El país necesita un nuevo marco tarifario.
Sobradas razones tienen los habitantes de la Costa Caribe para movilizarse democráticamente en contra de las impagables facturas del servicio de electricidad y la pésima calidad del servicio. La electricidad, junto con la comida en restaurante y la carne de res, son los tres bienes y servicios que más están contribuyendo al aumento del costo de vida (DANE) en todo el país. Y en las ciudades capitales de la Costa los aumentos anuales tarifarios en 2022 superan con creces el promedio nacional (28,53%).
Las alzas anuales en las tarifas que en Santa Marta son de 48%, en Riohacha 44%, Sincelejo 43,98%, Montería 43,79%, Cartagena 42,37% y Barranquilla 41,73%, se suman a la pésima calidad del servicio expresada en las pérdidas de electricidad y los cortes del servicio, ambas con un alto coste para usuarios y las actividades económicas en general. Este viacrucis de 25 años tiene como causante principal a la política de privatización impuesta por la Constitución de 1991.
Durante las dos últimas décadas los habitantes de la Costa Caribe han visto desfilar conglomerados empresariales que adquirieron a precio de feria las electrificadoras de la región, incumplieron los planes de inversión, desviaron dineros de los subsidios y alzaron las tarifas por encima del resto del país a causa de un régimen tarifario especial que debe derogarse, como están pidiendo las fuerzas vivas de la Costa.
La política de privatización ha dejado afectados a lo largo y ancho del territorio nacional. Los usuarios cortados y con altas tarifas también abundan en Bogotá. En 2021, al mes, por ejemplo, Enel le cortó en promedio la electricidad a 225 mil usuarios, y a octubre en la capital la inflación eléctrica ha subido 23,27%, el doble del aumento del salario mínimo.
La repudiable situación que viven los y las costeñas, los y las bogotanas y en general todos los y las colombianas, son razón suficiente para que el gobierno Petro ‒mucho más allá de las mínimas reducciones en las tarifas que no generaran alivios permanentes‒, además de no continuar con la privatización de electrificadoras regionales, derogue por injusto el actual régimen tarifario ‒el de la Costa y el del resto del país‒, para establecer uno que, contrario al actual que da inmensas rentabilidades a inversionistas financieros extranjeros, se establezca un marco tarifario que permita tener tarifas justas y pagables y un servicio de alta calidad y accesible para toda la población.
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