Por inconsistencias del Decreto de Peñalosa, Secretaría de Planeación desiste de la liquidación de la plusvalía en Proscenio

Por inconsistencias del Decreto de Peñalosa, Secretaría de Planeación desiste de la liquidación de la plusvalía en Proscenio

Sigue embolatado el negocio inmobiliario que algunas constructoras que financiaron la campaña del alcalde Peñalosa quieren hacer en la localidad de Chapinero a través del plan parcial Proscenio. Así lo reveló el concejal Manuel Sarmiento tras revelar un oficio de la Secretaría de Planeación (Enlace) en el que le informa a la Unidad de Catastro su decisión de desistir del trámite de la liquidación de la plusvalía, que es el tributo que deben pagar los inversionistas del proyecto.

El desistimiento se conoce luego de que el concejal del Polo hiciera públicas las inconsistencias del decreto (https://bit.ly/2kbCynx) con el que Peñalosa modificó el plan parcial y valorizó el negocio en cerca de $200 millones de dólares en beneficio de los inversionistas que le financiaron la campaña, como lo sustentan las documentadas investigaciones de Daniel Coronell (https://bit.ly/2GLUNKf). “El desistimiento de este trámite comprueba las irregularidades del decreto que Peñalosa expidió para incrementar las ganancias de los gestores de este proyecto de renovación urbana, que además financiaron su campaña a la alcaldía. Es evidente que la imposibilidad de liquidar la plusvalía del plan parcial hace inviable la ejecución del proyecto urbanístico”, señalo Sarmiento.

El concejal reiteró que el alcalde Peñalosa debe revocar el Decreto 674 de 2018 por haberlo expedido estando incurso en un claro conflicto de intereses y por las inconsistencias técnicas que contiene, relacionadas principalmente con la incertidumbre sobre el área útil del proyecto.

Exitosos lanzamientos de campaña en Tunjuelito, Teusaquillo, Puente Aranda y Engativá.

Exitosos lanzamientos de campaña en Tunjuelito, Teusaquillo, Puente Aranda y Engativá.

Los lanzamientos de campaña de algunos candidatos a Ediles en compañía del concejal Manuel Sarmiento (POLO 3 al Concejo) tuvieron lugar el fin de semana pasado. Víctor Santos en Tunjuelito (POLO 83 a la JAL), Liliana Castañeda en Teusaquillo (POLO 81 a la JAL), Vladimir Cáceres en Puente Aranda (POLO 83 a la JAL) y Juan Carlos Figueroa en Engativá (POLO 83 a la JAL).

El concejal Manuel Sarmiento expresó la grata satisfacción de estar acompañado por estos líderes locales. En los nutridos eventos pudo exponer su programa y conversar con los voluntarios y seguidores del Polo Democrático Alternativo.

Manuel fue aplaudido cuando señaló que lo principal para ponerle fin a esta pesadilla peñalosista y evitar que se reelija en cuerpo ajeno para empezar a arreglar a Bogotá es indispensable elegir a Claudia López a la Alcaldía, porque ella es quien se ha comprometido a fomentar la industria manufacturera de la ciudad y a respetar los derechos de los bogotanos.

El empleo, la movilidad y la seguridad fueron temas tratados durante las actividades de campaña. En los que los candidatos a edil, cada uno en su evento, acompañó las propuestas del concejal de la oposición a Enrique Peñalosa.

Gobierno de Duque flexibiliza requerimientos para que Peñalosa dañe los Cerros Orientales

Gobierno de Duque flexibiliza requerimientos para que Peñalosa dañe los Cerros Orientales

Después de que el presidente Duque le exigiera al Ministro de Ambiente dar vía libre a la construcción del sendero de Peñalosa en los Cerros Orientales, se hizo pública un acta a través de la cual la ANLA flexibiliza notoriamente los requerimientos hechos a la Secretaría Distrital de Ambiente para la aprobación de dicho proyecto.

“En razón a la inaceptable presión ejercida por el alcalde Peñalosa y el presidente Duque para sacar adelante este proyecto a toda costa, la ANLA dejó a discreción de la Secretaría de Ambiente el cumplimiento de varias exigencias que inicialmente le había impuesto y que tenían como finalidad asegurar la protección de los Cerros Orientales que hacen parte de la estructura ecológica principal de la ciudad”, aseguró el concejal Manuel Sarmiento.

Sarmiento resaltó que los requerimientos que debían ser atendidos por la alcaldía dejaban al descubierto las graves implicaciones que traería para Bogotá la ejecución de un proyecto constructivo sobre la columna vertebral de su estructura ecológica principal. Dentro de las exigencias planteadas inicialmente, la ANLA solicitó a la Secretaría de Ambiente: i) caracterizar y delimitar adecuadamente el componente de suelos y uso de la tierra de la zona de influencia del proyecto; ii) complementar la caracterización de los ecosistemas acuáticos ubicados en el área de influencia del proyecto; iii) complementar el proceso de participación y socialización del proyecto con las autoridades locales y con la comunidad del sector; iv) complementar la evaluación de alteración de habitas de las especies de fauna endémica en categoría de amenaza y de alto grado de sensibilidad; v) complementar la evaluación de la fragmentación y pérdida de conectividad de los ecosistemas sensibles; vi) presentar un análisis de la totalidad de las obras y actividades del proyecto constructivo a la luz del PMA de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

Sin embargo, a raíz de las presiones ejercidas desde la Casa de Nariño y el Palacio Liévano, la ANLA modificó radicalmente sus planteamientos iniciales, estableciendo que la Secretaría Distrital de Ambiente solo debía acatar dichos requerimientos si lo consideraba necesario. El concejal reiteró que, con esta decisión, la ANLA podría incurrir en prevaricato, pues esta cediendo a presiones políticas y dejando de lado la falta de sustento técnico del proyecto, haciendo caso omiso a los graves impactos ambientales que causará la ejecución del proyecto. Así mismo le solicitó al alcalde Peñalosa y al presidente Duque dejar de intervenir de manera ilegal dentro del proceso de licenciamiento.

La Secretaría de Salud debe desistir de las medidas que  lesionarían en materia grave a las residencias médicas.

La Secretaría de Salud debe desistir de las medidas que lesionarían en materia grave a las residencias médicas.

Secretario

LUIS GONZALO MORALES

Secretaria de Salud

Ciudad

Ref.:  La Secretaría de Salud debe desistir de las medidas que lesionarían en materia grava a las residencias médicas.

Cordial Saludo.

La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME) y la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) han expresado su rechazo a las medidas unilaterales que usted pretende imponer al incrementar, de manera desproporcionada, el cobro que hace la Secretaria Distrital de Salud a las Instituciones de Educación Superior por permitir el desarrollo de la residencia médica.

Esta decisión afectaría a más de 7.000 estudiantes de pregrado y posgrado ya que aumentará en un 20% el valor bruto de matricula en pregrado y en 30% en posgrado, al igual que lesionaría la formación médica y la adecuada atención a los usuarios de los hospitales públicos (https://bit.ly/2zeuypS).

Cabe recordar que el artículo 12 de la Ley 1917 de 2018 dispone que “las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE) no podrán cobrar en dinero a las Instituciones de Educación Superior, por permitir el desarrollo de la residencia.” Es inaudito que desde la Secretaría de Salud se acuda a astucias para desconocer el espíritu de este mandato legal.

En consecuencia, le solicito desistir de este anuncio y le explique a la ciudad a qué se debe su actuar abiertamente ilegal.

Atento saludo,

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativ

Contraloría advierte presuntos delitos por contratación a dedo con operadores de aseo

Contraloría advierte presuntos delitos por contratación a dedo con operadores de aseo

En medio del malestar ciudadano por el encarecimiento de las tarifas de aseo, se conocieron una serie de irregularidades en la contratación de la UAESP con los operadores privados. El concejal Manuel Sarmiento reveló el contenido de un informe de la Contraloría Distrital que advierte la posible de comisión de delitos por contratos adjudicados a dedo para la ejecución de las llamadas obligaciones de hacer.

En la licitación con la que el alcalde Peñalosa privatizó a la brava el servicio de aseo se incluyó la posibilidad que los operadores realizaran una serie de actividades que no se remuneran vía tarifa como la recolección de escombros. De acuerdo con los documentos de la licitación, estas actividades se denominan obligaciones de hacer y se deben contratar mediante procesos en los que puedan participar empresas distintas a los operadores de aseo.

De acuerdo con la Contraloría Distrital, la UAESP no realizó un proceso de selección objetiva para contratar estas actividades y en cambio las contrató a dedo con los actuales operadores de aseo mediante adiciones a los contratos de concesión adjudicados en el año 2017. Las adiciones para la ejecución de este tipo de actividades suman más de $15.000 millones de pesos.

El informe de la Contraloría señala que “en cuanto a las actividades que no se encuentran reguladas, es decir, aquellas que no son reconocidas por la tarifa, como es el caso de la recolección, transporte y disposición final de los residuos de demolición y construcción, entre otros, considera este órgano de control que las adiciones que se han realizado a los contratos de concesión, amparados en el anexo 14, presuntamente podrían estar vulnerando el principio de selección objetiva, en la medida en que dichas actividades, que no son objeto de exclusividad bajo ningún contrato o norma, deberían haber sido objeto de un proceso contractual independiente” (bit.ly/2FWObIn).

Por lo anterior el órgano de control concluye que “todas aquellas adiciones que se han realizado a los contratos de concesión, que son de actividades no reguladas y que no han sido objeto de un proceso contractual autónomo e independiente, presuntamente podrían estar contrariando el ordenamiento penal y disciplinario”.

“Es inaudito que la Administración de Enrique Peñalosa, a través de maniobras jurídicas, le entregue a dedo nuevas actividades beneficiando a los operadores privados. Todo esto en el marco del malestar por las alzas en las tarifas de aseo que no se reflejan en calidad del servicio” concluyó el concejal Sarmiento.

Distrito no ha podido definir el valor de la plusvalía en Proscenio por inconsistencias en el decreto con el que Peñalosa modificó el proyecto

Distrito no ha podido definir el valor de la plusvalía en Proscenio por inconsistencias en el decreto con el que Peñalosa modificó el proyecto

Comunicaciones cruzadas entre la Secretaría de Planeación y Catastro señalan inconsistencias en el decreto de Peñalosa que valorizó en más de 200 millones de dólares el negocio inmobiliario de los financiadores del Alcalde.

Por inconsistencias técnicas y jurídicas del Decreto 674 de 2018, a través del cual el alcalde Peñalosa modificó el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio, Catastro no ha podido definir el monto de la plusvalía que los inversionistas deben pagarle al Distrito. Al ser la plusvalía el tributo que los constructores deben pagar, la controversia es de interés público, sobre todo si se tiene en cuenta que los inversionistas financiaron la campaña del Alcalde y que el mandatario les valorizó el proyecto en más de $200 millones de dólares, tal y como lo denunció el columnista Daniel Coronell (https://bit.ly/2GLUNKf).

El concejal Manuel Sarmiento reveló que, según el contenido de los correos cruzados entre la Secretaría de Planeación y Catastro, el decreto que modificó el proyecto inmobiliario no determina con claridad cuál es el área vendible del proyecto, ni la distribución de las áreas que se deberán destinar para los usos residenciales, dotacionales, comerciales y de servicios.

A través de dicha correspondencia Catastro resaltó que mientras el artículo 26 del plan parcial establece que el área vendible de la Manzana 2 es de 41.405,33 m2, en su artículo 35 plantea que el área vendible de esa misma manzana es de 43.768.00 m2.

“Esto es gravísimo, pues el área vendible del proyecto es la variable con la que se determina el cobro de la plusvalía, y según lo expuesto por Catastro estamos hablando de una inconsistencia de 2.362,67 m2, área no poco despreciable cuando se multiplica por el valor del metro cuadrado en esa zona, que es uno de los más costos de la ciudad. Al final, estos son recursos que le dejarían de entrar al Distrito y que quedarían en los bolsillos de los financiadores de la campaña de Peñalosa”, aseguró el concejal.

Finalmente, el concejal manifestó que tiene el ojo puesto sobre este proyecto y particularmente sobre la forma en la que se determinaron las cargas del mismo, pues tiene indicios de que los costos se pudieron inflar con la finalidad de reducir el cobro por plusvalía que se les cobrará a los gestores. El concejal radicó un derecho de petición a Planeación y a Catastro, con copia a la Personería Distrital, solicitando explicaciones por las nuevas irregularidades encontradas. Acá puede consultar el texto de la solicitud:

Con Peñalosa perdió el derecho a la  educación

Con Peñalosa perdió el derecho a la educación

Por: Miguel Ángel Muñoz – Polo Joven Suba

En el gobierno de Peñalosa no ha existido ningún avance significativo en la garantía del derecho fundamental a la educación de los jóvenes de Suba. El presupuesto ejecutado en la localidad ha disminuido, la matrícula oficial cae, la Jornada Única sigue siendo un sueño y donde se implementa se hace de forma irregular, la alimentación escolar es un privilegio y la alcaldía ignora el estado de la infraestructura educativa de la localidad. A la educación de calidad siguen accediendo sólo unos pocos, a pesar de que a la mayoría de bogotanos se le impone una excesiva carga tributaria, lo que debería corresponder con una mayor garantía de derechos. 

En el año 2015 la administración distrital ejecutó en Suba un presupuesto para educación de 287 mil millones de pesos, pero posesionado Peñalosa disminuyó; cayendo a 264 mil millones en el 2016, 276 mil millones en el 2017 y 271 mil millones en el 2018. Así, durante todo el año pasado, el presupuesto ejecutado por cada estudiante fue de tan sólo 3,5 millones de pesos. Y para 2019 se proyecta destinar 298 mil millones para la localidad pero, sabiendo que nunca se ejecuta todo lo que se proyecta, seguramente tampoco este año se supere el monto del 2015. Peñalosa redujo el presupuesto para educación, sin el cual es imposible avanzar en calidad.

Por otro lado, se agudizó la tendencia histórica del reemplazo de la matrícula oficial por la privada. Mientras en el año 2015 la matrícula oficial era de 89.102 estudiantes y la matrícula no oficial ascendía a 128.892 estudiantes, para el año 2017 la oficial caía a tan sólo 78.547 estudiantes, frente a los 134.575 estudiantes en no oficial. Dicho fenómeno afecta a los profesores, quienes gozan de mejores garantías laborales en el sector oficial que en el privado. Además, a sabiendas de que el Estado es el único capaz de garantizar el acceso universal a la educación, Peñalosa emula al presidente Duque en su intento por restarle obligaciones a la Alcaldía en lo que atañe al derecho a la educación, para así reducir su gasto social; empujando a miles de jóvenes a estudiar en instituciones educativas de baja calidad y que cobran por acceder a ellas.

Por medio del Plan de Alimentación Escolar en 2017 y 2018 se invirtieron algo más de 30 mil millones de pesos, lo que para el año pasado significó una inversión anual por estudiante de sólo 386 mil pesos y por cada día escolar de 1.930 pesos por estudiante. Así mismo, La Secretaría de Educación asegura que en la actualidad entrega 17.083 ofertas alimentarias, entre desayunos y almuerzos; de lo que se desprende que para 2018 sólo el 22% de los estudiantes de la localidad, uno de cada cinco, recibía algún tipo de comida caliente. Únicamente la disfrutan 14 sedes educativas de la localidad y sólo 11 de estas cuentan con comedores escolares.

Eso sin considerar que los operadores privados del sistema no siempre cumplen adecuadamente el servicio. Por ejemplo, el colegio Gonzalo Arango, donde el Comedor Escolar, operado por Compensar, pasó más de un mes inhabilitado en el primer semestre de este año. Ni en broma podría hablarse de implementar la necesaria Jornada Única en la localidad, si no es a costa de que los alumnos sufran hambre. La misma física hambre que siguen pasando jóvenes de bajos recursos que van a estudiar “sin un pan encima” o estudiantes con jornadas extendidas a los que lo único que los mantiene en pie es un refrigerio frío. 

En 2016 el gobierno de Peñalosa pasó de 3 a 5 colegios con Jornada Única implementada, llegando a cubrir 3.347 estudiantes en 2017, apenas el  4,2% de la matrícula estudiantil. Para 2018 se mantienen los mismos cinco colegios oficiales con Jornada Única implementada. Sumado a que se ha aplicado sin condiciones dignas. Caso ilustrador es el de los estudiantes con Jornada Única del Gustavo Morales Morales, a los que no se les ofrece comida caliente en su totalidad y a quienes les toca comer en el piso. Bien hicieron los estudiantes en hacer respetar sus derechos y protestar contra el fracaso de la política de Jornada Única tan “cacareada” por la ex Secretaria de Educación, que hoy trabaja para Duque.

Alarma aún más el hecho de que la Secretaría de Educación no conoce el estado de la infraestructura de los colegios. Tan sólo cuenta con el diagnóstico de 41 construcciones, de 15 sedes educativas de la localidad, dejando por fuera a la gran mayoría de las edificaciones.

Toda la tarea está pendiente, pues, durante su alcaldía, Peñalosa se dedicó a asegurale negocios a quienes financiaron su campaña antes de garantizar el acceso a los derechos de lo bogotanos. Hacer de la educación un verdadero derecho fundamental exige Jornada Única con adecuadas condiciones, alimentación de calidad para todos los estudiantes, infraestructura en el mejor estado, y, para lograr todo lo anterior, un aumento de la financiación estatal. Esta tarea no la adelantará Miguel Uribe, ex Secretario de Gobierno de Peñalosa, ni Carlos Fernando Galán, quien hasta hace poco hacía equipo con el actual alcalde. Lo que corresponde es la organización y movilización de los estudiantes para que Bogotá se dirija por el mejor camino. Hoy en las urnas, para elegir la mejor Alcaldía, Consejo Distrital y Junta Administradora Local. Mañana, masiva y creativamente, en las calles.

La Secretaría de Ambiente debe desistir de la tala de 500 árboles en el Bosque San Carlos

La Secretaría de Ambiente debe desistir de la tala de 500 árboles en el Bosque San Carlos

Doctor

FRANCISCO CRUZ PRADA

Secretario

Secretaria Distrital de Ambiente

Av. Caracas # 54 – 38

Bogotá.

Asunto: La Secretaría de Ambiente debe desistir de la tala de 500 árboles en el Bosque San Carlos.

Atento saludo

Es inaceptable que la administración distrital haya anunciado su intención de talar 506 árboles en el Bosque San Carlos, también conocido como el único pulmón del Suroriente de la ciudad.

De acuerdo con el documento entregado al Comité en Defensa del Bosque San Carlos, la administración pretende talar los árboles que están ubicados en el perímetro exterior, tomando como principal criterio la altura de los eucaliptos y otras especies, sin realizar estudios sobre la situación actual de los más de 5.000 árboles que tiene el parque. Aunque el documento señala que la tala es necesaria para mitigar el riesgo, no presentan estudios técnicos acerca del estado de los árboles, de sus raíces y tampoco de los suelos.

Adicional a esto, el gobierno de Enrique Peñalosa está tomando este tipo de decisiones sin tener en cuenta las comunidades vecinas y sin garantizar la participación ciudadana, algo ya característico de esta Alcaldía. Por lo anterior, solicito la suspensión de estas talas hasta que no se tenga certeza de las acciones que deben realizarse.

Las respuestas a las solicitudes presentadas serán recibidas en la Cl. 36 #28A-41 Of. 201 y en el correo electrónicoconcejalmanuelsarmiento@gmail.com.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Atentamente,


MANUEL SARMIENTO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

Expertos de la Universidad Nacional formulan fuertes críticas al POT de Peñalosa

Expertos de la Universidad Nacional formulan fuertes críticas al POT de Peñalosa

Oficina de prensa del concejal Manuel Sarmiento

1 de agosto de 2019


La Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia presentó a la Secretaría de Planeación, al Concejo de Bogotá y a los medios de comunicación, un documento de observaciones a la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial. El documento plantea que el proyecto desconoce aspectos relevantes de la situación de Bogotá y advierte que “el eje central de las decisiones que toma el POT es la búsqueda obsesiva por encontrar terrenos para el desarrollo de nuevos negocios de construcción”, incentivando el desarrollo de más de 9.000 hectáreas en renovación urbana, lo que excede por mucho la media de la industria de la construcción y los alcances de planeación de un POT con vigencia de 12 años.

El concejal Manuel Sarmiento resaltó la necesidad de que ciudadanía y academia participen de manera efectiva en la discusión del POT, y señaló que el documento denuncia el ánimo de la administración Peñalosa de “disponer de una gran cantidad de suelo para los negocios de construcción y se deja al mercado la decisión abierta de escoger los lugares para intervenir (…) Con esta situación el desarrollo urbano estará destinado solamente a los lugares donde construir sea más rentable y no donde más se necesite. Y con esta flexibilidad y apertura, más que un documento que plantea ideas de planeación urbana, el documento del POT se entiende como un instrumento de manejo de los negocios de inmobiliarios en Bogotá.” Al respecto, Sarmiento declaró que las advertencias hechas por la Universidad son de enorme gravedad y que estas no pueden ser señaladas por la administración ni por nadie de tener sesgo ideológico.

Las personas expertas de la Universidad Nacionaladvierten también en el documento que “muchos [equipamientos] podrán reducir el uso de la parcela (…) suelo que podrá desarrollarse con nuevos negocios de construcción en oñtros usos”, situación que pone en peligro los servicios que prestan áreas vitales de la ciudad como Corabastos o la Unidad Camilo Torres de la propia Universidad Nacional.

El concejal del Polo se sumó al llamado de la institución educativa a un debate profundo de la propuesta de ordenamiento para la ciudad que tome el tiempo suficiente, y añadió que debe ser acompañado por una fuerte movilización ciudadana contra los atropellos que Peñalosa pretende imponer en Bogotá pues, tal como lo indica la maestría en urbanismo, “es imposible para una entidad como el Concejo de la Ciudad o el Consejo Territorial de Planeación entender y discutir el contenido de un trabajo de 4 años plasmado en un Documento Técnico de Soporte de 1.436 páginas y un proyecto de acuerdo de 560 artículos en los 90 días reglamentarios para el Concejo o los 30 para el Consejo Territorial”. Al respecto, el concejal Manuel Sarmiento realizó un llamado a la movilización ciudadana para impedir que el gobierno de Enrique Peñalosa imponga el mayor de los negociados en contra de la ciudad.

Acá puede descargar las observaciones

A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal

A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal

Bogotá D.C., 31 de julio de 2019

Doctor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá

Ref.: A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal.

Atento saludo,

Peñalosa debe garantizar la sustitución patronal de miles de trabajadores ante los nuevos contratos de las fases I y II de Transmilenio y de la fase V del SITP. Las compañías que ganaron las licitaciones resultaron ser de los mismos dueños de las concesionarias anteriores, pero se presentaron a través de nuevas empresas que les permitirían desvincular a sus actuales trabajadores desconociendo su experiencia, a sus organizaciones sindicales y las prestaciones sociales acumuladas, además de arrojarlos a la calle sin tener en cuenta que muchos adquirieron graves enfermedades laborando para Transmilenio.

Los sindicatos del sistema Transmilenio (SNTT-COLOMBIA, UGENTRANS, SINTRANSMASIVO, ASOEXPRESS, entre otros) han documentado cientos de casos de conductores a quienes les sobrevinieron limitaciones físicas o mentales por causa o con ocasión de su trabajo, o simplemente como resultado de la exposición a factores de riesgos ergonómicos inherentes a la actividad de conducción. Asunto que se agravaró por las malas condiciones de las vías troncales. Con la alcahuetería de la Alcaldía, sus patronos pretenden desconocer la atención de esta responsabilidad.

La Alcaldía de Bogotá está evadiendo su deber de realizar acciones afirmativas en favor de los trabajadores y de personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Este mandato constitucional se ha debido materializar en los mismos pliegos de licitación de los nuevos operadores, como en otrora lo hizo Transmilenio S.A. en los contratos de concesión del SITP, cuando le ordenó a los concesionarios “garantizar que el cincuenta por ciento (50%) del personal de conductores requerido para cada zona, será contratado de los conductores actuales del transporte público colectivo, que a la fecha se encuentren en el Registro de conductores de la Secretaría Distrital de Movilidad. Este personal también podrá ser contratado para trabajar en otras actividades relacionadas con la operación del SITP.”[1]

Sumada a la anterior violación del derecho de los trabajadores a un ingreso mínimo, en los pre-pliegos de la licitación de la etapa 1 de la FASE V, que reforzará el servicio del componente zonal del SITP, se mantiene la posición de esta Alcaldía de beneficiar exclusivamente a los dueños de las concesiones de Transmilenio, perjudicando a la parte más débil del sistema, sus trabajadores.

Es por eso que le solicitamos, señor alcalde: i) proteger los derechos de los trabajadores de Transmilenio y del SITP, ii) no seguir desconociendo la sustitución patronal que se configura en estos casos, y iii) ajustar las licitaciones y contratos de todo el sistema de transporte a fin de brindar plenas garantías laborales a todos los empleados de este servicio público esencial para Bogotá.

De antemano agradecemos la atención a la presente.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO                                MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

Senador Polo Democrático Alternativo            Concejal de Bogotá, Polo Democrático Alternativo



1. CONTRATO No. 009 DE 2010 DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN PREFERENCIAL Y NO EXCLUSIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DEL ESQUEMA DEL SITP PARA LA ZONA  1) USAQUEN, CON OPERACIÓN TRONCAL, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. – TRANSMILENIO S.A. Y LA SOCIEDAD CONSORCIO EXPRESS S.A.S.