Exitosos lanzamientos de campaña en Tunjuelito, Teusaquillo, Puente Aranda y Engativá.

Exitosos lanzamientos de campaña en Tunjuelito, Teusaquillo, Puente Aranda y Engativá.

Los lanzamientos de campaña de algunos candidatos a Ediles en compañía del concejal Manuel Sarmiento (POLO 3 al Concejo) tuvieron lugar el fin de semana pasado. Víctor Santos en Tunjuelito (POLO 83 a la JAL), Liliana Castañeda en Teusaquillo (POLO 81 a la JAL), Vladimir Cáceres en Puente Aranda (POLO 83 a la JAL) y Juan Carlos Figueroa en Engativá (POLO 83 a la JAL).

El concejal Manuel Sarmiento expresó la grata satisfacción de estar acompañado por estos líderes locales. En los nutridos eventos pudo exponer su programa y conversar con los voluntarios y seguidores del Polo Democrático Alternativo.

Manuel fue aplaudido cuando señaló que lo principal para ponerle fin a esta pesadilla peñalosista y evitar que se reelija en cuerpo ajeno para empezar a arreglar a Bogotá es indispensable elegir a Claudia López a la Alcaldía, porque ella es quien se ha comprometido a fomentar la industria manufacturera de la ciudad y a respetar los derechos de los bogotanos.

El empleo, la movilidad y la seguridad fueron temas tratados durante las actividades de campaña. En los que los candidatos a edil, cada uno en su evento, acompañó las propuestas del concejal de la oposición a Enrique Peñalosa.

Contraloría advierte presuntos delitos por contratación a dedo con operadores de aseo

Contraloría advierte presuntos delitos por contratación a dedo con operadores de aseo

En medio del malestar ciudadano por el encarecimiento de las tarifas de aseo, se conocieron una serie de irregularidades en la contratación de la UAESP con los operadores privados. El concejal Manuel Sarmiento reveló el contenido de un informe de la Contraloría Distrital que advierte la posible de comisión de delitos por contratos adjudicados a dedo para la ejecución de las llamadas obligaciones de hacer.

En la licitación con la que el alcalde Peñalosa privatizó a la brava el servicio de aseo se incluyó la posibilidad que los operadores realizaran una serie de actividades que no se remuneran vía tarifa como la recolección de escombros. De acuerdo con los documentos de la licitación, estas actividades se denominan obligaciones de hacer y se deben contratar mediante procesos en los que puedan participar empresas distintas a los operadores de aseo.

De acuerdo con la Contraloría Distrital, la UAESP no realizó un proceso de selección objetiva para contratar estas actividades y en cambio las contrató a dedo con los actuales operadores de aseo mediante adiciones a los contratos de concesión adjudicados en el año 2017. Las adiciones para la ejecución de este tipo de actividades suman más de $15.000 millones de pesos.

El informe de la Contraloría señala que “en cuanto a las actividades que no se encuentran reguladas, es decir, aquellas que no son reconocidas por la tarifa, como es el caso de la recolección, transporte y disposición final de los residuos de demolición y construcción, entre otros, considera este órgano de control que las adiciones que se han realizado a los contratos de concesión, amparados en el anexo 14, presuntamente podrían estar vulnerando el principio de selección objetiva, en la medida en que dichas actividades, que no son objeto de exclusividad bajo ningún contrato o norma, deberían haber sido objeto de un proceso contractual independiente” (bit.ly/2FWObIn).

Por lo anterior el órgano de control concluye que “todas aquellas adiciones que se han realizado a los contratos de concesión, que son de actividades no reguladas y que no han sido objeto de un proceso contractual autónomo e independiente, presuntamente podrían estar contrariando el ordenamiento penal y disciplinario”.

“Es inaudito que la Administración de Enrique Peñalosa, a través de maniobras jurídicas, le entregue a dedo nuevas actividades beneficiando a los operadores privados. Todo esto en el marco del malestar por las alzas en las tarifas de aseo que no se reflejan en calidad del servicio” concluyó el concejal Sarmiento.

Distrito no ha podido definir el valor de la plusvalía en Proscenio por inconsistencias en el decreto con el que Peñalosa modificó el proyecto

Distrito no ha podido definir el valor de la plusvalía en Proscenio por inconsistencias en el decreto con el que Peñalosa modificó el proyecto

Comunicaciones cruzadas entre la Secretaría de Planeación y Catastro señalan inconsistencias en el decreto de Peñalosa que valorizó en más de 200 millones de dólares el negocio inmobiliario de los financiadores del Alcalde.

Por inconsistencias técnicas y jurídicas del Decreto 674 de 2018, a través del cual el alcalde Peñalosa modificó el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio, Catastro no ha podido definir el monto de la plusvalía que los inversionistas deben pagarle al Distrito. Al ser la plusvalía el tributo que los constructores deben pagar, la controversia es de interés público, sobre todo si se tiene en cuenta que los inversionistas financiaron la campaña del Alcalde y que el mandatario les valorizó el proyecto en más de $200 millones de dólares, tal y como lo denunció el columnista Daniel Coronell (https://bit.ly/2GLUNKf).

El concejal Manuel Sarmiento reveló que, según el contenido de los correos cruzados entre la Secretaría de Planeación y Catastro, el decreto que modificó el proyecto inmobiliario no determina con claridad cuál es el área vendible del proyecto, ni la distribución de las áreas que se deberán destinar para los usos residenciales, dotacionales, comerciales y de servicios.

A través de dicha correspondencia Catastro resaltó que mientras el artículo 26 del plan parcial establece que el área vendible de la Manzana 2 es de 41.405,33 m2, en su artículo 35 plantea que el área vendible de esa misma manzana es de 43.768.00 m2.

“Esto es gravísimo, pues el área vendible del proyecto es la variable con la que se determina el cobro de la plusvalía, y según lo expuesto por Catastro estamos hablando de una inconsistencia de 2.362,67 m2, área no poco despreciable cuando se multiplica por el valor del metro cuadrado en esa zona, que es uno de los más costos de la ciudad. Al final, estos son recursos que le dejarían de entrar al Distrito y que quedarían en los bolsillos de los financiadores de la campaña de Peñalosa”, aseguró el concejal.

Finalmente, el concejal manifestó que tiene el ojo puesto sobre este proyecto y particularmente sobre la forma en la que se determinaron las cargas del mismo, pues tiene indicios de que los costos se pudieron inflar con la finalidad de reducir el cobro por plusvalía que se les cobrará a los gestores. El concejal radicó un derecho de petición a Planeación y a Catastro, con copia a la Personería Distrital, solicitando explicaciones por las nuevas irregularidades encontradas. Acá puede consultar el texto de la solicitud:

La Secretaría de Ambiente debe desistir de la tala de 500 árboles en el Bosque San Carlos

La Secretaría de Ambiente debe desistir de la tala de 500 árboles en el Bosque San Carlos

Doctor

FRANCISCO CRUZ PRADA

Secretario

Secretaria Distrital de Ambiente

Av. Caracas # 54 – 38

Bogotá.

Asunto: La Secretaría de Ambiente debe desistir de la tala de 500 árboles en el Bosque San Carlos.

Atento saludo

Es inaceptable que la administración distrital haya anunciado su intención de talar 506 árboles en el Bosque San Carlos, también conocido como el único pulmón del Suroriente de la ciudad.

De acuerdo con el documento entregado al Comité en Defensa del Bosque San Carlos, la administración pretende talar los árboles que están ubicados en el perímetro exterior, tomando como principal criterio la altura de los eucaliptos y otras especies, sin realizar estudios sobre la situación actual de los más de 5.000 árboles que tiene el parque. Aunque el documento señala que la tala es necesaria para mitigar el riesgo, no presentan estudios técnicos acerca del estado de los árboles, de sus raíces y tampoco de los suelos.

Adicional a esto, el gobierno de Enrique Peñalosa está tomando este tipo de decisiones sin tener en cuenta las comunidades vecinas y sin garantizar la participación ciudadana, algo ya característico de esta Alcaldía. Por lo anterior, solicito la suspensión de estas talas hasta que no se tenga certeza de las acciones que deben realizarse.

Las respuestas a las solicitudes presentadas serán recibidas en la Cl. 36 #28A-41 Of. 201 y en el correo electrónicoconcejalmanuelsarmiento@gmail.com.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Atentamente,


MANUEL SARMIENTO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal

A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal

Bogotá D.C., 31 de julio de 2019

Doctor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá

Ref.: A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal.

Atento saludo,

Peñalosa debe garantizar la sustitución patronal de miles de trabajadores ante los nuevos contratos de las fases I y II de Transmilenio y de la fase V del SITP. Las compañías que ganaron las licitaciones resultaron ser de los mismos dueños de las concesionarias anteriores, pero se presentaron a través de nuevas empresas que les permitirían desvincular a sus actuales trabajadores desconociendo su experiencia, a sus organizaciones sindicales y las prestaciones sociales acumuladas, además de arrojarlos a la calle sin tener en cuenta que muchos adquirieron graves enfermedades laborando para Transmilenio.

Los sindicatos del sistema Transmilenio (SNTT-COLOMBIA, UGENTRANS, SINTRANSMASIVO, ASOEXPRESS, entre otros) han documentado cientos de casos de conductores a quienes les sobrevinieron limitaciones físicas o mentales por causa o con ocasión de su trabajo, o simplemente como resultado de la exposición a factores de riesgos ergonómicos inherentes a la actividad de conducción. Asunto que se agravaró por las malas condiciones de las vías troncales. Con la alcahuetería de la Alcaldía, sus patronos pretenden desconocer la atención de esta responsabilidad.

La Alcaldía de Bogotá está evadiendo su deber de realizar acciones afirmativas en favor de los trabajadores y de personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Este mandato constitucional se ha debido materializar en los mismos pliegos de licitación de los nuevos operadores, como en otrora lo hizo Transmilenio S.A. en los contratos de concesión del SITP, cuando le ordenó a los concesionarios “garantizar que el cincuenta por ciento (50%) del personal de conductores requerido para cada zona, será contratado de los conductores actuales del transporte público colectivo, que a la fecha se encuentren en el Registro de conductores de la Secretaría Distrital de Movilidad. Este personal también podrá ser contratado para trabajar en otras actividades relacionadas con la operación del SITP.”[1]

Sumada a la anterior violación del derecho de los trabajadores a un ingreso mínimo, en los pre-pliegos de la licitación de la etapa 1 de la FASE V, que reforzará el servicio del componente zonal del SITP, se mantiene la posición de esta Alcaldía de beneficiar exclusivamente a los dueños de las concesiones de Transmilenio, perjudicando a la parte más débil del sistema, sus trabajadores.

Es por eso que le solicitamos, señor alcalde: i) proteger los derechos de los trabajadores de Transmilenio y del SITP, ii) no seguir desconociendo la sustitución patronal que se configura en estos casos, y iii) ajustar las licitaciones y contratos de todo el sistema de transporte a fin de brindar plenas garantías laborales a todos los empleados de este servicio público esencial para Bogotá.

De antemano agradecemos la atención a la presente.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO                                MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

Senador Polo Democrático Alternativo            Concejal de Bogotá, Polo Democrático Alternativo



1. CONTRATO No. 009 DE 2010 DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN PREFERENCIAL Y NO EXCLUSIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DEL ESQUEMA DEL SITP PARA LA ZONA  1) USAQUEN, CON OPERACIÓN TRONCAL, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. – TRANSMILENIO S.A. Y LA SOCIEDAD CONSORCIO EXPRESS S.A.S.

Declaración de la Audiencia Pública Bogotá no se vende: NO AL POT DE PEÑALOSA

Declaración de la Audiencia Pública Bogotá no se vende: NO AL POT DE PEÑALOSA

¡BOGOTÁ NO SE VENDE!

Las organizaciones y personas reunidas el 13 de julio de 2019 en la audiencia pública “Bogotá no se vende” declaramos:

1.      Que todas las personas residentes de manera temporal o permanente en Bogotá tenemos derecho a gozar de nuestra ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual.  En la garantía del derecho a la ciudad los Planes de Ordenamiento Territorial tienen un papel esencial, pues pueden contribuir en la mitigación de desigualdades y en la redistribución de la riqueza que producen las ciudades, así como a la conservación de la memoria y la identidad cultural.

2.      El POT propuesto por la administración de Enrique Peñalosa se basa en proyecciones poblacionales infladas que sirven como excusa para atentar contra los ecosistemas estratégicos de la ciudad y convertir a Bogotá en botín del capital inmobiliario. Defendemos el derecho de las futuras generaciones a gozar de aire y agua de calidad, y rechazamos toda acción y actuación de la administración que nos ponga en riesgo de o expropiación en nombre de un desarrollo urbano antidemocrático y elitista. Es un Plan inconveniente para la ciudad.

3.      Es inaceptable que la propuesta POT para Bogotá siga fundamentada en condenar a la ciudad a tener una movilidad basada en troncales de Transmilenio, mientras la necesidad imperiosa de contar con una red de líneas de metro de alta capacidad sigue siendo considerada de segundo o tercer orden. Exigimos que el modelo de ciudad que rija a Bogotá en el mediano y largo plazo apunte a una movilidad multimodal digna, basada en las necesidades de la población y con precios adecuados.

4.      Defenderemos el patrimonio que tanto esfuerzo nos ha costado construir y que hoy peligra con la política de renovación urbana indiscriminada y antidemocrática que busca imponer la administración distrital. El patrimonio cultural y el tejido social configuran una ciudad para las personas que no puede ser reemplazada arbitrariamente por un lugar para meganegociados que nada le dejan a la población. Tenemos derecho a habitar, disfrutar y hacer proyecto de vida en Bogotá.

5.      No nos oponemos al ordenamiento del territorio sino a la arbitrariedad y la imposición de medidas lesivas para la ciudad. Por eso exigimos suspender el trámite del proceso POT en tanto no sean atendidas las exigencias ciudadanas y se garantice que una participación real, incidente que dé lugar a un Plan de Ordenamiento Territorial concertado previamente con las y los moradores, quienes conocemos mejor el potencial y necesidad de nuestros territorios mejor que nadie.

6.      Hacemos un llamado a toda la ciudadanía bogotana para que se una a la movilización en defensa de Bogotá. Solo con organización y protesta democrática podremos salvar a Bogotá de quienes pretenden feriarla palmo a palmo.

Vamos a la movilización este 1 de agosto en el Concejo de Bogotá

¡BOGOTÁ NO SE VENDE!


El Secretario de Salud tampoco me va a silenciar: concejal Manuel Sarmiento

El Secretario de Salud tampoco me va a silenciar: concejal Manuel Sarmiento

En respuesta a la tutela que el Secretario de Salud interpuso contra el concejal Manuel Sarmiento, el cabildante reafirmó sus denuncias sobre las falsas utilidades de Capital Salud y las mentiras descaradas de Luis Gonzalo Morales. El pasado viernes, el concejal amplió la denuncia disciplinaria ante Procuraduría y Personería.

“Siguiendo el mal ejemplo de Peñalosa, el Secretario de Salud interpuso una tutela en mi contra por mis denuncias sobre las falsas utilidades de Capital Salud para intentar silenciarme. He publicado todas las pruebas que demuestran que Luis Gonzalo Morales ha mentido y engañado a la opinión pública, mostrando utilidades de la EPS que no corresponden con la realidad. Así como pude probar ante los estrados judiciales que no violé el derecho al buen nombre del Alcalde cuando lo llamé vendedor de buses, demostraré que el Secretario de Salud ha mentido con base en unos estados financieros que están maquillados”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento.

Aunque los funcionarios han afirmado que Capital Salud obtuvo utilidades por $41.000 millones en 2017 (https://bit.ly/2EKQuMyhttps://bit.ly/2HJxxLW)  y $107.000 millones en 2018 (https://bit.ly/2VYwwnlhttps://bit.ly/2YXvcTA), los informes de la revisoría fiscal señalan que los estados financieros de la EPS no cumplen con las normas contables vigentes y que se han inflado los ingresos no operacionales en los que se soportan las utilidades con las que Peñalosa y Luis Gonzalo Morales sacan pecho. Además, un memorando firmado por la exgerente de Capital Salud reconoce que en el año 2017 la entidad no tuvo utilidades sino pérdidas por $1.300 millones de pesos, lo que llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a asegurar, en respuesta al concejal del Polo, que se están sobreestimando las utilidades de la EPS para el año en mención.

Con fundamento en los hechos que están plenamente demostrados, Sarmiento recordó que como Concejal de Bogotá, elegido democráticamente y declarado en oposición,  le asiste la obligación de adelantar control político a la gestión de la administración distrital y el derecho a cuestionar sus políticas, lo que incluye advertir a los ciudadanos de las mentiras a las que recurren los gobernantes para presentar falsos éxitos.

Ampliación de la queja disciplinaria

El pasado viernes el concejal Manuel Sarmiento amplió la queja disciplinaria que interpuso en contra del alcalde Peñalosa y su secretario de salud, Luis Gonzalo Morales. “Es inaudito que el Alcalde y el Secretario de Salud, conociendo que los estados financieros de la EPS están maquillados, insistan en engañar a la opinión pública mostrando utilidades que, de acuerdo con la Revisoría Fiscal y la Superintendencia de Salud, no corresponden con la realidad económica de la EPS. Por más desesperados que estén por el descrédito de esta administración, no pueden mentir de esta manera tan descarada”, afirmó Sarmiento.

Las nuevas pruebas aportadas por el concejal Sarmiento confirman la denuncia y las falsedades. La Superintendencia de Salud le respondió un derecho de petición al cabildante señalando que “la suma de $94.579 millones no corresponden a hechos económicos reales de la EPS a 31 de diciembre de 2017, lo cual implica que estarían sobreestimando las ‘Utilidades’ de la EPS para el año 2017”. El cabildante también aportó el informe de la revisoría fiscal sobre los estados financieros de 2018, el cual señala: “(…) los Estados Financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. a 31 de Diciembre de 2018”.

Estas pruebas son contundentes y demuestran que Peñalosa y Morales han engañado a la opinión pública.

La Administración de ETB debe desistir de la masacre laboral que vienen adelantando contra los trabajadores.

La Administración de ETB debe desistir de la masacre laboral que vienen adelantando contra los trabajadores.

A propósito del despido arbitrario de cerca de 35 trabajadores en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá el día de ayer, que se suman a los 231 despidos durante los tres primeros años de la administración de Peñalosa, el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, envió carta pública al gerente de la empresa, Jorge Castellanos.

Señor

JORGE CASTELLANOS RUEDA

Presidente – Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB

Carrera 8 # 20 – 56

Ciudad

Ref. La Administración de ETB debe desistir de la masacre laboral

que vienen adelantando contra los trabajadores.

Atento saludo,

Nuevamente se están presentando despidos masivos y arbitrarios en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, atentando contra el derecho al trabajo y el sustento de las familias de los trabajadores despedidos, que en muchos casos dependen únicamente del ingreso salarial de quienes laboran en la empresa. Esta política, además de deteriorar las condiciones de vida de centenares de personas, afectará el desarrollo de las actividades misionales de la empresa, pues las personas despedidas cuentan con más de 10 años de experiencia.

Según sus propias cifras, desde enero de 2016 a julio de 2018 su administración ha despedido a 231 trabajadores, pero lamentablemente no contamos con la información completa pues a pesar de responder esa inquietud durante 3 años a través de los derechos de petición, usted decidió negarse a entregarla en la solicitud hecha a través de la proposición 691 de 2018 aprobada en el Concejo de Bogotá.

Es inaudito que usted decida burlarse de la norma laboral sobre los despidos colectivos. Es evidente que su decisión política es la de despedir trabajadores masivamente, pero lo hace “a cuenta gotas” para burlar la ley. También es repudiable que viole el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, despidiendo a mujeres cabeza de hogar y trabajadores enfermos.

Es mi deber también desmentir el argumento de la “eficiencia” que presenta irónicamente en sus explicaciones. Omite usted, con una conveniencia silenciosa, que los costos de personal reportados en los últimos Estados Financieros de la ETB corresponden a un 17,44% de los ingresos operacionales, porcentaje muy por debajo de lo recomendado por importantes consultoras internacionales como Second Wind Consultants, que considera aceptable un rango entre el 30 y el 38%.

En lugar de arremeter contra los trabajadores, la forma de fortalecer la empresa es desistir de medidas que su administración ha tomado como dejar podrir el parque automotor y acabar con la venta de equipos móviles, irregularidades que he denunciado en los últimos meses y sobre las cuales la Contraloría Distrital me ha dado la razón.

Le solicito finalmente, me responda de fondo esta carta, todo lo anterior en virtud del artículo 62 del Acuerdo 348 de 2008, en donde el Concejo Distrital o cualquiera de sus miembros, podrá solicitar a las Entidades Distritales, al Personero, al Veedor, al Contralor y al Auditor Fiscal ante la Contraloría, los informes que estime convenientes.

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

C.C. 80.873.444

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Vicepresidente del Concejo denuncia Plan de Peñalosa que desplaza a los habitantes del centro de Bogotá

Vicepresidente del Concejo denuncia Plan de Peñalosa que desplaza a los habitantes del centro de Bogotá

El concejal Manuel Sarmiento, vicepresidente del Concejo de Bogotá, alerta sobre Plan de Peñalosa que avanza a las escondidas. Se debe impedir que el Ministerio de Cultura apruebe el PEMP sin una discusión democrática en la ciudad

El concejal Manuel Sarmiento envió una carta al Dr. Fernando Carrillo, Procurador General de Nación, en la que manifiesta su preocupación en torno al Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP – para el centro histórico, el cual pretende adoptarse sin la suficiente discusión ciudadana, a partir de acuerdos políticos entre el Distrito y la Nación.

El PEMP tiene un costo de $4.3 billones, que se invertirán en una serie de proyectos de renovación urbana que amenazan con expulsar del Centro Histórico a los residentes y comerciantes tradicionales.

A continuación el texto de la carta:

Bogotá D.C. abril 24 de 2019

Doctor

Fernando Carrillo Flórez

Procurador General de la Nación

Ciudad

Ref.:    Petición Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP- para el Centro Histórico de Bogotá.

Atento saludo.

En mi calidad de Concejal de Bogotá, me dirijo a Usted para solicitar la urgente intervención de su Despacho en el proceso de aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP- para el Centro Histórico de la ciudad, el cual pretende adoptarse sin la suficiente discusión ciudadana, a partir de acuerdos políticos entre el Distrito y la Nación.

El presidente de ASOJUNTAS de la Localidad de la Candelaria y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la misma localidad, han manifestado su preocupación por el proyecto urbanístico propuesto en el PEMP que amenaza con expulsar del Centro Histórico a los residentes y comerciantes tradicionales. Aunque el documento síntesis del PEMP habla de la participación e inclusión de la comunidad en la formulación del proyecto, los afectados manifiestan que dicha información falta a la verdad ya que sus preocupaciones y propuestas no han sido tenidas en cuenta.

Algunos ciudadanos se han dirigido a la Señora Ministra de Cultura solicitando una discusión pública y abierta del citado PEMP, sin que hasta la fecha haya habido respuesta alguna. El secretismo que caracteriza las decisiones de este Ministerio y, en particular, aquellas que deben ser sometidas a la evaluación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, es contrario a lo establecido en la Carta Política. Convendría conocer, además, cuál es la trayectoria específica de los miembros de este Consejo, en el muy complejo asunto de los centros históricos y en el no menos difícil tema de la conservación urbana.

Un reciente artículo de La Silla Vacía deja ver los problemas técnicos de esta propuesta para el Centro Histórico que se pueden resumir en los siguientes puntos[1]:

  1. El PEMP al ser aprobado por el Ministerio de Cultura, está exento de una discusión pública que permita debatir de manera democrática el modelo de centralidad que necesita Bogotá y engaveta estudios que se habían adelantado en administraciones pasadas, como el estudio de morfología urbana del centro histórico que se adelantó en el 2011 y proponía la noción de Paisaje Urbano Histórico como un mecanismo de control de alturas, uso de suelo y actividades tradicionales.
  2. La propuesta de vivienda del PEMP contempla la construcción de 11.350 viviendas nuevas, las cuales están destinadas a satisfacer una supuesta demanda de 48.000 nuevos habitantes. Es preocupante saber que la mayoría de estas viviendas se van hacer por procesos de demolición y reconstrucción de áreas centrales, lo que en la práctica se traduce en desplazamiento de habitantes y comerciantes tradicionales, como ha venido ocurriendo en los proyectos de renovación urbana de Ministerios, Estación Central y San Bernardo.
  3. El inventario del patrimonio inmueble desconoce la dimensión cultural, habitacional, técnica y económica del patrimonio, por lo tanto, enfatiza en los proyectos de renovación urbana y desconocen herramientas de revitalización que garantizan que los habitantes y comerciantes tradicionales puedan conservar y preservar sus bienes patrimoniales.

Por lo tanto, Señor Procurador, le solicito especial atención ya que este PEMP tiene un costo de $4.3 billones, recursos que serán invertidos en “8 intervenciones integrales, 32 programas transversales, 143 acciones (planes, acciones, estudios, cartillas, sistemas), 20 proyectos detonantes y 14 proyectos estructurantes en 5 ámbitos estratégicos que se articulan con 25 proyectos en curso”. El desarrollo y costos de estas obras no han sido discutidas en el Concejo de Bogotá ni ampliamente con la ciudadanía

Comedidamente, pues, recurro al Señor Procurador para solicitar se impida la presentación, para su aprobación, ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el próximo 26 de abril. Lo anterior, con el fin de que este proyecto se someta a la evaluación técnica y financiera de la Procuraduría General de la Nación.

Atentamente,

Concejal Manuel Sarmiento

Polo Democrático Alternativo


[1] MARTÍNEZ, María Eugenia (2019). “¿Un nuevo plan para el centro histórico de Bogotá?”, La Silla Vacía. En línea: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-cachaca/nuevo-plan-centro-historico-de-bogota-70672. Consultado abril 23 de 2019.