En campaña Gustavo Petro prometió: “Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio”, (programa de gobierno, pp. 22). Promesa que le permitió conseguir votos entre agricultores, industriales y trabajadores. Sin embargo, ya en el gobierno, el ministro de Comercio, Germán Umaña –otrora opositor del TLC con Estados Unidos−, dijo sobre qué se va a hacer con ese acuerdo económico internacional: “No, no se va a renegociar”, (La República, sep.22.2022). Ante esta promesa incumplida, el gobierno cubre su incoherencia hablando de la revisión de algunos puntos del tratado.
Serían revisados, no renegociados, apartes de los capítulos de acceso a mercados, reglas de origen, inversiones y propiedad intelectual. La revisión se dará bajo lo dispuesto por el mismo tratado, el cual limita las posibilidades tanto en cada capítulo como en los alcances a lo que puede hacer la Comisión de Libre Comercio, CLC, (artículo 20.1), instancia donde, al igual que en los otros comités creados por el Tratado, las decisiones se toman por consenso entre Colombia y EE.UU.
En acceso a mercados, el Comité de Comercio de Mercancías no puede decretar ningún aumento arancelario (artículo 2.3). Y cualquier determinación que tome este comité debe llevarse al CLC, que puede modificar los cronogramas de desgravación arancelaria, pero para acelerarlos. En relación con las reglas de origen es posible modificar el anexo 4.1, aspecto también regulado en el capítulo de las Reglas de Origen (artículo 4.14).
La revisión propuesta por Petro es para mejorar el acceso al mercado norteamericano, siguiendo así la lógica establecida desde el gobierno Uribe, para quien el problema con el TLC era la apuesta exportadora, a pesar de que a ese mercado los productos y servicios colombianos no lo penetran ni siquiera con] la inmensa devaluación presentada durante la vigencia del acuerdo. Después de dos décadas de debate sobre este acuerdo, el país tiene una posición cada vez más negativa.
Sobre el capítulo de propiedad intelectual no se va tocar la adhesión a los diez tratados internacionales que nos obligó a ratificar el TLC, que en todos los casos fortalecen el monopolio de las multinacionales norteamericanas. Ni tampoco se tocarán los plazos de protección en propiedad intelectual, ni las patentes sobre los usos, las normas sobre derechos de autor, ni mucho menos se habla de la inclusión de la cláusula de excepción de cultural –que protegería a las artes y a la cultura colombiana−. Todas estas medidas solo podrían darse en el marco de la renegociación.
En inversiones todo indica que solo se limitaría a precisar la definición de expropiación indirecta, decisión que tendría que surgir del consenso, pero no se plantea que el Estado pueda demandar a una empresa multinacional, ni el establecimiento de requisitos de desempeño −como el de transferencia de tecnología− a los inversionistas norteamericanos. Estos requisitos fueron, por ejemplo, fundamentales para la expansión industrial de Corea del Sur y de China.
El ministro Umaña y el presidente Petro han renunciado además a renegociar el TLC en razón de los gigantescos y crecientes subsidios que Estados Unidos entrega a agricultores e industriales (ambos suman al menos 200 mil millones de dólares anuales), que ni mencionan, y con los cuales la súper potencia puede vender en el mercado global a precios menores al costo de producción, una práctica repudiada a nivel internacional. Tampoco ha hablado el ministro Umaña, algo que permite el acuerdo, de revisar los impactos de este acuerdo sobre las MiPymes, ni la revisión del capítulo de compras públicas en beneficio de las empresas colombianas.
Se está ante el escenario de profundización del TLC con Estados Unidos, acuerdo bajo el cual Colombia no podrá construir una base productiva que le permita producir al tiempo bienes finales, materias primas industriales y, en el futuro, maquinaria y equipo. El país seguirá condenado a especializarse en materias primas y ensamblar productos importados y a dejar sometidas sus políticas públicas internas a lo que le permitan hacer las normas sobre inversiones, propiedad intelectual y solución de controversias, las cuales el ministro Umaña tanto criticó en el pasado. Con Petro se está reproduciendo esa vieja práctica de la politiquería colombiana de prometer para conseguir y una vez conseguido, olvidar lo prometido.
Bogotá, 6 de diciembre de 2022
