El Ministro de Transporte debe responder al bicitaxismo
Así lo ordenó un fallo de tutela en el que se reconoce que el Ministerio no puede guardar silencio ante los requerimientos del gremio 1 de febrero de 2023 Buenas noticias para la reglamentación del bicitaxismo en Bogotá La justicia les da la razón a los Concejales Martín Rivera Alzate y Manuel Sarmiento, quienes después de múltiples mesas de trabajo requieren acciones concretas por parte del Ministerio del Trabajo para el avance del proceso de formalización del servicio de bicitaxismo. Esta obligación de formalización del bicitaxismo es una orden que, desde 2018, le da la Corte Constitucional al Ministerio de Transporte, que a su vez debía ser acatada por las autoridades de transporte de todas las regiones. Sin embargo, han transcurrido cuatro años sin que, ni la autoridad nacional, ni las regionales, la cumplan efectivamente. Por ello, los concejales requirieron al Ministro de Transporte y ante su silencio las autoridades judiciales le fallaron en contra. “Ante la inoperancia del Ministerio para resolver la situación de miles de personas que tienen su sustento económico en el bicitaxismo y prestan su servicio en Bogotá, llegamos hasta esta instancia judicial con el propósito de destrabar el proceso y avanzar en la reglamentación”, aseguraron los concejales. Finalmente, los cabildantes convocan al gremio y a las entidades estatales a la Mesa de trabajo por la defensa del bicitaxismo que se realizará el próximo lunes 27 de febrero a las 2:00 p.m. en el Concejo de Bogotá. Es indispensable la presencia del Ministro de Transporte y la Secretaria de Movilidad para que las mesas de trabajo concreten el proceso de reglamentación.
SÍ AL METRO, NO A SU PRIVATIZACIÓN
Oficina de PrensaConcejal Manuel Sarmiento “No son ciertas las ventajas del modelo de privatización del metro de Bogotá”, expresó el concejal Manuel Sarmiento, del partido Dignidad, durante su intervención en la discusión del cupo de deuda para que la Empresa Metro de Bogotá financie la segunda línea del metro. El concejal, después de explicar cómo los costos financieros de la segunda línea serán superiores a los de inversión del proyecto ($18,8 billones versus $16,1 billones), señaló que esta obra va a ser financiada por el Estado y básicamente en nada por el privado. Según el flujo de caja del modelo financiero del metro privatizado, entre 2022 y 2031, la obra necesita recursos por $18,8 billones, de los cuales, a través de las vigencias futuras el Gobierno Nacional y el Distrito colocarán $10,7 billones. ¿Quién pone los $8,2 billones faltantes? ¿El privado beneficiario del megaproyecto? ¡No! La plata sale de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), esa es la razón del cupo de deuda por $9,4 billones. La EMB además le pagará al concesionario con papeles, denominados TPE y CAO, que le darán una rentabilidad al privado de más del 20%, generándole un negocio de arbitraje financiero. El concejal de Dignidad demostró que el modelo de contrato de obra y operación pública versus la concesión sería más barato en cerca de $2 billones, y recordó como el 82% de los metros de los 187 del mundo son de operación estatal (Nueva York, París, Londres, Berlín, Medellín, Roma, etc.), sin embargo, la opción pública no se estudió en los análisis de alternativas que por obligación legal deben tener este tipo de proyectos. “Detrás del sueño de llevarle el metro a Suba y Engativá, se sigue construyendo la pesadilla del modelo Transmilenio donde unos privados apoyados por el capital financiero se enriquecen a costa de la calidad de vida de los usuarios y de las finanzas públicas de la capital. Sí al metro de Bogotá, NO a su privatización”, concluyó Manuel Sarmiento.
Transmilenio no puede negarse a entregar resultados financieros de los operadores privados
En clara violación de la Constitución y la Ley, Transmilenio le negó al concejal Sarmiento el acceso a los documentos que permiten conocer la situación financiera de los operadores privados del Sistema. El concejal de Dignidad señaló: “no existe fundamento legal para negar la información solicitada, y menos cuando esta se solicita en ejercicio de mi derecho y deber de realizar control político a Transmilenio en defensa de usuarios, usuarias, y del patrimonio público de la ciudad. En 2021, Bogotá destinó el 7% del presupuesto distrital, ¡2 billones de pesos!, para pagar el déficit del Sistema y la remuneración pactada en los contratos de los operadores privados de Transmilenio y el SITP. Ante el agravamiento de la crisis financiera del sistema y las proyecciones de que el déficit continúe en los mismo niveles, el concejal Manuel Sarmiento volvió a citar un debate de control político sobre el deber de Transmilenio de revisar “los contratos existentes y, en especial, de las fórmulas de remuneración” con el propósito de “mitigar la situación fiscal de la ciudad” (artículo 11 del Acuerdo 816 de 2021). Transmilenio respondió con una clara violación del derecho de acceso a la información pública, por lo que el concejal Sarmiento radicó un recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que exige la entrega de la información solicitada, proceso que debe ser resuelto en un término de 10 días. “La información financiera de los concesionarios es prioritaria para valorar el proceso de renegociación, Transmilenio no puede cobijarlos con confidencialidad”, afirmó. “El año pasado denuncié las cuantiosas ganancias de los concesionarios. En plena pandemia se ganaron 130 mil millones de pesos mientras miles de personas pasaban hambre y los pequeños negocios quebraban. La información financiera de los concesionarios es prioritaria para valorar el proceso de renegociación, Transmilenio no puede cobijarlos con confidencialidad”, concluyó Sarmiento.
Rechazo a la persecución al bicitaxismo
Claudia López debe acatar las obligaciones de integración y regulación del servicio en la ciudad28.07.2022 El concejal Manuel Sarmiento manifestó su rechazo a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López en las que desconocen la Resolución 3256 de 2018 en la que el Ministerio de Transporte reglamenta y autoriza el servicio de bicitaxis para todo el país. Han transcurrido cuatro años en los que la administración distrital ha incumplido la obligación de implementarla, y ante la falta del distrito la persecución resulta una medida arbitraria que debe cesar inmediatamente. El concejal de Dignidad hizo un llamado a la alcaldesa Claudia López y al secretario de movilidad para que ejecuten las obligaciones del artículo 34 de la Resolución 3256 de 2018 y determinen las condiciones en las que los bicitaxis deben operar en la ciudad ante la demanda insatisfecha en la última milla por parte del servicio masivo. “Eso implica establecer las condiciones de complementariedad, integración y vinculación al sistema integrado de transporte de Bogotá. Y como lo establece la Resolución en el entretanto, la Secretaría de Movilidad debe conceder los permisos de operación que garanticen la subsistencia y el mínimo vital de quienes vienen prestando el servicio” declaró el cabildante. Sumado a lo anterior, Sarmiento instó a la administración a retirar la acción de nulidad interpuesta por Enrique Peñalosa y que busca tumbar el artículo 34 de la Resolución 3256 de 2018. Sarmiento señaló: “El Ministerio reconoció la complementariedad del servicio de bicitaxis y las condiciones de vulnerabilidad en las que se presta, la administración distrital debe operar en consecuencia y desarrollar sin condicionamientos las obligaciones de transición definidas por el Ministerio de Transporte, no puede continuar con esa acción nulidad que afectaría al bicitaxismo en todo el país.” El crecimiento del servicio de bicitaxis ha sido una de las respuestas ante la insuficiente cobertura del Sistema Integrado de Transporte, que para 2019 registraba en Bogotá tres millones de viajes a pie de más de 15 minutos, viajes que han incrementado en más de un 2% producto de la pandemia, mientras decrecen en casi un 10% los viajes troncales de las y los bogotanos.
Nuevas pruebas sobre irregularidades en la adquisición predial de la troncal de la 68. Boletín de prensa de los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera
Concejales insisten en que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debe suspender el proceso de gestión predial e impugnar los avalúos. Después de las denuncias de los cabildantes sobre la forma en la que el IDU está realizando los avalúos, aparecen nuevas pruebas que confirman que los predios se están avaluando por debajo del valor comercial. “Encontramos una oferta de un inmueble de más de 500 metros sobre la 68 que avalúan en 687 millones de pesos, valor que es inferior al avalúo catastral ($715 millones). Esta es una situación abiertamente ilegal que empobrece a familias que trabajaron durante décadas para construir un patrimonio” señaló Sarmiento. A lo que el concejal Rivera Alzate, del Partido Alianza Verde, agregó: “varios de los predios de los colchoneros del barrio Salazar Gómez se encuentran dentro del área de renovación urbana definida por el Decreto 804 de 2018, y en esos casos la reglamentación del IGAC es explícita en señalar que los predios se deben avaluar únicamente por método de comparación de mercado y de rentas. Nuestra exigencia es que se cumpla la reglamentación que hoy desconocen”. Sumado a lo anterior, los concejales mostraron ofertas de compra en la que los estudios de mercado son ilegibles y las indemnizaciones no están liquidadas correctamente. Los cabildantes insistieron en la necesidad de suspender el proceso de compra en plena pandemia y advirtieron que no existen las condiciones adecuadas para que los afectados puedan comprar un nuevo inmueble. También hicieron un llamado al IDU y a la Secretaría de Desarrollo Económico para que presenten un plan de acompañamiento y reasentamiento colectivo que preserve el tejido industrial y comercial que hoy existe sobre este corredor. “Las pequeñas y medianas empresas de Bogotá son las mayores empleadoras de la ciudad, debemos hacer todos los esfuerzos por garantizar que ninguna de ellas se quiebre por la reubicación” comentó el concejal de la Alianza Verde. Sarmiento y Rivera Alzate exhortaron al IDU a frenar el proceso e impugnar los avalúos irregulares, e hicieron un llamado a los vecinos y vecinas de la Av. 68 a informarse adecuadamente, organizarse y defender el pago justo por sus inmuebles. “Desde la Comisión del Concejo que hace vigilancia a este proyecto le solicitamos al IDU que rinda informe sobre las irregularidades evidenciadas y de cuenta de sus actuaciones para corregirlas” concluyó Sarmiento.
Después de 20 años, el Plan de Desarrollo de Bogotá plantea otro modelo de transporte.
El modelo de transporte privatizado y de “buses por todo lado y por los próximos cien años” se reemplazará por un sistema basado en modos férreos y tendrá un operador público en Transmilenio. A pesar de los perversos intentos de Enrique Peñalosa de dejar amarrado el sistema de movilidad de Bogotá al oligopolio de operadores y de empresas internacionales de buses, el Plan de Desarrollo de Bogotá, presentado al Concejo por la alcaldesa Claudia López, plantea dos cambios sustanciales: montar, como ninguna alcaldía se había atrevido, un operador público al sistema Transmilenio, y cimentar como nuevo eje de la movilidad los modos férreos. Al respecto, el concejal del Polo Manuel Sarmiento, durante la sesión del Concejo en el que se analizó el Plan Distrital de Desarrollo en materia de movilidad, argumentó que “en su contenido desiste del proyecto del Conpes 3900 de construir 12 nuevas troncales de Transmilenio y 140kms adicionales para buses rojos, que destruía hasta los corredores férreos, y es evidente que hay un cambio profundo en la forma en la que se contempla la movilidad en la ciudad. Se ve como un derecho que hay que garantizar y no como un negocio”. Agregó que ello “pese a que la red de metros empezó mal por el pésimo proyecto legado de Peñalosa que lo gestó como un alimentador de los buses”; recordó que “el Polo lo tiene demandado y urge la pronta expedición del respectivo fallo” e instó a emprender, a partir del Plan de Desarrollo, “un estudio conceptual que defina cómo debe estar configurada una genuina red de metros de Bogotá”. Así mismo, manifestó su desacuerdo con el cobro de peajes urbanos. El cabildante también destacó la inserción de un operador público para Transmilenio en beneficio de un mejor servicio. Esta propuesta significa un cambio de fondo frente al modelo de privatización del transporte público: “Además de disminuir los costos del sistema debido al ahorro en la tasa de rentabilidad que exigen los operadores privados, un operador público permitirá identificar los costos reales de la operación y así evitar abusos por parte de los actuales concesionarios”, explicó. Cerró su intervención diciendo que –por razones de transparencia y claridad- debe quedar “un parágrafo que especifique que no se construirá ningún sistema BRT por la carrera Séptima” y también que, en consonancia con el nuevo modelo, “se deben ajustar los proyectos de renovación urbana para que la captura de valor no recaiga en los residentes y comerciantes zonales sino en los ávidos promotores inmobiliarios”.
Se deben atender los justos reclamos de los pequeños transportadores
El Distrito debe establecer medidas de mitigación que impidan su quiebra. Los pequeños propietarios de buses y busetas se movilizaron esta mañana para reclamar por la falta de atención a las difíciles condiciones que enfrentan producto de la pandemia. Además de que representa el 6% de los viajes de la ciudad, la continuidad del servicio que prestan les permite, principalmente, a los estratos 1, 2 y 3 transportarse. La medida necesaria de operar al 30% y de prolongar algunas de sus rutas debe estar acompañada de compensaciones del Distrito que impidan que caigan en la quiebra, razón por la cual, el pasado 27 de abril envié una comunicación oficial a la Secretaría de Movilidad solicitando una mesa de trabajo con representantes de los pequeños propietarios para analizar la situación y tomar las medidas para amortiguar el impacto económico, comunicación de la que no he recibido respuesta. El gremio comprende la necesidad de modificar las condiciones en las que se presta el servicio público, pero ante las circunstancias, no pueden ser ellos quienes, solitariamente, asuman la carga de las medidas. Es un pésimo mensaje para la ciudad que se subsidie a los poderosos operadores de Transmilenio mientras conductores y propietarios de buses y busetas de la ciudad comienzan a quedarse sin el sustento mínimo. Para ajustarse a la situación provocada por la pandemia, los pequeños transportadores de Bogotá han propuesto: (i) Un Plan de bioseguridad que incluya: capacitaciones virtuales a conductores, elementos básicos de protección y desinfección, canales de consulta sobre situaciones de exposición de conductores y pasajeros. (ii) Revisión de los costos operativos del servicio que garanticen que no se preste a pérdida o compensaciones en caso de que se requiera. Es prioritario garantizar los salarios, combustible y elementos de desinfección para la prestación del servicio en condiciones de sanidad. (iii) Exoneración de pagos a fondos compensatorios y liberación de los mismos para solventar la merma de ingresos producto de la crisis. Por lo anterior, y ante las difíciles condiciones que los llevan a protestar en el marco de las medidas de aislamiento, reitero mi llamado a establecer medidas para mitigar su crisis y garantizar el servicio a la ciudad.
Plan de Desarrollo de Claudia López propone un operador público para TransMilenio
Boletín de prensa – 2 de mayo 2020 – oficina del concejal Manuel Sarmiento Como un acierto calificó el concejal Manuel Sarmiento la propuesta incluida en el Plan de Dearrollo de Claudia López de implementar un operador público para el sistema de transporte de Bogotá. “Es notorio el fracaso del modelo de privatización del transporte de Peñalosa en su primer gobierno y profundizado por los gobiernos de los ultimos 15 años. Crear un operador público es una propuesta acertada de Claudia López y un primer paso para darle prioridad a los usuarios por encima de la codicia de un oligopolio privado que se apoderó del transporte público de Bogotá”, declaró el concejal del Polo. Se trata del artículo 88 del proyecto de Plan de Desarrollo que autoriza al gobierno distrital a crear un operador para la prestación del servicio público de transporte masivo en la ciudad, modelo que funciona en ciudades como Nueva York, Ciudad de México y Medellín. “Se trata de un cambio sustancial en el modelo que Peñalosa impuso hace casi 30 años y que privilegia la codicia de conglomerados privados que se lucran con un servicio costoso y de pésima calidad, modelo que fue ampliado por las últimas administraciones, incluida la de Gustavo Petro”, señaló Sarmiento. De acuerdo con el concejal del Polo, esta medida reduciría los costos del sistema en la medida en que no se les tendrían que reconocer altas tasas de ganancia a los operadores privados, además de mejorar la calidad del servicio. A esto se suma que el distrito podrá identificar los verdaderos costos del sistema y confrontarlo con los reportados por los operadores privados a Transmilenio. Desde la pasada administración la bancada del Polo presentó en dos ocasiones el proyecto de acuerdo para permitir la operación pública de Transmilenio, propuesta que fue rechazada de plano por el peñalosismo en su apego al dogma neoliberal de la privatización. “En el transporte público se consolidó un oligopolio que impuso una política de alza de tarifas y de un servicio de pesima calidad, la operación pública es un paso fundamental para que la ciudad avance en un servicio de mejor calidad y de menores costos”, concluyó Manuel Sarmiento.
La Secretaría de Movilidad debe tomar medidas para mitigar la crisis de los pequeños transportadores.
Señor NICOLÁS ESTUPIÑÁN Secretario Secretaría Distrital de Movilidad Ciudad Asunto: La Secretaría de Movilidad debe tomar medidas para mitigar la crisis de los pequeños transportadores. Atento saludo, En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 los pequeños transportadores del SITP provisional han manifestando su preocupación ante la imposibilidad de establecer canales de comunicación con la dependencia que usted dirige. Por lo anterior, le solicitó se conforme de inmediato una mesa de trabajo con representantes de los pequeños propietarios en la que se analice su situación y se discutan las medidas más apropiadas para mitigar la actual crisis. Estas son algunas de las inquietudes y propuestas presentadas por el gremio que le pido respetuosamente considerar: Se debe establecer un plan de bioseguridad que incluya: capacitaciones virtuales a conductores, elementos básicos de protección y desinfección, canales de consulta sobre situaciones de exposición de conductores y pasajeros. Revisión de los costos operativos del servicio que garanticen que no se preste a pérdida o compensaciones en caso de que se requiera. Es prioritario garantizar los salarios, combustible y elementos de desinfección para la prestación del servicio en condiciones de sanidad. Exoneración de pagos a fondos compensatorios y liberación de los mismos para solventar la merma de ingresos producto de la crisis. Es prioritario el apoyo a los sectores más débiles en el sistema de transporte de la ciudad por lo agradezco la atención prestada y quedo en espera a la fijación de fecha de la mesa de trabajo solicitada. MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO Concejal de Bogotá
No se deben realizar visitas a los hogares del proyecto Transmilenio por la 68 en aislamiento obligatorio
Señor DIEGO SÁNCHEZ FONSECA Director Instituto de Desarrollo Urbano Ciudad Asunto: No se deben realizar visitas a los hogares del proyecto Transmilenio por la 68 en aislamiento obligatorio Atento saludo, Las personas propietarias de los predios que el IDU pretende adquirir para la construcción de la troncal de la Avenida 68 han sido informadas que en los próximos días deberán recibir es sus viviendas una visita de funcionarios de la Unidad de Catastro Distrital para actualizar los datos del censo inmobiliario, visitas que se realizarán en medio de una grave pandemia como la del Covid-19. La actualización de datos no es una prioridad en el marco de la coyuntura actual de pandemia mundial por el coronavirus, pues pone en riesgo a los propietarios, residentes y a sus familias, y viola el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, que ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio “de todas las personas habitantes de la República de Colombia”. Solicitar el ingreso de personas ajenas a los hogares, sin medidas de protección, que además han estado en contacto con un número indeterminado de personas, resulta no solamente inconveniente, sino que además pone en peligro a la población, por lo que se solicito sean suspendidas. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que todos los contratos del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU se encuentran suspendidos en todas sus etapas según las Resoluciones 2823 y 2824 de 2020. De acuerdo con la entidad, una vez se termine la cuarentena se retomarán las actividades y la suspensión se levantará de común acuerdo entre el IDU y los contratistas, siempre y cuando se presente un informe previo de verificación sobre el cumplimiento de las medidas preventivas. Por lo anterior, le solicitó se me informe de las medidas proyectadas por su entidad para minimizar los riesgos para la población vinculada al proyecto. Atentamente, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO Concejal de Bogotá
