Intervención del concejal Manuel Sarmiento, 19 de agosto de 2016, Concejo de Bogotá
La creación de las cuatro redes o subredes empezó en la pasada administración y Peñalosa institucionaliza esa política. Con el criterio de la rentabilidad van cerrando servicios en un hospital para trasladárselo a otro. Lo que está haciendo la administración de Peñalosa pone en riesgo la vida de los usuarios porque aumenta las barreras geográficas. La reforma a la salud de Peñalosa se monta sobre la base de seguir violando los derechos laborales a los trabajadores. El hacinamiento en urgencias aumentó, al contrario a lo que dice Peñalosa. Caos administrativo está llegando a proporciones astronómicas.
Voy a poner al descubierto el fracaso evidente de la reforma de la salud que está adelantando el alcalde Enrique Peñalosa. Como ya la señaló el concejal del Polo, Celio Nieves, la principal causa de la crisis, no solo en Bogotá, sino en todo el país, es el perverso modelo de salud que promueven personajes como Juan Manuel Santos, de la mano de Álvaro Uribe Vélez, el perverso modelo de la Ley 100, que privilegia el negocio de las EPS por encima de los derechos fundamentales de los usuarios, pacientes y trabajadores.
Sin embargo, en lugar de mitigar en algo esa crisis, lo que está haciendo el alcalde Peñalosa en Bogotá es agravarla, empeorando la situación de los usuarios y de los trabajadores.
¿Qué está pasando con la salud en Bogotá?
Cuando se planteó crear las cuatro redes, doctor Luis Morales, ustedes, todavía recién posesionados, lo presentaron como una idea novedosa, diciéndole a la ciudadanía que iban a implementar algo nuevo para mejorar el sistema de salud. Y resulta que no era nada nuevo, como después usted debió reconocerlo. Esa política comenzó en el 2013 bajo la anterior administración distrital y ustedes buscan institucionalizarla, porque pretenden fusionar los 22 hospitales públicos en solo cuatro. Antes no era fusión.
O sea que llevamos ya tres años aplicándola. Ya sabemos en qué consiste y ya podemos observar si sus resultados son buenos o son malos.
Esta política tiene sustento en una visión perversa del sector salud y de lo que debe ser el derecho a la salud. Señala absurdamente que los hospitales que hacen parte de una misma red no pueden competir entre sí con los mismos servicios. Aducen que eso es una bobada y hace que no sean rentables algunos servicios en algunos hospitales. Y entonces, con el criterio de la rentabilidad, van cerrando servicios en un hospital para trasladárselos a otro. Un buen ejemplo de lo que se quiere hacer lo vemos en el Hospital de Fontibón. Su plan de saneamiento fiscal plantea cerrar el servicio de hospitalización pediátrica para trasladarlo al Hospital de Bosa.
Ojo con eso. Lo anterior es el meollo del asunto. Como aseguran que ambos hospitales prestan en la red el mismo servicio, entonces cerrémoslo en el Hospital de Fontibón y trasladémoslo para el Hospital de Bosa. La medida trae una consecuencia muy grave y es que aumentan las principales barreras de acceso al servicio de salud, las barreras geográficas. La gente que vive en Fontibón y que antes podía ser atendida mucho más fácil allí cerca, se tendrá ahora que desplazar hasta el Hospital de Bosa. Yo personalmente le he hecho esta crítica al secretario de Salud en varias oportunidades y él me contesta caricaturizando el argumento. Ahora vamos a ver que quien queda como ignorante en estos temas es el secretario de Salud.
¿Qué ha sucedido en estos últimos dos años? En Bogotá se instauró la política del cierre de servicios con la excusa de las redes, y, entre el año 2013 y 2014 se cerraron 1.500 servicios de salud en toda la ciudad. Concejal Losada, usted que ha sido tan crítico en las políticas de salud, pues bien, mire cómo yo le estoy dando la razón. ¡Entre el año 2013 y 2014 se cerraron 1.500 servicios de salud! Esta política tan perjudicial es la que están institucionalizando el alcalde Enrique Peñalosa y el secretario de Salud, Luis Morales.
Le he insistido al secretario de Salud que se van a cerrar servicios, pero él siempre me asegura que no, solo trasladarlos de un lado para otro, el mismo argumento que esgrimía la anterior administración distrital. Pero el pez muere por la boca. Hace poco, el 29 de agosto de 2016, en El Espectador, el secretario de Salud acabó por admitirlo. A la pregunta de si por la reorganización se cerrarán servicios de salud, usted respondió:
Es que no tiene sentido tener servicios regados en varios hospitales cuando pueden funcionar en uno, no solo por calidad, sino por eficiencia de los recursos, en vez de cuatro cardiólogos tendré uno por turno y atendiendo la misma cantidad de pacientes.
Eso respondió el secretario de Salud de Bogotá, basado en el tema del factor de la rentabilidad. Queda entonces clarísimo que la política del secretario de Salud y del alcalde Peñalosa es cerrar servicios de salud para reducir costos, trasladándoles a los usuarios la crisis que causa la millonaria deuda de las EPS. Usted puede sacar a 4 cardiólogos para que un solo deba atender a la misma cantidad de personas, pero eso no va a garantizar la misma calidad en la atención.
Usted me arguye que los servicios que van a cerrar son únicamenteb los de alta complejidad y caricaturiza mis críticas diciendo que nadie llega caminando a una UCI. Ya me lo ha dicho varias veces. Al respecto le quiero responder lo siguiente: en los últimos años, con la política que ustedes están institucionalizando, se cerraron 1.500 servicios de salud, y lo invito doctor Morales a que revise cuáles fueron los servicios que se cerraron. La mayor parte, relacionados con la atención y prevención y los servicios de salud primaria. Algunos ejemplos:
- En el CAMI de Altamira se cerraron el servicio de control neonatal y la sala de enfermedades respiratorias.
- En la UPA de Bello Horizonte se cerró el servicio de vacunación.
- En el Hospital de Bosa se cerró la sala de enfermedades respiratorias agudas.
- En el CAMI de La Gaitana se cerró el servicio de pediatría.
Y así podría seguir. Está demostrado cómo esta política que usted y Peñalosa están institucionalizando consiste en cerrar servicios esenciales, básicos, no únicamente las unidades de cuidados intensivos como lo trata usted de caricaturizar.
La administración ya arrancó. Hace poco, en el Hospital San Blas, se cerró el servicio clínico de obstetricia, un servicio esencial. La anterior administración lo había planteado, pero no lo había podido hacer por la resistencia de las comunidades. A esta administración no le tembló el pulso. Un día llegaron los médicos al Hospital San Blas y llegaron los usuarios, y no se permitió prestar el servicio, a pesar de que todos los equipos estaban ahí. Alguien podrá replicar, bueno, ¿y por qué no se fueron para el Hospital Santa Clara o para el Hospital La Victoria? Eso, doctor Morales, y yo sé que usted entiende de estas cosas —lo que pasa es que a veces se hace el que no—, aumenta las barreras geográficas.
La reforma aumenta las barreras geográficas en el acceso
Lo que voy a explicar es del abecé de la salud pública. En relación con el acceso a la salud hay por lo menos tres tipos de barreras, según el doctor en Salud Pública, Tanahashi: las financieras, las físicas y las administrativas. Tanahashi es una de los expertos en materia de cobertura en salud a escala mundial.
Y miren lo que dice la doctora Blanca Elizabeth Ponce, de Argentina:
“Las distancias que deben recorrer los usuarios, los medios que utilizan para trasladarse y las condiciones de los caminos representan una barrera y ponen en riesgo la salud de los mismos”.
Entonces yo le pido el favor, Doctor Morales, de no caricaturizar mis argumentos, porque lo que estoy afirmando lo afirmo con fundamentos técnicos, con base en estudios de expertos a nivel mundial. Lo que están haciendo ustedes pone en riesgo la vida de los usuarios porque aumenta las barreras geográficas. No es lo mismo que un ciudadano vaya al hospital San Blas, a unas pocas cuadras, y no que deba trasladarse varios kilómetros por un tráfico enrevesado hasta un centro o un hospital distante.
Las redes deben contar con estudios técnicos que miren la accesibilidad geográfica. Pero los estudios que ustedes entregaron fueron los mismos que entregó la anterior administración sin ningún tipo de análisis detallado del tema.
Alguna vez leí lo que decía el secretario de Salud de Rosario, Argentina, y yo pensaba, hombre, por qué no podemos tener aquí secretarios de Salud que en algo se parezcan a él. Esto dijo el secretario de Salud de Rosario:
“En la Constitución de las redes lo primero que hay que ver son las condiciones y las necesidades de los usuarios, y no el problema financiero y el de la rentabilidad”.
Aquí en Bogotá pasa todo lo contrario. Primero, por encima de los usuarios, que suene la caja registradora. Ante todo, la rentabilidad y el tema financiero.
Se violan los derechos de los trabajadores
Peñalosa monta su reforma a la salud sobre la base de seguir violando los derechos de los trabajadores, hecho no menos grave. Las cifras en tres subredes, Occidente, Norte y Sur, me tienen impresionado. Me faltan las de la subred Centro-oriente, porque no llegó la respuesta al cuestionario que envíe.
Las tres redes cuentan con 15.164 trabajadores de planta y tercerizados, 15.000 para redondear y, de ellos, 11.900 son contratados por OPS. O sea, 80 de cada cien trabajadores de la Red Pública Hospitalaria están contratados mediante contratos precarios que les violan todos sus derechos laborales, comenzando por el principal, sindicalizarse para exigir mejores condiciones laborales. La administración Peñalosa va a continuar esta política, que además es ilegal, porque las normas señalan con toda precisión que los trabajadores con funciones permanentes y misionales deben ser trabajadores de planta y no pueden ser contratados por prestación de servicios.
Les están metiendo unas cláusulas horribles a los contratos. Miren ustedes esta:
“El contratista se compromete a salvaguardar la imagen institucional, cualquier actuación o pronunciamiento alguno que se hiciere sin el conocimiento y el consentimiento del hospital, se comprometa el buen nombre de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud o de cualquiera de sus Unidades de Servicios de Salud, será motivo de terminación unilateral del contrato.”
Si cualquier medio de comunicación va a un hospital y el trabajador se dispone a hacer una denuncia en defensa de los usuarios, que faltan guantes, que faltan jeringas, primero le tiene que pedir permiso al secretario de Salud para que lo autorice a abrir la boca. Es el tipo de democracia que le gusta a Enrique Peñalosa.
Los despidos masivos han sido el pan de cada día. En solo tres Subredes, Suroccidente, Centroriente y Sur, no me han llegado los datos del Norte, se despidió a 7.908 trabajadores, adscritos muchos de ellos a los programas de salud pública y ya estamos viendo los resultados. Miren estas cifras pavorosas:
Entre el primer semestre del 2015 y el primer semestre del 2016, el aumento de niños muertos por enfermedades respiratorias agudas fue de 133%, 27 el año pasado y 63 en este año, consecuencia directa y terrible del deterioro en los programas de salud pública.
Las mentiras de la administración sobre los resultados
Yo sí le pido a la Administración Distrital un mínimo de honradez y honestidad, porque los funcionarios del sector salieron con bombos y platillos a cacarear que habían reducido en 30% el hacinamiento en urgencias. A continuación voy a refutarlos con las mismas cifras oficiales que me proporcionó el secretario distrital de Salud. En el primer semestre del año pasado, el índice promedio de ocupación en algunos hospitales de la ciudad, precisamente en aquellos en los que según Peñalosa se redujo el hacinamiento, fue del 104%, y ese mismo índice de ocupación para los mismos hospitales, en el primer semestre del año 2016, fue del 163%. ¡No disminuyó, todo lo contrario, aumentó el hacinamiento en urgencias!
El Secretario de Salud ha hecho alusión a algunas cosas que hemos dicho en el Concejo, pero no nos señala con nombre propio. Yo sí le pido el favor de que cuando vaya a lanzar una crítica lo haga con nombre propio y no con apelativos injuriosos. Cuando El Tiempo le preguntó la semana pasada que si los CAMIS iban a ser reemplazados por CAPS, usted, doctor Morales, respondió que eran rumores de politiqueros.
Como lo vengo denunciando desde hace varias semanas, ustedes han dicho mentiras sobre los cuarenta CAPS, presentándolos como nueva infraestructura. No es cierto y todos los bogotanos lo tienen que saber. Por lo menos treinta de esos 40 CAPS, según la información que me dio el mismo secretario distrital de Salud, van a reemplazar UPAS, UBAS y CAMIS, quedó perfectamente claro.
Es más, le voy a leer lo que usted me dice en la respuesta, para que después no diga que yo lo estoy tergiversando. Le pregunté: ¿Se cambiarán CAMIS, UPAS y UBAS por CAPS? Usted me responde:
“En algunas sedes actuales de CAMIS, UPAS y UBAS se puede proyectar el funcionamiento de un CAPS”.
Clarísimo. Y cuando usted me envía entonces el listado de cuáles van a hacer los nuevos CAPS, me doy cuenta que no van a ser nuevos, sino que van a reemplazar unas infraestructuras ya existentes y que ustedes, para ganar puntos ante la galería, presentan como infraestructura nueva.
Y lo de los CAMIS es todavía más grave. Los CAMIS prestan servicios para urgencias vitales, o sea, para Triage 1, 2, 3, 4 y 5, y los CAPS solo prestarían servicios para urgencias no vitales, o sea, Triage 4 y 5. El cambio implica poner en riesgo a muchos ciudadanos hoy atendidos en los CAMIS y que ahora tendrán que recorrer mayores distancias. Un ejemplo de ello son los residentes de la Localidad de Puente Aranda, atendidos en el CAMI Trinidad Galán, y que ahora tendrán que trasladarse hasta el Hospital de Kennedy para recibir los servicios que necesitan para sus urgencias vitales.
Y miren esto. Ustedes arguyen que esos CAMIS casi no se usan, que no atienden casi urgencias vitales. Pues le quiero decir lo siguiente: en el CAMI Diana Turbay, el 76% de las urgencias del año pasado fueron para Triage 1, 2, y 3, o sea, urgencias vitales, y en el CAMI Chircales de la Localidad Rafael Uribe Uribe, el 70% fue para urgencias vitales. Esos centros de salud que prestan servicios de urgencias sí están siendo utilizados por la comunidad y por ende sí se necesitan.
Finalmente, no voy a poder detallarlo, pero el caos administrativo que ha resultado con esta reforma del alcalde Enrique Peñalosa está llegando a proporciones astronómicas. Tengo en mis manos por lo menos diez noticias de los medios de comunicación que lo retratan. Una de ella, del diario La Nación del 2 de marzo de 2016, relata cómo una niña, Dayanna Andrea, que tuvo una tragedia por una quemadura con ácido, no pudo ser atendida adecuadamente en el Hospital Simón Bolívar por falta de insumos.
Otra noticia del 3 de abril: médicos y pacientes del Hospital Simón Bolívar protestan por falta de insumos y denuncian que a una señora de 77 años no tenían oxígeno para darle.
Abril 19 de 2016, señala Caracol Radio, no hay guantes en el Hospital de Kennedy. No hay derecho a que un Hospital de esas condiciones, de esas características, se quede sin guantes, sin jeringas. ¡No hay derecho!
La situación es supremamente crítica y lo que está haciendo el alcalde Peñalosa es empeorarla. Felicito a los usuarios y a los trabajadores que vienen resistiendo. Hay que elevar el nivel de resistencia y movilización social. Y esto, queridos amigos, es otra razón para seguir preparando la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa el próximo enero de 2017.
