La Secretaría de Planeación y la Alcaldía de Usaquén deben acatar la solicitud de la Procuraduría de suspender la instalación de una antena en el parque de Chico Navarra

La Secretaría de Planeación y la Alcaldía de Usaquén deben acatar la solicitud de la Procuraduría de suspender la instalación de una antena en el parque de Chico Navarra

Señor

ANDRES ORTIZ GÓMEZ

Secretario

Secretaría Distrital de Planeación – SDP

Cra. 30 # 25 – 90

Bogotá

REF.: La Secretaria de Planeación y la Alcaldía local deben acatar la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de suspender la instalación de una antena radioeléctrica en el parque de Chico Navarra.

Atento saludo,

De forma arbitraria y desconociendo la solicitud de la Procuraduría General de la Nación la empresa Golden Comunicaciones S.A.S. no ha suspendido la instalación de una antena en el parque vecinal del barrio Chico Navarra. La petición fue presentada por el ente de control a la Secretaría Distrital de Planeación y a la Alcaldía Local de Usaquén debido a las irregularidades que fueron encontradas en los permisos de manejo de tránsito, por el traslado de las obras a coordenadas que no son las autorizadas, la excavación sin permiso en espacio público y la afectación arbórea del parque.

La Secretaría Distrital de Planeación y la Alcaldía Local deben acatar los requerimientos del Ministerio Público y garantizar la protección de los bienes públicos y las comunidades. La empresa también ha sido cuestionada por los habitantes de los barrios Campín Occidental y Nicolás de Federman, sobre los que deben actuar rápidamente las entidades distritales.  

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO

Concejal de Bogotá

Se deben atender de manera democrática los reclamos de la comunidad de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén

Se deben atender de manera democrática los reclamos de la comunidad de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén

El concejal del Polo, Manuel Sarmiento, le envió una carta pública al secretario de planeación, Andrés Ortíz, solicitando que atienda de manera democrática los reclamos de la comunidad de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, a propósito de la construcción e instalación de una estación radioeléctrica de forma arbitraria.

Señora
ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
Secretario de Planeación Distrital
Ciudad.

     Ref.: Se deben atender de manera democrática los reclamos de la comunidad de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén.

Cordial saludo.

Las personas que residen en el barrio Chicó Navarra  de la localidad Usaquén, se han organizado contra las arbitrariedades que trata de cometer la empresa GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S, para la construcción e instalación de una estación radioeléctrica en el parque vecinal. La comunidad residente en el sector informa que no se han tenido en cuenta sus observaciones y argumentos con los que han rechazado la instalación de esta estación radioeléctrica, por encontrarse a escasos metros de conjuntos residenciales y apartamentos en cuyo interior habitan personas de la tercera edad y niñez, así como la existencia de al menos 3 jardines infantiles en menos de cien (100) metros a la redonda.

La instalación de la estación radioeléctrica fue autorizada mediante Resolución 072 del 17 de enero de 2019 de la Secretaría de Planeación Distrital y, de acuerdo con los vecinos del sector, se hizo sin la debida socialización  y modificando el plano de la obra. Por estas razones, el acto administrativo fue demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. A esto se suma la intervención de empresas privadas de logística durante el proceso de instalación, lo que ha generado discordia entre la comunidad. Ya es conocida la forma arbitraria con la que opera la empresa GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S., también cuestionada por los residentes de los barrios Campin Occidental y Nicolás de Federmann.

Por lo anterior, solicito que atienda de manera inmediata los reclamos de la comunidad de manera democrática, suspendiendo además la instalación de esta estación radioeléctrica, hasta tanto un juez que conoce del caso se pronuncie de fondo en la materia.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,


MANUEL SARMIENTO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

¡Impuesto predial confiscatorio! El caso del aumento del predial en la localidad Usaquén

¡Impuesto predial confiscatorio! El caso del aumento del predial en la localidad Usaquén

Javier Andrés Arango Arango
Miembro del Polo Democrático Alternativo – Usaquén

Como ya es costumbre, en los últimos días el alcalde Enrique Peñalosa ha estremecido una vez más a los bogotanos con sus políticas que desconocen los derechos ciudadanos: la urbanización (léase destrucción) de la Reserva Thomas Van Der Hammen; la decisión de condenar a Bogotá al diesel cancerígeno con la nueva flota de buses de transmilenio, y ahora las protestas de miles de ciudadanos que no se han hecho esperar por cuenta de los exagerados cobros del impuesto predial.

Frente a este último, los impuestos confiscatorios se han convertido en la costumbre de cada año y tanto en el gobierno de Gustavo Petro como en el de Enrique Peñalosa, ha sido la clase media la mayor perjudicada con este impuesto. Usaquén, localidad de contrastes, no está exenta de este debate sobre el abuso del predial: Según información de la oficina de Catastro Distrital entregada al Concejal Manuel Sarmiento, de 349.491 predios que existen en la localidad, 289.207 (85%) les aumentó el impuesto predial respecto al año anterior, y de estos últimos a 202.808 (70%), les incrementó por encima del 10%.

Si analizamos con mayor detalle, a 38.243 del total de los predios en Usaquén les aumentó por encima del 20% el impuesto respecto al año pasado, incremento que el distrito justifica si el predio fue objeto de mejoras en el último año. Sin embargo, son reiteradas las denuncias de los ciudadanos que informan de aumentos que superan el 50%, 100% y más respecto al año pasado, sin justificación alguna por parte de Catastro Distrital: ¡No hemos hecho una sola mejora en los últimos años a nuestra vivienda y sin embargo el impuesto sube y sube cada año! Es lo que denuncian vecinos de barrios como Las Margaritas, Barrancas, Cedritos, San Antonio Norte e incluso La Estrellita y Santa Cecilia parte alta, estos últimos en cerros de la localidad. A la anterior afirmación, los vecinos agregan: ¡Aumento del predial no se compadece con nuestros ingresos que no superaron el 6% en 2017!

Concretamente, algunos de los barrios más afectados en Usaquén por el impuesto predial con aumentos superiores al 20% este año son: Santa Bárbara central con 4299 predios; Santa Teresa con 2236 predios; Santa Bibiana, con 1794; San Antonio norte con 1622 predios; Santa Bárbara Occidental con 1653 predios; Barrancas con 1196 predios; Orquídeas con 1116 predios; Tibabita con 991 predios y Santa Cecilia parte alta con 106 predios, entre muchos otros barrios con aumentos similares en todo el territorio.

En conclusión, Usaquén también debe aplicar la consigna que han esgrimido miles de ciudadanos en Bogotá cansados con el aumento exagerado de este impuesto: “¡Vendo la casa y el negocio para pagar el predial!”.

¡Alcaldía de Peñalosa también se va rajando en Usaquén!

¡Alcaldía de Peñalosa también se va rajando en Usaquén!

Artículo de Javier Arango.

El informe de rendición de cuentas de la Alcaldía Local de Usaquén de la vigencia 2017 deja claro la enorme incapacidad de esta administración para ejecutar los recursos y pone en evidencia el talante de Peñalosa de no priorizar inversiones que atiendan los graves problemas sociales que padecen las personas de más bajos ingresos de la localidad.

El avance en la contratación y ejecución del presupuesto local es bajísimo.  Cómo lo muestran las cifras de la alcaldesa (Ver gráficos 1 y 2), en 2017 Usaquén ocupó el puesto 19 entre 20 localidades en la contratación de recursos, superada solamente por Fontibón. Para el mismo año, la localidad ocupó el puesto 16 en ejecución presupuestal.

De 12 programas incluidos en el Plan de Desarrollo Local,  sólo 2 logran más de 50% contratado y ninguno de los 12 alcanza el 20% de avance en la entrega (Ver gráfico 3). Programas esenciales para superar inequidades en esta localidad como “Desarrollo integral desde la gestación hasta adolescencia” e “Inclusión educativa para la equidad”, se encuentran en 0% contratado y 0% ejecutado.

(Gráfico No. 3., Avance de Programas.)

Por su parte, en sintonía con las famosas líneas de inversión local, estipuladas en circular de la Secretaría de Planeación a las Alcaldías Locales en abril de 2016, sectores de “Movilidad” y “Gobierno” se llevan alrededor del 75% del presupuesto de inversión en Usaquén (Ver Tabla adjunta). En contraste, sectores como salud, educación y mujeres, apenas representan el 3,14% de la inversión, lo que muestra el desprecio de Peñalosa por garantizar los derechos sociales de los ciudadanos. ¿Se podría llamar a este enfoque de inversión, un avance social?

(Tabla. Ejecución presupuestal a Diciembre de 2017)

Capítulo especial merece el proceso que actualmente cursa en la Fiscalía General de la Nación en contra de la alcaldesa local, Mayda Velázquez, por la firma del Convenio Interadministrativo No. 216221, entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y la Alcaldía Local para la reparación de vías locales, convenio que según entes de control no se podía realizar mediante el tipo de contratación suscrito. Las investigaciones ya se encuentran en fase de imputación de cargos. A pesar de ello, el Alcalde Enrique Peñalosa ha insistido en mantener en su cargo a la Alcaldesa Local.

Lo dicho: Con Peñalosa no aplica lo de buena gerencia ni la inversión para superar inequidades.

Se debe permitir a vendedores informales y artesanos trabajar en época decembrina, sin operativos policivos.

Se debe permitir a vendedores informales y artesanos trabajar en época decembrina, sin operativos policivos.

Doctor
ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
Alcalde Mayor de Bogotá

Doctora
MAYDA VELÁZQUEZ
Alcaldesa Local de Usaquén

Ref: Se debe permitir a vendedores informales y artesanos trabajar en época decembrina, sin operativos policivos.

Atento saludo.

En pocos días comenzará la época decembrina, temporada en la que aumentan la cantidad de visitantes nacionales y extranjeros a la plaza fundacional de Usaquén. Artesanos, artistas de distintas disciplinas y vendedores informales han sido considerados por muchos como parte del patrimonio de esta localidad, toda vez que sus actividades artísticas han sido acreditadas por más de treinta años de trabajo ininterrumpido en este sector, décadas en las que le han brindado un atractivo turístico y cultural de especial valor a la Plaza Fundacional, convirtiéndose en uno de los tantos motivos por los cuales miles de transeúntes valoran este trabajo y los corredores donde ellos laboran.

Desafortunadamente, cada diciembre estos artesanos y vendedores informales son desalojados de sus tradicionales puestos de trabajo de manera arbitraria y contrariando la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El desalojo, como informan los afectados y varios medios de comunicación, ha sido con una fuerza desmedida, haciendo uso del cuerpo de antidisturbios ESMAD, sin que medie una concertación con estos trabajadores y artesanos, y sin respetar los requisitos para estos procesos.

Por lo anterior, de manera respetuosa, solicito formalmente abstenerse de realizar operativos policiales contra estos trabajadores y atender sus reclamos, entre los que se encuentra retomar la mesa de concertación con la Alcaldía Local, compromiso que ha sido desconocido por parte de la actual Administración.

Cordialmente,

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

 

[Carta] Que cesen los operativos policiales contra los artesanos y vendedores de la plazoleta  de Usaquén y se retome la mesa de concertación laboral

[Carta] Que cesen los operativos policiales contra los artesanos y vendedores de la plazoleta de Usaquén y se retome la mesa de concertación laboral

Doctor
ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
Alcalde Mayor de Bogotá
Cra 8 No. 10 – 65

Doctora
MAYDA VELÁZQUEZ
Alcaldesa Local de Usaquén

Cra 6ª No. 118-03

  

Ref.: Que cesen los operativos policiales contra los artesanos y vendedores de la plazoleta  de Usaquén y se retome la mesa de concertación laboral.

 

Cordial saludo.

En los últimos días cerca de 100 artesanos y vendedores de la Plazoleta Fundacional de Usaquén fueron desalojados de sus tradicionales puestos de trabajo de manera arbitraria y contrariando la jurisprudencia de la corte constitucional. El desalojo, como informan los afectados y varios medios de comunicación, ha sido con una fuerza desmedida, haciendo uso del cuerpo de antidisturbios ESMAD, sin que medie una concertación con estos trabajadores y artesanos, y sin respetar los requisitos para estos procesos.

Es importante aclarar que los artesanos de la plazoleta de Usaquén son considerados por muchos como parte del patrimonio de esta localidad, toda vez que sus actividades artísticas han sido acreditadas por más de treinta años de trabajo ininterrumpido en este sector, años en los cuales le han brindado un atractivo turístico y cultural de especial valor a la Plaza Fundacional, convirtiéndose en uno de los tantos motivos por los cuales miles de transeúntes valoran este trabajo y los corredores donde ellos laboran.

Por lo anterior, de manera respetuosa, les solicito formalmente cesar los operativos policiales contra estos trabajadores y atender sus reclamos, entre los que se encuentra retomar la mesa de concertación con la Alcaldía Local, como ha funcionado en distintos periodos por varios años, compromiso que ha sido desconocido por parte de la actual Administración.

Cordialmente,

(Original firmado)

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

 

[Carta a Secretaria de Hábitat] La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.

[Carta a Secretaria de Hábitat] La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.

Doctora

MARÍA CAROLINA CASTILLO

Secretaria de Hábitat y Territorio- Bogotá.

Ciudad

 

Ref.:   La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.   

 

Cordial saludo,

El pasado 6 de mayo el Director del Idiger me respondió un derecho de petición en el cual afirma que la actual administración va a darle continuidad a la política de reasentamiento de los hogares que se encuentran en zonas de alto riesgo.

Con esa determinación parece que la administración de Enrique Peñalosa desconociera que si bien los orígenes de estos barrios es la informalidad, la mayoría fueron ya legalizados o se encuentran en proceso de legalización por parte de la administración distrital. Además, las medidas que se han aplicado en los gobiernos de Bogotá en los últimos años no les garantizan a las familias afectadas una reubicación en iguales o mejores condiciones habitacionales, pues todo consiste en ofrecerles un arriendo transitorio en tanto les es asignada una vivienda que no se ajusta a sus necesidades.

Actualmente, según el Decreto 255 de 2013, la administración les ofrece a las familias, en primer lugar, el Valor Único de Reconocimiento (VUR) que equivale a 50 salarios mínimos, valor que no es suficiente para que éstas puedan acceder una vivienda digna en Bogotá. En algunos casos, las familias también pueden acceder a al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, sin embargo, las viviendas de interés prioritario a las que pueden acceder por este subsidio no responden a las necesidades de las familias que van a ser reubicadas, las cuales cuentan con un amplio número de miembros y basan su subsistencia en la explotación comercial de su vivienda.

Un buen ejemplo es el del barrio El Codito de la localidad de Usaquén, donde cuantiosos grupos de ciudadanos han preferido quedar expuestos a los deslizamientos e inundaciones, en lugar de trasladarse a otras zonas de la ciudad. El riesgo aumenta porque, así las cosas, el Distrito insiste en negarse a construir las obras de amortiguamiento aduciendo que no es mitigable.

Vale recordar que la declaratoria de alto riesgo no mitigable depende, entre otros factores, de los costos de las obras de mitigación que solamente se descartan en caso de ser superiores a los de la reubicación. Este criterio legal se viene quebrantando, en la mayoría de los casos, al promoverse reasentamientos a viviendas con peores condiciones habitacionales.

Y mientras bajo esas políticas se está en el proceso de expulsión que puede llegar a cerca de 8 mil hogares bogotanos, en barrios como Nueva Delhi -de la localidad de San Cristóbal- y La Fiscala –en la localidad de Usme- se están entregando licencias de construcción en zonas aledañas a las declaradas en alto riesgo no mitigable, bajo el argumento de que las constructoras sí tienen el músculo financiero para realizar las obras de mitigación que el Distrito se rehúsa a ejecutar. El resultado final es una discriminación contra los ciudadanos de escasos recursos y es una forma abierta de desplazamiento forzoso en beneficio de terceros. El Distrito debe tener en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya llevó a cabo una Audiencia Pública sobre derechos humanos y procesos reasentamiento en Colombia en el 154 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual la CIDH expresó su preocupación por la forma cómo se están llevando a cabo los reasentamientos por parte de las administraciones locales en el país.

Es inaudito que la administración de Enrique Peñalosa pretenda continuar con una política que, a la vez que pone en peligro la vida e integridad de los ciudadanos que residen en zonas de alto riesgo, máxime cuando los expertos han advertido que se aproxima una temporada con altas probabilidades de ocurrencia de Fenómeno de La Niña, va abriendo camino alternativo a negociantes de la construcción.

Por las razones anteriores, le solicito me informe qué medidas se van a tomar para proteger los derechos de estas personas y qué cambios van a realizar a la política de reasentamiento, advirtiendo que se está configurando así un estado de cosas inconstitucional y violatorio de un derecho humano fundamental como el de una vivienda digna, frente a lo cual me veré en obligación de recurrir a las acciones judiciales atinentes en estos casos en el orden nacional e internacional de ser necesario.

 

MANUEL SARMIENTO

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativo

Peñalosa profundiza la crisis del Hospital Simón Bolívar

Peñalosa profundiza la crisis del Hospital Simón Bolívar

Javier Andrés Arango Arango.
Presidente Junta de Acción Comunal Urbanización Santa Mónica Norte.

@JavierAArango

JaviEl pasado 6 de abril entró en vigencia el Acuerdo 641 de 2016 por medio del cual se efectúa la reorganización del sector de la salud de Bogotá. En pocas palabras, este acuerdo lo que hace es fusionar los 22 hospitales públicos con los que contaba la ciudad en 4 grandes redes, centralizando la administración, las compras y la prestación de servicios. Esto ha generado barreras administrativas y geográficas para el acceso a los servicios de salud, a lo que se suma la circular por medio de la cual el alcalde Peñalosa, en cabeza de su secretario de salud Luis Gonzalo Morales, suspendió el 40% de los presupuestos de los hospitales públicos.

No ha pasado un mes desde la entrada en vigencia del acuerdo y ya se empiezan a ver los efectos nefastos en la prestación de los servicios y en las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud. Un ejemplo de lo anterior es el Hospital Simón Bolívar, el cual entró a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., y que desde hace varias semanas ha sido el escenario de movilizaciones por parte de los trabajadores y pacientes quienes exigen se solucione estructuralmente la crisis en la que se encuentra el hospital.

Desde hace varios meses el hospital no cumple a tiempo con sus obligaciones en el pago de salarios a los 1.627 trabajadores con los que cuenta el centro de atención. De estos, el 66,9% de trabajadores (1090), se encuentran contratados mediante Orden de Prestación de Servicios –OPS-, es decir que no cuentan con las garantías laborales óptimas y tienen contratos a un mes o menos. Sin embargo la crisis no solo se ve reflejada en estas condiciones paupérrimas en las que se encuentra a más de la mitad del personal del hospital, pues al 44% restante, tampoco le están garantizando sus salarios y obligaciones contractuales.

Por otra parte, cada uno de los 30.000 pacientes que cada mes atiende el hospital, han tenido que ver el marchitamiento de su derecho a la salud con la profundización del modelo de tercerización y cierre de servicios que continúa en la administración de Peñalosa. Actualmente el hospital no cuenta con los insumos necesarios para atender a los pacientes que llegan. No hay medicamentos; se han aplazado órdenes de cirugía para pacientes; las ambulancias no tienen la gasolina suficiente para atender las emergencias que se presenten, y a los pacientes hospitalizados no se les está brindando la alimentación que requieren para su recuperación.

Y la situación no termina ahí, ya se habla de varios servicios que venía prestando el hospital y que ahora se remite a la gente a otros hospitales como el de Suba o Engativá. Esto genera más barreras de acceso a la población y continúa con la política de cierre y tercerización de servicios que viene de las administraciones pasadas. Desde el 2012 ya son 6 los servicios que el hospital dejó de prestar, para entregar su funcionamiento a entidades privadas y 17 que fueron cerrados dejando a la ciudadanía sin acceso inmediato a servicios de salud.

Esta política de cierre de servicios y el modelo de salud de Peñalosa solo demuestra su interés por favorecer a las EPS y marchitar la Red Pública de la ciudad, pues no exige que las EPS paguen sus deudas multimillonarias que son la razón primordial de la crisis del sistema de salud. Las EPS tienen una deuda con el Hospital Simón Bolívar de casi 110 mil millones de pesos, de los cuales el 22%  corresponde al régimen contributivo y el 78% al subsidiado.

Ante esta situación, tanto trabajadores como pacientes han salido a las calles a rechazar el modelo de salud de Peñalosa y a defender la salud como derecho. La administración actual aún no da soluciones ante estas graves denuncias y solo da visos de sus intenciones de continuar profundizando la crisis del sector, en detrimento de la salud de los Bogotanos. Es por esto que invitamos a la organización y la movilización en defensa de nuestros hospitales públicos y de la salud como derecho y no como negocio.