Después de haber incumplido por lo menos en siete ocasiones las fechas anunciadas para abrir el proceso de selección del constructor, el pasado 24 de julio Peñalosa anunció que el 6 de agosto se abriría por fin la licitación (https://bit.ly/2wyhbPA). Sin embargo, después de que se denunciara que el proyecto no contaba con los estudios suficientes, ese mismo día el alcalde afirmó que “a más tardar en diciembre debe[á] abrirse la licitación” (https://bit.ly/2C1Zii9). Andrés Escobar, gerente del proyecto, no se quedó atrás y en una misma entrevista fue capaz de decir que la licitación sí se había abierto, para enseguida confesar que “no la hemos abierto” (https://bit.ly/2okq5ws).
Esto no es todo. En la Silla Vacía (https://bit.ly/2okq5ws) al “aclarar” por qué había anunciado la apertura de licitación sin los estudios que exige la ley, el gerente Escobar pretextó que “los estudios de factibilidad quedaron concluidos en septiembre del año pasado”, pero que “los 23 entregables apenas van a estar listos en estos días” (https://bit.ly/2wuGLG1). Sus confusas declaraciones incluyeron reconocer que tanto él como el alcalde Peñalosa no sabían que antes de acudir a la banca internacional debían contar con el respaldo del gobierno nacional.
La verdad verdadera es que los estudios de factibilidad no se han terminado ni tampoco se ha entregado ni aprobado la estructuración financiera del proyecto, un elemento fundamental para definir su viabilidad. No obstante, Santos y Peñalosa, pasando por encima de la legislación colombiana, decidieron que el proceso de selección del contratista se regiría por las normas “más flexibles” del BID que, absurdamente y en la lógica del gran capital internacional, franquean el proceso sin contar con todos los estudios, disparate que en Reficar llevó a sobrecostos por $4.000 millones de dólares, y que les cae como anillo al dedo no solo por su reconocida adicción al capital extranjero sino porque les sirve de engaño frente al documentado retraso del Metro mediocre y costoso en que ambos se embarcaron.
Los lineamientos licitatorios del BID –los mismos que se usaron para implementar el fallido SITP– abren las puertas a la corrupción al autorizar el ocultamiento de la información utilizada para escoger al contratista e impiden conocer las evaluaciones de las ofertas que presenten las compañías interesadas en quedarse con el megacontrato de $4.300 millones de dólares, violando principios fundamentales como la transparencia y la publicidad. Como si fuera poco, Peñalosa, aplicando el mismo patrón que empotró en Bogotá desde 1998 –el Modelo Transmilenio–, al consorcio que resulte beneficiario con la construcción también se le dará la operación y explotación durante 20 años.
Ese “Pos ya sabes, yo como digo una cosa digo otra”, que en esta comedia chapulinesca han representado Peñalosa y Escobar concluyó por dejar en manos de instituciones extranjeras las decisiones estratégicas del pésimo Metro que Santos, Peñalosa y Duque legarán a Bogotá, un infortunio que sus ocho millones de habitantes no se merecen. ¿Quién podrá defenderlos?
Manuel Sarmiento
Concejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo
3 de septiembre de 2018
1 Comment
Pues como yo digo una cosa también digo otra. Se está haciendo el sordo y ciego con el fallo de los tres magistrados del tribunal administrativo de Cundinamarca, a favor de la reapertura del Centro Nacional Hospitalario e Histórico San Juan de Dios, de manejo especial con la Ley 735 que lo declara por fuera de la Ley 100. El negocito que está montando poco a poco con el Hospital Santa Clara en el HSJD, es la Ley 100 del innombrable señor de las sombras.