marzo 24, 2017

Educación

Educacion

Nuestra tarea es la educación

Defender la educación pública, universal, gratuita y de alta calidad para las niñas, niños y jóvenes de Bogotá es asunto de importancia estratégica, y es un compromiso fundacional de Polo Democrático Alternativo con el progreso nacional. La primera labor que asiste a un Concejal del Polo es denunciar las medidas y políticas que vayan en contravía del derecho  a la educación. Tanto Juan Manuel Santos como Gustavo Petro implementan un modelo educativo que evita a todos y todas tener derecho a una educación pública, universal, gratuita y de alta calidad.

Profundizar la privatización es hoy la política nacional y distrital. Medidas que se aplican siguiendo las orientaciones de organismos multilaterales como la OCDE y el Banco Mundial, entidades que representan los intereses de los países más poderosos del mundo. Esta agenda educativa pobre para pobres se manifiesta en Bogotá en la prórroga de los 22 colegios en concesión, y en la implementación de jornada extendida o currículo 40×40, ambas medidas que entregan funciones y recursos públicos a intermediarios privados en modalidades similares a las de EPS en salud.

Las administraciones del Polo lograron avances importantes en construcción de infraestructura, y en gratuidad educativa desde primero hasta grado once, permitiendo alcanzar cobertura del 100% en estos niveles, que en 2013 cayó al 90%[1]. Existe aún una deuda enorme con la primera infancia que debe ser saldada por el Distrito cuanto antes. Máxime con la disminución sostenida de la población en edad escolar, así como de la matriculada de Bogotá, producto de cambios en la pirámide poblacional.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 introduce medidas para abrirle camino al ánimo de lucro  en la educación, todas provenientes de mandatos de la  OCDE. Es un Plan que implementa una reforma en la administración de la educación que aplica los estándares necesarios para introducir el ánimo de lucro y promueve las Alianzas Público-Privadas, una forma de privatización, que de múltiples maneras convierten al sector educativo en un nicho de extracción de rentas del gran capital con vínculos con el sistema financiero y los linces de los mercados bursátiles. Medidas con las que la administración distrital se muestra de acuerdo.

En preescolar se sigue eludiendo la necesidad de implementar tres grados obligatorios con infraestructura adecuada y docentes vinculados de manera directa a la planta de la Secretaría de Educación. La educación no es idéntica al cuidado, por lo que no pueden ser personas distintas a maestros y maestras quienes la impartan.

En educación básica y media Santos, Parody y Petro hacen demagogia con la jornada única a través del currículo 40×40, que hoy se implanta como novedosa, pero sin aumentos significativos de la infraestructura educativa y sin ampliación de la planta docente o con docentes tercerizados. La administración Petro, de los 39 colegios que recibió inconclusos ha entregado 8 y de los 86 colegios que se construirían o adecuarían se han ejecutado 11 a marzo de 2015, según informe de Veeduría Distrital, que concluye también que la meta de aumentar la planta distrital en 8 mil docentes profesionales y 1.700 auxiliares no se podrá cumplir. A marzo de 2015 se han vinculado aproximadamente 3.200 personas.[2]

En Bogotá se implementa una jornada extendida que no es igual a la jornada única, bandera del Magisterio colombiano hace más de cuarenta años. Esta política tiene antecedente en las Jornadas Escolares Complementarias establecidas desde 1999, que planteaban convenios con las cajas de compensación familiar, y que hoy se reencaucha de manera degradante para los docentes, tercerizados por medio de entidades como Compensar. A los profesores de estas jornadas se les contrata bajo la modalidad de prestación de servicios con salarios muy inferiores a los que reciben los docentes vinculados a la Secretaría de Educación Distrital, sin garantías prestacionales ni de asociación y por cortos períodos de tiempo. No existe entonces acoplamiento entre la formación para el tiempo libre del currículo 40×40 y los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), una abierta violación de la autonomía académica de las instituciones educativas.[3]

En educación superior la situación de las universidades públicas con presencia en Bogotá es crítica. Desde la ley 30 de 1992 los diferentes gobiernos irrespetan la autonomía universitaria, reducen la financiación e implantan las políticas ordenadas por la OCDE y el Banco Mundial, dentro de las cuales se encuentra la autofinanciación, el aumento de cobertura sin calidad, el crédito educativo y el desestímulo de la investigación. El crédito como vía de financiación de la educación es una orientación que ya no solo cubre a las familias también las instituciones, medida que es otra forma de privatización. Las universidades públicas están solicitando empréstitos con la banca privada o con FINDETER para resolver sus necesidades.

Las directivas de la Universidad Nacional, por ejemplo, recientemente aprobaron un cupo de endeudamiento por $200.000 millones. La sede Bogotá de la principal institución universitaria de Colombia (120.7 hectáreas) está rezagada en infraestructura, con un déficit de $2 billones. Sesenta y dos (56%)[4] de sus 152 edificaciones se encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad estructural y 86% no cumple con la NSR-9 (Norma Sismo Resistente 98, Ley 400 de 1997).

Se suma a las alarmantes condiciones de la infraestructura de la sede Bogotá, la amenaza de la apropiación de sus terrenos para el desarrollo del Proyecto de Renovación Urbana del CAN, donde agentes inmobiliarios, con el apoyo del gobierno nacional y el distrital, quieren poner a la especulación inmobiliaria por encima del derecho a la educación y a la salud. El proyecto Ciudad CAN también afecta el Hospital Universitario Santa Rosa en el que se han invertido $70.000 millones para su primera fase.

La Universidad Distrital a 2015 tiene un déficit de $32.678 millones, que impedirá continuar la construcción de la Aduanilla de Paiba y aquirir los predios para la ampliación de la facultad de Artes ASAB. Este déficit presupuestal degrada la calidad, empuja el alza de las matrículas, deteriora la infraestructura y agudiza el detrimento del bienestar universitario. La Universidad ha tenido que acudir a recursos de estampillas con  ingresos inestables e insuficientes, lo cuales no superarán los $13 mil millones y deberá compartirlos con la Universidad Nacional. El gobierno nacional opta por abandonar, endeudar e introducir una disputa presupuestal a la Universidad Pública más importante de la capital.

En la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de cada 100 pesos que ejecuta de presupuesto cincuenta proceden del “rebusque” o autofinanciación. La mitad de las rentas propias provienen del pago de derechos académicos estudiantiles, lo que empuja al alza a las matrículas, en una institución donde sus 5.372 estudiantes mayoritariamente provienen de los estratos 1, 2 y 3, quienes deben pagar una matrícula promedio $2.706.670, un valor altísimo. La UCMC es la única universidad pública que no cuenta con un campus definido. El Gobierno Nacional evade la responsabilidad de financiar plenamente su planta física y como medio para construirla usará el endeudamiento y las Alianzas Público-Privas, herramientas que son formas de privatización.

La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con sede principal en Bogotá es la única Institución Pública de Educación Superior del país que en la actualidad cuenta con un superávit. La causa: la no inversión de los recursos en las necesidades de los estudiantes. En 2014 dejaron de invertirse más de $43 mil millones. Las medidas que tienen en crisis a la educación superior también han sido implementadas en la ESAP. En 2015, por ejemplo, se dispuso de $2.270 millones para el Plan de austeridad del gobierno nacional y el Plan de Renovación del CAN amenaza sacar su sede en esa zona.

El gobierno nacional adeuda $16 billones a las universidades públicas del país. La salida es no es atender tal deuda, sino aumentar la desfinanciación y endeudar al estudiantado. Al magisterio se le niegan sistemáticamente sus derechos. Las “recomendaciones” de la OCDE va en contra de alta calidad, la universalidad y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Al magisterio deben proveersele los medios para ejercer la profesión docente de tal forma que los estudiantes puedan recibir educación de alta calidad. La educación pública, gratuita, de alta calidad y universal puede ser una realidad. Desde el Concejo emprenderé todas las tarea necesarias para alcanzar tal meta.

[1]             Cobertura neta.

[2]             https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/pr%C3%B3xima-administraci%C3%B3n-debe-construir-sobre-lo-construido-y-aprender-sobre-los-errores-de

[3]             [3]Se estima que la implementación de una verdadera jornada única requiere ampliación de una tercera parte de la infraestructura física, y una proporción similar de la planta docente.

[4]             [4] Oficina de Planeación Institucional y del Territorio. Plan de Acción de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2013-2015. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Mayo de 2013. [Disponible en: http://goo.gl/pl22KE]