Peñalosa profundiza la crisis del Hospital Simón Bolívar

Javier Andrés Arango Arango.
Presidente Junta de Acción Comunal Urbanización Santa Mónica Norte.

@JavierAArango

JaviEl pasado 6 de abril entró en vigencia el Acuerdo 641 de 2016 por medio del cual se efectúa la reorganización del sector de la salud de Bogotá. En pocas palabras, este acuerdo lo que hace es fusionar los 22 hospitales públicos con los que contaba la ciudad en 4 grandes redes, centralizando la administración, las compras y la prestación de servicios. Esto ha generado barreras administrativas y geográficas para el acceso a los servicios de salud, a lo que se suma la circular por medio de la cual el alcalde Peñalosa, en cabeza de su secretario de salud Luis Gonzalo Morales, suspendió el 40% de los presupuestos de los hospitales públicos.

No ha pasado un mes desde la entrada en vigencia del acuerdo y ya se empiezan a ver los efectos nefastos en la prestación de los servicios y en las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud. Un ejemplo de lo anterior es el Hospital Simón Bolívar, el cual entró a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., y que desde hace varias semanas ha sido el escenario de movilizaciones por parte de los trabajadores y pacientes quienes exigen se solucione estructuralmente la crisis en la que se encuentra el hospital.

Desde hace varios meses el hospital no cumple a tiempo con sus obligaciones en el pago de salarios a los 1.627 trabajadores con los que cuenta el centro de atención. De estos, el 66,9% de trabajadores (1090), se encuentran contratados mediante Orden de Prestación de Servicios –OPS-, es decir que no cuentan con las garantías laborales óptimas y tienen contratos a un mes o menos. Sin embargo la crisis no solo se ve reflejada en estas condiciones paupérrimas en las que se encuentra a más de la mitad del personal del hospital, pues al 44% restante, tampoco le están garantizando sus salarios y obligaciones contractuales.

Por otra parte, cada uno de los 30.000 pacientes que cada mes atiende el hospital, han tenido que ver el marchitamiento de su derecho a la salud con la profundización del modelo de tercerización y cierre de servicios que continúa en la administración de Peñalosa. Actualmente el hospital no cuenta con los insumos necesarios para atender a los pacientes que llegan. No hay medicamentos; se han aplazado órdenes de cirugía para pacientes; las ambulancias no tienen la gasolina suficiente para atender las emergencias que se presenten, y a los pacientes hospitalizados no se les está brindando la alimentación que requieren para su recuperación.

Y la situación no termina ahí, ya se habla de varios servicios que venía prestando el hospital y que ahora se remite a la gente a otros hospitales como el de Suba o Engativá. Esto genera más barreras de acceso a la población y continúa con la política de cierre y tercerización de servicios que viene de las administraciones pasadas. Desde el 2012 ya son 6 los servicios que el hospital dejó de prestar, para entregar su funcionamiento a entidades privadas y 17 que fueron cerrados dejando a la ciudadanía sin acceso inmediato a servicios de salud.

Esta política de cierre de servicios y el modelo de salud de Peñalosa solo demuestra su interés por favorecer a las EPS y marchitar la Red Pública de la ciudad, pues no exige que las EPS paguen sus deudas multimillonarias que son la razón primordial de la crisis del sistema de salud. Las EPS tienen una deuda con el Hospital Simón Bolívar de casi 110 mil millones de pesos, de los cuales el 22%  corresponde al régimen contributivo y el 78% al subsidiado.

Ante esta situación, tanto trabajadores como pacientes han salido a las calles a rechazar el modelo de salud de Peñalosa y a defender la salud como derecho. La administración actual aún no da soluciones ante estas graves denuncias y solo da visos de sus intenciones de continuar profundizando la crisis del sector, en detrimento de la salud de los Bogotanos. Es por esto que invitamos a la organización y la movilización en defensa de nuestros hospitales públicos y de la salud como derecho y no como negocio.

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