agosto 24, 2017

Seguridad Alimentaria

Seguridad-Alimentaria

 

La dieta básica

Según información de la Secretaría de Desarrollo Económico, a Bogotá ingresan 5.1 millones de toneladas de alimentos cada año, de los cuales 29% entran a Corabastos equivalentes a 1,5 millones de toneladas. La ruralidad de la ciudad participa en la oferta solo con 6.315 toneladas por año, equivalentes al 0.12%, debido a que no se han incrementado las hectáreas productivas por cuenta de estrategias de conservación del suelo que no han beneficiado al agricultor y al campesinado.

En las 4.376 hectáreas en las que se distribuyen los 30 mil predios con actividad agropecuaria predomina la pequeña propiedad minifundista, que junto a la mínima participación en la oferta de alimentos de la ciudad, hacen que el abastecimiento dependa de tres anillos de municipios circundantes, según análisis del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos de Bogotá. El primero, integrado por los 19 municipios aledaños que suministran el 33% del abasto de Bogotá, siendo relevante en la provisión de leche, hortalizas, frutas y papa. El segundo anillo reúne el resto de los municipios de Cundinamarca, junto a Meta, Boyacá y Tolima, responsable de otro 44% del abasto alimenticio, sobresaliendo en papa, arroz, papaya, algunas hortalizas, panela, yuca, cítricos, carne de pollo y res. El restante 23% proviene de los demás departamentos del país, que conforman el tercer anillo, junto con las importaciones.

La estructura de abasto de la ciudad basada en el minifundio, así como las políticas de desmonte del agro nacional regentes desde la década de 1990 y profundizadas con los Tratados de Libre Comercio arruinan los productos nacionales, afectan los intereses de los consumidores capitalinos, así como la calidad de su alimentación. Si bien existe oferta de comedores comunitarios en la ciudad, los últimos 4 años han constituido un retroceso en el tema: de 311 comedores existentes en 2011 hoy solo quedan 150. Se han implementado estrategias de ampliación de cobertura como canastas alimenticias o bonos canjeables, pero, en el caso de estos últimos existen denuncias de que los precios de los alimentos en los supermercados autorizados afectan a las y los beneficiarios, pertenecientes a los sectores más pobres de la ciudad.

La ciudad tiene una obligación de avanzar definitivamente en políticas de abastecimiento de alimentos integrales, que pasen por el fortalecimiento y ampliación de la oferta de comedores comunitarios que involucren a la ciudadanía en cada una de las localidades, con el fin de contribuir a la superación de la vulnerabilidad de las y los actuales beneficiarios. Avanzar en materia de seguridad alimentaria implica, del mismo modo, plantear una política de Bogotá como ciudad-región que incluya fomento y asistencia técnica a los pequeños productores locales con miras a aumentar su competitividad, eliminación de todos los eslabones innecesarios de intermediación, incentivar proyectos productivos en zonas rurales que puedan desarrollarse de manera ambientalmente sostenible, y regular los niveles de precios de los alimentos de la canasta básica.

[1]             [1]Conpes 3220 de 2004. DNP. 2004.

[2]             [2] Según el décimo informe de seguimiento al plan de inclusión de la población recicladora en Bogotá, realizado por la Procuraduría General de la Nación, “La Uaesp hizo una nueva definición de lo que es un reciclador de oficio lo cual desincentiva la asociatividad, elemento clave para la formación y normalización de la población recicladora, de tal forma que pueda presar de manera organizada y coordinada el servicio público”.