La Secretaría de Salud debe desistir de las medidas que  lesionarían en materia grave a las residencias médicas.

La Secretaría de Salud debe desistir de las medidas que lesionarían en materia grave a las residencias médicas.

Secretario

LUIS GONZALO MORALES

Secretaria de Salud

Ciudad

Ref.:  La Secretaría de Salud debe desistir de las medidas que lesionarían en materia grava a las residencias médicas.

Cordial Saludo.

La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME) y la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) han expresado su rechazo a las medidas unilaterales que usted pretende imponer al incrementar, de manera desproporcionada, el cobro que hace la Secretaria Distrital de Salud a las Instituciones de Educación Superior por permitir el desarrollo de la residencia médica.

Esta decisión afectaría a más de 7.000 estudiantes de pregrado y posgrado ya que aumentará en un 20% el valor bruto de matricula en pregrado y en 30% en posgrado, al igual que lesionaría la formación médica y la adecuada atención a los usuarios de los hospitales públicos (https://bit.ly/2zeuypS).

Cabe recordar que el artículo 12 de la Ley 1917 de 2018 dispone que “las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE) no podrán cobrar en dinero a las Instituciones de Educación Superior, por permitir el desarrollo de la residencia.” Es inaudito que desde la Secretaría de Salud se acuda a astucias para desconocer el espíritu de este mandato legal.

En consecuencia, le solicito desistir de este anuncio y le explique a la ciudad a qué se debe su actuar abiertamente ilegal.

Atento saludo,

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativ

Distrito no ha podido definir el valor de la plusvalía en Proscenio por inconsistencias en el decreto con el que Peñalosa modificó el proyecto

Distrito no ha podido definir el valor de la plusvalía en Proscenio por inconsistencias en el decreto con el que Peñalosa modificó el proyecto

Comunicaciones cruzadas entre la Secretaría de Planeación y Catastro señalan inconsistencias en el decreto de Peñalosa que valorizó en más de 200 millones de dólares el negocio inmobiliario de los financiadores del Alcalde.

Por inconsistencias técnicas y jurídicas del Decreto 674 de 2018, a través del cual el alcalde Peñalosa modificó el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio, Catastro no ha podido definir el monto de la plusvalía que los inversionistas deben pagarle al Distrito. Al ser la plusvalía el tributo que los constructores deben pagar, la controversia es de interés público, sobre todo si se tiene en cuenta que los inversionistas financiaron la campaña del Alcalde y que el mandatario les valorizó el proyecto en más de $200 millones de dólares, tal y como lo denunció el columnista Daniel Coronell (https://bit.ly/2GLUNKf).

El concejal Manuel Sarmiento reveló que, según el contenido de los correos cruzados entre la Secretaría de Planeación y Catastro, el decreto que modificó el proyecto inmobiliario no determina con claridad cuál es el área vendible del proyecto, ni la distribución de las áreas que se deberán destinar para los usos residenciales, dotacionales, comerciales y de servicios.

A través de dicha correspondencia Catastro resaltó que mientras el artículo 26 del plan parcial establece que el área vendible de la Manzana 2 es de 41.405,33 m2, en su artículo 35 plantea que el área vendible de esa misma manzana es de 43.768.00 m2.

“Esto es gravísimo, pues el área vendible del proyecto es la variable con la que se determina el cobro de la plusvalía, y según lo expuesto por Catastro estamos hablando de una inconsistencia de 2.362,67 m2, área no poco despreciable cuando se multiplica por el valor del metro cuadrado en esa zona, que es uno de los más costos de la ciudad. Al final, estos son recursos que le dejarían de entrar al Distrito y que quedarían en los bolsillos de los financiadores de la campaña de Peñalosa”, aseguró el concejal.

Finalmente, el concejal manifestó que tiene el ojo puesto sobre este proyecto y particularmente sobre la forma en la que se determinaron las cargas del mismo, pues tiene indicios de que los costos se pudieron inflar con la finalidad de reducir el cobro por plusvalía que se les cobrará a los gestores. El concejal radicó un derecho de petición a Planeación y a Catastro, con copia a la Personería Distrital, solicitando explicaciones por las nuevas irregularidades encontradas. Acá puede consultar el texto de la solicitud:

Con Peñalosa perdió el derecho a la  educación

Con Peñalosa perdió el derecho a la educación

Por: Miguel Ángel Muñoz – Polo Joven Suba

En el gobierno de Peñalosa no ha existido ningún avance significativo en la garantía del derecho fundamental a la educación de los jóvenes de Suba. El presupuesto ejecutado en la localidad ha disminuido, la matrícula oficial cae, la Jornada Única sigue siendo un sueño y donde se implementa se hace de forma irregular, la alimentación escolar es un privilegio y la alcaldía ignora el estado de la infraestructura educativa de la localidad. A la educación de calidad siguen accediendo sólo unos pocos, a pesar de que a la mayoría de bogotanos se le impone una excesiva carga tributaria, lo que debería corresponder con una mayor garantía de derechos. 

En el año 2015 la administración distrital ejecutó en Suba un presupuesto para educación de 287 mil millones de pesos, pero posesionado Peñalosa disminuyó; cayendo a 264 mil millones en el 2016, 276 mil millones en el 2017 y 271 mil millones en el 2018. Así, durante todo el año pasado, el presupuesto ejecutado por cada estudiante fue de tan sólo 3,5 millones de pesos. Y para 2019 se proyecta destinar 298 mil millones para la localidad pero, sabiendo que nunca se ejecuta todo lo que se proyecta, seguramente tampoco este año se supere el monto del 2015. Peñalosa redujo el presupuesto para educación, sin el cual es imposible avanzar en calidad.

Por otro lado, se agudizó la tendencia histórica del reemplazo de la matrícula oficial por la privada. Mientras en el año 2015 la matrícula oficial era de 89.102 estudiantes y la matrícula no oficial ascendía a 128.892 estudiantes, para el año 2017 la oficial caía a tan sólo 78.547 estudiantes, frente a los 134.575 estudiantes en no oficial. Dicho fenómeno afecta a los profesores, quienes gozan de mejores garantías laborales en el sector oficial que en el privado. Además, a sabiendas de que el Estado es el único capaz de garantizar el acceso universal a la educación, Peñalosa emula al presidente Duque en su intento por restarle obligaciones a la Alcaldía en lo que atañe al derecho a la educación, para así reducir su gasto social; empujando a miles de jóvenes a estudiar en instituciones educativas de baja calidad y que cobran por acceder a ellas.

Por medio del Plan de Alimentación Escolar en 2017 y 2018 se invirtieron algo más de 30 mil millones de pesos, lo que para el año pasado significó una inversión anual por estudiante de sólo 386 mil pesos y por cada día escolar de 1.930 pesos por estudiante. Así mismo, La Secretaría de Educación asegura que en la actualidad entrega 17.083 ofertas alimentarias, entre desayunos y almuerzos; de lo que se desprende que para 2018 sólo el 22% de los estudiantes de la localidad, uno de cada cinco, recibía algún tipo de comida caliente. Únicamente la disfrutan 14 sedes educativas de la localidad y sólo 11 de estas cuentan con comedores escolares.

Eso sin considerar que los operadores privados del sistema no siempre cumplen adecuadamente el servicio. Por ejemplo, el colegio Gonzalo Arango, donde el Comedor Escolar, operado por Compensar, pasó más de un mes inhabilitado en el primer semestre de este año. Ni en broma podría hablarse de implementar la necesaria Jornada Única en la localidad, si no es a costa de que los alumnos sufran hambre. La misma física hambre que siguen pasando jóvenes de bajos recursos que van a estudiar “sin un pan encima” o estudiantes con jornadas extendidas a los que lo único que los mantiene en pie es un refrigerio frío. 

En 2016 el gobierno de Peñalosa pasó de 3 a 5 colegios con Jornada Única implementada, llegando a cubrir 3.347 estudiantes en 2017, apenas el  4,2% de la matrícula estudiantil. Para 2018 se mantienen los mismos cinco colegios oficiales con Jornada Única implementada. Sumado a que se ha aplicado sin condiciones dignas. Caso ilustrador es el de los estudiantes con Jornada Única del Gustavo Morales Morales, a los que no se les ofrece comida caliente en su totalidad y a quienes les toca comer en el piso. Bien hicieron los estudiantes en hacer respetar sus derechos y protestar contra el fracaso de la política de Jornada Única tan “cacareada” por la ex Secretaria de Educación, que hoy trabaja para Duque.

Alarma aún más el hecho de que la Secretaría de Educación no conoce el estado de la infraestructura de los colegios. Tan sólo cuenta con el diagnóstico de 41 construcciones, de 15 sedes educativas de la localidad, dejando por fuera a la gran mayoría de las edificaciones.

Toda la tarea está pendiente, pues, durante su alcaldía, Peñalosa se dedicó a asegurale negocios a quienes financiaron su campaña antes de garantizar el acceso a los derechos de lo bogotanos. Hacer de la educación un verdadero derecho fundamental exige Jornada Única con adecuadas condiciones, alimentación de calidad para todos los estudiantes, infraestructura en el mejor estado, y, para lograr todo lo anterior, un aumento de la financiación estatal. Esta tarea no la adelantará Miguel Uribe, ex Secretario de Gobierno de Peñalosa, ni Carlos Fernando Galán, quien hasta hace poco hacía equipo con el actual alcalde. Lo que corresponde es la organización y movilización de los estudiantes para que Bogotá se dirija por el mejor camino. Hoy en las urnas, para elegir la mejor Alcaldía, Consejo Distrital y Junta Administradora Local. Mañana, masiva y creativamente, en las calles.

A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal

A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal

Bogotá D.C., 31 de julio de 2019

Doctor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá

Ref.: A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal.

Atento saludo,

Peñalosa debe garantizar la sustitución patronal de miles de trabajadores ante los nuevos contratos de las fases I y II de Transmilenio y de la fase V del SITP. Las compañías que ganaron las licitaciones resultaron ser de los mismos dueños de las concesionarias anteriores, pero se presentaron a través de nuevas empresas que les permitirían desvincular a sus actuales trabajadores desconociendo su experiencia, a sus organizaciones sindicales y las prestaciones sociales acumuladas, además de arrojarlos a la calle sin tener en cuenta que muchos adquirieron graves enfermedades laborando para Transmilenio.

Los sindicatos del sistema Transmilenio (SNTT-COLOMBIA, UGENTRANS, SINTRANSMASIVO, ASOEXPRESS, entre otros) han documentado cientos de casos de conductores a quienes les sobrevinieron limitaciones físicas o mentales por causa o con ocasión de su trabajo, o simplemente como resultado de la exposición a factores de riesgos ergonómicos inherentes a la actividad de conducción. Asunto que se agravaró por las malas condiciones de las vías troncales. Con la alcahuetería de la Alcaldía, sus patronos pretenden desconocer la atención de esta responsabilidad.

La Alcaldía de Bogotá está evadiendo su deber de realizar acciones afirmativas en favor de los trabajadores y de personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Este mandato constitucional se ha debido materializar en los mismos pliegos de licitación de los nuevos operadores, como en otrora lo hizo Transmilenio S.A. en los contratos de concesión del SITP, cuando le ordenó a los concesionarios “garantizar que el cincuenta por ciento (50%) del personal de conductores requerido para cada zona, será contratado de los conductores actuales del transporte público colectivo, que a la fecha se encuentren en el Registro de conductores de la Secretaría Distrital de Movilidad. Este personal también podrá ser contratado para trabajar en otras actividades relacionadas con la operación del SITP.”[1]

Sumada a la anterior violación del derecho de los trabajadores a un ingreso mínimo, en los pre-pliegos de la licitación de la etapa 1 de la FASE V, que reforzará el servicio del componente zonal del SITP, se mantiene la posición de esta Alcaldía de beneficiar exclusivamente a los dueños de las concesiones de Transmilenio, perjudicando a la parte más débil del sistema, sus trabajadores.

Es por eso que le solicitamos, señor alcalde: i) proteger los derechos de los trabajadores de Transmilenio y del SITP, ii) no seguir desconociendo la sustitución patronal que se configura en estos casos, y iii) ajustar las licitaciones y contratos de todo el sistema de transporte a fin de brindar plenas garantías laborales a todos los empleados de este servicio público esencial para Bogotá.

De antemano agradecemos la atención a la presente.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO                                MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

Senador Polo Democrático Alternativo            Concejal de Bogotá, Polo Democrático Alternativo



1. CONTRATO No. 009 DE 2010 DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN PREFERENCIAL Y NO EXCLUSIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DEL ESQUEMA DEL SITP PARA LA ZONA  1) USAQUEN, CON OPERACIÓN TRONCAL, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. – TRANSMILENIO S.A. Y LA SOCIEDAD CONSORCIO EXPRESS S.A.S.

Bancada del Polo en el Concejo demanda el proyecto constructivo que Peñalosa adelanta sobre el humedal Juan Amarillo

Bancada del Polo en el Concejo demanda el proyecto constructivo que Peñalosa adelanta sobre el humedal Juan Amarillo

30 de julio de 2019

La bancada del Polo Democrático en el Concejo de Bogotá interpuso una acción popular contra las construcciones que actualmente se adelantan dentro del Humedal Juan Amarillo. La demanda señala que este proyecto afecta gravemente los derechos colectivos de la comunidad pues busca convertir el Humedal en un escenario para la recreación activa y para el transito peatonal, afectando de manera irreversible el ecosistema.

 El concejal Manuel Sarmiento aseguro que “la construcción de puentes, senderos, miradores, canchas sintéticas y demás mobiliarios sobre el humedal generaran un daño irreversible dentro del ecosistema y pondrá en peligro los cientos de especies de flora y fauna que se encuentran en su interior”. 

Finalmente, el concejal resaltó que con estas obras el alcalde Peñalosa viola el POT y el Plan de Manejo Ambiental del Humedal Juan Amarillo, y concreta su nefasta política de sustituir ecosistemas de la estructura ecológica principal de la ciudad por áreas de espacio público que no están protegidas y sobre las cuales se pueden realizar actividades de impacto.

Ante la inminencia de la construcción, los accionantes solicitaron como medida cautelar de urgencia que se suspendan de inmediato todas las obras hasta tanto un juez no determine su legalidad

Juez declara improcedente la tutela interpuesta por el secretario de salud contra el concejal Manuel Sarmiento.

Juez declara improcedente la tutela interpuesta por el secretario de salud contra el concejal Manuel Sarmiento.

Bogotá, julio 23 de 2019

La tutela interpuesta por el Secretario de Salud Luis Gonzalo Morales contra el concejal Manuel Sarmiento es improcedente. Así lo determinó, mediante fallo de segunda instancia, el Juez 45 Penal del Circuito.

Luis Gonzalo Morales interpuso tutela contra el concejal del Polo en razón a que este ha denunciado en repetidas ocasiones las mentiras del Secretario sobre las utilidades de la EPS Capital Salud.  Mediante fallo de segunda instancia el Juez 45 Penal del Circuito aseguró que se pudo vislumbrar que dichas afirmaciones tenían soporte, en razón a que: “dentro del plenario obra documentación de una investigación desplegada por el demandado, a efectos de establecer los verdaderos estados financieros de Capital Salud EPS, los cuales sirvieron de fundamento para realizar las aseveraciones públicas que efectuó y de las cuales hoy se solicita retractación”. Si bien el Juez modificó parcialmente la decisión adoptada en primera instancia, este desestimó la pretensión de retractación que solicitaba el Secretario sobre las afimaciones del Concejal de oposición.

El concejal Manuel Sarmiento concluyó que: “Este fallo establece con total claridad que el Secretario de Salud nunca debió haber interpuesto esta tutela en mi contra y que es jurídicamente inviable que a través de ella se me ordene retractarme de las denuncias que realicé”.

Es inaceptable que el Ministerio de Trabajo autorice la masacre laboral en la multinacional General Motors

Es inaceptable que el Ministerio de Trabajo autorice la masacre laboral en la multinacional General Motors

Señora
ALICIA ARANGO OLMOS
Ministra del Trabajo
Carrera 14 No. 99-93
Ciudad

Ref. Es inaceptable que el Ministerio de Trabajo autorice la masacre laboral en la multinacional General Motors.

Atento saludo,

La multinacional estadounidense General Motors – Colmotores notificó a sus trabajadores la decisión del Ministerio del Trabajo de autorizar el despido masivo de un grupo de 103 trabajadores, medida frente a la cual debo manifestar mi más enfático rechazo.

Es inaudito que el Ministerio de Trabajo, que debería velar por los derechos de los trabajadores colombianos, se preste para que una trasnacional descargue en sus trabajadores la crisis generada por una política económica que acaba con la producción industrial localizada en el territorio nacional. En lugar de permitir este tipo de masacres laborales y ante el evidente fracaso del libre comercio, el gobierno nacional debería tomar medidas para proteger el trabajo nacional. Sin embargo, el presidente Duque, así como lo hicieron los gobiernos de Uribe y de Santos, prefiere privilegiar los intereses del capital extranjero, demostrando su total desprecio por el verdadero progreso nacional.

A esta masacre laboral se suman otros atropellos cometidos por General Motors contra sus trabajadores, como su decisión unilateral de eliminar varios de los beneficios convencionales de los sindicalizados.

Por lo anterior, le solicito proteger los derechos laborales de los trabajadores de General Motors y revocar la autorización del despido masivo que traerá lamentables consecuencias para los trabajadores y sus familias. Le solicito finalmente, en ejercicio de mi derecho fundamental de petición, me responda de fondo esta carta y me haga llegar un informe con los argumentos en los que se fundamentó esta decisión.

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO
CONCEJAL DE BOGOTÁ
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
La Secretaría de Educación debe atender la solicitud de padres y estudiantes del Colegio Gustavo Morales de Suba

La Secretaría de Educación debe atender la solicitud de padres y estudiantes del Colegio Gustavo Morales de Suba

Doctora

CLAUDIA PUENTES RIAÑO

Secretaria

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado # 66 – 63

Bogotá.

Asunto: LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEBE ATENDER LA SOLICITUD DE PADRES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO GUSTAVO MORALES DE SUBA

Atento saludo

Padres de familia y estudiantes del Colegio Gustavo Morales de la localidad de Suba han manifestado su desacuerdo por la implementación de la denominada “jornada única” en la institución. Que, como lo he expresado en varios debates en el Concejo es un mal remedo de jornada única. La comunidad educativa señala que el colegio no cumple con las condiciones necesarias para que sea implementado porque, entre otras cosas no cuenta con una infraestructura adecuada.

Adicional a esto manifiestan que el proceso de aprobación por parte del Consejo Directivo no se hizo de forma democrática, debido a que aunque, tuvo el voto positivo del representante de los padres, el proceso no fue socializado con la mayoría de los padres y madres de familia.

Por todo lo anterior, le solicito atender la solicitud de los padres de familia y los estudiantes de revocar la implementación de la jornada única gastan tanto no se cumpla con todas las condiciones. Además, le solicitó remitirme un informe del cumplimiento de los requisitos del artículo 2.3.3.6.1.4 del decreto nacional 1075 de 2015 y del cumplimientodel procedimiento fijado en el artículo 12 del decreto 153 de 2018. Adjunte los documentos de soporte.

Atentamente,

Manuel Sarmiento
Concejal de Bogotá

 

Con nuevas pruebas bancada del Polo demuestra la ilegalidad del metro elevado de Peñalosa

Con nuevas pruebas bancada del Polo demuestra la ilegalidad del metro elevado de Peñalosa

La bancada del Polo Democrático Alternativo radicó ante el Consejo de Estado los estudios de costos de inversión y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá que comprobarían la ilegalidad de dicho proyecto. El concejal Manuel Sarmiento recordó que esta información le fue entregada por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, órgano que en dos oportunidades aclaró que la información solicitada no era objeto de reserva legal y que podía ser usada por el concejal para el ejercicio de su labor de control político.

El concejal reveló que estos estudios comprueban que el Conpes 3900 se aprobó sin contar con los estudios de factibilidad definitivos, lo que viola la Ley 310 de 1996. “Los documentos demuestran que los estudios de los costos de inversión y de operación se terminaron en julio y diciembre de 2018 un año después de la aprobación del Conpes”, explicó el concejal. 

A esto se suman una serie de inconsistencias entre los estudios en los que se fundamentó la aprobación del Conpes y los estudios finales que fueron entregados al Consejo de Estado. “Encontramos que el Metro que están licitando tiene características distintas al que aprobó el Gobierno Nacional en el Conpes 3900”, denunció el concejal del Polo.

Algunas de las inconsistencias denunciadas por la bancada del Polo fueron las siguientes: i) La solicitud del préstamo al BID señala que el metro movilizará 656.000 pasajeros al día, pero el estudio del OPEX se hizo calculando solo 304.500 pasajeros diarios; ii) Se eliminaron obras incluidas para la aprobación del Conpes y se introdujeron nuevas obras en la licitación; iii) Se redujo a 39 el número de km de vías para el desvío del tráfico, cuando el documento soporte del Conpes establecía 195 km; iv) Se elevaron los parámetros de cimentación de las pilas o pilotes, pero se redujo en un 42% ($655.000 millones) el presupuesto para hacerlo; v) Aumentaron una estación, de 15 a 16, pero el presupuesto para este rubro se incrementó en un 28% ($ 431.625 millones); vi) en los estudios entregados aparecen los costos de los riesgos del proyecto, que no se habían presupuestado en el documento original y que incrementan el rubro en más de $ 817.000 millones de pesos.

 “Andrés Escobar, gerente del proyecto, le dijo a Portafolio que el Conpes se había aprobado para un proyecto específico, pero resulta que estas pruebas demuestran que algunas de las características del proyecto cambiaron luego de que se terminaran los estudios de factibilidad. Por eso el temor de la administración de Peñalosa y su tono amenazante con el que buscaba impedirme ejercer mi derecho al control político”, afirmó Sarmiento.

En los siguientes enlaces se pueden descargar los estudios de los costos de de inversión y operación, así como los memoriales radicados por la bancada del Polo ante el Consejo de Estado:

  1. Opex Conpes 3900
  2. Opex licitacion Julio 2018.
  3. Capex Conpes 3900 y Anexo 2
  4. Capex licitacion diciembre 2018.
  5. Memorial nuevas pruebas a la demanda del Metro
  6. Memorial solicitud de medidas cautelares