Después de tres jornadas de debate en el Concejo de Bogotá sobre el nuevo esquema de concesiones de Transmilenio, la administración evadió los cuestionamientos hechos por la bancada del Polo. “Ninguno de los funcionarios de la administración Peñalosa respondió de fondo las críticas que planteamos. En particular, no hubo una sola mención sobre el costo mayor de este nuevo esquema de concesión respecto al anterior y que impactará la tarifa del sistema”, señaló Sarmiento.
Es importante recordar con esta licitación de Transmilenio se crea un nuevo negocio en el sistema de transporte de la ciudad. “El nuevo esquema de concesión incluye un actor privado que se lucrará por el simple hecho de ser el dueño de los buses y que se suma al actor que se lucra por la operación. De acuerdo con los estudios de la licitación, este nuevo esquema de concesión con dos rentabilidades es 142 mil millones de pesos más costoso que el actual y afectará los bolsillos de los bogotanos con tarifas más costosas”, precisó Sarmiento.
Tampoco hubo referencia alguna de la administración al hecho de que, con más actores, el nuevo esquema hace más compleja la operación y más ineficiente. En particular, no hubo mención alguna a que el nuevo modelo diluye las responsabilidades sobre la calidad del servicio y la falta de incentivos para que los privados brinden un buen servicio. Y como eera de esperarse, ni la gerente de Transmilenio ni el Secretario de Movilidad se refirieron a la necesidad de garantizar el empleo de los actuales trabajadores del sistema ni de la posibilidad de lograr mejoras en su bienestar desde la licitación.
Frente a la necesidad de garantizar la incorporación de tecnologías limpias, el Secretario de Movilidad no mostró un estudio de beneficio – costo que le permita a la ciudad tomar la mejor decisión. Tampoco re refirió a la enorme ventaja que tendrían los oferentes de buses diésel debido a que los patios cuentan con la infraestructura para suministrar el combustible, infraestructura que no existe para otras tecnologías.
“Se viene imponiendo la práctica de que la administración Peñalosa no responde las críticas que hacen los concejales porque igual cuenta con el respaldo suficiente para adelantar las iniciativas como le da la gana. En este caso, es de extrema gravedad que se siga adelante con esta licitación sin responder de fondolas advertencias sobre el encarecimiento del sistema y que no haya garantías para un buen servicio. Insisto, solo la ciudadanía consciente y organizada puede evitar que Peñalosa siga adelante con esta iniciativa de dos negociados y con el resto de políticas que están causando daños irreparables a Bogotá”, concluyó Sarmiento
