Boletín – 26 de abril
Tras conocerse el proyecto de Decreto que exoneraría del pico y placa a los taxis a gas que utilicen tabletas como taxímetro, el concejal Manuel Sarmiento manifestó que la iniciativa es abiertamente ilegal. Falsamente Peñalosa y Bocarejo sustentan el proyecto en supuestos beneficios ambientales, para esconder el verdadero y único motivo, abrir la puerta a la imposición de las tabletas que no cuentan con sustento legal y son claramente inconvenientes para taxistas y pasajeros.
“Es una medida a todas luces discriminatoria, pues el beneficio de no tener pico y placa depende de la capacidad financiera para invertir en las tabletas y plataformas, es decir, otro caso de ‘pagar para tener mejores derechos’. Ya un juez administrativo fallo en contra de la medida del mismo Peñalosa de pagar para exonerarse de pico y placa, alegando que violaba el derecho a la igualdad, al establecer un trato discriminatorio entre quienes no tienen los recursos económicos para exonerarse de esta restricción”, señaló el concejal Manuel Sarmiento.
Amparados en la ilegal Resolución 2163 de 2016, la Secretaría de Movilidad insiste en imponer las tabletas y pretende justificarlo con los supuestos beneficios ambientales de reducción en la congestión y siniestralidad. Sin embargo, según el concejal del Polo, la administración presenta una argumentación falsa: “No hay soporte técnico de la reducción del 100% de emisiones de material particulado y pretenden apoyarse en estudios internacionales que no guardan relación con el caso distrital. La administración llega incluso a amañar las cifras para justificar reducciones en congestión y siniestralidad contrariando los mínimos criterios estadísticos”.
El cabildante denunció que las tabletas aumentan los costos por viaje en un 25% y presentan preocupantes fallas: “Realicé la prueba de las plataformas y pude evidenciar las múltiples fallas, la Secretaría hizo sus propias evaluaciones en el mismo taxi y de cuatro pruebas, tres fracasaron”. En conclusión, estamos ante una medida ilegal, discriminatoria, sin sustento técnico y con grandes perjuicios para el gremio y los usuarios, que no ve avances en la lucha contra la ilegalidad que todos los días gana espacio ante la pasividad de la administración de Peñalosa.
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