Bogotá: ¿del limbo al infierno? Artículo de Aurelio Suárez publicado en El Espectador.
Publicado por el diario impreso el 26 de julio de 2017 Artículo de Aurelio Suárez Planeación Distrital presentó el Avance Físico del Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-2020. Los programas deberían estar en un 50% de cumplimiento, pero el balance es desalentador, en particular en áreas cruciales. En Educación, de 30 colegios nuevos prometidos se han construido solo 2, y de 32 restituciones van en una tercera parte. Tres programas claves están en cero: la reforma institucional, la alfabetización para adultos y 35 mil cupos adicionales en educación superior. También como tortuga va la infraestructura sanitaria. De 40 CAPS (Centros de Atención Prioritaria), 22 se adaptaron en los eliminados CAMIS; no se ha puesto un ladrillo en los Centros de Urgencia del Sur, ni en la reposición de cuatro hospitales. La atención de las personas no inscritas en régimen alguno, escasamente llega a 40%. Y aunque se diga que en 2017 Capital Salud ganó $41 mil millones, el concejal Manuel Sarmiento demostró pérdidas por $1.300 millones. Además, el saneamiento de dicha entidad, según con Planeación, está apenas en 38%. Los damnificados de Peñalosa II son los niños. La Personería evidencia que de 723 mil, entre los cero y cinco años, el distrito solo atiende al 17%; es decir, a 125.436 en 366 jardines infantiles, muchos con notorias deficiencias. Por otro lado, se clausuraron 47 servicios diurnos y nueve nocturnos, como lo ratificó Planeación, que asigna un cumplimiento del 31,9%. La alarma se prende en materias económicas y sociales. El crecimiento del PIB fue 2,96% en 2016 y 1,61% en 2017, por debajo del resultado nacional de 3% y 1,7%; la pobreza monetaria creció, frente a 2015, de 10,4% a 11,5% y el desempleo de 8,3% a 10,5%. En seguridad, pese a bajar los homicidios, el robo se disparó. El de bicicletas subió 66% en los cinco primeros meses de 2018 con respecto a 2017; el de residencias se trepó a 8,6%; el de celulares al 70%; el de autos y motos disminuyó marginalmente y los reportes por narcóticos incrementaron 9%. Movilidad es un fracaso. Para dejar el Metro en un 30% de avance solo se ha hecho el 10%, lo que significa, como dice el concejal Hinestrosa, apenas un 3% del gran proyecto de Bogotá. Ni un kilómetro de troncal; la malla vial arterial en buen estado ha decaído (según Veeduría-IDU); sigue en crisis el SITP, y el provisional permanece aplazado por dos años. En 2017, el 89% de la contratación fue a dedo y tres licitaciones (Aseo, semaforización y grúas-patios) están glosadas por organismos de control por graves motivos, lo que deja al descubierto un vacío de transparencia. Como afirmó el concejal Flórez, por la licitación de TM, continuarán miles de “buses-chimenea” de marca conocida, pero, al final, no se iniciará obra alguna, quizás el funesto Transmilenio por la Séptima. No obstante, quedará un cúmulo de contratos firmados con endeudamientos, pero sin estudios completos; el Metro seguirá envolatado; se elevarán los impuestos confiscatorios y el POT se guiará por marcados negocios inmobiliarios. Para rematar, Peñalosa ferió el 16% de la Empresa de Energía y atenta contra la ETB. El libro, Bogotá en el limbo, que presenté sintetizando los últimos 25 años, incluido Peñalosa I, está corriendo riesgo de perder vigencia: con Peñalosa II parece empezar el tránsito al infierno.
Mintiendo sobre condiciones laborales en ETB, Peñalosa y Castellanos intentan tapar privatización corrupta
El Cabildo Abierto contra la venta de ETB demostró que la propuesta del alcalde Peñalosa y Jorge Castellanos es la de una privatización corrupta contra los intereses de los bogotanos. Así lo señaló el concejal Manuel Sarmiento, quien resaltó los graves cuestionamientos expuestos por el analista Aurelio Suárez (http://bit.ly/2mR98a7). Las cifras oficiales señalan que en el primer año del gobierno de Peñalosa los principales indicadores de ETB se deterioraron. En pesos reales, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 los ingresos operacionales y el EBITDA cayeron en 1,5%, la utilidad operacional disminuyó en 64%, los activos en 43% y el patrimonio en 16%. La mala gerencia ha desvalorizado la empresa, por lo que Suárez les entregó las pruebas a los órganos de control para que investiguen un presunto detrimento patrimonial (http://bit.ly/2lF9fVX). Ante la falta de argumentos, Jorge Castellanos arremetió contra los trabajadores por los derechos convencionales que han conquistado en cerca de 70 años. El concejal Sarmiento rechazó las que calificó como bochornosas afirmaciones del Presidente de ETB y afirmó que en una democracia los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse para lograr conquistas por encima de los mínimos legales. «Los beneficios convencionales no ponen en riesgo la empresa, pues los costos laborales en ETB representan solo el 13% de los ingresos de la empresa, muy por debajo de los estándares mundiales. Además, cada trabajador aporta un 4% de su salario para financiar las conquistas de la convención colectiva, lo que equivale a 6.000 millones de pesos anuales. Lo que no dice Peñalosa es que alrededor de 8.000 trabajadores de la ETB son tercerizados, quienes realizan gran parte de las labores de la empresa», explicó Manuel Sarmiento. “Posan de demócratas y atacan a los trabajadores por sus conquistas históricas. A Peñalosa seguramente le encantará el modelo laboral de empresas como Claro, donde los trabajadores están tercerizados, no pueden sindicalizarse y ganan salarios de hambre”, concluyó Sarmiento.
Pobreza multidimensional y pobreza monetaria en Colombia
Santos y Petro, ambos, en días recientes, dijeron que han “sacado”, respectivamente, a 3,8 millones y a 500.000 personas de la pobreza multidimensional. Aun suponiendo que los segundos estén incluidos entre los primeros, y que Santos además prometió “reducir 1,5 millones de personas en todas sus dimensiones”, muchos colombianos se preguntarán ¿qué es esto de la pobreza multidimensional? Desde 2011, Colombia decidió acoger el sistema OPHI, Oxford Human and Development Initiative, distinto al tradicional, de la pobreza medida por ingreso monetario. El índice central del OPHI es conocido como de Pobreza Multidimensional y, con algunas variaciones, podría asimilarse al de Calidad de Vida, ICV, e incluso al de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Dicho sistema de medición contempla diez indicadores, repartidos entre tres dimensiones, cada una de ellas con participación del 33 % en la evaluación integral: educación, salud y estándar de vida. Con relación a la primera, se miden los años de escolaridad y la cobertura de matrícula; con respecto a la salud, se calcula con base en la mortalidad infantil y la nutrición y, en cuanto a la tercera, relacionada con el hábitat, se tienen en cuenta la electricidad, el saneamiento básico, el combustible para cocinar, el tipo de piso y la dotación de la vivienda. Se considera un pobre “multidimensional” a la persona que carezca del 33 % o más de tales estándares; si está en los rangos entre el 20 % y el 33 %, se tiene como “vulnerable a la pobreza” y si está privado en estas áreas en más del 50 %, se tiene como “pobreza severa”. Al porcentaje de personas que carecen de más del 33 % de los estándares se le llama incidencia y al porcentaje en que dicho conjunto de individuos carece en las tres áreas nombradas se le denomina intensidad. El índice IPM es la multiplicación de estos dos porcentajes. La variable cuantitativa más relevante es la incidencia. En el 2010, el IMP para Colombia era del 5,4 % y para Bogotá, del 0,7 %. (Véase OPHI Country Briefing June 2015: Colombia). El Dane hizo una medición “ajustada” para el 2014, cuatro años después del primer IPM. Para el país y para la capital, en efecto, la reducción fue como los dos mandatarios anunciaron. Sin embargo, según el propio Dane, otra cosa pasa cuando se habla de pobreza monetaria, mucho más ligada al desempeño del gobierno de turno, más derivada de las políticas económicas adelantadas en cada mandato. Bajo esa óptica, el porcentaje de la población pobre crece tanto para Bogotá como para Colombia, y, lo más grave, es todavía más notorio en números absolutos. Mientras que en el país los pobres “multidimensionales” son 10,336 millones, los pobres por ingreso monetario son 13,2 millones, tres millones más, y, en la capital, cuando en la primera medición se cuentan 418.000 personas, en pobreza monetaria están casi el doble. El ‘golpe de opinión’ de Santos y Petro no para ahí. Es obvio que en el caso de la pobreza multidimensional se trata de acumulados que la sociedad, y ella a través del Estado, ha logrado. No es entonces fruto exclusivo de su ‘gestión’. En gracia de discusión, el mérito podría radicar en no haber cambiado la tendencia de reducción así haya tenido un menor ritmo, sobre todo en Bogotá, donde, en cuanto a la pobreza monetaria extrema, sí aumentó con respecto al 2013, e igual sucedió con la desigualdad, comparada con el 2012, al crecer el respectivo coeficiente de Gini, de 0,497 a 0,502. Este, dicho sea de paso, en el dominio nacional, está estancado en 0,539 desde hace tres años. No habla bien de los gobiernos asaltar a la opinión con astucias técnicas para recibir palmas de la galería. En un debate al respecto me preguntó un economista joven con ánimo retador: “¿Qué prefieres: ser pobre en Colombia o en Cuba?”. La respuesta es que en ninguno de los dos, pero es claro que en nuestro caso, aspirando a ingresar a la Ocde, la premisa fundamental está en que las carencias en áreas básicas deberían superarse y el factor determinante habrá de ser el ingreso. Creo que en Cuba, donde en educación y sanidad están por encima de nosotros, también lo deberá ser y se informa, según noticias, que las reformas actuales ya apuntan hacia allá, algo que –por lo visto– no parecieran estar pensando los gobiernos de por acá. Aurelio Suárez Montoya
