Informe de la Personería de Bogotá confirma denuncias del Polo. Hay 382 espacios para reubicar a más de 80.000 vendedores.
En el marco del debate citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, la Personería de Bogotá rindió un informe sobre la política del alcalde Enrique Peñalosa frente a los vendedores informales de la ciudad. La personera Carmen Teresa Villamizar hizo graves advertencias sobre la violación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los desalojos adelantados y la insuficiencia en las ofertas institucionales, dándole la razón a las denuncias de la bancada del Polo.
Según la Personera Distrital, mediante el instructivo 006/DISEC/ARCOS-70 del 01 de septiembre de 2017 el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá desconoció la exigencia de la Corte Constitucional de garantizar la participación del Ministerio Público en los procedimientos de desalojo de vendedores informales. De esta manera, Villamizar señaló que se ignoró con este instructivo lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-772 de 2003, numeral séptimo en el que estableció “En dicho Código o Manual se habrán de especificar, entre otras, cuándo no se podrá proceder sin la presencia efectiva de un Personero Distrital o su delegado”, sea del caso insistir que esa presencia, no tiene otro objeto que ser un garante del proceso o procedimiento desarrollado.
La representante del órgano de control también advirtió que la Pesonería Distrital adelantó un estudio sobre la atención de la población vendedora informal en Bogotá el cual revela, entre otras cosas, que el Instituto Para la Economía Social a la fecha no cuenta con estudios de viabilidad de ofertas económicas, «situación esta que contraría las disposiciones de la Corte Constitucional en lo relativo a la efectividad de los programas diseñados por el Distrito para la reubicación de los vendedores informales, haciendo imposible la adopción de las medidas correspondientes para hacer viables las alternativas económicas», señala el estudio publicado por la entidad.
El informe de la Personería también confirma que la administración no les está ofreciendo alternativas económicas reales a los vendedores informales que son desalojados por el gobierno del alcalde Peñalosa como si fueran criminales. De 29.353 vendedores caracterizados entre 2016 y 2018, solo 2.807 -el 9,5%- han accedido a algunas de las ofertas del IPES, con el agravante que a la mayoría de los beneficiarios no se les garantizan fuentes de ingresos estables. El 35% de lo beneficiarios accedieron al programa de ferias temporales que, como lo señala la Personería, «dada su corta duración no pueden considerarse una alternativa de reubicación definitiva que garantice un mínimo vital para la población vulnerable», mientras que otro 30% recibió cursos de formación, que de ninguna manera puede considerarse una alternativa económica. En lo que tiene que ver con los empleos formales ofrecidos a los vendedores, el órgano de control advierte que solo se tiene certeza de la contratación de 9 de cada 100 personas que ingresan a este programa.
El concejal Manuel Sarmiento afirmó que «en Bogotá solo existen 382 espacios para reubicar a más de 80.000 vendedores informales, por lo que es inaudito que el alcalde Peñalosa insista en recuperar el espacio público a sangre y fuego sabiendo que no está en la capacidad de otorgarles a estos ciudadanos una alternativa económica real, violando la jurisprudencia de la Corte Constitucional». Agregó que el informe de la Personería le da la razón a la bancada del Polo en las denuncias sobre el maltrato y la persecución del gobierno distrital contra una población víctima de un modelo económico que ha destruido la empresa pública y privada arrojando a cientos de miles al desempleo y la informalidad. «Uribe, Santos y ahora Duque lanzan a los trabajadores a la informalidad y Peñalosa los recibe con bolillo, violando sus derechos fundamentales», concluyó el cabildante del Polo.
