Cuando Peñalosa tramitó su reforma a la salud en marzo del año pasado, muchos advertimos que la propuesta empeoraría la crisis de los hospitales públicos de Bogotá. El caos generado por la falta de insumos, el cierre de decenas de servicios, las protestas de los trabajadores y el aumento del hacinamiento en las salas de urgencias nos han dado la razón a quienes nos opusimos a esta iniciativa. Las muchas mentiras del alcalde y su secretario de salud confirman el fracaso, pues ante la falta de argumentos han tenido que acudir con todo descaro a la falsedad.
Desde la aprobación de la reforma, los periódicos y noticieros se llenaron de titulares sobre el caos generado por la falta de insumos en los hospitales públicos. Las denuncias no fueron un invento de los medios de comunicación y las redes sociales, como lo pretende señalar el secretario de salud. Un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en agosto del año pasado evidenció que en 9 hospitales el “déficit de insumos de materiales y medicamentos” se agudizó a partir de la constitución de redes. El caos no cesó en 2017. En enero, una visita al Hospital de Kennedy de la Personería evidenció “faltantes de medicamentos, insumos y dispositivos médicos”.
Uno de los aspectos más perversos de la política de Peñalosa es la decisión de cerrar 147 servicios de salud para reducir costos y descargar en los usuarios la crisis causada por la multimillonaria deuda de las EPS con la red pública, que a septiembre de 2016 ascendió a un billón de pesos. El secretario Morales ilustró con el siguiente ejemplo que objetivo de estas medidas es reducir costos: “En vez de cuatro cardiólogos, tendré uno por turno y atiendo la misma cantidad de pacientes”. Los cierres de servicios se hacen con fundamento en el criterio de la rentabilidad, sin importar que se aumenten barreras de acceso por la mayor distancia que deberán recorrer los pacientes, como lo advirtió la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas para los servicios de pediatría en una carta dirigida al alcalde. En Kennedy, Peñalosa cerró pediatría y la trasladó a El Tintal, donde no funcionan las salas de cirugía y radiología. Y en la Subred Norte, los servicios para los recién nacidos se pretenden trasladar a Suba, entidad que los tiene contratados con una empresa privada.
No es cierto que el hacinamiento en la salas de urgencias se haya reducido, como falsamente lo afirma Peñalosa. Las cifras enviadas a mi oficina por la Secretaría de Salud señalan que entre 2015 y 2016 el hacinamiento promedio en el Hospital de Kennedy pasó del 155% al 197%; en Santa Clara del 99% al 143%; en la Victoria del 57% al 115%; en Meissen del 103% al 166%; y en Suba del 109% al 137%. ¿No es extremadamente grave que el Alcalde Mayor le mienta con descaro a la ciudad?
Los trabajadores han sido otra de las víctimas del modelo de enfermedad y muerte de Peñalosa. Casi 8 de cada 10 trabajadores de los hospitales públicos están contratados mediante contratos de prestación de servicios, lo que les niega derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la sindicalización y la negociación colectiva. Se trata de un grave caso de prevaricato, pues la ley dispone con toda claridad que los trabajadores de los hospitales públicos no pueden vincularse mediante este tipo de contratos. Y para agravar las cosas, la Secretaría de Salud les está imponiendo cláusulas leoninas con las que les prohíbe hacer denuncias ante los medios de comunicación y les descuentan de sus salarios las glosas que presenten las EPS.
El de Peñalosa no es un modelo de salud, en un modelo de enfermedad y muerte. La realidad muestra que el alcalde está empeorando la crisis de los hospitales públicos, algo que parecía imposible de hacer. Ante las falacias del gobierno distrital y sus políticas que enferman y matan a los ciudadanos, es urgente que el movimiento de la salud de la Capital elevé el nivel de organización y movilización contra la perversa política del alcalde Peñalosa.
Manuel Sarmiento
Concejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo
@mjsarmientoa
20 de marzo de 2017
