En medio del malestar ciudadano por el encarecimiento de las tarifas de aseo, se conocieron una serie de irregularidades en la contratación de la UAESP con los operadores privados. El concejal Manuel Sarmiento reveló el contenido de un informe de la Contraloría Distrital que advierte la posible de comisión de delitos por contratos adjudicados a dedo para la ejecución de las llamadas obligaciones de hacer.
En la licitación con la que el alcalde Peñalosa privatizó a la brava el servicio de aseo se incluyó la posibilidad que los operadores realizaran una serie de actividades que no se remuneran vía tarifa como la recolección de escombros. De acuerdo con los documentos de la licitación, estas actividades se denominan obligaciones de hacer y se deben contratar mediante procesos en los que puedan participar empresas distintas a los operadores de aseo.
De acuerdo con la Contraloría Distrital, la UAESP no realizó un proceso de selección objetiva para contratar estas actividades y en cambio las contrató a dedo con los actuales operadores de aseo mediante adiciones a los contratos de concesión adjudicados en el año 2017. Las adiciones para la ejecución de este tipo de actividades suman más de $15.000 millones de pesos.
El informe de la Contraloría señala que “en cuanto a las actividades que no se encuentran reguladas, es decir, aquellas que no son reconocidas por la tarifa, como es el caso de la recolección, transporte y disposición final de los residuos de demolición y construcción, entre otros, considera este órgano de control que las adiciones que se han realizado a los contratos de concesión, amparados en el anexo 14, presuntamente podrían estar vulnerando el principio de selección objetiva, en la medida en que dichas actividades, que no son objeto de exclusividad bajo ningún contrato o norma, deberían haber sido objeto de un proceso contractual independiente” (bit.ly/2FWObIn).
Por lo anterior el órgano de control concluye que “todas aquellas adiciones que se han realizado a los contratos de concesión, que son de actividades no reguladas y que no han sido objeto de un proceso contractual autónomo e independiente, presuntamente podrían estar contrariando el ordenamiento penal y disciplinario”.
“Es inaudito que la Administración de Enrique Peñalosa, a través de maniobras jurídicas, le entregue a dedo nuevas actividades beneficiando a los operadores privados. Todo esto en el marco del malestar por las alzas en las tarifas de aseo que no se reflejan en calidad del servicio” concluyó el concejal Sarmiento.
