La responsabilidad civil médica: una visión sociológica y jurídica del problema

La responsabilidad civil médica: una visión sociológica y jurídica del problema

Manuel José Sarmiento Argüello

La responsabilidad médica ha sido uno de los temas más estudiados por los teóricos del derecho civil. Sin embargo, pocas teorías se han construido a partir de la realidad nacional y del sistema colombiano de salud, omisión que ha conducido a una gran cantidad de errores. Cualquier tesis sobre este tema debe tener en cuenta cómo funciona la salud en Colombia, pues de ello depende acertar en identificar quiénes deben responder por los daños causados en la prestación del servicio.

La salud es uno de los bienes más preciados, pues es el sustento de la existencia digna del ser humano. De ahí que desde su origen la medicina haya sido considerada como una de las profesiones de mayor importancia en nuestra sociedad, a la que le es inherente una finalidad altruista. Sin embargo, el libre comercio y de la privatización han convertido la salud en una mercancía, cuya producción ha quedado en manos de enormes empresas que han sabido sacarle provecho a la prestación de estos servicios.

El editorial de El Tiempo del 3 de diciembre de 2007 titulado “Una salud maniatada” describió de manera muy precisa cómo funciona el sistema: “Las condiciones impuestas por un modelo de salud que convirtió a ésta en un negocio y un manejo gerencial que busca maximizar utilidades como en cualquier negocio, han convertido el tratamiento médico –desde la misma consulta– en una parodia que no puede terminar en nada bueno: un paciente que tiene ‘derecho’ a poco más de ocho minutos de consulta por parte del médico, luego de semanas de esperar turno, arranca cualquier proceso con una alta exposición a que el resultado no le sea favorable.”

El “manejo gerencial” al que se refiere el editorial corresponde a las EPS, grandes empresas privadas que administran los recursos públicos de la salud en busca de la máxima ganancia. Sus utilidades dependen de la reducción de sus costos, lo que conlleva un desmejoramiento de la calidad del servicio, negación de medicamentos y tratamientos a los pacientes, viola la autonomía médica y causa un inmenso detrimento del patrimonio público. Por esta razón, “la mitad de las tutelas en salud son para pedir lo que sí esta incluido en dicho plan básico”[1]. El sistema de la Ley 100 ha permitido que las EPS se enriquezcan a costa del sufrimiento de millones de colombianos, incluidos los profesionales de la salud. Es común ver a estas empresas en los primeros puestos de los listados de las compañías más grandes del país.

La privatización ha cambiado sustancialmente la relación médico-paciente. En el sistema de la Ley 100 los servicios de salud son administrados por grandes empresas, por lo que las relaciones determinantes no son entre médico y paciente sino entre usuario y empresa. El médico es un trabajador de una compañía que actúa de acuerdo con las directrices establecidas en la junta directiva. Por esto, ya no se puede hablar de una “relación paterno-filial, de hondo contenido ético”[2], entre el médico y su paciente.

Un estudio de la Defensoría del Pueblo encontró que los médicos se encuentran sometidos a distintas restricciones.[3] El 47.4% de estas restricciones provienen de las EPS y se refieren a limitaciones en la formulación de medicamentos, exámenes médicos, remisión a especialistas y tratamiento de enfermedades distintas al motivo principal de la consulta. Las presiones se ejercen a través de amenazas e incluso despidos.

Es evidente que la prestación de servicios de salud ha sufrido grandes cambios desde aquellas épocas en que la medicina estaba a cargo del médico familiar, considerado como una persona sabia que hacía todo lo posible por hacer el bien y curar a los enfermos. En el neoliberalismo la salud es una mercancía más, fuente de enormes riquezas y el médico es tan solo un eslabón en la cadena productiva.

Por esta razón, son las EPS los sujetos llamados a responder por los daños derivados de los servicios de salud. Esta afirmación puede sonar un tanto absurda si se considera que son los médicos quienes prestan los servicios de salud. Sin embargo, en el actual sistema de salud el médico es tan solo un trabajador de grandes empresas y la relación determinante se configura entre las EPS y los usuarios. Son estas entidades las que deben garantizar que los servicios de salud que ellas mismas administran o prestan directamente no causen daños a las personas, pues están obligadas a garantizar la calidad en la prestación de los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

Lo anterior se desprende del artículo 177 de la Ley 100 que consagra como función básica de las Empresas Prestadoras de Salud la de “organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados”. ¿Cuáles son los términos que la ley establece para la administración y prestación de los servicios de salud? Encontramos la respuesta en el numeral 9º del artículo 173, que consagra la calidad como uno de los fundamentos del sistema de salud. En este sentido la calidad mínima de los servicios de salud implica que con ellos no se causen daños injustificados a los usuarios del servicio. Las EPS deben garantizar que los servicios de salud no causen daños, y por ende, un daño derivado de estos servicios debe ser reparado por el sujeto que se encuentra en el deber legal de administrarlos.

Frente a esta tesis se podría objetar que los hospitales y clínicas son los sujetos llamados a responder, pues es a través de estas entidades como se prestan los servicios médicos. Sin embargo, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud son sujetos con los que las EPS celebran contratos para que sus afiliados reciban los servicios de salud. El daño causado debe imputársele a la EPS, la que por ley debe garantizar que no se causen daños a los pacientes. Lo anterior tiene un fundamento legal pues el artículo 178 de la Ley 100 establece en su numeral 6º que las EPS deben “establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”. Esta norma otorga a las Empresas Promotoras de Salud la potestad de controlar y vigilar a las IPSS con las cuales celebran contratos.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia adoptó esta tesis en la sentencia del 17 de noviembre de 2012, M.P. William Namén Vargas. En este fallo la Corte señala que “la prestación del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la calidad exigible y de la lex artis, compromete la responsabilidad civil de las Entidades Prestadoras de Salud”. Aunque añade que las IPSS y los médicos pueden ser responsables solidarios, enfatiza en que las EPS son los sujetos pasivos de las demandas por daños en los servicios de salud.

Queda entonces analizar si la responsabilidad de las EPS es objetiva o requiere que se demuestre su negligencia. Para ello, primero se abordará el elemento sociológico de la responsabilidad civil. Las sociedades existen porque en algún momento de la historia, la humanidad entendió que la vida en sociedad era la forma más fácil de satisfacer sus necesidades. Sin embargo, la realidad mundial ha demostrado que solo un pequeño sector se ha favorecido de las relaciones sociales. La realidad colombiana es la prueba reina. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, la mitad de su población es pobre y el 70% esta desempleado o vive del rebusque, cifras que evidencian que a unos pocos les ha ido mucho mejor que a la gran mayoría

¿Qué tienen que ver estas consideraciones con el deber de reparar los daños? Sencillo. Quienes han obtenido mayores beneficios de las relaciones sociales tienen un mayor deber de garantizar que las actividades de las cuales obtienen inmensos beneficios no produzcan daños a los demás miembros de la sociedad. Se trata de aplicar las reglas de la lógica: el hombre se asocia para satisfacer sus intereses; sólo una minoría privilegiada se ha favorecido de estas relaciones; esa minoría realiza determinadas actividades en la sociedad de las cuales obtienen enormes beneficios; en consecuencia, si en el desarrollo de estas actividades se causan daños, quienes realizan estos daños están obligados a indemnizarlos, es decir, ellos soportan los riesgos de sus actividades.

Las EPS hacen parte de este pequeño grupo de sujetos que se ha beneficiado del sistema vigente. Por ende, tienen el deber de garantizar que sus actividades no produzcan daños a los demás integrantes de la sociedad. Por eso, desde una concepción sociológica del derecho, el fundamento de la responsabilidad civil de las EPS es el riesgo profesional. El riesgo es “la contingencia de un daño, o sea, la posibilidad de que al obrar se produzca un daño, lo cual significa que el riesgo envuelve una noción de potencialidad referida esencialmente al daño”[4]. Es evidente que en la prestación de servicios de salud las probabilidades de que se produzcan daños son enormes, debido a que la actividad médica implica intervenciones directas en un organismo tan sensible como lo es el cuerpo humano. Por otro lado, es una actividad realizada por sujetos altamente especializados. Las EPS son profesionales altamente calificados para administrar y prestar los servicios de salud. En este sentido, el riesgo inherente a los servicios de salud no es cualquier riesgo, ostenta la calidad de riesgo profesional, pues la actividad es realizada por sujetos con conocimientos técnicos y científicos.

La citada sentencia de la Corte Suprema de Justicia señala que la responsabilidad de las EPS se rige por la teoría del riesgo profesional. Sin embargo, la Corte consideró que dicha responsabilidad no es objetiva, por lo que es necesario demostrar la negligencia de las EPS. Esta posición es contraria al concepto clásico de riesgo profesional, veamos.

La noción de riesgo profesional implica que los riesgos inherentes a un oficio sean asumidos por el sujeto que realiza la actividad riesgosa, por lo que en los casos en que se materialice el riesgo y se causen daños, es la persona que controla la actividad la que está llamada a indemnizar, sin tener en cuanta si actuó o no con culpa. En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de julio 15 de 1938, en lo siguientes términos:

“El riesgo se manifiesta; pues, como una aspiración de la evolución del derecho moderno. (…)

La idea del riesgo se basa en la responsabilidad legal, objetiva, por la lesión causada por un acto ejecutado con la necesaria diligencia y prudencia, y sin posibilidad alguna de prever el resultado dañoso, y sin que, por lo tanto, intervenga en este concepto la noción de culpa. (…)

La categoría pertinente aquí se funda por una parte en razones de política del derecho, en virtud de la consideración de que los riesgos normales de un oficio sean de cargo del que lo ejerza cuando ello convenga socialmente.”[5]

La actividad de las EPS es por sí misma riesgosa y que se trata de un servicio altamente especializado. Además, de acuerdo con la Ley 100, las EPS tienen la obligación de garantizarles a sus afiliados servicios de calidad que no produzca daños. Por lo tanto, es menester aplicar la teoría clásica del riesgo profesional, por lo que la responsabilidad de las EPS debe ser objetiva.

Partiendo de las obligaciones legales y teniendo en cuenta la situación socioeconómica de las EPS, se debe concluir que el riesgo profesional debe ser el fundamento de la responsabilidad civil de las Empresas Promotoras de Salud. Las EPS se encuentran en una situación privilegiada debido al modelo contemplado en la Ley 100, lo que les permite obtener importantes rentabilidades de las actividades que desarrollan. Lo conveniente socialmente y lo equitativo es que estas entidades respondan por los daños que causan. De lo contrario se aprovecharían de los perjuicios sufridos por los usuarios. Son las Entidades Promotoras de Salud las que deben asumir los riesgos inherentes a la actividad médica. Lo importante es tener en cuenta que “el derecho es más extenso que la regla de derecho. El derecho desborda por todas partes la noción de regla. Hay toda una parte de derecho que no tiene nada que ver con los mandatos abstractos, generales y permanentes, sino que está hecha de decisiones individuales, de juicios espontáneos y sin mañana.”[6]

A este régimen objetivo se le objeta que obliga a los médicos a practicar una medicina preventiva, como sucedió en Estados Unidos, donde “aumentaron los seguros por responsabilidad médica; inclusive, algunos profesionales se retiraron de ciertas prácticas que consideraban de alto riesgo, por ejemplo los partos, debido a la frecuencia de los litigios en esas materias.”[7] Lo primero que se debe decir es que el sistema de salud en Estados Unidos se encuentra en crisis desde hace años debido a que no garantiza el acceso a servicios de calidad a sus ciudadanos. Además, nuestra tesis defiende la responsabilidad de las EPS mas no la de los médicos y, por último, cómo van a exigir las EPS que los ciudadanos confíen en ellas cuando los médicos son presionados por estas empresas para que su actividad profesional se adecue al ánimo de lucro que les es inherente a estas entidades y no a las necesidades de los pacientes.

Podría decirse que esta posición llevaría a que las empresas privadas no se arriesgaran a invertir en la prestación de los servicios de salud, pues existiría una mayor probabilidad de pérdidas. Esta afirmación lleva al verdadero debate de la salud en Colombia: ¿Para garantizar la indemnización de los daños derivados de los servicios de salud es suficiente un cambio en la jurisprudencia o es necesario derogar el modelo privatizador de la Ley

[1] http://www.eltiempo.com/justicia/2007-10-28/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3786967.html

[2] ALONSO PEREZ, Mariano. “La Relación Médico-Enfermo, presupuesto de responsabilidad civil (En torno a la lex artis)”. En: MORENO MARTÍNEZ Juan Antonio. Perfiles de la Responsabilidad Civil en el Nuevo Milenio. Madrid: Dykinson S.L., 2000. p. 51.

[3] PERILLA SANTAMARÍA, Sonia y FERNÁNDEZ Carlos. Médicos denuncian que EPS los intimidan para que no pasen topes de fórmulas y exámenes. En: El Tiempo, Bogotá: (24, nov., 2007).

[4] SARMIENTO GARCIA, Manuel Guillermo. Estudios de Responsabilidad Civil. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 180.

[5] Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 15 de julio de 1938, M.P. Juan Francisco Mújica, G.J. T. XLVIII, Nº 1940.

[6] CARBONNIER, Jean. Derecho Flexible. Madrid: Editorial Tecnos, 1974. p. 29.

[7] HIGHTON, Elena I., et al. “Responsabilidad Médica: En Pro de la Teoría de la Culpa”. En: BUERES, Alberto José y KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida. Responsabilidad por Daños en el Tercer Milenio. Buenos Aires: Abeledo-êrrot S.A., 1997, p. 604.

La Constitución Política y las tropas extranjeras

La Constitución Política y las tropas extranjeras

15 de junio de 2010

Manuel José Sarmiento Argüello

Asistente Senador Jorge Enrique Robledo

El 30 de octubre de 2009, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez accedió a la pretensión de Estados Unidos de permitirle usar y controlar porciones importantes de al menos siete bases militares colombianas. Las desproporcionadas potestades que Colombia les otorga a las fuerzas militares de Estados Unidos durante por lo menos 10 años prorrogables, se pueden resumir en tres: i) permanecer en el territorio nacional; ii) construir y controlar instalaciones militares dentro de por lo menos siete bases colombianas; y, iii) realizar operaciones militares en el territorio colombiano, lo que puede calificarse como la peor decisión de la historia del país. En esta discusión hay un tema poco tratado y que reviste la mayor importancia, más cuando en la Corte Constitucional se tramita una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos. Se trata de analizar si la Constitución Política permite, como lo hace el acuerdo, que tropas extranjeras permanezcan, construyan instalaciones y realicen operaciones militares en el territorio nacional.

En la Constitución colombiana hay cuatro normas que guardan alguna relación con este tema. El artículo noveno, que consagró la soberanía nacional como un principio del Estado colombiano y como fundamento de las relaciones internacionales; el artículo 173, que le otorga al Senado la facultad de autorizar el tránsito de tropas extranjeras (subrayado fuera del texto); el 189, que permite, en receso del Senado, que el Presidente autorice el tránsito de tropas extranjeras; y el artículo 237, que obliga al gobierno a consultar previamente al Consejo de Estado en los casos de tránsito de tropas extranjeras y estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra. Se vuelve entonces fundamental analizar el alcance de cada una de estas normas para esclarecer si la Constitución permite la presencia permanente de tropas extranjeras en el territorio nacional, así como también que éstas construyan y controlen instalaciones, y realicen operaciones militares en Colombia.

Tránsito de tropas extranjeras

La norma que, previo el cumplimiento de unos requisitos, permite el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional se remonta a la Constitución de 1821. Los constituyentes de la recién liberada nación decidieron darle al Congreso la potestad de “permitir o no el paso de tropas de otro Estado por el territorio de Colombia”[1] (subrayado fuera de texto). La redacción de la norma, particularmente la inclusión de la palabra paso, demuestra que la intención de los constituyentes de 1821 fue la de permitir únicamente que soldados de otro país pudieran ingresar al territorio nacional y, en un corto lapso de tiempo, salir del mismo. Es decir, esta disposición no permitía la presencia permanente de soldados extranjeros y mucho menos que éstos pudieran realizar operaciones militares y usar instalaciones. Decisión más que obvia, puesto que los constituyentes entendían que la independencia dependía de evitar que en Colombia pudieran permanecer soldados de otro país.

¿En cerca de 200 años de historia constitucional cambió el alcance que le quisieron dar los constituyentes de 1821 a esta disposición? Un breve análisis del desarrollo histórico de la norma y de los debates realizados en el Consejo Nacional Constituyente de 1886 y en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 aclara el punto.

En la Constitución de 1830 la palabra paso es sustituida por tránsito y, de ahí en adelante, esta disposición se mantiene igual en todas las Constituciones, incluyendo la de 1991. Las palabras “paso” y “tránsito” son sinónimos[2] que describen la acción de moverse de un lugar a otro, lo que quiere decir que con esta modificación no se alteró el alcance que se le dio a la norma en 1821. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, por paso se entiende la acción de pasar, que a su vez es la acción de cruzar de una parte a otra.[3] Tránsito es la acción de transitar, que significa ir o pasar de un punto a otro, por lo que se hace evidente que los soldados extranjeros sólo pueden cruzar el territorio nacional, descartándose de plano la posibilidad de que puedan construir instalaciones y mucho menos operar o actuar militarmente. Por otro lado, pasar es antónimo de establecerse, quedarse y permanecer, mientras que asentarse, quedarse y detenerse son antónimos de transitar. Entonces, no es posible que tropas extranjeras permanezcan en el territorio colombiano por largos periodos de tiempo.

Los debates del Consejo Nacional Constituyente realizados durante el trámite de aprobación de la Constitución de 1886 confirman el alcance de la norma. En medio de la discusión sobre la conveniencia de incluir una disposición que facultara al Presidente a autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional cuando el Senado no estuviera reunido, el delegatario Samper tomó la palabra y manifestó lo siguiente:

“Siendo el poder ejecutivo el encargado de dirigir y mantener las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás Potencias o soberanos, es natural que, en receso del Senado, tenga la facultad de dar permiso para que pasen por el Istmo las tropas de una nación amiga”[4] (subrayado fuera del texto).

El hecho de que el Istmo de Panamá se traiga a colación para defender la conveniencia de la norma constitucional que permite el tránsito de tropas extranjeras es fundamental para entender el alcance de la disposición. En 1886 ya operaba el Ferrocarril de Panamá bajo el control de Estados Unidos. Era la vía más expedita para que personas, mercancías y, por supuesto, soldados atravesaran el Continente de un océano a otro. La mención del Istmo de Panamá en los debates sobre el tránsito de tropas extranjeras demuestra que esta norma sólo permitía que soldados de otra nación ingresaran a Colombia para atravesar el país y salir del mismo. Esto era lo que se hacía en Panamá a finales del siglo XIX y este es el alcance actual de la disposición.

En efecto, Calderón Reyes también se refirió al Istmo de Panamá en los debates realizados en el Consejo Nacional Constituyente de 1886:

“Suponiendo, como dice el honorable señor Samper, que por causa de una sublevación en el Estado de California tuviera el gobierno americano necesidad de trasladar fuerzas al Pacífico, pasando por Panamá; yo creo que, lejos de estar nosotros obligados a otorgar el permiso de tránsito, incurriríamos al concederlo en el cargo de intervenir injustificadamente en los asuntos políticos interiores de ese país”[5] (subrayado fuera del texto).

Otro hecho histórico que define el alcance de la disposición constitucional es una sentencia del Consejo de Estado del 3 de julio de 1899. En esta oportunidad, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia solicitó al Tribunal un concepto sobre la solicitud del gobierno venezolano de movilizar sus tropas por el territorio colombiano para combatir un grupo rebelde que operaba en la frontera. El Consejo de Estado señaló que “si la Carta Fundamental permite conceder el uso del territorio para el tránsito de tropas extranjeras, de ninguna manera autoriza al Gobierno para tolerar siquiera el emprender operaciones de campaña por fuerzas extranjeras en territorio colombiano[6] (subrayado y negrillas fuera del texto). De gran importancia es este concepto del Consejo de Estado, dado que deja completamente claro que la norma constitucional sobre tránsito de tropas extranjeras no permite, como es lógico, que fuerzas militares de otro país hagan operaciones en Colombia. Prohibición que por supuesto incluye las operaciones de inteligencia y vigilancia aérea, las cuales sí están permitidas en el Tratado firmado por el gobierno del presidente Uribe, lo que lo hace abiertamente inconstitucional.

En las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, esta disposición no suscitó polémica alguna porque los constituyentes consideraron que la norma mantenía el espíritu de la tradición constitucional colombiana[7]. Lo que quiere decir que el alcance del artículo que permite el tránsito de tropas extranjeras no ha variado desde 1821. Por esta razón, los artículos 173 y 187 de la Constitución de 1991, que regulan el paso de tropas foráneas por el territorio colombiano, no permiten que en Colombia haya presencia permanente de soldados de otro país ni tampoco que construyan y usen instalaciones militares. Y, como lo dejó en claro el Consejo de Estado en 1899, tampoco autorizan que tropas extranjeras realicen operaciones militares en el territorio nacional, mucho menos operaciones como la inteligencia y la vigilancia aérea.

La redacción del artículo 189 de la Constitución refuerza dicha tesis. Al autorizar al Presidente a permitir el tránsito de tropas extranjeras y estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, la norma constitucional separa las dos hipótesis. En el caso de tropas, éstas sólo pueden transitar, mientras que los buques y aeronaves sí pueden estacionarse, lo que evidencia que la presencia de soldados extranjeros no puede ser permanente. Como se verá en el siguiente acápite, no quiere decir esto que el estacionamiento de buques y aeronaves sea a lo que se refiere el Tratado en cuestión.

Estación de buques y aeronaves extranjeras de guerra

La norma sobre estacionamiento de buques y aeronaves extranjeros de guerra tampoco permite la presencia permanente de barcos, helicópteros o aviones de guerra de otra nación en el territorio colombiano, y tampoco que éstos sean usados para operaciones militares.

En la Constitución de 1886 se introdujo la disposición que le permitía al presidente autorizar el estacionamiento de buques de guerra. De acuerdo con José María Samper, la finalidad de esta norma era la de garantizar “la soberanía nacional en el istmo de Panamá”[8], dado que muchos buques extranjeros se estacionarían en cercanías del Istmo. Si los constituyentes de 1886 consideraron necesario permitir el tránsito de tropas extranjeras por el Ferrocarril de Panamá (en ese entonces en territorio de Colombia), lo lógico era que también permitieran el estacionamiento de buques de guerra foráneos, puesto que éstos debían estacionarse en aguas colombianas en espera de los soldados que atravesaban el istmo por el ferrocarril. Pero el estacionamiento era de carácter temporal (mientras llegaban los soldados) y los buques no podían realizar operaciones militares.

Por el desarrollo tecnológico, en la Constitución de 1991 se incluyó en el artículo 237 el estacionamiento de aeronaves, pero no se modificó el alcance temporal de la norma constitucional. Además, es evidente que una cosa es el estacionamiento de buques y aeronaves de guerra extranjeros, y otra completamente diferente, el uso de los mismos para realizar operaciones militares en y desde el territorio nacional.

En los términos de la norma constitucional, la palabra estación se refiere al verbo estacionar que significa “situar en un lugar o quedarse estacionario”[9], es decir, quieto. Aparcar, que significa “colocar transitoriamente en un lugar público, señalado al efecto por la autoridad, coches u otros vehículos”[10] es sinónimo de estacionarse. Entonces, cuando la Constitución permite la estación de buques y aviones de guerra extranjeros, lo único que está autorizando es que estos aparatos lleguen a un puerto o aeropuerto colombiano, apaguen sus motores, se queden quietos y, en un lapso más o menos corto de tiempo, salgan del territorio colombiano, lo mismo que hace cualquier persona que va a un centro comercial y estaciona su vehículo. Es posible que un avión de guerra estadounidense aterrice en Palanquero para reabastecerse, pero lo que no puede hacer es despegar para sobrevolar el Magdalena Medio o el continente y realizar operaciones militares como el transporte de soldados o la vigilancia aérea.

La violación a la Constitución es más que evidente, especialmente porque el acuerdo autoriza a las fuerzas armadas estadounidenses a realizar operaciones militares en y desde el territorio colombiano. Es decir, permite que soldados de otro país –en este caso de la principal potencia económica y militar del mundo– realicen actividades bélicas, incluidas las de inteligencia y vigilancia aérea. En el texto del Tratado se usa el término actividades para referirse a las operaciones militares. Así, el artículo 3° dispone que el objetivo del acuerdo es el de profundizar la cooperación en operaciones como procedimientos conjuntos, entrenamiento e instrucción, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados y “otras actividades acordadas mutuamente”. De la misma forma, el artículo 1° define el personal militar como “los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo” (subrayado fuera del texto).

Ninguno de los dos términos (tránsito y estación) que la Constitución usa para regular la presencia de soldados, aviones y barcos de guerra extranjeros en el territorio nacional permite que tropas de otras naciones permanezcan en Colombia, hagan operaciones militares o construyan y usen instalaciones de guerra. Ni tránsito ni estación hacen referencia a estas actividades, por lo que se requiere de mucho cinismo para afirmar que el tratado es coherente con la tradición constitucional colombiana. Una cosa es que soldados transiten por el territorio nacional, o que aviones y buques de guerra se estacionen en nuestros aeropuertos y puertos, y otra muy diferente es que estos permanezcan en Colombia realizando operaciones militares.

Tan evidente es esta situación, que el gobierno colombiano tuvo que suscribir un tratado para darle una apariencia de legalidad a la presencia de fuerzas estadounidenses en Colombia y a la posibilidad que tienen de realizar operaciones militares. Si lo que van a hacer los militares estadounidenses en Colombia no va más allá de lo contemplado en la Constitución, ¿por qué debió firmarse un tratado para regular esta situación? En abril de 2009 tres buques de guerra alemanes se estacionaron en aguas colombianas, pero no por este hecho se firmó un tratado con Alemania. En cambio, sí se firma con Estados Unidos por la simple razón de que el ejército de Estados Unidos no va a limitarse a transitar o estacionarse en el territorio nacional, situación que viola abiertamente la Constitución.

Soberanía nacional

Ninguna de las disposiciones constitucionales que regulan el tránsito de tropas y el estacionamiento de buques y aeronaves de guerra de otros países permite la presencia permanente de fuerzas militares foráneas, ni que controlen instalaciones o realicen operaciones. Dado que alguien podría argumentar que lo que no está prohibido está permitido, es conveniente estudiar la última de las disposiciones constitucionales relacionada con la presencia de tropas extranjeras en Colombia.

Se trata del artículo noveno, que consagra la soberanía nacional como un principio fundamental. Es sabido que la presencia de tropas extranjeras viola abiertamente la soberanía nacional, porque Estados Unidos puede usar sus fuerzas para interferir en los asuntos internos de Colombia, negándoles a los colombianos el derecho elemental a la autodeterminación. También la viola porque un Estado soberano es aquel que controla directamente los instrumentos coercitivos, incluidos los soldados, las armas, los buques y las aeronaves de guerra. Al permitir que otro país controle estos mecanismos de coerción, el acuerdo viola el principio fundamental de la soberanía nacional.

Por su importancia, es necesario explicar qué podrán hacer las fuerzas militares estadounidenses en el territorio colombiano, particularmente sus derechos a usar instalaciones y realizar operaciones militares, puesto que son potestades que lesionan gravemente la soberanía nacional. En cuanto a la potestad de usar porciones de al menos siete bases colombianas, una lectura seria del acuerdo permite concluir que la potencia norteamericana tendrá control absoluto sobre las mismas. No solo podrá adecuarlas de acuerdo con sus necesidades, es decir, hacer construcciones y reparaciones (Art. XI), sino que también ejercerá soberanía sobre esta parte del territorio, como lo hace en su embajada en Bogotá. El Tratado no dice que Estados Unidos esté obligado a permitir que las autoridades colombianas ingresen a sus instalaciones y controlen lo que se haga en ellas, pero sí dispone que “los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos serán para su uso” (Art. IV No. 4) y que “el personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos tendrán acceso y la capacidad de moverse libremente dentro y entre las instalaciones” (Art. IV No. 3). El derecho a usar una instalación y la libertad de movilidad de los militares estadounidenses excluye cualquier control del Estado colombiano sobre estas instalaciones, lo que indica que quedarán por fuera de la soberanía colombiana. Por eso el Consejo de Estado advirtió en su concepto que “el proyecto de Acuerdo habla del uso y acceso de las instalaciones y bases militares sin determinar la forma y límites de los mismos”[11].

Y no es aceptable el argumento según el cual el control de las autoridades colombianas quedará garantizado en el manual que sea acordado, después, por Colombia y Estados Unidos. Al respecto vale la pena traer a colación el concepto del Consejo de Estado sobre este acuerdo en el que afirmó que el “procedimiento de redactar en blanco previsiones que tienen incidencia real en la Soberanía de la Nación, torna incierta la forma como el Estado acreditante [Estados Unidos] participará con sus efectivos en nuestro territorio”[12], lo que quiere decir que las potestades de Colombia respecto del control sobre las instalaciones estadounidenses debieron acordarse en el acuerdo y no después. Pero también es obvio que, como lo dijo la presidenta de Argentina, “ningún General Fernández podrá nunca dar órdenes a un general Johnson”, porque en un ejército siempre se respeta la cadena de mando y, en este caso, ninguno de los oficiales o ministros colombianos hacen parte de la cadena de mando del Comando Sur de Estados Unidos. Así que el acuerdo viola la soberanía porque les entrega porciones del territorio a las fuerzas armadas estadounidenses.

La potestad del gobierno de Estados Unidos de realizar operaciones militares en el territorio colombiano, además de no estar permitida en la Constitución, también viola la soberanía. Como lo explicó el Consejo de Estado “de la forma como está redactado el numeral 1° del Artículo IV, se deriva que los Estados Unidos determina las actividades a realizar y que Colombia es sólo un cooperante”[13]. ¿Cómo puede ser soberana una Nación en la que la principal potencia militar del mundo puede recorrer su territorio realizando operaciones militares? En este sentido la violación de la soberanía es evidente.

En relación con la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, la Constitución no sólo permite únicamente el paso o tránsito de las mismas, sino que también implícitamente prohíbe su presencia permanente. Por esta razón, el Tratado que les otorga el derecho a las fuerzas militares de Estados Unidos de permanecer y realizar operaciones en el país durante un mínimo de diez años viola la Constitución y la tradición jurídica colombiana, por lo que lo correcto es defender lo que se ha construido en 200 años de historia constitucional

[1] Numeral 23ª del artículo 55 de la Constitución de 1821.

[2] Diccionario Consultor Espasa. Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, 1998.

[3] Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Vigésima segunda edición.

[4] Antecedentes de la constitución de Colombia de 1886, y debates del proyecto en el Consejo Nacional Constituyente. Editorial Lib. Americana, Bogotá, 1913, p. 261.

[5] Ibíd., p. 263.

[6] Sentencia del Consejo de Estado de 3 de julio de 1899. Citado por COLOMBIA. Presidencia de la República-Consejería para el Desarrollo Constitucional. Marco fáctico, jurídico y constitucional de la cooperación militar internacional. Bogotá: Imprenta Nacional, 1994, p. 88.

[7] Gaceta Constitucional No. 68, p. 43.

[8] SAMPER, José María. Derecho Público Interno. Ed. Temis, Bogotá, 1982, p. 493.

[9] Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Vigésima segunda edición.

[10] Ibíd.

[11] Concepto precio del Consejo de Estado en relación con el Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos, P. 33.

[12] Ibíd. P. 36.

[13] Ibíd. P. 33.

Por una cultura nacional, científica y de masas

Por una cultura nacional, científica y de masas

Manuel Sarmiento

Polo Joven Bogotá

La cultura es uno de los bienes más preciados de una nación, y el tratamiento político que de ella se haga revela si un país actúa de manera soberana o no. De ahí la importancia que tiene la cultura para un país, pues si ella es impuesta desde afuera por una potencia, la nación estará condenada a la dominación y al atraso. En concordancia con lo anterior la plataforma política del Polo Democrático Alternativo consagra lo siguiente:

Impulsaremos la cultura como forma de vida en sus diferentes manifestaciones sociales, ciudadanas y comunitarias y promoveremos el desarrollo del arte, los territorios y la vida de los pueblos. El Estado Social de Derecho, a través de la cultura, protegerá y promoverá la identidad nacional, y la memoria y el patrimonio histórico nacionales.

Ahora bien, en los espacios juveniles la cultura toma una importancia aún mayor, ya que la inquietud que caracteriza a los jóvenes hace que nos interesemos de manera especial por las diferentes expresiones culturales. Es por ello que el papel de los Jóvenes del PDA-Bogotá es esencial en esta materia, siendo una de sus principales responsabilidades la de luchar por una cultura nacional, pública y asequible a todos los ciudadanos.

Para cumplir con este objetivo, la Juventud Patriótica considera necesario que en los Jóvenes del PDA-Bogotá haya una comprensión completa sobre la cultura en Colombia. Para poder plantear propuestas en torno a las políticas culturales, primero debemos entender el papel de la cultura en la sociedad y el tratamiento que la clase dirigente le ha dado a ésta. Esta es la única manera en que podremos construir un programa coherente, que vincule a las masas y plantee una salida a la crisis que vive la cultura nacional. Es por ello que proponemos que el análisis de este tema aborde los siguientes puntos:1) la cultura en el modelo neoliberal; 2) las políticas culturales en el distrito; 3) la importancia de la educación para el desarrollo cultural; y 4) Plan de Acción.

  1. La Cultura en el Modelo Neoliberal

La cultura es una manifestación de las condiciones materiales de una sociedad y a su vez es un factor que influye en la vida social. Las expresiones culturales muestran una determinada cosmovisión del mundo, una manera en que el hombre concibe la sociedad. Dicha forma de entender la sociedad surge de las condiciones materiales en las que se encuentra el ser humano, más no se trata de una creación ideológica que el hombre de manera conciente ha determinado. De esta manera, para entender de forma completa una determinada cultura se debe partir del análisis de la sociedad en la que ella se desarrolla.

Por otra parte la cultura también tiene una importante incidencia en la vida social pues establece modelos y pautas de comportamiento. Es innegable que los hombres pertenecientes a la llamada cultura occidental tienen pautas de comportamientos diversas a aquellos que habitan en el continente asiático.

Entender que la cultura deriva de las condiciones materiales de la sociedad y que a su vez influye en el desarrollo de ésta, es fundamental para analizar este tema en Colombia. La cultura de un  país sometido al imperialismo estadounidense se ve afectada por esta sumisión y a su vez se convierte en un instrumento que facilita la subordinación a los intereses de la superpotencia.

En la actualidad las potencias capitalistas, debido a sus excesos de capital y a la sobreoferta de productos, se ven en la necesidad de colocar sus mercancías y capitales en mercados donde puedan obtener grandes utilidades. Para hacerlo, las potencias deben dominar a los países en desarrollo para de esta forma garantizar una buena tasa de ganancia de los capitales que exportan a la periferia. Se trata de un fenómeno económico que se traduce en el imperialismo, el cual impide el desarrollo político, social y económico de las neocolonias.

En Colombia el principal instrumento de dominación usado por el imperialismo es el neoliberalismo, el cual se esconde bajo el disfraz de la mal llamada globalización y cuya principal manifestación es el Tratado de Libre Comercio. Este modelo económico le permite a la superpotencia  solucionar los problemas que se presentan al interior de su economía, especialmente los relacionados con el exceso de capital y la sobreoferta de mercancías. Las privatizaciones y las gabelas a la inversión extranjera son unas de las finalidades del neoliberalismo que les permiten a los monopolios colocar sus excesos de capital en sectores donde van a tener una alta tasa de ganancia, mientras que medidas como la apertura de mercados les permiten ofrecer el exceso de mercancías en mercados que no se encuentran saturados.

En el campo cultural el imperialismo, a través del neoliberalismo, tiene una incidencia nefasta, convirtiéndose en su principal amenaza. En términos generales son dos las consecuencias a las que el neoliberalismo lleva en este campo: la mercantilización de la cultura y la imposibilidad de que el Estado garantice el acceso de toda la población.

  1. Mercantilización de la Cultura

El neoliberalismo convierte lo que antes eran considerados derechos de las personas en meras mercancías. La razón de ello es muy sencilla: por las características propias de los servicios públicos y esenciales, especialmente por su gran demanda, éstos se hacen muy atractivos para que los monopolios coloquen sus grandes capitales a rendir utilidades. Es lo que ha sucedido con la educación, la salud y los servicios públicos domiciliarios. La cultura, considerada como un derecho y un bien de carácter público, no es ajena a este fenómeno de la mercantilización. El sector cultural es considerado por Estados Unidos y por los neoliberales como un sector estratégico para la obtención de ganancias. La cultura entonces pasa a ser tratada como un servicio. Basta mencionar que los servicios culturales constituyen el segundo sector exportador de Estados Unidos, o que de acuerdo a la UNESCO el crecimiento de este sector a nivel mundial entre 1980 y 1998 (época que coincide con la imposición del neoliberalismo en el mundo) fue del 300% y que en 1996 la producción de las industrias culturales fue de USD$315.000 millones.[1] Basta mirar los miles de millones de dólares que mueve Hollywood para entender que la cultura se ha convertido en un campo de gran importancia para el capital trasnacional.

La cultura pasa a ser tratada entonces como una mercancía, convirtiéndose el suministro de servicios culturales tales como el cine, la música, la literatura, la televisión y los periódicos en un atractivo negocio para los monopolios. La consecuencia de esto es que en la terminología neoliberal se hable de las industrias culturales como uno de los sectores estratégicos para la obtención de ganancias. El término de industria cultural fue adoptado por la Escuela de Frankfurt, corriente filosófica de los 70s, que señaló la manera como la cultura se estaba mercantilizando. La industria cultural surge entonces como una consecuencia a la mercantilización de la cultura, hasta tal punto que ya no se habla de autores y espectadores o destinatarios sino de productores y consumidores; la cultura queda reducida a una mera mercancía cuyo único objeto es la obtención de ganancias, como cualquier otra de su misma especie.

Es entonces innegable que en el modelo neoliberal la cultura se convierte en una mercancía. ¿Cuáles son las consecuencias de la mercantilización de la cultura? Para entenderlas se debe partir del análisis de la definición de industria cultural y de sus características.

De acuerdo a la UNESCO,  existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir en serie y aplicando una estrategia de tipo económico en vez de perseguir una finalidad de  desarrollo cultural. Un estudio del Ministerio de Cultura y del Convenio Andrés Bello señala que de acuerdo a esta definición las características de la industria cultural son las siguientes[2]:

– En ellas se incluyen los bienes y servicios culturales fijados sobre soportes tangibles o electrónicos y producidos, conservados y difundidos en serie, con circulación generalmente masiva.

– Su materia prima es una creación protegida por derechos de autor y fijada sobre un soporte tangible o electrónico.

– Poseen procesos propios de producción, circulación y apropiación social.

– Están articulados a las lógicas de mercado y a la comercialización o tienen el potencial para entrar en ellas.

– Son lugares de integración y producción de imaginarios sociales, conformación de identidades y promoción de ciudadanía.

Esas características propias de las industrias culturales hacen que este fenómeno se convierta en una agresión a las culturas de los países pobres y débiles como lo es el caso colombiano.

Esto se debe a que estas industrias buscan copar y dominar el mercado cultural mundial. Se trata de industrias que prestan los servicios culturales no solo en su país de origen sino que su finalidad principal es la de obtener utilidades en todo el orbe. En el citado estudio del Ministerio de Cultura se señala lo anterior en los siguientes términos: “el mercado de estas empresas no se encierra en una sola región; con los procesos de globalización, los mercados rompen fronteras. Grandes conglomerados cubren partes considerables de los mercados existentes y abren nuevos mercados; son dueños de estudios de cine, de señales y canales de televisión, de productoras y editoras fonográficas, de periódicos y de editoriales.”

Ahora bien, para conquistar el mercado mundial es necesario contar con inmensos recursos financieros, los cuales solo existen en los países desarrollados. Esto lleva a que la producción de servicios culturales se concentre en las potencias mundiales, tal y como lo señalan las cifras según las cuales el 53% de la producción cultural en el mundo se concentra en 5 países[3], en los cuales, claro está, se incluye a la potencia imperialista Estados Unidos. No es necesario ser un experto en el tema para darse cuenta que las productoras de Hollywood dominan por completo el mercado del cine en el mundo.

Ello tiene una consecuencia nefasta y es que la cultura va a quedar sometida a lo que los grandes emporios económicos quieran ofrecer. Si la cultura es tratada como una mercancía ella está sometida a las lógicas del mercado, es decir, a las leyes de la oferta y la demanda. En este mercado quienes salen victoriosos son los grandes monopolios, pues ellos son los únicos que tienen la capacidad económica de hacer llegar sus servicios a toda la población mundial. En la competencia propia de cualquier mercado las pequeñas industrias nacionales siempre saldrán perdiendo. La oferta va a estar dada por estas enormes industrias las cuales son tan poderosas que llevan a la ruina a las pequeñas industrias culturales de los países atrasados. Son las poderosas trasnacionales las que van a elegir las expresiones culturales a las cuales pueda acceder el público.  En otras palabras, la cultura de la globalización no se construye con el aporte de varias culturales de las distintas naciones, sino que es impuesta de manera unilateral por los poderosos emporios monopolistas.

Entonces las expresiones culturales colombianas que no le interesan al imperialismo se ven desplazadas por aquellas difundidas por los grandes emporios, afectando la cultura propia de nuestra nación. ¿Esto quiere decir que debamos rechazar cualquier influencia cultural que provenga del extranjero? De ninguna manera, pues las construcciones culturales se deben nutrir de las relaciones que se den entre distintos pueblos. Así por ejemplo no nos podemos oponer a que en Colombia existan expresiones musicales influidas por el jazz, género nacido en lo Estados Unidos. Pero una cosa es que la cultura de una nación se construya a partir de su propia cultura junto con las influencias extranjeras y otra muy diferente es que la cultura se nos imponga desde afuera. Un ejemplo de esta imposición es la decisión del Invima de sacar del mercado los productos de hoja de coca producidos por las comunidades indígenas de varias regiones del país. Para estas comunidades la hoja de coca es considerada sagrada y hace parte de su cultura y por ende de la cultura colombiana. La decisión del gobierno es una prueba de la dominación que el gobierno estadounidense ejerce sobre el país, pues es a los funcionarios gringos a quienes les disgusta que la hoja de coca haga parte de la cultura de estas comunidades.

Esta es una prueba de que la cultura es una manifestación de las condiciones materiales de una sociedad. Pero la cultura también influye en la vida social y puede actuar como un mecanismo de control social. Si se tiene en cuanta que una de las características de las industrias culturales es la conformar o crear identidades, y que dichas industrias están manejadas por los principales gestores y beneficiarios de la sumisión en la que se encuentra nuestro país, el funcionamiento de la cultura en el neoliberalismo facilita a las trasnacionales mantener a Colombia en una total subordinación. Si son las trasnacionales las que deciden que películas se deben mostrar, o que libros se deben publicar, el contenido de estas expresiones culturales va a ser coherente con los intereses que sus productores defienden. El mensaje que buscan transmitir es mediocre y su finalidad es impedir que las masas cuestionen el estado en que se encuentran. En la actualidad ello cobra una gran importancia si se tiene en cuenta que las personas acceden al conocimiento a través de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión. Si ésta se encuentra dominada por los mismos monopolios que se benefician de la miseria en que se encuentra las grandes mayorías, el contenido de sus programas va a dirigirse a mantener las cosas en el estado en que se encuentren. Basta ver como en Colombia los medios de comunicación, de propiedad de los grandes grupos económicos como es el caso de RCN, se empeñan en manipular a la opinión pública para que se abstenga de cuestionar las políticas retardatarias del actual gobierno. Ellos son los que marcan la línea que deben seguir los colombianos. Así el neoliberalismo y la mercantilización de la cultura facilitan la dominación ejercida por los grandes monopolios financieros.

  1. Cultura Inasequible

Una segunda consecuencia del impacto del neoliberalismo en la cultura es que el Estado se queda sin herramientas para desarrollar programas que permitan impulsar las diferentes expresiones culturales y el acceso de toda la población a la cultura.

El neoliberalismo golpea y prácticamente destruye las finanzas públicas y conlleva a que los pocos recursos con que el Estado cuenta sean destinados al pago de la deuda pública. Ello implica que el Estado se queda sin herramientas para impulsar y desarrollar proyectos que sean coherentes con los intereses de la población, lo cual es absolutamente nefasto en el campo cultural.

Los apoyos e incentivos oficiales son esenciales para el desarrollo de la cultura de un país. Ello se debe a que las diferentes expresiones culturales requieren de importantes inversiones para que sean conocidas por el público. Como ejemplos de lo anterior se puede mencionar la producción de una película, la publicación de un libro, la producción de un disco o la producción de un concierto.

El apoyo estatal adquiere mayor importancia para proteger la cultura nacional frente a las imposiciones de los monopolios extranjeros. Debido a la fortaleza financiera de los emporios trasnacionales las empresas nacionales del sector cultural están condenadas a la ruina cuando entran a competir con las trasnacionales.

Los apoyos estatales en el modelo neoliberal prácticamente desaparecen. Un ejemplo de lo anterior fue la liquidación en 1992 del Fondo Cinematográfico (Focine), el cual “consiguió dinamizar la producción de cortometrajes, mediometrajes y largometrajes nacionales mediante la inyección de recursos financieros en condiciones favorables para los productores locales.”[4]

También se debe mencionar las intenciones del gobierno neoliberal de Uribe Vélez de eliminar los incentivos tributarios a la cultura a través de la reforma tributaria, todo esto en armonía con los mandatos del Tratado de Libre Comercio.

En el proyecto de reforma tributaria el Gobierno buscaba acabar con los incentivos en renta e IVA establecidos desde 1993 para el sector editorial, las empresas de la cadena gráfica y editora y las librerías, estableciendo una IVA del 10% a los textos escolares, libros y demás productos editoriales. También quería imponer el IVA a las boletas de cine, afectando su acceso de los colombianos. Afortunadamente la oposición de diversos sectores democráticos impidió que Uribe materializara sus siniestras intenciones.

En el TLC se establece que la producción nacional que deberá pasarse por televisión abierta entre semana será tan solo del 30 por ciento, siendo que antes este porcentaje era del 50 y 70 por ciento, además dicha participación no podrá aumentarse más del cincuenta por ciento los fines de semana. En el caso del cine, el TLC impone la imposibilidad de que se exija que en las salas se presente más de un 10 por ciento de producciones nacionales y en televisión este porcentaje es tan solo del 15 por ciento.[5]

Es evidente entonces que el modelo neoliberal impide el desarrollo de la cultura, pero además, al convertirse ésta en un negocio y al vetar la intervención estatal, los precios para acceder a los servicios culturales aumentan lo que impide el acceso a ellos por parte de la gran mayoría de la población. A esto se debe sumar que el neoliberalismo, al empobrecer a los ciudadanos, afecta la capacidad adquisitiva de los colombianos, lo que agrava aún más la situación.

Una primera conclusión a la que se debe llegar es que el neoliberalismo, principal arma del imperialismo y cuya principal manifestación es el Tratado de Libre Comercio, es la principal amenaza para la cultura nacional de nuestro país.

  1. Políticas Culturas Distritales

Para poder hacer un correcto análisis de las políticas distritales se debe tener en cuenta que ellas se encuentran sometidas a las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Ello quiere decir que las implicaciones negativas del neoliberalismo en la cultura se ven reflejadas en las políticas culturales del Distrito, especialmente porque el debilitamiento de las finanzas públicas, tanto nacionales como distritales, impide que se desarrollen políticas culturales que sean idóneas para que los habitantes de la capital tengan un efectivo acceso a las ofertas culturales.

El análisis de las políticas culturales en el Distrito debe abordar los siguientes puntos: 1) organización Distrital del sector cultural; 2) infraestructura cultural; y, 3) Acceso de la población a las ofertas culturales.

  1. Organización Distrital en el Sector Cultural

El Decreto 221 de 2002 de la Alcaldía Mayor creó el Sistema Distrital de Cultura, al cual se le atribuyen todas las funciones relacionadas con el desarrollo de las políticas culturales y está conformado por (Art. 2º):

  1. El Consejo Distrital de Cultura del Distrito Capital.
  2. *El Instituto Distrital de Cultura y Turismo.*
  3. Los Consejos de Áreas Artísticas del Distrito Capital.
  1. Los Sistemas Locales de Cultura del Distrito Capital.
  2. El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Distrito Capital si lo hubiere o la entidad que haga sus veces.
  3. Las entidades u organizaciones públicas y privadas que desarrollen, financien, fomenten, ejecuten y controlen actividades culturales y artísticas, cuyo domicilio se encuentre en el Distrito Capital.

Se debe señalar que el artículo 91 del Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá transformó el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, principal entidad encargada de la estructuración y coordinación de políticas culturales. Así mismo las entidades adscritas a esta secretaría son:

  • Establecimiento Público: Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD.
  • Establecimiento Público: Orquesta Filarmónica de Bogotá.
  • Establecimiento Público: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC.
  • Establecimiento Público: Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

La única entidad vinculada a la secretaría es la Sociedad Pública “Canal Capital”.

En el papel este sistema tiene una virtud importante y es que permite la participación de la comunidad en la organización y coordinación de las políticas culturales. Lamentablemente, sus buenas intenciones quedan convertidas en simples intenciones ya que los recursos e infraestructura no son suficientes para materializar los proyectos culturales que vinculen a toda la población.

  1. Infraestructura Cultural

El distrito “cuenta con más de 300.000 personas vinculadas a la creación, la gestión y la infraestructura artística y cultural[6]; su infraestructura cultural consta de 703 auditorios, 102 bibliotecas, 93 cines, 58 galerías de arte, 63 museos y 45 salas de teatro, la cual se concentra en seis localidades: Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero, Usaquén y Teusaquillo.[7]

Teniendo en cuenta que la población de Bogotá es de aproximadamente 6 millones 500 mil personas, dicha infraestructura no es suficiente para satisfacer las necesidades de la mayor parte de la población.

En cuanto a la industria cultural, Bogotá cuenta aproximadamente con 5 casas disqueras, 294 editoriales, 34 distribuidores de música, 619 librerías, 16 empresas de asesoría en ventas, 57 empresas de grabación, 15 de pre-producción y 33 de equipos y accesorios,[8] las cuales se encuentran amenazadas por la competencia de los emporios extranjeros a los que ya se hizo mención.

El Distrito también se caracteriza por tener eventos culturales de gran importancia como el Festival Iberoamericano de Teatro, la Feria del Libro, Festivales al Parque (Rock, Hip Hop, Jazz), entre otros.

  1. Acceso de la Población a las Ofertas Culturales

De acuerdo al antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo en el año 2002 solo un 31.3% de los bogotanos asistió a eventos culturales, concentrándose en niveles socioeconómicos altos, lo que indica el poco acceso a la cultura que tienen los ciudadanos, especialmente los más pobres.

Esto se debe principalmente a los pocos recursos que se destinan al sector cultural, cuya causa se encuentra en el modelo neoliberal que se nos ha impuesto desde afuera como se ha explicado. Una segunda razón estriba en que los eventos culturales más importantes como el Festival Iberoamericano de Teatro son muy costosos, lo cual es un factor de exclusión de las grandes mayorías. A esto se suma el debilitamiento de la capacidad adquisitiva de los bogotanos, debido a la falta de empleo y el alto costo de vida al que lleva el modelo neoliberal. Otro factor que explica este fenómeno es el debilitamiento de la educación, tema que se explicará con profundidad a continuación.

Es evidente entonces que las políticas culturales están condicionadas al fortalecimiento de las finanzas públicas, las cuales se ven gravemente afectadas por la sumisión en que se encuentra el país a través de la implantación del modelo neoliberal.

  1. Educación y Desarrollo Cultural

A través de la educación la población puede acceder al conocimiento de las distintas expresiones culturales, constituyendo así uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la cultura. La educación permite que el grueso de la población conozca y se entusiasme por adentrarse en el sector cultural, sobre todo en el caso de los jóvenes. Es importante tener en cuenta que no se trata solo de una educación conceptual, en la que se enseñe solo la historia, las características y el contenido de una expresión cultural. La educación también debe permitir la participación activa de los estudiantes para que éstos puedan vivir experiencias enriquecedoras en este campo.

En contraste con lo anterior, las políticas neoliberales de los gobiernos de la última década se han dirigido al debilitamiento del aparato educativo. Un ejemplo es el acto legislativo que en el 2001 recortó las transferencias destinadas al financiamiento de la educación, y que el actual gobierno quiere postergar dado que éste es de carácter temporal. Los recortes han tenido repercusiones nefastas para la cultura colombiana, pues se eliminaron de los currículos escolares materias relacionadas con la cultura como el arte y la música.

Al respecto se debe mencionar lo sucedido con la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), institución creada en 1991 como una dependencia del Instituto Distrital de Cultura y Turismo para atender la demanda de servicios de formación profesional artística de la ciudad y del país, para luego pasar a ser la facultad de artes de la Universidad Distrital. El problema no es que se convirtiera en una facultad, inclusive esto es muy bueno, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de una universidad pública y que por ende debe contar con esta facultad. El problema es que la ASAB, al igual que el resto de la universidad, se encuentra amenazada por los problemas financieros de la institución, los cuales se deben igualmente a las mediocres políticas educativas de los últimos gobiernos.

De nuevo, el neoliberalismo se presenta como la principal amenaza para el desarrollo cultural.

  1. Plan de Acción 

Ante la crisis en que se encuentra la cultura colombiana, los Jóvenes del PDA-Bogotá debemos estructurar un plan de acción con el fin de defender la cultura nacional, pública y asequible. El punto fundamental de este plan de acción debe ser el de agrupar a todos los sectores democráticos y a las masa en torno a la defensa de la soberanía nacional y el rechazo de su principal amenaza: el modelo neoliberal. En este sentido la lucha contra el TLC debe ser una de nuestras principales banderas puesto que éste constituye la principal manifestación del neoliberalismo, cuya implementación le daría un sustento prácticamente constitucional al tratado y haría irreversibles las nefastas consecuencias que el modelo ha causado en el plano cultural. Solo si se resuelve este problema podremos solucionar el problema de la cultura.

Un segundo punto es el de que desde los Jóvenes del PDA se organicen actividades de resistencia de carácter cultural como conciertos, encuentros culturales, etc. Esto nos permitirá involucrar a muchos jóvenes en la lucha que venimos sosteniendo en contra de las políticas antidemocráticas y retardatarias del actual gobierno.

En tercer lugar, debemos procurar participar en los espacios en donde se discuten las políticas culturales del distrito, en aras de defender las expresiones culturales de los jóvenes capitalinos. Es importante que esta tarea se articule con los consejos locales de juventud.

Finalmente los jóvenes jugamos un papel fundamental en el campo cultural, y solo mediante la movilización y la defensa de la soberanía nacional podremos alcanzar una cultura nacional, pública y asequible a toda la población.

[1] Ministerio de Cultura de Colombia y Convenio Andrés Bello, Impacto económico de las industrias culturales en Colombia, Edición del Convenio Andrés Bello. Unidad Editorial, Bogotá D.C., 2003, Pág. 23.

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] Ibidem

[5] Robledo Castillo, Jorge Enrique. El TLC Recoloniza a Colombia. TR Ediciones, Bogotá D.C., 2006, Pág. 176.

[6] Políticas Culturales Distritales 2004-2016. Edición Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004.

[7] Ver MISION DE REFORMA INSTITUCIONAL DE BOGOTÁ “INSTITUCIONES Y RECURSOS PARA VIVIR LA CIUDAD” por Israel Fainboim, Miguel Gandour y Maria Camila Uribe y los informes de gestión del IDCT. Ver también Inventario de la infraestructura cultural de Bogotá (INVAL, 1999), Resultados de la aplicación de Encuesta de Cultura Ciudadana (IDCT, 2001) y la ponencia de Rocío Londoño Botero “Bogotá necesita una política cultural pública” presentado en el “Seminario Internacional Políticas Culturales Urbanas: Experiencias Europeas y Americanas” (Bogotá, 2003).

[8]Políticas Culturales Distritales 2004-2016. Edición Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004.

Icetex: usura para hacer demagogia

Icetex: usura para hacer demagogia

Manuel José Sarmiento

Ex-Representante Estudiantil (2008)

Universidad Externado de Colombia

 

Con la imposición del neoliberalismo, el capital financiero ha quedado en libertad para hacer de los derechos esenciales, simples y vulgares mercancías. Uno de los sectores que ha estado en la mira de los monopolios es la educación, considerada por los neoliberales como una fuente de enormes riquezas sin importar las nefastas consecuencias que deben ser soportadas por las masas populares, en este caso, los estudiantes. Son dos los objetivos de las trasnacionales en materia educativa: garantizar una formación que se adecúe a sus intereses lucrativos e impulsar la privatización para abrir nuevas fuentes de ganancias.

En Colombia, la complicidad y sumisión que caracterizan al Gobierno de Uribe Vélez, le han permitido al capital financiero abrirse espacios a través de la “Revolución Educativa”. En los últimos seis años se ha profundizado el proceso de privatización de la educación, hecho que se manifiesta en políticas verdaderamente retardatarias como lo son el recorte de las transferencias, la concurrencia en el pasivo pensional de las universidades públicas y la imposición del modelo de formación por competencias. En la educación superior, la privatización se impone a través de una de las figuras preferidas por el Gobierno: el autofinanciamiento. Esta política implica que el funcionamiento de las Universidades Públicas dependerá de los recursos que la universidad obtenga en razón de matrículas y venta de servicios, más no del presupuesto proveniente de la Nación, Departamentos y Distritos. La autofinanciación se evidencia claramente si se analiza lo que ha sucedido con las matrículas en la Universidad del Atlántico, las cuales han aumentado en un 330%[1], hecho que quedó demostrado en la sentencia de la Corte Constitucional No. T-234 de 2008 en la que se examinó un caso en el que la matrícula de una estudiante de Licenciatura de Idiomas Extranjeros de la Universidad del Atlántico pasó de $92.840 a $433.700.

El desmonte de la financiación estatal ha obligado a gran parte de los jóvenes a acudir a las instituciones privadas para acceder a la educación superior. Según cifras del Diario Portafolio (11 de Junio de 2007), en el 2006 el 49% de los estudiantes que ingresaron a la universidad se matricularon en instituciones privadas. Las características propias de la educación privada llevan de manera inexorable a que las matrículas para acceder a ella sean bastante elevadas, debiendo los estudiantes y sus familias asumir enormes cargas económicas. A esto se debe sumar el aumento de matrículas de las Instituciones Oficiales, circunstancias que han hecho que un gran número de colombianos deba necesariamente acudir a créditos financieros para acceder a la educación superior, sometiendo este derecho al otorgamiento de esta clase de créditos. El Estado entonces se desprende de su deber de garantizar una educación pública y gratuita, sustituyendo el subsidio a la oferta por instrumentos de carácter financiero. La prevalencia de los créditos financieros sobre la financiación estatal a la oferta es una directriz del Banco Mundial, hecho que fue expresado por Axel van Trotsenburg, Director del Banco Mundial para Colombia y México, en los siguientes términos: “En ausencia de oportunidades de financiación muchos estudiantes talentosos de bajos ingresos no podrían matricularse en la enseñanza superior. El carácter rotativo de los préstamos a estudiantes hace que la utilización de este mecanismo basado en la demanda sea fiscalmente más atractiva para el Gobierno y los estudiantes por igual.”[2] Es por ello que para los estudiantes de Universidades Públicas y Privadas estos préstamos cobran una enorme importancia, debido a que de su funcionamiento práctico dependerá si son verdaderos medios para acceder a la educación superior o una herramienta lucrativa que constituye otro obstáculo para los colombianos que quieren estudiar en una universidad.

Este escrito tiene por objeto analizar los créditos que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX- ofrece, especialmente el crédito acces de largo plazo, sin desconocer que las instituciones financieras de carácter privado también ofrecen estos tipos de créditos en circunstancias aún más graves que aquellas en que se encuentran los deudores de la Entidad Pública.

El modelo de crédito acces es financiado por el siempre presente Banco Mundial a través de un préstamo de 300 millones de dólares. Dado el papel de agente del capital financiero y de los monopolios extranjeros que ostenta esta entidad, las finalidades de este préstamo serán las de garantizar que la educación que se ofrezca en Colombia corresponda a los intereses de las trasnacionales y abrir un nuevo nicho para asegurar una alta tasa de ganancia.

Respecto de la intención de adecuar el aparato educativo a los intereses de los monopolios, el comunicado de prensa ya citado señala que “el ICETEX ha puesto especial énfasis en aquellos estudiantes que se matriculan en programas post-secundarios de educación técnica y tecnológica, dada la importancia de las capacidades y conocimientos que estos graduados traen al mercado de trabajo.” Esta afirmación guarda plena concordancia con lo expresado por Jeff Immelt, presidente de General Electric, en entrevista al El Tiempo del 12 de febrero de 2008: “No-sé-cuántas personas han sido entrenadas por el Sena en los últimos 24 meses. Eso es bueno para nosotros, porque cuando vamos a un país queremos contratar ese tipo de personas y nos gusta saber que abundan”. No es una mera coincidencia que a las trasnacionales les interese una educación meramente técnica y que el ICETEX, siguiendo las orientaciones del Banco Mundial, le de prioridad  a los estudiantes que se matriculen en Instituciones Técnicas y Tecnológicas. No se quiere negar la importancia de la educación impartida por el SENA, pero una cosa es defender la educación técnica y otra es generalizarla para toda la educación superior. De nuevo, las políticas educativas son impuestas desde el extranjero en complicidad con el gobierno local, constituyendo una clara violación a nuestra soberanía.

Pero las cosas no paran acá; el Banco Mundial además le impone al ICETEX la forma de regulación del crédito, todo en aras de garantizar el pago del préstamo y, por supuesto, asegurar una alta tasa de ganancia. “Al extender los vencimientos y personalizar los términos de pago estamos alineando la amortización de nuestro préstamo con los repagos de los estudiantes a ICETEX, contribuyendo a la viabilidad financiera de un sistema de préstamos estudiantiles que beneficia a estudiantes de bajos ingresos”[3], señaló van Trotsenburg. Queda claro entonces que la forma en que se liquiden los créditos debe garantizar el pago al Banco Mundial, es decir, el pago del préstamo recae sobre los estudiantes.

De nuevo, el Gobierno ha respondido de manera indigna a las imposiciones del Banco Mundial y en el artículo 7° del reglamento de crédito educativo que forma parte integral del contrato que firman los estudiantes estableció:

El saldo de capital girado, los intereses generados en la época de estudios, en el período de gracia y demás valores adeudados al momento de pasar a cobro definitivo, conformarán el nuevo capital a pagar por el beneficiario, sobre el cual se liquidarán los intereses durante el período de amortización, incluidos en la cuota fija o variable, mensual y sucesiva a pagar, hasta la cancelación total del crédito otorgado”. (Subrayado fuera del texto)

Este artículo consagra la figura de capitalización de intereses, cláusula leonina que permite el cobro de intereses sobre intereses y que hace que la deuda se multiplique en proporciones exorbitantes; es la misma figura utilizada en los créditos UPAC que causó nefastas consecuencias para los deudores de créditos de vivienda.

En el crédito acces la capitalización de intereses funciona de la siguiente manera:

El crédito se divide en tres etapas definidas en el artículo 6° del reglamento educativo:

  1. Época de Estudios: Es el período durante el cual el estudiante se encuentra cursando sus estudios. Durante este periodo se causan unos intereses que para la presente explicación se van a denominar i1.
  1. Período de Gracia: Lapso otorgado por el ICETEX que generalmente es de un año y tiene como finalidad permitir que el estudiante acceda a un trabajo remunerado para que pueda iniciar a pagar el crédito. Durante este período también se causan intereses que se expresarán como i2.
  1. Período de amortización: es la época en la que el estudiante deberá iniciar a pagar las cuotas mensuales para cancelar el crédito. Es el momento en el que se liquida la deuda. En este período también se causan intereses que se van a denominar i3.

Supuestamente, durante la época de estudios y el período de gracia el estudiante no debe pagar el préstamo. Sin embargo esto no es del todo cierto puesto que mensualmente el deudor debe pagar unas cuotas que según el ICETEX tienen por objeto inculcar en el estudiante una cultura de pago, es decir, que los deudores aprendan a pagar. En el período de amortización es donde el estudiante debe pagar el crédito.

La capitalización de intereses consiste en que al iniciar la época de amortización el crédito se liquidará de la siguiente manera:

Al capital prestado (Kp) se suman los intereses causados en la época de estudios (i1) y en el período de gracia (i2). Esta suma da un capital amortizado (Ka) sobre el cual se van a cobrar los intereses que se causen en el período de amortización (i3). Esto implica que los intereses causados en el período de amortización se cobran sobre los intereses causados en la época de estudios (i1) y en el período de gracia (i2). La siguiente gráfica aclara esta figura:

Etapa ÉPOCA DE ESTUDIO PERÍODO DE GRACIA PERÍODO DE AMORTIZACIÓN
Intereses i1 i2 i3

Ka =  Kp +  i1 ­+  i2

i3 se causan sobre la suma de Kp +  i1 ­+  i2

El cobro de intereses sobre intereses es tan grave que está prohibido por la legislación civil bajo la figura del anatocismo, hecho que lo asemeja a la usura. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que la capitalización es un cobro de intereses sobre intereses pero que no configuraba un anatocismo. La Corte Constitucional en la Sentencia C-747 de 1999 consideró que la figura de capitalización de intereses no era per se inconstitucional, pero que violentaba el derecho fundamental a una vivienda digna cuando se aplicaba a los créditos para la adquisición de vivienda, dado que ponía a los deudores en una situación donde era prácticamente imposible el pago de la deuda. Este fallo es muy importante porque demuestra lo perjudicial que puede ser la capitalización de intereses para los deudores, hecho que se agrava cuando la figura se aplica en contra de los estudiantes y que le abre al capital financiero otro nicho con una tasa de ganancia atractiva.

Uribe Vélez se ufana en los Consejos Comunitarios de los intereses del 12% que se aplican en los créditos del ICETEX. Falta a la verdad con esta afirmación puesto que el 12% es el interés nominal más no el efectivo, que es el que verdaderamente se causa y que es superior al 12.5%. Pero además oculta que, siguiendo las imposiciones del Banco Mundial, para la liquidación del crédito se aplica la capitalización de intereses que multiplica la deuda en dos o tres veces. No de otra manera   se explica que hoy en Colombia existan 17000 deudores morosos del ICETEX.

Ante el atropello contra la soberanía y los intereses de los estudiantes, al estudiantado colombiano no le queda otra salida que seguir el ejemplo de los deudores de los crédito UPAC quienes, conscientes de la necesidad de organización, han iniciado una lucha patriótica y valerosa contra la embestida del capital financiero. En cada universidad debe funcionar un comité de deudores del ICETEX desde donde se eleve el nivel de consciencia y organización de los estudiantes y se articule una lucha de carácter nacional. Solo con un gran proceso de movilización y un movimiento estudiantil fortalecido podremos exigirle al Gobierno la condonación de las deudas, la prohibición de la capitalización de intereses, la defensa de una educación pública, científica y al servicio del interés nacional y el rechazo a las imposiciones del Banco Mundial. Es el momento en que los estudiantes colombianos le demostremos a los monopolios que no permitiremos que continúen con  su política de recolonozación.

[1] Martínez, Juan Carlos. TLC PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA LA IMPOSICIÓN DEL DOGMA NEOLIBERAL. En www.moir.org.

[2] Comunicado de prensa del Banco Mundial  Nº:2008/228/LCR. En www.bancomundial.org/co

[3] Ibídem

ECAES, calidad de la educación superior, autonomía universitaria y democracia

ECAES, calidad de la educación superior, autonomía universitaria y democracia

Manuel Sarmiento

Abogado

Universidad Externado de Colombia

  1. Educación, Desarrollo y Bienestar

El progreso social depende en buena parte del grado de desarrollo que el conocimiento alcanza en una sociedad, esta es una afirmación que aún los más cínicos deben admitir. Sin embargo, aunque el conocimiento es un factor determinante del desarrollo social, éste no es una condición suficiente para garantizar el progreso, es necesario un desarrollo integral, especialmente en lo que tiene que ver con el aparato productivo. Parafraseando al Senador Jorge Enrique Robledo, sin conocimiento no hay nada, pero con solo conocimiento no se garantiza el bienestar de los pueblos.[1]  

Al ser la Universidad la fuente generadora de conocimiento, es inobjetable la relación existente entre conocimiento y educación superior. Teniendo en cuenta que el progreso depende en buena parte del desarrollo del conocimiento, es necesario que una sociedad cuente con una educación superior de la más alta calidad, científica y al servicio del interés nacional, pues el progreso social y el bienestar de sus asociados dependerá de que las universidades presten una educación que cumpla con estas características, precisando que esta sola condición no es suficiente para garantizar el desarrollo.

Por otro lado, el desarrollo del aparato educativo depende en buena parte del desarrollo del aparato productivo. ¿Para que tener las mejores facultades de ingeniería en un país cuya industria es incipiente y casi inexistente? Pero en la otra cara de la moneda encontramos que sin un aparato educativo avanzado es imposible el desarrollo del aparato productivo. Se trata de una relación dialéctica de cuyo análisis debe concluirse que para alcanzar el progreso y el bienestar colectivo es necesario un desarrollo integral de la educación y la producción.

Un último análisis que debe realizarse es que la calidad de la educación superior adquiere una enorme importancia en un país como Colombia en donde su industria es casi inexistente, el 40% de los hogares sufren de desnutrición (Conpes), los niños mueren de enfermedades que en la mayoría de países se han extinguido como la rabia y el paludismo y, en síntesis, el sufrimiento y la desgracia es el pan de cada día de la mayor parte de la población. Esto hace que la educación superior juegue un papel vital en nuestro país de cuya suerte depende el futuro de millones de compatriotas.

  1. ECAES: amenaza para la educación superior

El gobierno falta gravemente a la verdad cuando presenta el ECAES como un mecanismo para garantizar la calidad de la educación superior. Por el contrario, los ECAES son en esencia exámenes que afectan la calidad de la educación, violan la autonomía universitaria e imponen un pensamiento único, contrariando lo más elementales postulados de la democracia. Este tipo de exámenes tienen un solo objetivo: adecuar el aparato educativo a las imposiciones de la globalización económica de acuerdo a los intereses de sus principales beneficiarios: los monopolios trasnacionales, lo que constituye una clara violación a nuestra soberanía.

2.1. Formación por competencias y calidad de la educación

Lo primero que se debe analizar es qué es lo que se busca evaluar a través de los ECAES, respuesta que se encuentra en el artículo 6º del Plan Nacional de Desarrollo, norma que en el acápite de capital humano dispone que en materia educativa “se fomentará y apropiará el enfoque de formación por competencias” y que “en el nivel superior, se iniciará la implementación de los estándares de competencias, los cuales se evaluarán a través de los ECAES”. Los ECAES entonces lo que evalúan son competencias más no conocimiento, con el único fin de imponer la formación por competencias como modelo educativo hegemónico.

La formación por competencias es un modelo educativo que sustituye la formación en conocimiento por la formación en habilidades o destrezas prácticas acorde a las necesidades del mercado. Este modelo se fundamenta en la falacia según la cual en un mundo globalizado el conocimiento es tan cambiante que se hace obsoleto, innecesario y que por ende a los estudiantes no se les puede enseñar conocimientos sino que la educación debe reducirse a enseñar simples habilidades prácticas. De ahí la conocida frase de “saber – hacer”. Es así como las competencias se han definido como “un conjunto de saberes técnicos, capacidad de intervención sobre procesos y capacidad de la persona para actuar en el contexto organizativo/laboral [2] o también como “la habilidad para realizar una actividad particular en el nivel establecido por un estándar” (Working Group on Vocational Qualifications, 1986).

Lo primero que se debe señalar respecto de la formación por competencias es que parte de una premisa falsa: el conocimiento no es obsoleto, por el contrario, es fundamental para el progreso social como ya se explicó. Además, el desarrollo de una ciencia depende del conocimiento íntegro que se tenga sobre la misma pues es necesario conocer y entender en que estado se encuentra una ciencia para poder innovar en ella y desarrollarla. Así por ejemplo Galileo se valió de los descubrimientos de Copérnico, tal como Newton lo hizo con las teorías de Galileo, así como la Teoría de la Relatividad de Einstein  partió del análisis de las leyes de Newton. Se debe reiterar entonces que la formación en conocimiento es necesaria para el desarrollo, cuestionamiento, avance y aplicación de las ciencias.

En segundo lugar, enseñarles a los estudiantes simples habilidades prácticas es negarles la posibilidad de innovar en una determinada ciencia. Esto se debe a que si los futuros egresados no cuentan con conocimientos generales es imposible que la comunidad universitaria aporte nuevos elementos a una ciencia, puesto que no cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo. En este orden de ideas, con la formación por competencias se estanca el conocimiento de una sociedad quedando ésta condenada al atraso.

Un tercer problema que presenta este modelo es que los estudiantes se forman simplemente para actuar y no para pensar. Las habilidades practicas son meras operaciones mecánicas que requieren simples cualidades memorísticas más no exigen mayores esfuerzos intelectuales. Esto genera un efecto absolutamente repudiable: los estudiantes no podremos asumir posiciones críticas frente al estado actual de una determinada ciencia debido a que no entenderemos las bases teóricas de la misma. A esto hay que sumarle una consecuencia de igual o mayor gravedad. Si la formación por competencias busca que los estudiantes y futuros profesionales se adecuen a los conocimientos cambiantes de la globalización, pero dichos conocimientos no surgen en las naciones donde se impone este modelo educativo, en dónde surgen los conocimientos nuevos a los cuales nos debemos adaptar. Es claro que en esta globalización el poder para generar conocimiento queda reservado a las grandes potencias[3] haciendo que los países débiles queden sometidos al conocimiento impuesto desde afuera sin posibilidad de asumir posiciones críticas. Entonces, además de atraso la formación por competencias implica una dependencia cultural propia de las relaciones de los poderosos imperios con sus neocolonias. Por ejemplo, ¿Es válido afirmar que el desarrollo económico se alcanza únicamente bajo el modelo exportador? Este es un conocimiento que se impone desde afuera y que con la formación por competencias no se puede cuestionar.

Finalmente, las competencias tienen por objeto tecnificar la totalidad de la educación superior adecuándola a las exigencias de la globalización dominante. Jeff Immelt, presidente de General Electric y vocero natural de la globalización, en entrevista al El Tiempo del 12 de febrero de 2008, sobre el tema educativo afirmó: “No-sé-cuántas personas han sido entrenadas por el Sena en los últimos 24 meses. Eso es bueno para nosotros, porque cuando vamos a un país queremos contratar ese tipo de personas y nos gusta saber que abundan”. No se quiere negar la importancia de la educación impartida por el SENA, pero una cosa es defender la educación técnica y otra es generalizarla para toda la educación superior que es la finalidad del nuevo modelo; formar en habilidades prácticas no es más que impartir una educación meramente técnica. Los grandes monopolios dueños de la globalización buscan mano de obra que se abstenga de pensar, se limite a cumplir órdenes y se adecue a la situación de flexibilización y sobreexplotación laboral que la misma globalización impone y que se materializó en nuestro país a través de la Leyes 50  de 1990 y 789 de 2002. Esta es la formación para el trabajo que consagra el artículo 6º del Plan Nacional de “Desarrollo” y una de las expresiones de la mercantilización de la educación.

El ECAES amenaza la calidad de la educación superior porque busca imponer el modelo de formación por competencias, modelo cuyo objetivo es la tecnificación del aparato educativo.

2.2. Pensamiento Único

La implementación de la formación por competencias y el método de opción múltiple que caracteriza a los ECAES imponen un pensamiento único, contrariando de manera grave los postulados más elementales de la democracia.

El hecho que ante una pregunta el estudiante tenga que escoger una única respuesta es tratar de imponer un pensamiento único. Las ciencias sociales y naturales se caracterizan porque sus contenidos están llenos de discusiones y debates, esto es, frente a un determinado tema se pueden asumir posiciones contradictorias. Estas contradicciones se convierten en el motor del desarrollo de las ciencias, por lo que imponer un pensamiento único es estancar el desarrollo del conocimiento.

Evidentemente existirán preguntas con respuestas únicas, como por ejemplo el término para contestar una demanda en un proceso ordinario o la fecha de la Batalla de Boyacá. Sin embargo, esta clase de preguntas no evalúan calidad sino meras facultades memorísticas. En cambio, si se pregunta el régimen aplicable a la responsabilidad civil de las EPS no existe una respuesta única pues, aunque hay que tener en cuenta el estado de la jurisprudencia, es válido que los estudiantes fundamenten que el régimen es objetivo. Es profundamente antidemocrático negarles a los estudiantes asumir posiciones críticas que son necesarias para el desarrollo de cualquier ciencia. Además, se debe recalcar que este pensamiento único es impuesto desde afuera. Se trata de una política profundamente retardataria y regresiva, donde al igual que en el oscurantismo, sólo es posible pensar de una sola manera o de lo contrario se es condenado a la hoguera.

El ECAES entonces además de afectar la calidad de la educación superior, impone un pensamiento único que imposibilita el desarrollo de las ciencias y consolida la dominación extranjera.

2.3. Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria es un principio constitucional que supone que la comunidad académica decide qué se enseña y cómo se enseña. El ECAES vulnera este principio pues hace que las universidades adecuen sus programas a las exigencias del examen para la obtención de resultados aceptables. Esto es más notorio en las instituciones privadas en donde existe una competencia para atraer nuevos estudiantes. El ECAES se presenta ante la opinión pública como una medición de la calidad de una institución, por lo que el status y el prestigio de las universidades dependerán de los resultados obtenidos en los exámenes. En otras palabras, mejores resultados significa más estudiantes matriculados.

Lo primero que se debe señalar es que el prestigio de una universidad no debe depender de los resultados obtenidos en un examen que no mide la calidad de la educación. Pero lo más grave es que en muchas universidades se han adelantado modificaciones en los programas para adecuar la educación que imparten a las exigencias del ECAES, esto es, se han adelantado reformas para implementar la formación por competencias y enseñar un pensamiento único.

Esto es una violación supremamente grave a la autonomía universitaria pues es un agente externo a la universidad el que determina qué se debe enseñar y cómo se debe hacer. Otra razón más que suficiente para oponerse al ECAES.

  1. Reglamentación y Constitución

El artículo 8º de la ley 749 de 2002 establecía que el Gobierno Nacional reglamentará el registro de programas académicos, los estándares mínimos, y los exámenes de calidad de los estudiantes de educación superior. Por medio de la Sentencia C-782 de 2007 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de este aparte porque violaba el principio de reserva de ley consagrado en la Constitución, principio según el cual es el Congreso y no el Ejecutivo el que debe fijar los criterios generales para reglamentar los exámenes de calidad de la educación superior. En su parte resolutiva la Corte le dio un efecto diferido a esta sentencia, señalando que el Congreso tiene hasta el 16 de diciembre de 2008 para reglamentar lo referente al ECAES, de lo contrario los estudiantes de pregrado no deberán presentar este tipo de exámenes, es decir, el ECAES quedaría derogado.

En el momento de escribir este artículo, en la página del Ministerio de Educación se podía acceder a la propuesta del proyecto de ley que había diseñado esta cartera, propuesta que no resuelve el problema de la inconstitucionalidad. Esta propuesta de proyecto no contiene criterios generales para que el ejecutivo reglamente el contenido del ECAES, es decir, el objeto del mismo y la metodología que debe seguir. Se limita únicamente a indicar la manera como el Gobierno debe contratar las empresas que deben diseñar y aplicar el examen, simples aspectos formales del tema. Esto hace que la propuesta del proyecto continúe con problemas de constitucionalidad.

Es preciso señalar que el gobierno no puede argumentar que los criterios generales sobre el contenido del ECAES se encuentran consagrados en otras normas puesto que como lo dijo la Corte Constitucional en la mencionada sentencia “de la lectura y análisis tanto de las disposiciones de la Ley 30 de 1992 como de la Ley 749 de 2002, en armonía con lo dispuesto por la Ley 115 de 1995, disposiciones que conforman el Sistema Nacional de Educación Superior, evidencia esta Corte que éstas no contienen disposiciones o parámetros legales mínimos, básicos y suficientes, en materia de registro de programas académicos, estándares mínimos de calidad y exámenes de estudiantes, y ello en lo relativo a la educación superior técnica y tecnológica, como para dar lugar, de conformidad con las disposiciones constitucionales, a la reglamentación de las mismas por parte del Gobierno Nacional.”    

  1. Conclusiones

El ECAES es una grave amenaza para la calidad de la educación superior, la autonomía universitaria y la democracia. Profundiza la dependencia de nuestro país a las imposiciones provenientes del extranjero y nos hunde en el atraso y la miseria.

La sentencia de la Corte Constitucional le da a la comunidad académica una oportunidad única para derrotar este nocivo examen, pues el futuro del mismo depende de la ley que debe expedir el Congreso. Es necesario que los estudiantes de universidades públicas y privadas nos organicemos y movilicemos en contra del ECAES y en defensa de una educación de calidad, científica y al servicio del interés nacional, y por supuesto, el movimiento estudiantil debe defender la educación pública.  Si logramos impedir que el Congreso expida la ley que reglamenta el ECAES, daríamos un paso muy importante, aunque no definitivo, en la defensa de la educación superior y el interés nacional.

[1] Intervención del Senador Jorge Enrique Robledo en la Audiencia Pública “En Defensa de la Calidad de la Educación Superior”, Senado de la República.

[2] D’Alfonso, R. (2000): Per un glossario minimo: competenze e termini conessi, en Progettare la scuola, nº 4

(40-43).

[3] Esta es la razón de las estrictas normas de protección de propiedad intelectual impuestas en la OMC y a través de los Tratados de Libre comercio.

PROGRAMA DE MATEO HOYOS AL EDILATO EN TEUSAQUILLO

PROGRAMA DE MATEO HOYOS AL EDILATO EN TEUSAQUILLO

Polo Democrático Alternativo
Octubre 2015

“Impulsaremos un modelo de desarrollo que garantice un crecimiento económico, próspero y soberano, dentro de la sostenibilidad ambiental y cultural para beneficio de todos los colombianos y dirigido a eliminar las desigualdades. Defenderemos el patrimonio público, fortaleceremos el aparato productivo nacional y el mercado interno”

Ideario de Unidad PDA, noviembre de 2005

En Colombia nadie es capaz de afirmar que las cosas van bien. Tan sólo personas de los gobiernos de turno son capaces de decir tal cosa. Pero es que la realidad es testaruda y tarde o temprano impone sus verdades. La pobreza en Colombia es hoy del 31% y, en especial, la pobreza rural es del 65%. Según las Naciones Unidas, existen 18 millones de personas en estado de vulnerabilidad (además de los pobres), con riesgo de caer, regresar o permanecer en la pobreza. A esto se suma que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina (séptimo mundialmente), con ricos como los más adinerados europeos y pobres como los más necesitados en África. Parte de esta realidad se explica en que el 70% del empleo es informal y más del 42% es de rebusque, eso sin hablar de los desempleados.

La profunda crisis económica actual, de la cual no se ha visto aún lo peor, demuestra el fracaso rotundo de 25 años de neoliberalismo. El país fue encausado erróneamente en la especialización en las actividades económicas más “ventajosas” relativamente, con lo que se sacrificaron las actividades más productivas e importantes como la industria y el agro. Llevamos 25 años de desindustrialización y reprimarización de la economía. Asimismo, se privatizaron los principales activos públicos del país; los principales derechos ciudadanos se volvieron sujetos de lucro, como la salud y las pensiones; las condiciones laborales se degradaron con la llamada flexibilización laboral o tercerización; y, por último, se decretó el fin de la producción nacional, de la generación de riqueza en el país.

La adecuación del país a uno neocolonial también ha incidido en las dinámicas urbanas y, más específicamente, en la capital colombiana, Bogotá. Más del 10% de los hogares bogotanos se encuentra en la pobreza, y eso que se considera pobre a quien tiene menos de 220 mil pesos al mes. Bogotá se encuentra entre las 5 grandes ciudades más desiguales de América Latina y, según la ONU, muy por encima de la línea de alerta internacional sobre inequidad. Con el advenimiento de las privatizaciones sobre lo público y un modelo urbano al servicio de unos cuantos, la calidad de vida en Bogotá se deterioró sustancialmente. Por ello, tan sólo el 48% de los bogotanos considera que Bogotá es un buen lugar para vivir y sólo el 30% considera que las cosas van bien.

Teusaquillo

El deterioro en la calidad de vida de Bogotá (segunda peor en América Latina) está estrechamente ligado a su configuración como una ciudad para la negocios. Hoy por hoy, en Bogotá se han impuesto los grandes negociados (al estilo Transmilenio) que vulneran e impiden el alcance efectivo de los derechos ciudadanos. En tal sentido, Teusaquillo tiene enorme preponderancia y relevancia, dado su carácter estratégico que la hace una zona muy atractiva para el capital financiero.

Por un lado, Teusaquillo es el centro geográfico de Bogotá. Cuenta con una infraestructura vial de carácter metropolitano, que la comunica con el centro histórico de la ciudad, el aeropuerto y el centro financiero de la 72. A su vez, es atravesada por la milla de oro, la Calle 26, que es la zona de mayor valorización en el país. La localidad es, además, una de las zonas de mayor consolidación urbanística y cuenta con redes integrales de servicios públicos. Parte importante del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad se encuentra en Teusaquillo, así como importantes barrios tradicionales; sin duda, es una zona de alta importancia histórica en materias distrital y comunitaria. Por otra parte, importantes activos ambientales de la ciudad, vitales para el funcionamiento de Bogotá, también se encuentran en la zona (Parque Metropolitano Simón Bolívar). Sin duda alguna, Teusaquillo se presta como una zona altamente atractiva y jugosa para el negocio inmobiliario especulativo.

Fenómenos como la inseguridad, los altos impuestos prediales, el deterioro generalizado de los barrios, así como la amenaza latente de desplazamiento derivada de los megaproyectos de Renovación Urbana (Innobo, Campín y CAN), nos han llevado a concluir que en Teusaquillo, hoy, la clase media sobra. Por tal razón, este programa al edilato busca defender nuestra localidad y nuestros barrios, su carácter predominantemente residencial y afirmar: Teusaquillo para sus habitantes.

  1. Derecho al territorio y al tejido social
  • Permanencia efectiva en el territorio: un primer paso para la garantía al derecho al territorio y al tejido social es la permanencia en el territorio. Hoy esta permanencia en Teusaquillo se encuentra en peligro. Por una parte, tres grandes meganegociados urbanos, con amplias posibilidades de expropiación, amenazan con desplazar a los habitantes de barrios aledaños y prometen modificar sustancialmente la vida en la localidad. Por otra parte, debido al regresivo sistema tributario colombiano, los impuestos son otra causa del desplazamiento paulatino. El mejor ejemplo de esto es el predial que año a año se escala muy por encima del crecimiento de los ingresos de los teusaquillenses. Por último, como otra estrategia manida de desplazamiento, los barrios de la localidad son sujeto de todo tipo de procesos de deterioro que cansan a los habitantes (cambios abruptos de uso de suelo residencial a comercial, rumba sin controles en Galerías, descuido estético por parte de las autoridades e inseguridad creciente). Promoveré la organización vecinal y comunitaria para la defensa del derecho de los habitantes a permanecer en los territorios.
  • Convivencia y vida en comunidad: como la permanencia, la convivencia también es determinante. El derecho al territorio se hace efectivo en la medida que los habitantes de Teusaquillo desarrollan su vida comunitaria barrial y vecinal sin obstáculos. Esto implica que debe enaltecerse la historia de los barrios de Teusaquillo, así como proteger los lazos de amistad y familiaridad que se han construido en el territorio. Sin embargo, los meganegociados urbanos, los impuestos cada vez más elevados y, fundamentalmente, el deterioro, afectan la convivencia y la vida comunitaria y barrial. La organización vecinal y comunitaria debe fortalecerse y así contribuir al fortalecimiento y defensa del tejido social.
  1. Derecho a lo público y a la vida digna (impuestos, servicios públicos, educación, salud y empleo): habitar el territorio carece de sentido si las políticas, de distintas formas, vulneran la calidad de vida e impiden la accesibilidad y calidad de los servicios básicos. En Teusaquillo, como en Bogotá, la calidad de vida se ha visto afectada por el hecho de que hoy, en amplios aspectos de la ciudad, los monopolios privados son los que mandan.
  • Movilidad real: la tarifa del SITP (Transmilenio incluido) es la más cara del transporte público en América Latina. A su vez, el sistema no ha contribuido a una mejor movilidad en Bogotá. Por el contrario, ha incentivado el uso del vehículo particular y, con ello, de la muy conocida congestión diaria. A ello se suma la pésima planeación del SITP, eliminando rutas tradicionales y afectando la movilidad de los bogotanos. Por ello, el 68% de los bogotanos afirman que en el 2014 sus trayectos en la ciudad se demoraron más que en el 2013. Esto tiene que ver con el negociado de 12 familias, que se quedan con 95 pesos de cada 100 del sistema, apalancados en un distrito alcahueta. De tal forma, buscaré fortalecer, para el sistema actual y el necesario y venidero metro, las ligas de usuarios buscando mejorar el servicio y defendiendo el interés general.
  • Educación pública de calidad: la política oficial en materia educativa es la privatización y el desmantelamiento paulatino de la educación pública. Esto se expresa en Bogotá con la jornada extendida, en paupérrimas condiciones de infraestructura, alimentación y con maestros mal pagos. Por otro lado, se expresa en la educación superior con un déficit de más de 16 billones de pesos (la Universidad Nacional cayéndose), con una contraparte en la que cada vez son más los estudiantes endeudados con empréstitos del ICETEX (623 mil) o del sector financiero. Velaré para que los colegios de la localidad cuenten con todos los implementos requeridos para garantizar educación pública de calidad y científica. Además, acompañaré las demandas justas de los estudiantes de educación superior en defensa de la universidad pública, especialmente la Universidad Nacional, plenamente financiada por el Estado.
  • Servicios públicos: uno de los pilares del modelo de ciudad de negocios son los servicios públicos. Lo más costoso de vivir en Bogotá, que supone el mayor porcentaje del gasto de los hogares, comparativamente hablando, son los servicios públicos. Ello se debe a la privatización de estos servicios y su consecuente entrega a monopolios, principalmente extranjeros. Así pues, por ejemplo, el precio de la energía colombiana es el doble de la estadounidense y de la brasilera, siendo de las más caras a nivel mundial. Por tanto, velaré por la renegociación de estos leoninos contratos e respaldaré una discusión ciudadana para reducir el elevado precio de los servicios públicos.
  • Salud: el modelo de intermediación financiera en salud, el modelo de las EPS, hizo aguas en el país y en Bogotá. Además de los muy conocidos paseos de la muerte y la corrupción de empresas como Saludcoop, en Bogotá este modelo ha llevado a que, para finales de 2014, de 22 hospitales en Bogotá, 14 se encontraran en riesgo financiero. Asimismo, llevó a que el déficit de camas hospitalarias sea de 150% y que todos los servicios también se encuentren en estado deficitario. De ahí que en 30 años no se haya hecho un solo hospital en la capital. Por todo ello, el 54% de los bogotanos se encuentra insatisfecho con los servicios en salud. Desde la JAL, y en asocio con concejales y ediles de otras localidades, apoyaré el trabajo que viene adelantando la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y promoveré su trabajo en la localidad.
  1. Derecho a la tributación justa: la política tributaria de Santos y Petro ha sido descargar la crisis en las clases medias y bajas, eximiendo a cacaos y grandes monopolios del pago de impuestos.
  • Predial: El pago de impuesto predial aumentó para 2015 en Teusaquillo en promedio el 28% y con aumentos a veces superiores al 40%, cuando los ingresos (salarios y pensiones, por ejemplo) crecen menos del 5%. Poco a poco se torna impagable y confiscatorio.
  • Valorización: El cobro por valorización, que se genera por obras de infraestructura pública, tampoco ha seguido el principio de progresividad. Obras que adecúan a Bogotá para el transporte de carga y mercancías, que se catalogan de interés general, no deben ser cargadas exclusivamente a los habitantes bogotanos. Por el contrario, se hace perentorio que el cobro de plusvalía, a las grandes constructoras y rentistas del suelo, y que hoy está en riesgo por cuenta de una circular del gabinete de Petro, se cumpla de manera estricta, para así obtener recursos para financiar la necesaria modernización de la ciudad.
  • No a nuevos tributos: El PND 2014-2018 de Santos, en su artículo 191, crea la contribución (¡cobro!) de alumbrado público. De nuevo, irrespetando el principio de progresividad, este nuevo tributo será cobrado en proporción al avalúo catastral y no a los ingresos del hogar.

Velaré para que los impuestos en Bogotá sean proporcionales a los ingresos de los hogares y no dependan en ningún caso de factores externos, como la especulación inmobiliaria. Para ello, contribuiré a fortalecer el Comité Distrital en Defensa del Contribuyente.

  1. Derecho a la tranquilidad y a la seguridad: un aspecto fundamental para que Teusaquillo sea una localidad con alta calidad de vida para sus habitantes es la seguridad y la tranquilidad. Sin estas dos condiciones, deja de ser amigable y, por tanto, habitable.
  • Teusaquillo seguro: una de las conclusiones indudables del Siglo XXI en Bogotá es el aumento inusitado de la inseguridad. Así pues, solo el 17% de los bogotanos se sienten seguros. Lo que más preocupa son los atracos, que, por ejemplo, pasaron de 910 a 1665 casos de 2010 a 2013 (eso que no todo se reporta). Teusaquillo se ve afectada en esta materia por ser parte del llamado centro ampliado, que hace, entre otros, que al día más de 500 mil personas la visiten (población flotante). A su vez, equipamientos de uso masivo como el estadio, el coliseo, el CAN, así como la zona de rumba sin controles en Galerías y el incontrolado cambio del uso del suelo, contribuyen a la creciente inseguridad. Por tanto, apoyaré a las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones sociales y al ciudadano en sus justos reclamos ante las autoridades locales y distritales.
  • Teusaquillo tranquilo: el vertiginoso cambio en el uso del suelo, ilegal y carente de planeación, ha afectado la tranquilidad de la localidad y convertido los barrios en parqueaderos. El CAN ha generado perturbación sobre los residentes del barrio La Esmeralda. La rumba en Galerías es causante de perturbaciones sobre el sueño y la calma de los habitantes aledaños. Las autoridades han sido inexistentes en el control de los impactos del Campín, que se ha vuelto una pesadilla para los vecinos residentes. La renuencia de las autoridades locales en el control del uso del suelo han afectado la tranquilidad y la permanencia de los vecinos de Alfonso López y Palermo, pues la aparición de la ECCI, como universidad metropolitana, ha sido descontrolada y con impactos claros sobre la calidad de vida. Corferias y los invasivos hoteles han afectado la tranquilidad de los vecinos de El Recuerdo, el CUAN y Quinta Paredes, convirtiendo los barrios en meros parqueaderos. Por tanto, exigiré el cumplimiento juicioso por parte de las autoridades respecto del uso del suelo y se buscará que se tomen las medidas cautelares necesarias para empezar a alcanzar la tranquilidad.
  1. Derecho al medio ambiente sano: la contaminación del aire, del agua y de los recursos naturales, además de minar la naturaleza, degenera lo físico mengua directa e indirectamente la integridad de los seres humanos, transgrediéndoles sus derechos vitales, de sana socialización en lo público-ambiental y del disfrute saludable de sus inmuebles públicos y privados. Aunque mejor ubicada en este aspecto que el resto, la localidad de Teusaquillo sigue estando por debajo de los indicadores promedio recomendados mundialmente. El deterioro se evidencia en que tan sólo el 17% de los bogotanos considera buena la gestión ambiental de las autoridades.
  • Parques y zonas verdes: Teusaquillo se caracteriza por ser una zona consolidada urbanísticamente. Tanto así, que es, en la capital, la localidad que tiene mayor número de metros cuadrados de parque por habitante (13,5, para un total de 147 parques entre zonales, de bolsillo y metropolitanos). No obstante, por ser por ser parte del llamado centro ampliado, la localidad recibe contaminación diaria de las vías principales de la ciudad (que la cruzan por completo). Por tanto, se requiere potenciar los espacios ambientalmente sanos para que, más que compensen, permitan una vida de alta calidad. Además, es importante aclarar que esta cifra se debe, en gran medida, al Simón Bolívar que es de Bogotá y no solo de los teusaquillenses. La política oficial, sin embargo, es la de igualar la ciudad por lo bajo, como lo demuestra el Proyecto CAN que acabará con 30 hectáreas de zona verde.
  • Recursos hídricos: la localidad se encuentra en las cuencas del Río Salitre, conformada por el Río Arzobispo (por la UPZ Teusaquillo y Galerías) y el canal del Río Salitre por la carrera 30, y del Río Fucha, conformada por el canal del Río San Francisco (en la parte sur de la localidad, por Ciudad Salitre Oriental). Ambos afluentes hídricos hacen parte de la Estructura Ecológica Principal. En el Arzobispo se presentan problemas de basuras y de descuido en el manejo de la vegetación. No siendo suficiente, la renovación del Campín busca urbanizar un predio en la Carrera 30 (parqueadero) que pasa por encima del Arzobispo, impidiendo que el cauce tenga un trato ambiental adecuado y visible. Por otra parte, en el Canal San Francisco hace falta vegetación y arborización, así como también hay problema en el manejo de basuras. El canal del Río Salitre en la Carrera 30 también presenta un alto grado de contaminación. Ambas cuencas deben ser defendidas para la garantizar la sostenibilidad ambiental de la localidad.
  • Arborización:los árboles, además de producir oxígeno y absorber durante la fotosíntesis el dióxido de carbono, reducen la temperatura, absorben el ruido urbano y retienen en sus hojas el polvo y el hollín. De nuevo, Teusaquillo es la localidad con mejor índice de árboles por habitante (2,71), cifra falseada por incluir el Simón Bolívar. Sin embargo, al comparar con otras ciudades del mundo se evidencia el déficit (en Curitiba, la proporción es de 52 árboles por cada habitante; en Madrid hay 14; en París, 11,5 y en Santiago de Chile, 10).
  • Ruido: por ser parte del llamado centro ampliado y la excesiva carga de población flotante diaria, Teusaquillo es una zona propensa al exceso de ruido. En la zona de Galerías, en la que se permite máximo un nivel de ruido de 55 decibeles en la noche, el ruido nocturno por la rumba alcanza un nivel escandaloso de 81 decibeles. Por otra parte, las Avenidas Caracas, Carrera 30 y 68 son vías sumamente importantes de la ciudad que generan altos niveles de ruido por el desplazamiento cotidiano.
  • Agricultura Urbana: con el objetivo de avanzar en materia de conciencia ambiental y de que los habitantes de Teusaquillo defiendan todos los parques con los que cuentan, los recursos hídricos y las zonas verdes, la promoción de la agricultura urbana se convierte en una actividad pedagógica importante y, también, busca garantizar la soberanía alimentaria en la localidad y en la ciudad.
    Promover Proyectos de Agricultura urbana que permitan la constitución de micropulmones verdes en toda la localidad de Teusaquillo y generen una reconciliación del citadino con su medio ambiento a partir de la gestación de una consciencia ambiental.

Promoveré el cuidado de los activos ambientales de la localidad, todos sin falta, y promoveré la apropiación comunitaria de los mismos y una verdadera participación ciudadana para hacer prevalecer el bienestar general ambiental sobre el lucro privado. Asimismo, se velará por el cumplimiento estricto de la normativa del suelo en materia de ruido, para tener barrios tranquilos.

 

  1. Derecho al Parque Metropolitano Simón Bolívar: el Parque Metropolitano Simón Bolívar no es lo que parece. Los bogotanos consideran que el parque es la zona en el que se presentan los conciertos más concurridos de la ciudad, o dónde se encuentra el famoso lago. Sin embargo, el Parque Metropolitano Simón Bolívar (Decreto 1656 de 1982) es un proyecto de pulmón en el centro de la ciudad, ambiental, cultural y recreativamente ambicioso, que incluye ese predio mencionado, además de otros seis grandes predios, como el Centro de Alto Rendimiento, la Unidad Deportiva del Salitre y el Parque de los Novios, entre otros. Es decir, un Parque verdaderamente grande, verde, y, sobretodo, metropolitano, es decir, de todos los bogotanos.

Uno de sus componentes más importantes es el llamado Humedal Salitre-El Greco. Este predio, ubicado frente al Centro Comercial Gran Estación, está cruzado por la carrilera y se encuentra habitualmente habitado por caballos de la Policía. Pensado como la entrada internacional del Parque Metropolitano Simón Bolívar, este predio se encuentra hoy en grave riesgo. El Proyecto CAN, el más grande de negocio privado con la renta del suelo en Bogotá, quiere desparecerlo del mapa y, especialmente, urbanizarlo, quitándole su característica de humedal, con faunas y floras características, así como cuerpos de agua visibles. Este predio sigue protegido por el POT del 2004, que lo contempla como parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, aun cuando Petro intentó quitarle tal característica en su POT fallido.

Asimismo, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Santos crea la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, a la que le da extensas facultades de expropiación y de promoción y desarrollo de proyectos urbanos. Esta es una amenaza clara, no sólo a las 30 hectáreas del Humedal, sino al Parque Metropolitano completo.

Defensa y apoyo al proyecto de Parque Metropolitano Simón Bolívar, su componente número 14, llamado Centro Bolivariano, también bautizado Humedal Salitre-El Greco, como parte integral de la Estructura Ecológica Principal y para el goce de todos los ciudadanos de la capital.

  1. Derecho al Gran Centro Hospitalario de Occidente: el proyecto de renovación urbana del CAN afecta el proyecto de fortalecimiento de la red hospitalaria del occidente de Bogotá, pues, en predios en los que actualmente se encuentran el Hospital Santa Rosa, la Clínica del Niño, el Hospital Central de la Policía y el Instituto Nacional de Salud, contempla oficinas empresariales, comercio y vivienda.

Desde hace más de 15 años los estudiantes de áreas de la salud de la Universidad Nacional no cuentan con un centro en el cual poder practicar y formarse. El Hospital Santa Rosa fue adquirido con el objetivo de ser ese centro. Por otra parte, el Proyecto CAN amenaza la atención a más de 600 mil beneficiarios de la Policía; y con la desaparición de la Clínica del Niño (hoy cerrada) se sepulta la posibilidad de que Bogotá cuente con hospital pediátrico.

Adicionalmente, el Proyecto CAN profundiza el déficit de camas en el distrito, de más de 3500 camas; impide generar un polo de atención de desastres, teniendo en cuenta que el 75% de la red hospitalaria del distrito está en el oriente de la ciudad, en zona de riesgo sísmico; agudiza el problema de oferta de servicios en el occidente de la ciudad;  arrebata el derecho de la Universidad Nacional a hacerse de un Hospital propio.

Apoyaré la iniciativa de desarrollar el Gran Centro Hospitalario De Occidente, que incluye el Hospital nacional de la Policía, el Instituto Nacional de Salud, la Clínica del Niño y la Clínica Santa Rosa.

  1. Derecho a la cultura: la cultura debe cumplir un papel fundamental en la formación humana e intelectual de los colombianos, no solo porque consolida la identidad nacional y por tanto, nos hace defensores de la soberanía, sino porque la cultura en todas sus expresiones artísticas y festivas, estimula la comprensión del mundo que nos rodea y contribuye a la transformación de esta maltrecha nación.

Autoridades de todo nivel, la han despreciado. Los creadores, gestores y las manifestaciones del propio pueblo están supeditados al mercado, que no contempla más allá de un beneficio lucrativo, afectando a los trabajadores de la cultura y limitando el acceso verdaderamente democrático de los ciudadanos.

Modelos como la APP (Alianza Público-Privada) del Coliseo el Campín, que afectan la localidad de Teusaquillo, responden a esa funesta lógica de privilegiar la ganancia sobre los derechos, y en este caso, con el agravante de privilegiar el entretenimiento, inundado además de valores extranjeros, por encima de la promoción de la cultura nacional.

No obstante Teusaquillo es denominada “la localidad cultural”, requiere de políticas articuladas a los Planes de Desarrollo Local y Distrital. Teusaquillo, cuenta con más de 520 organizaciones culturales, patrimoniales y turísticas, así como con un número indeterminado de artistas locales (Fuente: Alcaldía Local de Teusaquillo. Diagnóstico Local de Cultura. Actualización 2009. Bogotá, Alcaldía Local de Teusaquillo, 2009), y equipamientos concentrados en las UPZ Galerías, Teusaquillo y Parque Simón Bolívar; sin embargo no cuenta con una Casa de la Cultura propia. Por tanto, promoveré la construcción de una Casa de la Cultura Local en cumplimiento del ACUERDO 448 DE 2010 del Concejo de Bogotá “Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la política pública de casas de la cultura en Bogotá, D.C.”

En el “Primer Encuentro Nacional de Experiencias en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía” realizado en Bogotá en el año 2009 y coordinado por la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), se recoge la tesis que enuncia que la formación de públicos para el arte y la cultura está directamente ligada a la educación artística en sus diferentes niveles y modalidades. La encuesta de consumo cultural realizada por el DANE en 2014 mostró en Bogotá que en el último año: el 88,1 % de personas de 12 años y más no había asistido a cursos y/o talleres en áreas artísticas y culturales, y que el 87,1% no había realizado prácticas culturales. Las Juntas de Acción Comunal de Teusaquillo deben ponerse al servicio de la realización de talleres artísticos para niños y jóvenes habitantes, y así mismo servir de escenarios que promuevan los artistas locales. Por otro lado, las asignaturas artísticas deben hacer parte del currículo de las IED. Por tanto, promoveré los proyectos enfocados a la educación artística de calidad en distintos niveles y modalidades, y que éstos constituyan una opción laboral digna con prioridad para artistas y grupos locales.

Para fortalecer la verdadera democracia, los ciudadanos deben tener acceso oportuno a la información, los medios alternativos deben constituirse como una fuente importante para garantizar este acceso. En la localidad de Teusaquillo debe haber periódicos barriales que informen y sean la voz de sus habitantes, que fortalezcan sus vínculos, y que no dependan de la empresa privada ni de las imprentas de los grandes medios. Así mismo, se debe fortalecer la emisora local garantizando un dial de alcance local. Por tanto, promoveré la creación de nuevos medios comunitarios; la realización de talleres que enseñen el uso de distintas técnicas de impresión y reproducción; y la apertura de un dial de alcance local para la emisora de la localidad.

  1. Derecho a la actividad física y el deporte: la inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Particularmente, un estudio realizado por la Fundación FES Social estimó que el 20,1% de las muertes en Bogotá son causadas por enfermedades que pueden ser atribuidas a la inactividad física.

El deporte, como parte de la actividad física, refiere a la actividad planificada, estructurada, repetitiva e intencionada, con el objetivo de mejorar y mantener uno o más de los componentes de la condición física. Por ello, resulta alarmante que, mientras el 63,5% de la población capitalina manifiesta no tener ningún tipo de práctica deportiva, en Teusaquillo ese porcentaje sube a una cifra alarmante del 81%. Las principales razones: poseer limitaciones para practicarlo (11,2%) y una falta de cultura deportiva (9,9%).

Incentivar la actividad física y el deporte contribuye a una población más sana física y socialmente.

Defenderé los parques de bolsillo, zonales y metropolitanos en la localidad, así como promoveré su uso y apropiación comunitaria para la efectiva promoción de la actividad física y deportiva como medida de salud pública.

  1. Derecho a la organización y la movilización:
  • Difusión de información y problemáticas: un paso en la consolidación de un proyecto integral de defensa de los derechos de todos los habitantes de Teusaquillo es el acceso a la información y difusión de las problemáticas propias de las dinámicas urbanas y locales. Pocas personas se enteran oportunamente de proyectos o políticas impulsados por el gobierno local y nacional que de distintas formas amenazan o afectan a los habitantes; por eso, este edilato pretende hacer las veces de portavoz y abanderado de los problemas de los teusaquillenses y, por medio de verdadera participación ciudadana, interceder para que estos cuenten con una información clara y oportuna que les permita defender sus derechos. Es decir, un edilato activo y participativo, donde la comunidad encuentre respuesta a sus problemas en el edil y al mismo tiempo, un agente difusor de los mismos. Difundiré la información de las políticas distritales y locales que afecten a la comunidad y, por medio de verdadera participación comunitaria, seré portavoz para la defensa de sus derechos.
  • Movilización y organización de la comunidad: Una comunidad informada es una comunidad capaz de defender sus derechos y lo que le es propio, pero además de estar informado es fundamental estar organizado para poder participar y ser consciente de las distintas problemáticas. Por esto, se considera fundamental y se defiende el derecho a la organización y a la movilización de los ciudadanos de manera pacífica en defensa de sus derechos y necesidades. Muchas de las problemáticas tratadas en el programa tienen que ver con la política distrital y, más aún, con la política nacional. Por tal razón, sólo una organización amplia y fuerte, con amplia participación comunitaria, así como la movilización efectiva de la población, es la única garantía para la defensa de los derechos ciudadanos en Teusaquillo. Velaré porque se garanticen y respeten los derechos de organización y movilización de la ciudadanía y apoyaré a los teusaquillenses en sus justos reclamos en el marco de la civilidad.

 

En entusiasta jornada por Teusaquillo y Engativá candidato al Concejo Manuel Sarmiento se compromete con defensa del territorio

En entusiasta jornada por Teusaquillo y Engativá candidato al Concejo Manuel Sarmiento se compromete con defensa del territorio

Oficina de prensa, manuelsarmiento.com

01 de agosto de 2015

Con una positiva jornada por las localidades del norte de Bogotá, Manuel Sarmiento continuó su gira con del equipo de candidatos a las juntas administradoras locales que apoyan su candidatura al Concejo de Bogotá y con la candidata a la alcaldía Clara López. 

La gira arrancó en el salón comunal del barrio Acevedo Tejada en la localidad de Teusaquillo junto a la candidata a edil Luz Marina Rodrígue,z #88 de la lista del Polo. En una emotiva intervención, la candidata enfatizó en la importancia de defender a Teusaquillo de la voracidad de los negociantes inmobiliarios, quienes impulsan proyectos como la renovación del CAN. 

Por su parte, Manuel Sarmiento destacó la labor de Luz Marina como líder comunitaria y señaló la grave crisis de la salud en Bogotá donde más de 1.500 servicios de salud se han cerrado debido a los más de 600.000 millones de pesos que les deben las EPS a los hospitales. Además hizo una invitación a fortalecer en estas elecciones la organización y la movilización en defensa del territorio para luchar contra los proyectos que atentan contra este derecho.  

Hacia las seis de la tarde, acompañado de la candidata a la Alcaldía de Bogotá Clara López y de la candidata a la JAL de Engativá Lilia Avella, arribó al salón comunal del barrio Bachué para asistir a un acto concurrido con dirigentes sociales, sindicales y comunales, con líderes estudiantiles, mujeres y jóvenes. En este evento se resaltó la importancia de que el Polo llegue a la alcaldía, al Concejo y a la Junta Administradora Local para defender los derechos que a los ciudadanos se les niegan con las políticas de privatización.  

La candidata a la JAL Lilia Avella destacó la importancia de las mujeres en la campaña e invito a la defensa del territorio de Engativá ante la arremetida que se viene dando por el proyecto de renovación urbana, asociado con la ampliación del aeropuerto. 

Manuel Sarmiento resaltó que el sistema de transporte bogotano se ha convertido en un martirio para los ciudadanos debido a las bajas frecuencias, la eliminación de las rutas, el mal servicio y los pasajes caros del Transmilenio, e invito a la comunidad de esta localidad a apoyar a una nueva generación de dirigentes polistas, poniendo su curul en el Concejo al servicio de las luchas ciudadanas. 

Para finalizar, la candidata a la alcaldía de Bogotá Clara López señaló su compromiso en la defensa del patrimonio público en Bogotá y se pronunció contundentemente en contra de las políticas de privatización de las empresas públicas del distrito.

Los conductores de Transmilenio y del SITP tienen la razón

Los conductores de Transmilenio y del SITP tienen la razón

Manuel Sarmiento | @mjsarmientoa | Bogotá, 29 de Julio de 2015

El modelo Transmilenio – SITP no solo lesiona a usuarios y pequeños transportadores, también viola los derechos de los trabajadores. El oligopolio que se adueñuó del transporte público de Bogotá se han inventado una maraña de astucias para desconocer las normas laborales que regulan la jornada de trabajo y los descuentos a los salarios, a lo que se suma la terrible persecución sindical.

El Decreto 1393 de 1970 señala que “las empresas de transporte y por razones de seguridad pública, no podrán fijar a los conductores jornadas de trabajo diario superiores a 10 horas”. El artículo 2º de la Ley 105 de 1993 precisa que esta jornada “comprende el tiempo durante el cual el conductor está en servicio de la empresa o patrono, bien sea sobre el timón o la ruta, o, simplemente, a disposición de una o del otro”.

Para burlarse de estas normas, los operadores privados de Transmilenio y el SITP acuden a una práctica conocida como ‘tabla partida’, que consiste en dividir las jornadas laborales en varios turnos. Por ejemplo, los conductores deben cumplir un  primer turno de 6:00 am a 10:00 am y, luego, deben trabajar de 2:00 pm a 6:00 pm. Los operadores alegan que la jornada es apenas de 8 horas, sin embargo, es de doce, porque entre las 10 am y las 2 pm (tiempo de ‘descanso’), los conductores deben esperar en los patios en condiciones tan inaceptables que incluso existen quejas porque las instalaciones no cuentan con baños.

Con esta práctica los operadores privados evaden el pago de horas extras, ponen en riesgo la vida de los usuarios debido al cansancio de los conductores y violan las normas sobre jornada laboral.

Las doce familias también están violando el artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo que les prohíbe imponer multas por equivocaciones de los trabajadores y descontarlas del salario. Para transgredir esta prohibición, los operadores pagan un salario básico y reconocen una bonificación que solo se hace efectiva cuando las mismas compañías consideran que el trabajador no ha cometido errores. Los conductores están perdiendo toda o parte de esta bonificación debido a que las empresas los sancionan por cometer faltas como violar una norma de tránsito.

Esta práctica es ilegal porque la ley solo permite multas por faltar al trabajo, lo que excluye las sanciones por equivocaciones o errores. Pero además, viola el derecho fundamental al debido proceso porque los trabajadores ni siquiera tienen la oportunidad de conocer las pruebas para defenderse.

El modelo Transmilenio es un buen ejemplo de que en Bogotá prevalece el interés particular sobre el general. En este caso, el interés de un oligopolio sobre el de usuarios, pequeños transportadores y trabajadores. Los conductores tienen la razón y debemos respaldarlos.

Entusiasta inscripción de Manuel Sarmiento como candidato al Concejo de Bogotá por el Polo

Entusiasta inscripción de Manuel Sarmiento como candidato al Concejo de Bogotá por el Polo

Oficina de prensa del senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 1 de 2015

El senador Robledo, el ex ministro Carlos Bula, el ex candidato a la Alcaldía de Bogotá Aurelio Suárez, el dirigente juvenil Sergio Fernández y decenas de voluntarios acompañaron a Manuel Sarmiento en su inscripción como candidato y a los candidatos a ediles en las 20 localidades de Bogotá que serán sus fórmulas.

Con un sencillo y entusiasta acto se llevó a cabo la inscripción de Manuel Sarmiento como candidato al Concejo de Bogotá. Al acto concurrieron el senador Jorge Enrique Robledo, el más votado de la capital de la República, el ex ministro y líder polista Carlos Bula, el ex candidato a la Alcaldía de Bogotá Aurelio Suárez, el líder juvenil Sergio Fernández, el equipo del Representante a la Cámara Germán Navas Talero entre otros destacados líderes sociales y centenares de voluntarios del Polo en Bogotá.

Manuel Sarmiento integrará la lista del Polo Democrático Alternativo que respaldará la carta ganadora de Clara López a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En su breve intervención, Sarmiento resaltó que “este no es el inició de una etapa, es la continuación de la lucha que los bogotanos vienen dando en contra de los magnates que se enriquecen con el sufrimiento de la gran mayoría de capitalinos”.

El senador Robledo destacó a Manuel Sarmiento, quien fue su asesor en el Congreso durante seis años, como un luchador de las causas populares y como “una persona con calidades sobresalientes, con un nivel de preparación política y profesional altísimo, quien será, sin duda, un excelente concejal de Bogotá”. Por su parte, el profesor y ex candidato del Polo al Senado Rodolfo Arango escribió en su cuenta de Twitter “Quienes creemos en seriedad de@JERobledo y en su defensa de intereses nacionales también apoyamos a @MJSarmientoapara el Concejo de Bogotá”.

Junto a la inscripción de Manuel Sarmiento como candidato al Concejo, también se inscribieron como candidatos a ediles y edilesas, la reconocida dirigente de Engativa Lilia Avella, el edil de Santa Fé Farid Polania, la Presidenta de Concejo Consultivo de Mujeres de Bogotá Rosalba Castiblanco, los jóvenes profesionales Felipe Jiménez por Fontibón, Héctor Veloza por Kennedy, María Angélica Prada por Chapinero y otros líderes polistas que suman 22 candidatos a ediles en 19 localidades de Bogotá y que hacen fórmula con la candidatura de Manuel al Concejo. Ellos coincidieron en la necesidad de realizar una campaña para enfrentar las perversas consecuencias del neoliberalismo en el Distrito Capital y acompañar las luchas sociales de los bogotanos.