qué tipo, así como de las ofertas aceptadas.
Insisto, estas ofertas no han funcionado. En febrero de 2017, dos años después de posesionado el alcalde Peñalosa, la Personería hizo una visita a uno de esos puntos comerciales, en el 20 de Julio, el llamado Recinto Ferial, y su conclusión es lo mismo de siempre: de 622 espacios existentes, solo se habían ocupado 40, el 6%. Esto demuestra que no funcionan este tipo de políticas. Lo ratifica la Contraloría. El ente de control concluyó que no funcionan, que no atacan el problema grave de la informalidad ni atienden las necesidades de los vendedores informales.
Sobre el tema del empleo. Buena parte de las ofertas de empleo se hacen a través de la Agencia de Empleo del Distrito, una entidad que recibe las hojas de vida de las personas inscritas para ubicarlos en vacantes que ofrecen empresas privadas e instituciones públicas. En junio de 2018, la Secretaría de Desarrollo Económico publicó un estudio, que se puede consultar en la página del Observatorio de Desarrollo Económico, realizado por el doctor Luis Felipe Dussán. Concluye que esta política tampoco está funcionando, comenzando porque los funcionarios que atienden o que son contratados por agencia son cuotas burocráticas de políticos, según el mismo estudio, y no están calificadas para prestar un buen servicio. Además, las cifras lo demuestran. Miren: de cada cien inscritos en la Agencia de Empleo del Distrito, apenas diez obtuvieron un empleo. De cada cien vacantes ofrecidas, entre las que se encuentran las ofrecidas a los vendedores informales, solo seis fueron llenadas. ¡Es un fracaso, no está funcionando bien! Por eso es que los vendedores informales no les comen cuento cuando les prometen trabajo.
Finalmente, lo que denuncia la Contraloría sobre los informes de gestión del IPES es muy grave. El IPES se jacta de haber ejecutado el ciento por ciento de las metas, pero la Contraloría, después de un análisis detallado sobre esta administración, afirma que no es cierto. Por ejemplo, en el programa de generación de alternativas comerciales transitorias, el IPES dice que ejecutó el ciento por ciento, pero la Contraloría dice que no ejecutó el 40%. Lo mismo sucedió en el programa de oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales. Señores funcionarios de la administración Peñalosa: ustedes están mintiendo en los informes de gestión, les enrostra a la cara la Contraloría.
Tratan a los vendedores como criminales y entregan espacio público a sus compadres
Mientras Peñalosa persigue a los vendedores informales como criminales, por otro lado, adelanta una política de privatización del espacio público a favor de sus compadres, los amigotes que le financiaron la campaña. En esto tiene mucho que ver un decreto expedido por la administración de Gustavo Petro, el 456 de 201, según el cual, hay que entregar en subasta la explotación económica del espacio público, subasta que gana quien tenga más recursos, visión a mi juicio equivocada. También tiene que ver el Conpes 3718, de enero de 2012, que señala que las Alcaldías tienen que aprovechar la explotación económica del espacio público a través de particulares, mediante distintos mecanismos, entre ellos, las alianzas público-privadas.
Muy en su salsa, ni corto ni perezoso, el alcalde Enrique Peñalosa se ha apresurado a aprovechar ambas disposiciones. El caso que voy a mencionar lo conoce muy bien usted, señora directora del DADEP, porque los que se van a beneficiar de esos contratos también son muy cercanos a usted. En este momento se están tramitando tres solicitudes de alianzas público-privadas, de contratos para que los privados puedan explotar económicamente el espacio público. De las tres APP, una queda en la plaza de la Calle 100, otra en la plaza de la Calle 136 y otra en la plaza de Quinta Camacho. ¿Quiénes son los privados que están detrás de estos tres contratos? Son básicamente tres empresas, de propiedad de los siguientes personajes: Mario Fernando Pinzón, que le donó 50 millones a la campaña de Peñalosa y consuegro de Juan Manuel Santos; Alicia Naranjo, quien fue directora del espacio público en el primer gobierno de Peñalosa y quien, entre otras cosas, también montó varias concesiones de parqueaderos y es esposa de Mario Fernando Pinzón, o sea, consuegra de Juan Manuel Santos; y el tercero es Mario Felipe Pinzón, hijo de estas dos personas y también con vínculos familiares del señor Juan Manuel Santos. A ellos les van a entregar los tres contratos, ya en etapa de factibilidad. Quiero traer a colación que la directora del DADEP tuvo que declararse impedida para estos tres contratos porque es muy cercana a los negociantes que están detrás de esas tres alianzas público-privadas.
Seguramente les van a terminar dando esos contratos, pero insisto en que el hecho prueba algo muy absurdo. Mientras que los vendedores informales luchan para estar en el espacio público y ganarse algo mínimo para poder sobrevivir, el alcalde Peñalosa adelanta contratos para montarles cuantiosos negocios a personajes de cuello blanco, consuegros de Juan Manuel Santos y financiadores de su campaña a la Alcaldía. Es un gobierno plutocrático, un gobierno que solo quiere favorecer a los grandes cacaos, tanto nacionales como extranjeros.
Las propuestas del Polo Democrático
Hay que cambiar el modelo económico. Sin hacerlo no vamos a poder resolver el problema de la informalidad. Ahora, esto se demora unos años, pero podemos ir adelantando otras políticas que logren mitigar sus desastrosos impactos sobre las personas.
- Hay que hacer un censo de los vendedores informales, a partir del cual se puedan tomar decisiones y establecer una política seria. Si no se sabe cuántos vendedores son, ni cuáles son sus características, es muy difícil enfrentar el problema de forma adecuada.
- Hay que establecer una política de empleo público y privado, es decir, que a las personas hoy sometidas a todo tipo de inclemencias y al trabajo informal, se les ofrezcan alternativas de empleo real, tanto en entidades públicas como en algunas empresas privadas.
- El proceso de reubicación se debe hacer de manera idónea en sitios donde haya posibilidad de vender y donde la alternativa no sea la ruina inevitable. Pero esta medida no es suficiente, porque hay 120.000 vendedores informales en Bogotá, por lo que será imposible reubicarlos a todos, ni darles empleo.
- Por tal motivo, se tiene que establecer una política pública que permita que los vendedores informales se mantengan en el espacio público, con unas determinadas reglas para que haya más orden. Que se definan unas reglas que garanticen el espacio para el vendedor y para el peatón. Este tipo de medidas han sido exitosas en otros países. En la India se hizo una inmensa movilización que obligó al gobierno a establecer una política que permite una ocupación ordenada del espacio público. Sin embargo, en Bogotá, estamos ante una administración con una visión plutocrática y antidemocrática, que los trata como delincuentes. Ante esto, el único camino es la organización, la unidad y la movilización civilizada, pacífica y democrática.
La única forma como se van a poder defender los vendedores informales, frente a este alcalde vendedor de buses, es llenando la Plaza de Bolívar para exigir que respeten sus derechos como trabajadores.
Vídeo de la intervención:
