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Ni tercerización ni mal empleo
El 20% de los empleos existentes en Colombia se encuentran en Bogotá. 9 de cada 100 bogotanos económicamente activos no tienen trabajo y 1,3 millones de bogotanos y bogotanas están en el rebusque. El empleo generado en la ciudad se da mayoritariamente en sectores con ninguna vinculación con la producción industrial y agraria. El comercio, los hoteles, los restaurantes y los servicios comunales generan la mitad del empleo capitalino[1].
La crisis de la industria nacional, que tiene sus raíces en el libre comercio y los TLC, genera un proceso de extinción a actividades fabriles tradicionales del altiplano cundiboyacense como el farmacéutico, de imprenta, productos lácteos, construcción y ensamblaje de automóviles. El trabajo nacional es reemplazado por el extranjero y la mano de obra colombiana es empujada a la informalidad y a labores sin aplicación de conocimiento científico y técnico. Bogotá es cada vez más una ciudad de ventas informales, bicitaxismo, emprendimiento multinivel, entre otras prácticas carentes de estabilidad y de baja complejidad.
La reducción del número de desocupados queda neutralizada por los 1’360.000 trabajadores por cuenta propia de Bogotá, que en promedio obtienen ingresos mensuales de $678.826 pesos, versus el $1’686.938 que ganan los trabajadores formales. Esto significa que los informales reciben por sus actividades pagos 2.5 veces más bajos que los formales[2], con el agravante de que el pago que recibe 1 de cada 2 personas ocupadas perdió 7,5% de su poder adquisitivo. Las oportunidades de acceso a trabajo formal aumentan conforme aumenta el nivel de ingresos y la actividades económica de la ciudad.
Defender el aparato productivo nacional y regional es crucial porque puede proveer de manera permanente empleos para la población de Bogotá y porque está vinculada a la resolución de necesidades estratégicas de la ciudad como la de autoabastecimiento o de desarrollo técnico y tecnológico. En consecuencia, la protección y estímulo a la industria de alto valor agregado exige reversar las políticas de flexibilización laboral y libre comercio que reemplazan trabajo nacional por extranjero, y que, por ejemplo, en nada contribuyen a la solución del drama diario de más de 350 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan.
La persecución que sufren los vendedores informales debe parar. Ellos están en esas actividades porque la destrucción del aparato productivo nacional los ha empujado a la calle. El IPES tiene un registro oficial de 47 mil vendedores, cifra inferior a la realidad que se percibe en las calles y el transporte público capitalino, donde los ambulantes deben elegir entre la persecución constante de la policía o el endeudamiento sin salida con el Distrito. El derecho al trabajo en el sitio acreditado de esta población, protegido por múltiples providencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, se encuentra hoy sometido al negocio de la privatización del sistema de espacio público ordenado por el Decreto 456 de 2013, que favorece a las multinacionales que obtienen lucro del usufructo de las calles, plazas y parques de Bogotá. El Distrito debe tomar medidas afirmativas para aliviar los problemas de esta población. La principal sería contribuir al cambio del modelo del libre comercio, pero mientras eso pasa no se debe perseguir a quien está en la calle no por gusto sino porque la política económica lo ha empujado al rebusque. Hay que defender el derecho al trabajado de los vendedores informales.
El empleo de mala calidad se ha hecho norma en Bogotá incluso para los servidores públicos, quienes laboran en condiciones de inestabilidad y precariedad que desnaturalizan el ejercicio de la función pública. Entre 2008 y 2012, los trabajadores de planta representaron en promedio el 35,6% del total del Distrito, mientras que los vinculados por contrato de prestación de servicios en alcanzaron el 64,4%, con ocurrencia de casos en los que entidades del orden distrital funcionan con 8 de cada 10 trabajadores como contratistas, sin garantías prestacionales ni derecho de asociación.
Situaciones como las del IDPAC, el FOPAE, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el IPES, IDIPRON, IDRD y hospitales como de Meissen y Suba sobresalen por su gravedad según informe de la Contraloría Distrital. Son “célebres” las cifras de precarización de la Empresa de Acueducto, con 2.500 contratistas, y de ETB, donde por cada empleado de planta hay cuatro tercerizados.
Corresponde al Polo como partido defensor de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras tener un programa de protección del empleo, tanto privado como público, que tenga como banderas principales la restitución de los contratos laborales como forma predominante de vinculación, y a lucha contra la tercerización y la contratación por prestación de servicios. No puede perpetuarse el modelo de contratación de trabajadores oficiales en el que por cada trabajador directo hay 4 tercerizados, como denuncia el sindicato de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. Dar dignidad a la función pública significa que los siete de cada 10 trabajadores de hospitales públicos de Bogotá que están contratados con Órdenes de Prestación de Servicios de duración incluso inferior a una quincena, merecen también inclusión en planta, estabilidad y garantías laborales.
Dar garantías laborales y buenos salarios a los trabajadores es generador de buenas cosas. Eleva la capacidad de compra y la seguridad económica de la población. Permite a las empresas capitalinas vender más y a los individuos poder planear el acceso a bienes que para su compra necesitan de la estabilidad económica como la vivienda y el mejoramiento del nivel educativo propio y el del círculo familiar. Una sociedad que se precie de ser democrática necesita permitir a los trabajadores constituir sindicatos para defender sus derechos y también la producción de las empresas. Recuperar el derecho al trabajo digno es una medida positiva para toda la sociedad, en especial, en una que tiene altos índices de desigualdad.
[1] Según Análisis de la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales de SDH a julio 1 de 2015.
[2] [2]Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH– 2013
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