Nuevas pruebas sobre irregularidades en la adquisición predial de la troncal de la 68. Boletín de prensa de los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera
Concejales insisten en que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debe suspender el proceso de gestión predial e impugnar los avalúos. Después de las denuncias de los cabildantes sobre la forma en la que el IDU está realizando los avalúos, aparecen nuevas pruebas que confirman que los predios se están avaluando por debajo del valor comercial. “Encontramos una oferta de un inmueble de más de 500 metros sobre la 68 que avalúan en 687 millones de pesos, valor que es inferior al avalúo catastral ($715 millones). Esta es una situación abiertamente ilegal que empobrece a familias que trabajaron durante décadas para construir un patrimonio” señaló Sarmiento. A lo que el concejal Rivera Alzate, del Partido Alianza Verde, agregó: “varios de los predios de los colchoneros del barrio Salazar Gómez se encuentran dentro del área de renovación urbana definida por el Decreto 804 de 2018, y en esos casos la reglamentación del IGAC es explícita en señalar que los predios se deben avaluar únicamente por método de comparación de mercado y de rentas. Nuestra exigencia es que se cumpla la reglamentación que hoy desconocen”. Sumado a lo anterior, los concejales mostraron ofertas de compra en la que los estudios de mercado son ilegibles y las indemnizaciones no están liquidadas correctamente. Los cabildantes insistieron en la necesidad de suspender el proceso de compra en plena pandemia y advirtieron que no existen las condiciones adecuadas para que los afectados puedan comprar un nuevo inmueble. También hicieron un llamado al IDU y a la Secretaría de Desarrollo Económico para que presenten un plan de acompañamiento y reasentamiento colectivo que preserve el tejido industrial y comercial que hoy existe sobre este corredor. “Las pequeñas y medianas empresas de Bogotá son las mayores empleadoras de la ciudad, debemos hacer todos los esfuerzos por garantizar que ninguna de ellas se quiebre por la reubicación” comentó el concejal de la Alianza Verde. Sarmiento y Rivera Alzate exhortaron al IDU a frenar el proceso e impugnar los avalúos irregulares, e hicieron un llamado a los vecinos y vecinas de la Av. 68 a informarse adecuadamente, organizarse y defender el pago justo por sus inmuebles. “Desde la Comisión del Concejo que hace vigilancia a este proyecto le solicitamos al IDU que rinda informe sobre las irregularidades evidenciadas y de cuenta de sus actuaciones para corregirlas” concluyó Sarmiento.
En medio de la pandemia, la gerencia de Canal Capital debe respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores
Señora ANA MARÍA RUIZ Gerente CANAL CAPITAL Av. El Dorado No. 66 – 63, piso 5 gerencia@canalcapital.gov.co Ciudad Asunto: En medio de la pandemia, la gerencia de Canal Capital debe respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores. Atento saludo, El pasado 15 de mayo le envié una comunicación solicitándole medidas para proteger la estabilidad laboral de los trabajadores de Canal Capital vinculados desde hace varios años a través de contratos de prestación de servicios, una de las formas más precarias de vinculación laboral. Aunque comparto la necesidad de retomar la vocación cultural y pedagógica de la televisión pública, mi cuestionamiento se dirige hacia la falta de información precisa sobre el estado de la contratación de las personas que durante años han cumplido satisfactoriamente labores relacionadas con la producción de contenidos audiovisuales en el canal público de Bogotá. En su respuesta, usted no aclara qué va a suceder con los trabajadores cuyos contratos se vencen en julio ni lo que sucedió con aquellas personas cuyos contratos terminaron en mayo y junio. Por lo anterior, debo insistirle en las siguientes preguntas: ¿Cuántos trabajadores vinculados a través de contratos de prestación de servicios tenía Canal Capital con corte a las siguientes fechas: i) 31 de diciembre de 2019; ii) 31 de enero de 2020; iii) 29 de febrero de 2020; iii) 31 de marzo de 2020; iv) 30 de abril de 2020; v) 31 de mayo de 2020; y, vi) 25 de junio de 2020? Si el número de trabajadores vinculados a través de contratos de prestación de servicios ha disminuido en cada uno de los meses de este año, favor explicar en detalle las razones de esta disminución. Favor informar cuántos contratos de prestación de servicios se han vencido este año y cuántos se han prorrogado o extendido. ¿Qué va a suceder con los trabajadores cuyos contratos de prestación de servicio se vencen en el mes de julio? ¿Cuántos y qué objeto tienen los contratos vigentes hasta los meses de junio, julio y agosto de 2020? Por otro lado, el Canal ha hecho públicas dos convocatorias: BOGOTA GLOCAL Y PANDEMIA, para las que se destinan 3.674 millones de pesos a 8 proyectos para “contratar el diseño, producción y circulación de proyectos temáticos para la vigencia 2020”. Según las fichas técnicas, el equipo humano de cada proyecto debe contar con entre 10 y 20 cargos que estén relacionados con la producción de contenido audiovisual. En mi carta también señalo que a más de 100 personas se les vencería el contrato en el mes de julio, así como sucesivamente se les habría vencido a más de 11 personas en los meses de mayo y lo que lleva de junio. Por lo anterior, le pregunto: ¿Cuáles son las razones por las que los contratistas históricos del canal, algunos con más de 15 años de trayectoria en la entidad, no son los llamados a producir estos contenidos, y por qué se acude a productoras externas para la elaboración de contenidos que podrían producirse como propios, circunstancia esta última, con la que el Canal correspondería a la necesidad vital de ser una entidad que, en medio de esta coyuntura, podría continuar siendo demandante de empleos de tiempo completo y de calidad? La creación de contenidos informativos, educativos, culturales y de formación ciudadana, es y debe seguir siendo la misionalidad de la televisión pública. Sin embargo, insistir en tercerizar su producción, va en contravía de garantizar las condiciones laborales mínimas de las personas que trabajan en la industria audiovisual y es por ello que reitero y amplío mi preocupación. Canal Capital debe acudir a las medidas necesarias para asegurar que sus trabajadores tengan derecho a la estabilidad laboral, y por ello espero se resuelvan de manera oportuna estos cuestionamientos. Atentamente, MANUEL SARMIENTO Concejal de Bogotá Polo Democrático Alternativo
Se deben atender los justos reclamos de los pequeños transportadores
El Distrito debe establecer medidas de mitigación que impidan su quiebra. Los pequeños propietarios de buses y busetas se movilizaron esta mañana para reclamar por la falta de atención a las difíciles condiciones que enfrentan producto de la pandemia. Además de que representa el 6% de los viajes de la ciudad, la continuidad del servicio que prestan les permite, principalmente, a los estratos 1, 2 y 3 transportarse. La medida necesaria de operar al 30% y de prolongar algunas de sus rutas debe estar acompañada de compensaciones del Distrito que impidan que caigan en la quiebra, razón por la cual, el pasado 27 de abril envié una comunicación oficial a la Secretaría de Movilidad solicitando una mesa de trabajo con representantes de los pequeños propietarios para analizar la situación y tomar las medidas para amortiguar el impacto económico, comunicación de la que no he recibido respuesta. El gremio comprende la necesidad de modificar las condiciones en las que se presta el servicio público, pero ante las circunstancias, no pueden ser ellos quienes, solitariamente, asuman la carga de las medidas. Es un pésimo mensaje para la ciudad que se subsidie a los poderosos operadores de Transmilenio mientras conductores y propietarios de buses y busetas de la ciudad comienzan a quedarse sin el sustento mínimo. Para ajustarse a la situación provocada por la pandemia, los pequeños transportadores de Bogotá han propuesto: (i) Un Plan de bioseguridad que incluya: capacitaciones virtuales a conductores, elementos básicos de protección y desinfección, canales de consulta sobre situaciones de exposición de conductores y pasajeros. (ii) Revisión de los costos operativos del servicio que garanticen que no se preste a pérdida o compensaciones en caso de que se requiera. Es prioritario garantizar los salarios, combustible y elementos de desinfección para la prestación del servicio en condiciones de sanidad. (iii) Exoneración de pagos a fondos compensatorios y liberación de los mismos para solventar la merma de ingresos producto de la crisis. Por lo anterior, y ante las difíciles condiciones que los llevan a protestar en el marco de las medidas de aislamiento, reitero mi llamado a establecer medidas para mitigar su crisis y garantizar el servicio a la ciudad.
Medidas para garantizar el mínimo vital de las personas que trabajan en el sector artístico y cultural
Señor NICOLÁS MONTERO Secretario Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Carrera 8 No. 9-83 Ciudad Asunto: Medidas para garantizar el mínimo vital de las personas que trabajan en el sector artístico y cultural. Atento saludo, Desde la declaración de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, las personas vinculadas a la creación y producción artística, cultural y creativa, detuvieron por completo las labores de las que dependen sus ingresos. Sin público, ni producciones escénicas, audiovisuales, plásticas o musicales, y con las puertas cerradas de toda la infraestructura ligada al sector, el teletrabajo y el trabajo en casa no han sido una opción para trabajadores y gestores culturales. De igual modo, la mayor parte de quienes viven del arte, la cultura y el patrimonio engrosan las líneas del empleo informal del país y sus ingresos dependen de contratos de prestación de servicios, por obra o labor, o a destajo, que en medio de la coyuntura fueron congelados o cancelados. A contramano, los gastos para suplir las necesidades básicas siguen corriendo y a pequeñas y medianas empresas y organizaciones culturales se les exige cumplir con pagos de arrendamientos y servicios públicos. Es por esto que el sector se ha declarado en emergencia y a través de distintas organizaciones han elevado solicitudes y propuestas a las autoridades nacionales y distritales, comenzando por la conformación de una mesa técnica en la que se discutan distintas iniciativas para asegurar un mínimo vital. Las propuestas incluyen, entre otras, alivios tributarios para personas naturales y jurídicas, reorientar los presupuestos públicos para atender las necesidades básicas de artistas y demás trabajadores del sector, y el diseño de una estrategia para promover la creación de contenidos digitales que, además, contribuyan a aliviar los efectos de la cuarentena. Atender este tipo de peticiones debe ser una prioridad para el gobierno distrital, por lo que es fundamental que se cree una mesa distrital en la que se discutan cada una de estas iniciativas. Es cierto que por la capacidad de gasto y las competencias normativas, varias de estas propuestas son de responsabilidad del gobierno nacional, lo que no excluye la posibilidad de que la Secretaría de Cultura acompañe y respalde las iniciativas que deban ser atendidas por el Ministerio de Cultura. Por lo anterior, le solicito conformar una mesa técnica que tenga como base el Sistema de Participación de Arte, Cultura y Patrimonio desde la cual se diseñe un plan de contigencia con medidas de corto, mediano y largo plazo que permita la mejor atención de la presente crisis. Le solicito finalmente me responda de fondo esta carta, en virtud del artículo 62 del Acuerdo 348 de 2008, en donde el Concejo Distrital o cualquiera de sus miembros, podrá solicitar a las Entidades Distritales, al Personero, al Veedor, al Contralor y al Auditor Fiscal ante la Contraloría, los informes que estime convenientes. Atentamente, MANUEL SARMIENTO Concejal de Bogotá
Concejales piden vigilancia especial para la troncal de TM por la Av. 68
Los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera solicitaron la conformación de una comisión accidental del Concejo de Bogotá Los concejales manifestaron que la vigilancia se realizará a través de una comisión conformada por los representantes de la comunidad de cada uno de los lotes de obra en los que se dividió el proyecto, el IDU, los contratistas y los órganos de control. “Persisten las observaciones que nos llevaron a solicitar la suspensión del proyecto, por lo que nos corresponde vigilar la protección de los derechos y garantías para las comunidades afectadas” manifestó el concejal Manuel Sarmiento. De igual manera, el concejal Martin Rivera Alzate de la Alianza Verde, ha insistido en la necesidad de buscar la mejora y complementacion al proyecto actual, tanto en obras de infraestructura como en su gestion predial y social: “Debemos ser muy riguroso con las obras que de aquí en adelante le entregamos a la ciudad, que en el siglo XXI se merece las mejores condiciones.” Las comisiones accidentales son una herramienta de control político con la que cuenta el Concejo ante las actuaciones del Gobierno Distrital, a ellas se encuentran obligados a asistir las entidades responsables de ejecutar el proyecto, la Personería y Contraloría de Bogotá. “Nuestro interés es construir acuerdos colectivos que beneficien a la comunidades afectadas y alivien los impactos del proyecto” declaró Rivera. Esta comisión hace parte de las acciones que han promovido siete concejales de las bancadas del Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde ante los serios cuestionamientos de infraestructura y presupuesto del proyecto. El IDU se encuentra licitando los contratos de interventoría que se adjudicarían en marzo y con los cuales se tiene proyectado iniciar oficialmente los nueve contratos de obra. “Desde el Polo vamos a seguir luchando en defensa de los derechos de las miles de familias afectadas por un proyecto inconveniente para la ciudad”, concluyó el concejal del Polo.
«Hay que cambiar el enfoque de la política social en Bogotá»: concejal Manuel Sarmiento
Indicadores sociales de pobreza y desigualdad empeoraron durante el gobierno de Peñalosa. Focalización y asistencialismo no reducen desigualdad. En el debate de control político citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, el concejal Manuel Sarmiento planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la política social en la ciudad. «Los debates teóricos y la evidencia muestran que la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad requieren pasar de un enfoque asistencialista basado en la focalización, hacia una política que se fundamente en la generación de empleo y la universalidad de los derechos», afirmó el cabildante del Polo. Cifras oficiales señalan que en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peñalosa hubo un aumento de la pobreza monetaria (10,4% en 2015 al 12,4% en 2018), la pobreza extrema (2% en 2015 a 2,5% en 2018), la desigualdad (GINI 0,498 en 2015 a 0,504 en 2018) y el desempleo, afectando con mayor dureza a las mujeres y a los jóvenes. En 2017 Bogotá tenía 110 mujeres en pobreza monetaria por cada 100 hombres en la misma situación, mientras que, de acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico, los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNis) pasaron de 350.000 en 2015 a 400.000 en 2018. Sarmiento también recordó que algunos de estos indicadores como la desigualdad y la pobreza extrema comenzaron a desmejorar desde el gobierno de Gustavo Petro. «Las cifras ponen en evidencia la necesidad de cambiar el enfoque de la política social. En el mundo se ha cuestionado el asistencialismo y la focalización como criterio principal para el diseño de políticas. La evidencia señala que hay que superar este enfoque. Por ejemplo, un estudio del DNP concluyó que los programas de subsidios monetarios del gobierno nacional no han servido para reducir de manera sustancial la desigualdad. La universalidad y una política dirigida a la generación de empleo debe ser el nuevo enfoque de la política social», afirmó Sarmiento. El concejal del Polo resaltó algunas propuestas para lograr este cambio: 1) Aumentar la cobertura de programas sociales como los de comedores comunitarios, pues Peñalosa sacó a cerca de 30.000 personas de este tipo de proyectos; 2) Introducir el enfoque de la universalización y avanzar en derechos como la educación pública y gratuita; 3) Diseñar e implementar una política de desarrollo económico basada en el apoyo del Distrito a la industria; y, 4) Diseñar una política de empleo público en la que el Estado, como último empleador, genere empleos para poblaciones en extremas condiciones de vulnerabilidad como jóvenes que no culminaron sus estudios, adultos mayores, madres cabeza de familia en pobreza extrema y personas con discapacidad. «Todo esto se debe hacer con un enfoque de género y con medidas específicas para los jóvenes, especialmente los NiNis. El Sistema Distrital de Cuidado propuesto por la alcaldesa Claudia López se enmarca en este nuevo enfoque, concluyó Sarmiento.
Concejales le reiteran al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la necesidad de suspender la licitación de Transmilenio por la 68
Respuesta del IDU confirma que el proyecto se estructuró de manera ilegal Los seis concejales que interpusieron una acción popular contra la licitación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 le solicitaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolver las medidas cautelares con las que piden suspender el proceso de contratación. En el memorial radicado el 15 de enero, los cabildantes señalan que la adjudicación del 23 de enero configuraría un perjuicio para la ciudad que debe ser evitado por los estrados judiciales. La solicitud se sustentó en una respuesta del IDU que confirma las irregularidades del proyecto. En primer lugar, la entidad no entregó los conceptos de no objeción de los estudios y diseños de la troncal, es decir, el visto bueno final con el que deben contar los estudios para abrir la licitación. De esta manera se confirmaría la advertencia hecha por el Director Técnico de Procesos Selectivos el pasado 30 de octubre cuando afirmó que el proyecto tiene “una deficiente estructuración de los requisitos técnicos, financieros y legales para la selección y adjudicación del contratista”. El IDU tampoco pudo justificar la decisión de eliminar las intersecciones operacionales contempladas en el primer estudio de factibilidad y que permitían la implementación de rutas que pudiesen pasar de la 68 a otras troncales con las de la Calle 80 y la Autopista Norte. Este proyecto era el ideal según los estudios de consultoría, pero fue desestimado por el gobierno del exalcalde Peñalosa porque su valor se estimó en 4 billones. Por esta razón la pasada administración decidió eliminar las intersecciones operacionales y otras obras esenciales, con lo que redujeron el presupuesto a 2,5 billones de pesos. “Se trata de la peor troncal posible para la Avenida 68”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento. “No tendrá intersecciones operacionales, ni obras necesarias como la construcción de un puente exclusivo para Transmilenio en la Calle 100 con Cra. 15, lo que obligará a que los buses utilicen un carril del tráfico mixto generando un mayor caos en la movilidad del sector”. “Las inconsistencias técnicas de este proyecto se pagarán con prolongados tiempos de viaje para los pasajeros, empeorando la crisis de movilidad del norte de la ciudad y con riesgos de sobrecostos por no contar con un presupuesto base aprobado”, concluyó el concejal del Polo. El memorial fue firmado por los concejales Álvaro Argote, Celio Nieves, Carlos Carrillo, María Fernanda Rojas, Diego Cancino y Manuel Sarmiento, aquí puede consultarlo.
Comisión accidental del concejo para evitar sobre costos en el metro de Bogotá
“El Concejo de Bogotá debe constituir una comisión accidental que vigile el contrato de la primera línea del Metro de Bogotá” declaro el concejal Manuel Sarmiento ante el informe de la Contraloría General de la República que alerta sobre fallas de planeación y riesgos de sobrecostos en la ejecución del contrato. La comisión propuesta por Sarmiento tendrá como propósito efectuar la vigilancia y control de la obra más importante de infraestructura de la ciudad para el resguardo del patrimonio de los bogotanos. Para el concejal del Polo “La Contraloría confirma que Peñalosa dio apertura a la licitación con fallas de estructuración que hacen que el proyecto avance sin todos sus componentes financiados o con financiamientos que contrarían la Ley. La incertidumbre en los costos del traslado de redes o la falta de un plan de aportes al Fondo de Contingencias, podrían paralizar la obra y multiplicar los costos para la ciudad.” De los seis hallazgos de la Contraloría uno tiene incidencia disciplinaria y se trasladará para indagación preliminar por los entes de control, pues la Empresa Metro habría pagado dos veces el mismo estudio ambiental y social del proyecto, así mismo, contrató un estudio de cimentación de pilotes que se entregó después de abierta la licitación del contrato de concesión. “Las respuestas de la Empresa Metro a la Contraloría no lograron desvirtuar los hallazgos, por lo que Andrés Escobar como gerente de la empresa, deben rendir cuentas ante un eventual detrimento a las finanzas públicas de la ciudad y a la viabilidad del proyecto”, señalo el cabildante. “El informe de la Contraloría se suma a lo denunciado por el Polo ante el Consejo de Estado, y quiero llamar la atención, lo que se devela es que la Empresa Metro consideraba que los recursos públicos se convertían en privados al ser transferidos al contrato, esto no se puede convertir en otro SaludCoop, no ante nuestra mirada”, concluyó Sarmiento.
Para evitar una tragedia se deben atender con urgencia a las familias de Tocaimita
Doctor RICHARD ALBERTO VARGAS Director general IDIGER Diagonal 47 No. 77A-09 Int.11 Bogotá. Asunto.: Para evitar una tragedia se deben atender con urgencia a las familias de Tocaimita. Atento saludo, Debido a las fuertes lluvias, en la madrugada de hoy se presentó un deslizamiento en el barrio Tocaimita de la localidad de Usme dejando como resultado una casa totalmente destruida y al menos dos más con graves afectaciones. Esta situación pudo haber sido evitada si la administración distrital hubiera cumplido con los acuerdos de la mesa de trabajo establecida con la comunidad. Esta mañana funcionarios del Idiger acudieron a la zona pero, de acuerdo con información de la comunidad, tomaron fotos y señalaron que 10 viviendas se encuentran en alto riesgo. Sin embargo, ninguna de las familias fue evacuada y a las personas afectadas por el deslizamiento no se les ofreció ningún tipo de ayuda. En la última reunión de la mesa de trabajo que se realizó, la Secretaría de Ambiente informó que el plan de acción ya estaba elaborado y presentado a la subcomisión de trabajo de la Alcaldía donde tienen asiento todas las entidades que tienen competencia en este tema. Este plan de acción ya debería estar aprobado y ya se debieron haber realizado las visitas de las entidades a las que se comprometieron. En esa reunión también fueron alertados del peligro de que sucediera un evento como el que ocurrió esta madrugada y este llamado tampoco fue atendido por las entidades del Distrito. Por lo anterior, le solicito que de manera inmediata se tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de las familias de Tocaimita, además que se cumplan los compromisos adquiridos y se reúna de nuevo la mesa de trabajo.
“Peñalosa debe respetar la decisión democrática que derrotó su modelo de ciudad”: Manuel Sarmiento concejal del Polo y Primer Vicepresidente del Concejo Distrital
Tras conocerse que el alcalde Peñalosa no aceptó la solicitud de la alcaldesa electa Claudia López para que desistiera de su intención de expedir del POT por decreto y de abrir la licitación de la troncal de la Avenida 68, el concejal Manuel Sarmiento señaló que el mandatario debe respetar los resultados electorales que evidenciaron el rechazo ciudadano a su modelo de ciudad. “El modelo de ciudad de Enrique Peñalosa quedó ampliamente derrotado en las urnas. Es inaudito que el alcalde se empeñe en dejar amarrados negociados dañinos como el POT o la troncal de la Avenida 68 en contravía de la opinión mayoritaria de la ciudad”, afirmó Sarmiento. El concejal del Polo también cuestionó la estrategia tramposa de la administración y sus mayorías en el Concejo para que el POT sea expedido por Decreto. “El gobierno de Peñalosa y sus bancadas están dilatando la votación del Plan de Ordenamiento Territorial. El proyecto debió comenzar a votarse hoy (martes), pero de manera sorpresiva levantaron la sesión y cancelaron la sesión de la Comisión de Plan prevista para el miércoles. Es evidente que, ante las dudas sobre si tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto, la decisión de la administración es dilatar la votación para que Peñalosa saque el POT por decreto, mostrando nuevamente su desprecio por las normas más básicas de una democracia.”
