Claudia López privatizó la Rolita de manera ilegal y tramposa
Violando el artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo, la administración de Claudia López le entregó a la multinacional Enel el 20% de las acciones de la Operadora de Transporte Público -La Rolita- por solo $2.500 millones. A escondidas, la administración distrital se asoció con Enel Colombia que se ha caracterizado por ser un pésimo socio de la ciudad. El artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo autorizó a Claudia López y a TRANSMILENIO S.A., “para participar en la creación de una sociedad por acciones – Operadora Distrital de Transporte-, con la participación de entidades públicas”. Esta norma no contempló la participación de capital privado en la nueva empresa ni la caracterizó como una sociedad de economía mixta, “por lo que es ilegal esta forma velada de privatización”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento. La administración de Claudia López no solo desconoció el mandato del Concejo, también le concedió un poder determinante a Enel dentro de la Operadora Distrital. “El gobierno distrital modificó el estatuto de la Empresa para darle a Enel un poder de veto sobre decisiones tan importantes como la distribución de dividendos e inversiones estratégicas del gobierno distrital, en la medida que para este tipo de decisiones se requerirá el voto positivo de la multinacional”, explicó Sarmiento, quien recordó la muy mala experiencia que el Distrito ha tenido con Enel en Emgesa y Codensa. Se trata de un pésimo negocio para Bogotá, que había constituido “La Rolita” para darle garantías de operación digna a los usuarios del sistema, conocer y optimizar los costos de Transmilenio, así como, para disminuir los abusos de las operadoras privadas. Pero contrario a ello, Claudia López pone la Operadora Pública en manos de grandes pulpos empresariales por menos de lo que vale un bus eléctrico. “No descarto que estemos ante un detrimento patrimonial, con el agravante de que bajo la argucia de la capitalización pueden continuar diluyendo la participación pública hasta el 50%, un atentado contra el patrimonio público”, concluyó Sarmiento y señaló que ejercerá acciones legales y de control político para demostrar la ilegalidad de esta privatización, así como lo que en su concepto podría ser un detrimento patrimonial. Vea aquí el video.
Se confirma otro engaño de Petro: las tarifas de energía siguen aumentando en Bogotá
En octubre del año pasado Gustavo Petro y su Ministra de Minas anunciaron que habían logrado un acuerdo con las generadoras de energía para contener el grave aumento de las tarifas de electricidad y, de esta manera, aliviar la situación de carestía de los usuarios de este servicio público. Sin embargo, las cifras demuestran que, en el caso de Bogotá, el llamado “pacto tarifario” fue otro engaño del gobierno nacional. “La electricidad en Bogotá sigue carísima, una situación que el pacto tarifario de Petro y la ministra Vélez no resuelve y, al contrario, agrava”, expresó el concejal Manuel Sarmiento, Partido Dignidad & Compromiso. Entre octubre de 2022 y marzo de 2023, el costo unitario(CU) del kilovatio hora que la multinacional Enel les cobra a los capitalinos subió en 16%,al pasar de $717,52 a $835,42. “Este aumento es superior al del salario mínimo para 2023 y 2,4 veces superior al de la inflación en la capital en ese mismo período”, explicó Sarmiento. Mientras en octubre de 2022 con un salario mínimo mensual en Bogotá se podían comprar 1.394 kilovatios hora de electricidad, en marzo de 2023 ese indicador bajó a 1.388 kilovatios hora, -0,4% menos. Esto significa que la pobreza energética de los capitalinos ha seguido creciendo en el gobierno Petro. Entre marzo de 2020 y marzo de 2023, agregó Sarmiento, los kilovatios hora comprados con un salario mínimo cayeron en -11,24% (de 1.564 a 1.388 kilovatios hora). En octubre pasado el gobierno de Petro señaló que en adelante bajaría el precio que se les paga a las generadoras de electricidad −un oligopolio privado controlado por tres multinacionales entre las que está Enel−, porque el valor del factor de generación en el costo unitario se ajustaría con el índice más barato entre el IPC y el IPP. Sin embargo, entre octubre de 2022 y marzo 2023, estos dos índices subieron 7,24% y 3,89% respectivamente, mientras que el componente de generación para Bogotá aumentó en 46,32%. Estamos siendo engañados y saqueados por la política tarifaria del presidente Petro y la ministra Vélez. Bogotá. Variación de las tarifas de electricidad por estrato, CU y Generación Fuente: cálculos propios UAN concejal Manuel Sarmiento con base en cifras de la Superservicios y DANE. Mientras las tarifas no bajan, las compañías prestadoras, en especial las privadas, siguen haciendo inmensas ganancias a costa de la calidad de vida de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. En 2022, Enel ‒compañía controlada por capitales europeos y estadounidenses, y donde también es socio el Grupo de Energía de Bogotá‒, obtuvo utilidades por $4,1 billones, 135% más que en 2021, flujo de recursos que proviene del poder de mercado de esas empresas y de las garantías de rentabilidad otorgadas por el gobierno nacional a través de las resoluciones que expide la CREG. Este abuso de las rentabilidades mínimas garantizadas debe ser suprimido de la regulación, concluyó el concejal Manuel Sarmiento.
La juventud: entre estudiar y pagar la crisis
Boletín de prensa de la oficina del concejal Manuel Sarmiento En sesión del 17 de abril del Consejo Académico de la Universidad Distrital, con presencia del Rector, se mantiene la decisión de no abrir inscripciones para Ingenieria Sanitaria, Licenciatura en Física, Tecnología en Levantamientos Topográficos y Tecnología en Saneamiento Ambiental para el segundo semestre de 2023. A esta decisión podrían sumarse otros 13 programas. Son dos los criterios que la rectoría y el Consejo Académico han dado a conocer. En primer lugar, la disminución en el número de aspirantes y en segundo, la pertinencia de las carreras. El concejal Manuel Sarmiento cuestionó dichas afirmaciones pues para el primer semestre de 2023 se inscribieron 105 jóvenes con deseos de acceder a estos proyectos curriculares. “Con la absurda tesis de la pertinencia y con un criterio meramente financiero, se envía un mensaje desesperanzador a los jóvenes de la ciudad a quienes se les ponen cada vez más barreras de acceso a la educación pública de calidad, empujándolos a un mercado laboral informal en donde resultan cada vez más necesarios agentes de call center que licenciados, topógrafos o ambientales”, replicó el concejal. El cabildante de Dignidad y Compromiso denuncia que “la decisión de no abrir inscripciones se toma principalmente para ahorrarse unos pesos por cada estudiante que no ingresa, pretendiendo aliviar el déficit histórico de la UD a costa del sueño de cientos de jóvenes de educarse dignamente y lograr un proyecto de vida cierto. “Esta pésima decisión ni siquiera resulta ser un paño de agua tibia ante la profunda crisis que atraviesa la UD. Para funcionar en condiciones deseables, a la universidad de Bogotá le hacen falta más de 70 mil millones de pesos”, agregó Sarmiento. Si uno piensa que la situación no puede empeorar, se equivoca. En un comunicado emitido el 12 de abril, la rectoría de la Universidad Distrital expresó la necesidad de que la administración sea «responsable con los recursos y coherente con el compromiso de formar profesionales». Sin embargo, esa administración creó dos nuevas facultades a pesar del déficit financiero que enfrenta la universidad. Solo la construcción y el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales cuesta más de 140 mil millones de pesos. “Es irresponsable que la administración de la UD descargue la crisis en la juventud, y además tome decisiones contradictorias para profundizarla, en su lugar, debe exigir los recursos faltantes y atender con estudios rigurosos la causa de las bajas inscripciones”, advirtió el concejal Sarmiento. El gobierno Distrital de Claudia López debe pronunciarse, buscar alternativas junto a la comunidad universitaria y sumarse a los llamados al Gobierno Nacional pues es sobre quien recae la responsabilidad y cuenta con el musculo financiero para aliviar el histórico déficit presupuestal de la U. Distrital. Cabe aclarar que el Gobierno del “cambio” puede inyectar recursos a las IES públicas sin reformar la Ley 30. De Petro se espera cumpla con sus promesas de campaña y no omita los justos reclamos de la UD como cuando fue alcalde. ¡¡No hagan de la UD un proyecto inviable!!
Por ilegal, inconveniente y arbitrario, concejales de Bogotá exigen al IDU no abrir la licitación del Transmilenio por Séptima
Los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera, junto a diez concejales más de la ciudad y políticos como el exsenador Jorge Robledo, le enviaron una carta a la alcaldesa Claudia López en la que exigen detener la licitación del Transmilenio por la Séptima Para la construcción del Transmilenio por la Carrera Séptima el IDU suscribió tres contratos para la elaboración de los diseños de detalle de la obra. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos estudios se ha terminado por demoras en su ejecución. Por esto, los Concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera exigen a la Alcaldesa Claudia López y al Director del IDU, Diego Sánchez, desistir de la intención de abrir la licitación de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima la próxima semana. Pues según los concejales, al hacerlo se violaría el principio de planeación de la contratación estatal, los mandatos del artículo 8° de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. Para el tramo 1 (entre la calle 26 y la 32) solo uno de los 13 productos cuenta con todas las aprobaciones. En el tramo 2 (entre la calle 32 y la 93a), la consultoría no ha terminado los diseños de las intersecciones de las calles 85 y 92, por lo que el contrato se prorrogó hasta junio de este año y se le adicionaron $900 millones de pesos. Finalmente, los estudios del tramo 3 (entre las Calles 93A a la 200) no estarán listos antes de octubre, pues el consultor señala que no se cuenta aún con la licencia de construcción del patio calle 200, debido a que la Gerencia de Lagos de Torca no ha remitido los documentos de titularidad que lo permita, retraso que le costará a la ciudad $500 millones de pesos adicionales. A esto se suma, entre otros, que se encuentran pendientes de definición puntos críticos como la conexión del tramo 3 con el tramo 2. “Es ilegal, inconveniente y arbitrario abrir la licitación de la troncal de Transmilenio por la Séptima sin que se hayan terminado y aprobado los estudios”, afirman los Concejales. Las normas señalan que las entidades tienen la obligación de publicar la información de los proyectos dentro del marco del cumplimiento al principio de publicidad, reglamentado en la Ley 80 de 1996: “los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración” así como “las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución”. Por lo anterior, Sarmiento y Rivera insisten en que la apertura de una licitación no se puede hacer hasta que no se cuente con la aprobación de todos los estudios que se contrataron para la obra, pues hacerlo bajo estar circunstancias implica violar en materia grave las disposiciones legales con las consecuentes responsabilidades disciplinarias y penales. Además, los Concejales consideran que se está violando el derecho a la participación ciudadana, debido a que el proceso se viene adelantando con proyecciones inconclusas y parciales que no pueden otorgar información suficiente y veraz a la ciudadanía. Esta falta de diálogo también se vio reflejada el pasado 21 de febrero, cuando en medio de un plantón pedagógico en la Carrera Séptima, con vecinos del sector, el ESMAD reprimió a los manifestantes, en su mayoría personas de la tercera edad, con una aturdidora. Esto, según los Concejales, es una estigmatización a la protesta ciudadana de quienes reclaman el incumplimiento de las promesas que en campaña hizo la Alcaldesa Claudia López de no hacer Transmilenio por la Carrera Séptima y en su lugar acudir a modos férreos.
Nace DIGNIDAD & COMPROMISO
PALABRAS DE BOGOTÁ AL CONGRESO DE UNIDAD Bogotá, la capital, acoge el suceso histórico de la creación de este nuevo partido con raíces que se expanden por todo en el territorio nacional, irrigando la nutrida sabia de la dignidad y fundamentado en la responsabilidad, la transparencia y el respeto por los más caros intereses de la Nación. Nos enorgullece ser parte de este momento. Sale a luz una nueva fuerza política, la que abanderará la verdadera transformación nacional. ¡Nace hoy, Dignidad y Compromiso! Cuidadosos y leales a nuestro ideales, con paso firme frente a las adversidades, hoy nos unimos mujeres y hombres desde su diversidad y diferencias, guiados por la búsqueda inquebrantable de los profundos cambios que requiere Colombia, dispuestos a andar la ciudad y el campo, las selvas, montañas, playas y desiertos para contar que hemos acordado con transparencia, como línea medular, un programa nacional por la soberanía y el desarrollo productivo, la democracia y la paz, la seguridad y la consolidación de relaciones internacionales dignas, la educación científica y el desarrollo tecnológico. Nos levantamos con un grito de esperanza unidos al ímpetu por el verdadero cambio de las jóvenes generaciones; de las mujeres que avanzamos en la emancipación y la paridad; de las poblaciones del norte, sur, centro, oriente y occidente del país; a las gentes que viven en el recio frío sabanero y de los nevados y a aquellos que disfrutan del calor del caribe, del pacífico, de los extensos llanos orientales y de las altiplanicies. Con todos ellos construimos esta plataforma programática en donde priman los principios y nuestros estatutos, aprobamos un código de ética y refrendamos nuestro protocolo contra las violencias de basadas en género. Documentos que hoy son la carta de garantía que nos impone un gran reto: ¡cumplirles a ellos y a este país! En Bogotá contamos con experiencia en corporaciones públicas de elección popular. Hoy nos enaltece una joven y valiente representante a la cámara, Jennifer Pedraza. Tenemos el mejor concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, dos edilesas que trabajan con denodado esfuerzo por sus comunidades, Liliana Castañeda en Teusaquillo y Lilia Avella en Engativá. Nos acompañan académicos, sindicalistas, dirigentes sociales y gremiales, valientes dirigentes de la mujeres, voluntarios y voluntarias aferradas a esta causa. Acudimos sin temores a la Academia, a foros, presentamos ponencias y tenemos la capacidad de presentar innumerables análisis documentados sobre la realidad nacional e internacional, pero también vamos a las calles y acompañamos a las comunidades campesinas y urbanas y a las y los trabajadores en la defensa de sus derechos. Aquí estamos dispuestos a iniciar un camino para construir la alternativa que saque a Colombia de la polarización y la división, vamos a unir a la nación, vamos a cambiar este modelo de dependencia y crisis del cual no se avizora cambio real en el actual gobierno. En Bogotá cuenten con un equipo fuerte y dispuesto. Tenemos un compromiso con nuestro nuevo partido, lo llevaremos a todos los rincones de la ciudad y a todos los sectores de la sociedad. Somos miles de voluntarios y voluntarias, coherentes, informados y democráticos. Bogotá celebra el nacimiento de Dignidad y Compromiso. 18 de febrero de 2022
En la discusión sobre el Metro, Petro no tiene derecho a imponerle a Bogotá sus caprichos autoritarios
Amenazar a gobiernos locales es una grave violación de los principios básicos de la democracia Sobre las declaraciones del gobierno nacional, el concejal Manuel Sarmiento expresó: Aunque el metro elevado-privatizado es altamente inconveniente, es muy grave esta actitud autoritaria y amenazante de Gustavo Petro para hacer lo que él diga. Dejaría un pésimo antecedente con el que cualquier presidente podría extorsionar a los gobiernos locales. El metro elevado le genera grandes daños a Bogotá. No solo por sus impactos urbanísticos, también porque será un metro privatizado y al servicio de TM. No obstante, cambiar el contrato tiene muchos problemas legales. La ley prohíbe que el objeto de un contrato estatal se modifique de tal manera que cambie por completo la obra que se contrató originalmente. Es precisamente lo que pasaría con la idea de Petro, en lugar de construir un viaducto, se construiría un túnel. Por esta razón, aunque al consorcio chino le interesaría sumarle varios billones al negocio, en su concepto le dijo a Petro que el contrato no se puede modificar como él lo pretende y que la única alternativa viable es extender la línea hasta la calle 100 en un tramo subterráneo. Como a Petro no le gustó el concepto, contrató con abogados privados sus propios conceptos jurídicos y los muestra como prueba reina de que sí es posible modificar el contrato. Sin embargo, esos conceptos son absolutamente insuficientes. En la historia reciente de Colombia se han tomado decisiones muy inconvenientes con base en conceptos de abogados privados. Por ejemplo, el contrato de Odebrecht se modificó con un concepto jurídico de Néstor Humberto Martínez. Por esta razón, en lugar de extorsionar y amenazar para imponer su postura, Petro debe utilizar los instrumentos constitucionales y acordar con la alcaldesa Claudia López solicitarle a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado un concepto, entidad encargada de resolver esta controversia. Este concepto, aunque no es vinculante, garantizaría un mayor nivel de imparcialidad sobre qué se puede hacer con el contrato del metro. Las amenazas a los gobiernos locales son una grave violación de los principios básicos de la democracia.
La PTAR Canoas estaría desfinanciada
En valor presente los aportes de las entidades que financian la PTAR Canos serían insuficientes para pagar la inversión de $4,5 billones. En carta enviada al ministro José Antonio Ocampo y a la gerente del Acueducto de Bogotá, Cristina Arango, el concejal Manuel Sarmiento les expresó que los recursos que girarían entre 2023 y 2050 la Alcaldía de Bogotá, la CAR, el Departamento de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), “serían insuficientes para fondear la inversión por 4,5 billones en la PTAR Canoas.” La PTAR necesita de financiación de la banca multilateral por 600 millones de dólares, operación que para tramitarse debe surtir dos pasos previos a la solicitud del crédito: 1. Obtención de garantía crediticia emitida por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda; y 2. Aval de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En el primer paso −obligatorio para pasar al segundo−, la Dirección de Crédito Público debe cumplir con la Resolución 4778 de 2019, donde se establece que la entidad solicitante de la garantía tiene que entregar contragarantías equivalentes a mínimo el 130% de la operación, requisito que la EAAB no estaría cumpliendo, razón por la cual, el Ministerio Hacienda en 2022 negó la expedición de la garantía. Según lo expuesto por el concejal Sarmiento, si a los aportes que se realizarían en los próximos veintisiete años se les aplica una tasa de descuento de al menos 12%, el valor presente de estos recursos NO solventa las necesidades de inversión (Capex) de la PTAR. Además, “en caso de darse algún incumplimiento de parte de la EAAB” en el pago de los créditos derivados de la PTAR, los giros de los aportantes “no son exigibles en forma inmediata por ser vigencias futuras que se reciben en cuotas hasta el 2050.” Sarmiento les pidió a los funcionarios explicar cómo se va a cumplir al tiempo con la Resolución 4778 y con la solicitud de la magistrada Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien a través de un incidente de desacato pidió “flexibilizar” las condiciones de otorgamiento de garantía y contragarantías a un proyecto de inversión que no cuenta con los requisitos mínimos de aportes de parte de los financiadores. “Esto es fundamental aclararlo porque se estaría ante una megaobra que en contra del interés general quiere privatizarse, y estaría desfinanciada con riesgos retrasos, sobrecostos, problemas de operación y mayores tarifas en los servicios públicos para los bogotanos y las bogotanas”, concluyó el concejal de Bogotá. Aquí puede conocer la carta de Sarmiento.
Claudia López deja sin plata los servicios para los jóvenes en el IDIPRON
Jóvenes beneficiarios de los programas del IDIPRON han convocado movilizaciones en rechazo al cierre de seis unidades operativas y al incumplimiento de los acuerdos pactados con el director del IDIPRON en relación con la contratación de docentes y la toma de decisiones conjunta con sus representantes. El concejal Manuel Sarmiento del partido Dignidad respalda sus exigencias. La causa principal de las dificultades es el recorte de $25.418 millones decretado por la alcaldesa Claudia López para el IDIPRON. Esta decisión política de la alcaldía significó una reducción en el presupuesto de la entidad en un 19,3 % para 2023, lo que llevó al cierre de las unidades operativas y a una grave afectación en la prestación de los servicios. El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud atiende a los y las jóvenes más vulnerables, a quienes habitan la calle o están en riesgo de habitarla con el propósito de generar capacidades que les permitan tener más oportunidades. Este recorte presupuestal en los programas sociales ofrecidos por el IDIPRON no es el único, la administración distrital decidió reducir considerablemente la financiación para los jóvenes más vulnerables de la ciudad. En la Secretaría Distrital de Integración Social también redujo en 7 % el presupuesto destinado a los servicios para la niñez, la adolescencia, la juventud y las personas habitantes de calle. En la Secretaría de Educación la asignación presupuestal para la alimentación, el transporte escolar y la jornada única en los colegios públicos de la ciudad, se vio disminuida considerablemente en más de un 10 %. «La Administración Distrital ha tomado la decisión política de desfinanciar los servicios para las personas más pobres de la ciudad, mientras sigue alimentando el negociado de los operadores privados de Transmilenio a los que destinó cerca de $3 billones del presupuesto público», señaló el concejal Manuel Sarmiento, quien rechazó los recortes presupuestales recordando que «estamos atravesando por una crisis económica de proporciones muy grandes, la inflación ha hecho que la gente deje de comer y esté pasando hambre. Decisiones como estas solo terminan por dejar a su suerte a una población que demanda atención integral de la mejor calidad».
La Economía Bogotana sufre una fuerte desaceleración
A pesar de que la economía bogotana continúa teniendo crecimientos económicos positivos, al igual que la economía nacional, ha entrado en una fase de fuerte desaceleración. En el tercer trimestre del 2022 (comparado con el tercero del 2021), el PIB de la capital aumentó en 9,3%, sin embargo, este es 3,6% menor al de un año atrás. Y si se compara con el segundo trimestre de este año la reducción del crecimiento es de 6,83%. Lo anterior se puede ilustrar usando la analogía de un corredor que aumenta la velocidad, pero cada vez la aceleración es menor mostrando agotamiento y la entrada a la fase de rendimientos negativos, previa a la reducción de la velocidad. Además, el aumento del gasto público en obras de infraestructura de parte de la Alcaldía de Bogotá está perdiendo la capacidad para contrarrestar los efectos negativos del ciclo económico nacional y de la política macroeconómica del gobierno Petro y el Banco de la República. Solo las actividades mineras, las artísticas y de entretenimiento, y la construcción crecen más rápido que en el tercer trimestre del 2021 y el segundo del 2022. Estas tres agrupaciones de actividades pesan el 0,12%, el 6% y el 3,61% del PIB, respectivamente. Todas las demás actividades (90,27% del PIB) tienen una fuerte caída del crecimiento reflejada en el ritmo de creación de empleo, que también ha entrado en una fase de desaceleración. Entre todas las actividades económicas la industria manufacturera es la de mayor freno y de las que componen este sector las confecciones, el calzado y los textiles (17% del PIB industrial y 1,5% del PIB total de la ciudad) están a la cabeza como las de mayor caída en el crecimiento. En el caso de la construcción, con un crecimiento extraordinario acumulado hasta el tercer trimestre del 2022 (51,83%), de cara al cierre del año y el 2023 no lograría mantener el crecimiento por las limitaciones fiscales de la Alcaldía, y porque el impacto del sector en la demanda agregada de la economía distrital está disminuyendo en razón a la caída de la construcción de vivienda (los metros cuadrados de obras nuevas iniciadas en el tercer trimestre cayeron en -3,1%) y su menor capacidad para demandar empleo. Los hogares bogotanos están sufriendo por los vientos de crisis derivados de un modelo económico que convirtió a Bogotá en el gran mercado de las importaciones impulsadas por los TLC y la apertura económica, modelo que el presidente Petro no va a modificar. Aunque la capital es la cuarta parte de la economía colombiana aquí llegan la mitad de las importaciones del país. Situación reflejada en el acelerado proceso de desindustrialización y la reducción de la capacidad de compra de los y las capitalinas, grandes víctimas de la devaluación del peso frente al dólar. Entre 2013 y 2021, el ingreso por habitante bogotano bajó en -16,31% −proceso iniciado antes de la Pandemia− y desde junio de este año los hogares que comen menos de tres comidas al día aumenta aceleradamente, del 26% al 31,37% (DANE).
Las tarifas eléctricas siguen carísimas
Después de que Petro anunciara con bombos y platillos la reducción de las tarifas eléctricas, millones de usuarios y usuarias no solo no han visto la reducción en el valor de las facturas, sino que por efecto de la PetroReforma Tributaria las verán crecer más el próximo año. Según Asoenergía, gremio de grandes consumidores industriales de electricidad, los ajustes hechos en noviembre para estos usuarios no supera el 1%. Entre los meses de noviembre de 2021 y 2022, la inflación eléctrica nacional creció en 25,77% (DANE) y en Bogotá lo hizo en 20,85%, dos veces el aumento del salario mínimo, llevando a que este sea el segundo frente de gasto de los hogares que más contribuye al crecimiento de la inflación, después del precio de la comida en restaurantes. En la capital, según las tarifas de Enel (principal empresa eléctrica de Colombia con la quinta parte de los usuarios del país), entre septiembre y noviembre de 2022 el Costo Unitario promedio de las tarifas eléctricas para usuarios residenciales subió 5,33%. Dicho incremento se debe a que el valor de la distribución, la comercialización y las pérdidas continúa aumentando –estos elementos subieron 5,23%, 6,6% y 11,26%, respectivamente−, dejando en evidencia que las renegociaciones de contratos entre comercializadores y generadores eléctricos que el gobierno de Petro presentó como un gran logro no representaron ningún alivio para la ciudadanía bogotana. La espiral inflacionaria eléctrica de 2021 y 2022, sería impulsada en 2023 por la Tributaria. Según Acolgen, gremio de las hidroeléctricas, la sobretasa al impuesto de renta a las generadoras hidráulicas el próximo año se trasladaría a los usuarios. Seis plantas térmicas con una capacidad instalada de 2.050 MW (11% del total nacional) pagarán desde 2023 un 15% más de impuesto a la renta lo cual elevaría las tarifas para usuarios residenciales entre 2 y 10%. A lo anterior se suma que en el caso de las generadoras con carbón ,los mayores impuestos a este recurso no renovable encarecerán la materia prima de doce térmicas que demandan 4 millones de toneladas anuales. El sector eléctrico necesita un nuevo marco tarifario donde, además de una auditoría a los costos que reportan las empresas eléctricas, deben ajustarse, entre otros elementos, las tasas de ganancias reconocidas a las compañías en las resoluciones gubernamentales, las cuales les están generando gigantescos retornos a los accionistas de las empresas, en especial en aquellas con control de inversionistas extranjeros.
