Manuel Sarmiento
Concejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo
Es fundamental un análisis con cierto nivel de detalle para evaluar con objetividad la esencia del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) del gobierno de Claudia López. Al definir las políticas y prioridades de un gobierno, el plan refleja la naturaleza política de su administración y, en el caso de Bogotá, evidencia si le apuesta a un cambio en el modelo de ciudad que se ha impuesto durante los últimos 30 años, acentuado en el segundo mandato de Enrique Peñalosa.
El Polo Democrático Alternativo respaldó la candidatura de Claudia López luego de llegar a un Acuerdo Programático con el Partido Alianza Verde y el Movimiento Activistas, coalición que derrotó el continuismo de Peñalosa. El Plan Distrital de Desarrollo corrobora que la decisión del Polo fue acertada. Plantea cambios sustanciales frente al nefasto modelo peñalosista, corrige políticas equivocadas de los gobiernos alternativos y recoge reivindicaciones históricas del Polo y de las organizaciones sociales de la ciudad.
Aunque se trata de un documento complejo, a continuación se resaltan los aspectos más relevantes que soportan la tesis de que este Plan representa un avance hacia un nuevo modelo de ciudad:
Diagnóstico y distribución de los recursos de inversión
El Plan Distrital de Desarrollo centra su diagnóstico en la espantosa desigualdad que lesiona a las familias pobres y de ingresos medios de la ciudad. Después de tres décadas de neoliberalismo, el 10% de la población más adinerada de Bogotá concentra el 43% de todos los ingresos (https://bit.ly/3hH3K5K), convirtiéndola en una de las capitales más inequitativas de América Latina y en el conglomerado urbano más desigual entre las grandes ciudades de Colombia. A esta pavorosa concentración de los ingresos debe sumarse la muy repudiable desigualdad entre hombres y mujeres y la histórica discriminación contra poblaciones vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad. Es un acierto que el diagnóstico del Plan de Desarrollo parta de la necesidad de “lograr una redistribución más equitativa de los costos y beneficios de vivir en Bogotá”, preocupación que se ve reflejada en la distribución de los recursos de inversión.
De los 109 billones de pesos de inversión, el Plan destina el 47% a financiar los programas sociales y de recuperación económica que hacen parte del propósito denominado “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”. Que casi la mitad de los recursos se inviertan en políticas sociales y de recuperación económica desmienten la acusación de Gustavo Petro según la cual “el plan de desarrollo de Claudia invierte la mayor parte de los recursos en más Transmilenio” (https://bit.ly/3gwxB0h). En realidad, el Plan destina solo el 8% de los recursos de inversión a ampliar la infraestructura de Transmilenio; en cambio sí reduce en un 28% la inversión en movilidad y aumenta el presupuesto para educación (33,4%), ambiente (115%), integración social (3,6%), mujeres (147,5%) y vivienda (10,8%), en comparación con lo asignado por Peñalosa.
Política social y crecimiento económico
Una de las novedades del PDD en materia de política social es el conjunto de metas de reducción de pobreza. Petro y Peñalosa se lavaron las manos frente al aumento de la pobreza monetaria señalando que los gobiernos distritales solo pueden responder por la pobreza multidimensional, pues la monetaria es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. El PDD de Claudia López enfrenta esta realidad y se propone reducir la pobreza monetaria al 11,4%, meta ambiciosa teniendo en cuenta que los cálculos más conservadores señalan que superará el 18% en 2020 como consecuencia de la crisis del Covid-19.
Petro afirma que el Plan no plantea reducir la pobreza multidimensional porque la meta es dejarla en el 4,4%, cifra igual a la que se registró en el año 2018, pero esta crítica pasa por alto que en 2019 este indicador se ubicó en el 7,1% y que este año la pobreza multidimensional también se disparará debido a la pandemia. Es importante resaltar que el Plan hace énfasis en sectores de la población que han sido golpeados con mayor dureza por el neoliberalismo, como las mujeres y los jóvenes, plantea de manera expresa metas como reducir la feminización de la pobreza y el número de NiNis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, objetivos que no quedaron incluidos en los planes ni de Petro ni de Peñalosa.
El PDD incluye un ramillete de políticas sociales que tienen la impronta polista de la Secretaria de Integración Social, contrarias a la lógica asistencialista que ha caracterizado al neoliberalismo. La generación de empleo es un aspecto central de la nueva política social del PDD, su meta es la de crear 200.000 nuevos empleos, 70.000 para mujeres y 50.000 para jóvenes, para lo cual se incluyen programas de empleo público y medidas para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.
Uno de los cambios importantes del PDD, distinto de las concepciones tradicionales del neoliberalismo, es su política de crecimiento económico. La propuesta hace énfasis en la obligación del Distrito de respaldar a las Mipymes, que representan el 99% del total de las empresas de la ciudad y que generan el 80% del empleo, mediante programas de financiación y asistencia técnica (Art. 29), además de darles prioridad en los procesos de contratación que realicen las entidades distritales (Art. 42), y promueve un sistema tributario diferencial para las micro, pequeñas y medianas empresas, una propuesta de ACOPI Bogotá-Cundinamarca que el gobierno de Duque no ha querido implementar (Art. 70).
Otro avance del PDD, que rompe con las políticas de los gobiernos neoliberales, es la inclusión de la industria manufacturera y la agricultura como sectores económicos que el Distrito deberá respaldar para la generación de riqueza y empleo. El Plan dispone la puesta en marcha de un “programa de agricultura urbana, periurbana y rural” (Art. 34), la implementación de un “modelo de compras institucionales de la Alcaldía a la agricultura campesina, familiar y la pequeña producción rural” (Art. 46) y plantea la necesidad de materializar el principio de la “soberanía alimentaria” (Art. 33), concepto despreciado por los neoliberales.
En materia de industria manufacturera, señala que se diseñará una “política de fomento a la industria manufacturera que contenga incentivos para implementar programas de empleabilidad con enfoque diferencial y de género”. El artículo 30 del Plan incluye a la industria manufacturera como un sector estratégico para la recuperación económica de la ciudad.
El PDD también fortalece el sector de Integración Social con un crecimiento del presupuesto de inversión y la ampliación de la cobertura de sus servicios. Contrasta con la política de Peñalosa que sacó a cerca de 60.000 personas de los programas de alimentación y a 85.000 niños y niñas de programas de educación inicial. Se institucionalizó el Sistema Bogotá Solidaria con la meta de apoyar con subsidios a 350.000 familias pobres y vulnerables con una inversión estimada en 9,6 billones de pesos. El Polo logró incluir la pobreza territorial como otro criterio, distinto al del Sisbén, para identificar a los beneficiarios de los programas sociales.
Mujeres
La ampliación y el fortalecimiento de los servicios de Integración Social es uno de los pilares más importantes del nuevo Sistema Distrital de Cuidado, un triunfo de la lucha de las mujeres y un avance revolucionario. El sistema organiza y articula los servicios de cuidado que presta actualmente el Distrito (atención a niños y niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, comedores comunitarios, etc.), y plantea crear nuevos servicios, como las lavanderías públicas. El PDD destinará 5,2 billones de pesos con el objetivo específico de reconocer el cuidado como un trabajo, redistribuirlo entre hombres y mujeres; y reducir el tiempo que las mujeres, especialmente las de menores ingresos, dedican a estas tareas no remuneradas. Se trata de una política de igualdad de género que se propone descargar a las mujeres del trabajo de cuidado no remunerado, y a la vez, es una política social de segunda generación, dado que fortalece la atención a poblaciones vulnerables e incentiva que las personas en los barrios se organicen para prestar este tipo de servicios y logren obtener nuevos ingresos.
A esto se suma un crecimiento histórico del 147% del presupuesto de inversión de la Secretaría de la Mujer, pasando de 167 mil millones de pesos en la administración de la “Bogotá Mejor Para Todos” a 414.000 millones de pesos en el nuevo PDD de la Bogotá de un “Nuevo Contrato Social”. Con mayores recursos, la Secretaría de la Mujer podrá ampliar los servicios que les presta a las mujeres, se asumirá la rectoría del Sistema Distrital de Cuidado y deberá liderar la transversalización del enfoque de género que quedó incluida en este Plan de Desarrollo.
Sin duda, la política de equidad de género es otro rompimiento con el modelo neoliberal, aspecto que solo las concepciones machistas pueden reducirlo a un asunto de menor importancia.
Jóvenes
A la Secretaría de Integración Social se le asignó un presupuesto de inversión de 61.500 millones de pesos para financiar los programas que buscan mejorar las condiciones de la juventud bogotana, una de las poblaciones más golpeadas por el neoliberalismo. Una de las metas se propone pasar de 11 Casas de la Juventud a 20, una por cada localidad, desde donde la Secretaría de Integración Social prestará servicios dirigidos a los jóvenes como inclusión en rutas para la atención integral en salud y acceso a la educación, acompañamiento para regularizar su situación militar, educación sexual y fortalecimiento de las organizaciones juveniles. Además, la Secretaría de Integración Social se propuso entregar transferencias monetarias condicionadas a 5.900 jóvenes en alto grado de vulnerabilidad y que hoy están a punto de caer en las garras de la delincuencia. El Plan contempla la implementación de una Justicia Juvenil Restaurativa que se centre en la reparación del daño causado, la atención de la víctima y la inclusión social del adolescente/ofensor a su contexto familiar y comunitario, lo que rompe con el enfoque punitivo.
Educación
El presupuesto de inversión en educación creció 33,4%, pasó de 17,8 billones de pesos en el gobierno de Peñalosa a 23,7 billones de pesos en el actual PDD de Claudia López. Se fortalece la educación pública en la capital. En primer lugar, crea una misión de expertos con la participación de estudiantes y del Magisterio distrital que evaluará la situación del sistema educativo para rediseñarlo.
También se precisaron las metas para implementar el preescolar de tres grados en los colegios públicos, un anhelo histórico de maestras y maestros y de las familias capitalinas. Una reivindicación fundamental para garantizarles a los hogares de bajos ingresos una educación inicial de calidad.
Otro avance innegable de este Plan de Desarrollo es la decisión de no entregar más colegios en concesión ni de extender los vigentes, decisión que responde al acierto en el Acuerdo Programático que el Polo suscribió para impulsar la candidatura de Claudia López, y que marca una diferencia sustancial con el gobierno de Petro que prorrogó los contratos de 22 colegios en concesión, y con el de Peñalosa en donde las prórrogas llegaron a 35. También quedó contemplado el compromiso de formación posgradual de 5.000 profesores del Distrito, un aumento significativo si se compara con las 967 becas posgraduales que se concedieron en la pasada administración.
La inversión en educación superior es de un billón de pesos, 6,3 veces más del presupuesto de Peñalosa y 4,8 veces más que la inversión en el gobierno de Petro (https://bit.ly/2O4vpRa). El PDD 2020-2024 tiene como meta crear 20.000 nuevos cupos, para lo cual autorizó la creación de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología con el propósito de “fortalecer, promover, financiar y propiciar oferta educativa del nivel superior, privilegiando la educación superior pública a través de las Instituciones de Educación Superior Pública”. El PDD de Claudia López se separa de la idea de financiar el acceso a la educación superior a través de créditos del Icetex o de subsidiar la demanda como lo hizo el mal recordado programa “Ser Pilo Paga”.
Se destaca el propósito de fortalecer la Universidad Distrital para aumentar la oferta de cupos, y mejorar las condiciones de calidad del sistema de bibliotecas y la infraestructura de la Sede El Ensueño, así como el respaldo decidido a la construcción de la nueva sede de la Facultad de Artes, ASAB, cumpliendo con el compromiso adquirido con artistas y trabajadores de la cultura.
Salud
El Plan Distrital de Desarrollo aumenta en 500.000 millones de pesos el presupuesto de inversión y rescata la salud pública con acciones de promoción y prevención como eje central de la política de salud. Para ello se crearán 200 equipos multidisciplinarios que “lleguen a los hogares, diagnostiquen e intervengan determinantes protectores y amenazantes con el concurso de los sectores de la administración distrital”, programa que deberá cubrir mínimo el 40% de las UPZ de la ciudad. Esta estrategia de Atención Primaria en Salud no se limita a la intervención de factores que afectan la salud de las personas, también dota de capacidad resolutiva a los equipos territoriales para, de esta forma, reducir barreras de acceso. En salud se empieza a dejar atrás la pesadilla peñalosista.
Para contrarrestar en algo los perversos efectos de la Ley 100, el artículo 103 del Plan de Desarrollo incorpora una serie mecanismos que le permitan a la Secretaría de Salud vigilar y controlar a las EPS, y fortalecer “la gestión centralizada de la atención territorial en salud para el funcionamiento de la atención médica domiciliaria, atención ambulatoria y hospitalaria”. Es de resaltar que el PDD elimina el criterio neoliberal del autofinanciamiento del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud al permitir “aportes del Distrito Capital para la financiación de sus proyectos específicos” (Art. 104).
En el sector salud es fundamental la formalización laboral, en Bogotá de los 21.000 trabajadores y trabajadoras de los hospitales públicos de la ciudad, 17.000 están vinculados mediante órdenes de prestación de servicios sin garantías laborales. El Plan de Desarrollo incluye un artículo especial de trabajo decente en salud con el que se iniciará un proceso de formalización laboral con tres aspectos fundamentales: i) la provisión progresiva de las cerca de 2.700 vacantes que tienen las subredes de salud, ii) la vinculación de contratistas por una vigencia de 2 años, como medida transitoria que aumenta el nivel de estabilidad y, iii) el estudio de cargas junto a estrategias de financiación para avanzar en la formalización definitiva del personal del sector salud.
Cultura
A nivel nacional, y con mayor fuerza en el gobierno de Iván Duque, la política cultural está enmarcada dentro del concepto de Economía Naranja. Se trata de una política de mercantilización de la cultura, en la que prima el criterio de la rentabilidad y el interés lucrativo de las multinacionales del entretenimiento sobre el aporte indispensable del arte y la cultura al desarrollo del país y del patrimonio material e inmaterial, y al enriquecimiento material e intelectual nacional. Bajo el enfoque de la Economía Naranja, la priorización del gasto público se hace sobre la base de criterios como la rentabilidad y la productividad (https://bit.ly/2CVtwo8), aspecto que lesiona las iniciativas culturales, en la medida en que el arte y la cultura nacionales deben competir con industrias creativas como el desarrollo de software, la gastronomía, animación y videojuegos, juegos y juguetería.
Un aspecto positivo del Plan Distrital de Desarrollo es que separa el arte y la cultura de las denominadas industrias creativas, cuyo fomento estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto permite que los presupuestos de la Secretaría de Cultura y sus entidades adscritas se destine al apoyo y promoción de las expresiones culturales, una notable diferencia frente a la política cultural de la pasada administración. Bajo este enfoque, el artículo 35 del PDD señala que el Distrito priorizará, entre otras, las siguientes acciones: activación y reactivación económica y social del sector y sus actores; sostenimiento humanitario y digno de las poblaciones vulnerables que hacen parte o integran el sector cultura; fortalecimiento de las líneas de estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales; e intervenciones de bienes de interés cultural en función de la reactivación comunitaria.
Sin embargo, el PDD incluye la promoción de los llamados Distritos Creativos, concepto que hace parte de la política de economía naranja y que consiste en promover proyectos inmobiliarios y de renovación urbana para crear clúster de industrias creativas y culturales con las mismas características que las denominadas Áreas de Desarrollo Naranja. Se trata de negocios inmobiliarios en los que la Administración Distrital les entrega a conglomerados privados una zona específica de la ciudad para que se apoderen de la renta del suelo que generada por las industrias creativas. Por ejemplo, el proyecto Bronx Distrito Creativo del exalcalde Peñalosa consistía básicamente en entregarles a privados la administración de los edificios del antiguo Bronx -comprados por el Distrito-, para que estos los arrendaran a quienes quisieran montar un negocio tipificado como industria creativa.
Así concebidos, los Distritos Creativos son instrumentos contrarios al fomento y desarrollo de la cultura nacionales que se valen de simbolismos prefabricados para impulsar las transformaciones socio – espaciales de barrios y lugares estratégicos de las ciudades. En el fondo, el objetivo principal de este tipo de renovaciones urbanas son la maximización de la renta del suelo.
En respuesta a un derecho de petición enviado desde mi oficina sobre el Distrito Creativo del Bronx, la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño me informó la decisión de la actual administración de reformular el proyecto del exalcalde Peñalosa. La funcionaria reconoce los conflictos que este tipo de iniciativas generan con artistas y organizaciones culturales, resalta la necesidad de concertar el nuevo proyecto con el sector y señala que en los próximos meses se estructurará el nuevo proyecto, por lo que es necesario hacerle un seguimiento detallado y exigir que cualquier decisión que se tome debe tener como prioridad la promoción del arte y la cultura nacional y debe ser concertada con el sector.
El gobierno de Claudia López debe asumir la orientación del Proyecto del Distrito Creativo del Bronx alejándose definitivamente del propósito que se le concede desde el gobierno nacional a las Áreas de Desarrollo Naranja y priorizar las acciones consignadas en el artículo 35 del PDD.
En esta misma vía, la política cultural de Bogotá debe aumentar los recursos presupuestales que le permitan construir un plan de fomento a trabajadores de la cultura, artistas y organizaciones que, en lugar de estar obligados a competir por cada etapa de la producción artística, puedan dedicarse a desarrollar y tengan garantizada la circulación y difusión de su proceso creativo.
El Pacto de Cultura firmado por la actual Administración traza un plan de acción muy positivo, que las entidades del sector deben esforzarse por cumplir a cabalidad. En medio del confinamiento de los hogares por la pandemia se debe proteger y promover la creación artística y cultural, garantizando el bienestar y el trabajo creativo de individuos, grupos y colectivos que contribuyan a impulsar contenidos de todas las expresiones que fomenten en las personas la sensibilidad, la dignidad, la resistencia, la solidaridad, la identidad y la salud mental.
Ambiente
Después de derrotar el plan de Peñalosa de urbanizar la Reserva Van der Hammen, el PDD incorporó distintas medidas para cumplir con el compromiso ambiental que Claudia López firmó como candidata. El presupuesto de inversión aprobado para el sector Ambiente es de 1.34 billones de pesos, un crecimiento del 115% frente al gobierno de Peñalosa.
El Plan de Desarrollo incluye una serie de medidas para proteger y restaurar la Estructura Ecológica Principal, amenazada por la pasada administración en su afán por montar grandes negocios inmobiliarios. El artículo 20 asigna 35.000 millones de pesos para implementar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de los Cerros Orientales; 53.889 millones de pesos para el PMA de la Reserva Van der Hammen, 10.000 millones de pesos para iniciar el proyecto del Parque Ecológico del Río Tunjuelo y la protección de los humedales. El gobierno distrital desistió de varios negocios que intentó dejar amarrados Peñalosa en relación con el endurecimiento de humedales a través de obras de infraestructura y la destrucción de los cerros orientales con el famoso Sendero de las Mariposas.
Otro gran avance de este Plan de Desarrollo es el artículo 128 que establece un nuevo modelo de administración para el Relleno Doña Juana con dos características fundamentales. La primera, señala la posibilidad que Bogotá asuma la operación del Relleno, echando para atrás la privatización que por más de 30 años le ha generado graves daños a la ciudad, especialmente a las familias de Ciudad Bolívar y Usme. La segunda, es “la disminución en el entierro de residuos y la migración del Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ hacia otras alternativas tecnológicas para el tratamiento y disposición final de residuos ordinarios en este predio, que permitan la transformación en energía renovable y/o compostaje”. Recientemente, la UAESP abrió proceso sancionatorio al operador privado por sus reiterados incumplimientos, poniendo fin a un historial de alcahuetería.
Vivienda y ordenamiento territorial
Las políticas de vivienda también marcan diferencias esenciales frente al enfoque neoliberal de dejar en manos del mercado inmobiliario un derecho fundamental. El PDD incorpora un programa nuevo denominado Plan Terrazas con el que se apoyará con distintos tipos de subsidios a los propietarios de viviendas de uno o dos pisos para construir un nuevo nivel y así ampliar la oferta de vivienda en los barrios populares. Para ello se plantean nuevos instrumentos de intervención estatal en el mercado de la vivienda como la creación de una curaduría pública y un banco de materiales.
Bajo este mismo enfoque el artículo 77 les impone a las constructoras la obligación de otorgarle a la Secretaría de Hábitat “la primera opción de separar las unidades habitacionales con destino a los hogares priorizados que cumplan con los requisitos para la asignación de subsidios y que cuenten con el cierre financiero”, lo que representa mayores y mejores herramientas de control frente a los abusos del negocio de la construcción.
En materia de ordenamiento territorial, el artículo 17 señala que la revisión del POT deberá garantizar la “participación ciudadana continua, permanente y decisoria” bajo los criterios de “proteger la estructura ecológica principal” e “implementar un modelo regional de ordenamiento territorial que fomente el desarrollo industrial y agrícola de ciudad región”, criterios que responden a las exigencias hechas por el Polo Democrático Alternativo durante el debate sobre el POT de Peñalosa.
El PDD le da relevancia al concepto de revitalización urbana, una diferencia de fondo con la propuesta de Peñalosa que priorizaba la renovación urbana. De acuerdo con el programa 32 “se considera como un instrumento moderno de planeación, que interviene estratégicamente, vinculando las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales, para proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de los pobladores originales de las zonas de intervención, lo que significa atender los espacios de relación y a la calidad del espacio público, contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de comunidad, respetar todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente, tanto natural como construido, y en términos de acceso a la vivienda, al empleo y a los servicios públicos domiciliarios”.
Uno de los temas de debate es el proyecto denominado Lagos de Torca que adoptó el gobierno de Peñalosa para urbanizar una zona del norte de la ciudad y que quedó incorporado en el Plan de Desarrollo. La discusión no es si se deba o no urbanizar la zona, pues además de que desde el año 2000 es suelo de expansión urbana, todas las administraciones han planteado su urbanización a través de lo que antes se denominaba Unidad de Planeación Zonal del Norte. El debate es cómo se urbaniza esta zona, en especial en dos aspectos: i) la decisión de Peñalosa de urbanizar un polígono que interrumpiría la conexión ecológica entre la Reserva Van der Hammen y los Cerros Orientales, y ii) el nivel de densidad poblacional planteado en el proyecto, crítica que ha sido desarrollada por el urbanista Mario Noriega contra los planteamientos de Petro y Peñalosa (https://bit.ly/32iGd6K).
Bajo este contexto el Plan de Desarrollo señala que se deberán buscar “mecanismos y alternativas, que permitan asegurar la conectividad ecológica entre las reservas forestales de los Cerros Orientales y Thomas van der Hammen”, lo que es positivo. Sin embargo, no menciona la necesidad de cambiar el nivel de densidad poblacional, solo que deberá asegurar las “construcciones de VIS y VIP y la gestión para la construcción de los equipamientos comunitarios y de la infraestructura de servicios públicos necesarios para asegurar la calidad de vida de la población”.
Movilidad
Mientras que en la administración de Peñalosa la inversión en movilidad representó el 48,5% del Plan Plurianual de Inversiones, con Claudia López se redujo al 33%. Aunque el PDD incluye la construcción de las troncales de la 68 y la Av. Ciudad de Cali, proyectos que la bancada del Polo votó de manera negativa, no es cierto que le dé continuidad al plan de Peñalosa de llenar la ciudad de buses rojos.
El Conpes 3900, que Santos le aprobó a Peñalosa, señala que Bogotá debía tener 12 troncales y 144 kilómetros adicionales de Transmilenio, proyecto que incluía las troncales de la Séptima, Boyacá (cuya licitación fue abierta por Petro), Calle 13, Calle 170, Calle 127 y el absurdo de pavimentar los corredores férreos. El PDD deja atrás estos proyectos, y por el contrario el artículo 105 desecha la posibilidad de implementar el proyecto de Transmilenio por la Carrera Séptima, tal y como lo diseño el IDU durante 2017 y 2018, para dar paso a un corredor ecológico en el que se privilegien las energías limpias y el espacio peatonal. Avance que se confirma con el reciente anuncio en donde, por mutuo acuerdo entre el Distrito y los proponentes, se pone fin a este proyecto inconveniente para la ciudad. Sin duda una victoria que es resultado de la organización y movilización ciudadana de muchos años y la voluntad política de la alcaldesa Claudia López.
Uno de los objetivos del PDD es avanzar en la implementación de una red férrea con proyectos como la extensión de la Primera Línea de Metro y la estructuración de los Regiotram del Norte y del Sur, denotando un nuevo enfoque que busca recuperar y priorizar los corredores férreos como ejes de la movilidad de la ciudad, y a los que le haré un seguimiento cercano para garantizar que estas soluciones correspondan con las necesidades de la ciudad y de los municipios aledaños.
El Polo continúa al frente de la demanda que cursa en el Consejo de Estado. Pero, afirmar que Claudia es la continuidad de Peñalosa porque no echó para atrás el metro elevado raya con el ridículo, desconoce que deshacer un contrato estatal sin el suficiente sustento jurídico puede acarrear severas consecuencias fiscales, disciplinarias y penales, y por lo tanto, se deben cumplir unos presupuestos que la ley define con precisión y que aún no se han configurado para este proyecto.
Finalmente, una propuesta de genuina ruptura en materia de movilidad de este PDD es el artículo 91 que establece la creación de un operador público de transporte. El modelo Transmilenio de Peñalosa no solo consiste en reemplazar el metro con troncales de buses rojos, su esencia es la privatización a través de leoninos contratos de concesión. El Plan señala que el Distrito podrá prestar directamente el servicio para iniciar un proceso de desprivatización, propuesta que hoy sacamos adelante, que había sido presentada por la bancada del Polo en dos oportunidades, hundida por las mayorías peñalosistas en el Concejo y que es radicalmente distinta a las concepciones neoliberales.
Fortalecimiento de las empresas públicas
A propósito de las empresas públicas, contrario a los intentos de privatización y el marchitamiento vivido durante la administración de Enrique Peñalosa, el Plan de Desarrollo de Claudia López define su fortalecimiento como un objetivo explícito. Incluye importantes obras de infraestructura para mejorar el caudal mínimo de agua para la ciudad y no aparecen los perjudiciales negociados del Sendero de Las Mariposas y del Embalse San Rafael que estaban a cargo de la EAAB.
Gracias a la visión democrática de los servicios públicos que asume la nueva administración y al Acuerdo Programático firmado entre Claudia López y Sintrateléfonos, cuyo contenido fue acompañado por el Polo Democrático, el Plan de Desarrollo contiene un avance sustancial frente a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB. Para la construcción y el desarrollo de una Bogotá Inteligente, el documento incluye transformaciones institucionales para la inserción digital, la definición de importantes proyectos estratégicos en los que ya venía trabajando la ETB como la digitalización en salud, aplicaciones para denunciar violación de derechos humanos y abusos contra las mujeres, la actualización del sistema de información de riesgo y cambio climático, entre otros.
Sin duda, los avances más importantes a resaltar son la presencia permanente de la ETB en la Comisión Distrital de Transformación Digital, que será la instancia de coordinación y articulación para todas las iniciativas de ciudad inteligente, y, por otro lado, la creación de la Agencia Analítica de Datos, una sociedad 100% pública en la que confluyen varias entidades distritales para el almacenamiento y análisis de datos, una herramienta fundamental para realizar políticas públicas más precisas. El acierto de esta política es que ya ameritó una queja por parte de las multinacionales de las Telecomunicaciones.
Derechos laborales
El trabajo decente y digno es otro de los grandes avances del Plan Distrital de Desarrollo. Es una política integral que por un lado apunta a la generación de empleo privado para la reactivación económica, concentrado en las micro, pequeñas y medianas empresas y por el otro, diseña una estrategia para la formalización laboral en el sector público y el avance progresivo en la reducción de la dependencia de la función pública a los contratos basura por OPS que le arrebata a los trabajadores su estabilidad laboral y sus derechos fundamentales, mientras los convierte en un caldo de cultivo para la politiquería. Esta estrategia incluye crear por los menos 1.500 empleos permanentes nuevos y cubrir 1.850 vacantes, adicional al desarrollo de estudios de cargas y la revisión institucional para la formalización definitiva.
Los cuestionamientos del Polo
La bancada del Polo Democrático Alternativo dejó constancias de sus cuestionamientos a algunas de las propuestas del PDD y votó en contra los artículos que consideramos inconvenientes. Nos opusimos y votamos en contra de las propuestas de Alianzas Público Privadas cuya inversión se estima en 6.3 billones de pesos, el 6% de todo el Plan Plurianual de Inversiones, incluida la muy inconveniente propuesta de la APP para construir la sede de la Orquesta Filarmónica. Las APP son una herramienta para entregarles a conglomerados privados la explotación económica de la infraestructura pública, una forma de privatizar el patrimonio público, como lo demuestra el caso del Coliseo El Campín, APP diseñada y contratada por la administración de Gustavo Petro.
El Polo también votó en contra de proyectos de movilidad como la construcción de la troncal de la Avenida 68. Con nuestros votos negativos, se hundió la propuesta de crear un nuevo tributo y la idea de titularizar el predial para subsidiar el transporte público.
La bancada del Polo no ha guardado silencio frente a las actuaciones erróneas de la administración de Claudia López. Entre otras cosas, hemos cuestionado su decisión de adjudicar el Transmilenio de la 68, los enormes subsidios a los operadores privados de Transmilenio en plena crisis, los despidos en Canal Capital y la reciente prohibición de la protesta en época de cuarentena estricta. También presentamos cuestionamientos al uso del Sisbén como única herramienta para identificar familias vulnerables y la propuesta de tramitar el POT este año sin garantizar la participación ciudadana, críticas que fueron escuchadas y corregidas por la administración.
Conclusión
El Plan Distrital de Desarrollo representa un viraje importante frente al modelo de ciudad que se impuso en las últimas tres décadas. El correcto tratamiento de la crisis de la pandemia y la construcción de un plan que mitigue su impacto y fortalezca la administración y la economía para la reactivación no son asuntos menores, es la consolidación de un plan para el futuro de la ciudad. El llamado, en especial a los polistas, es a conocer en detalle el Plan y a participar activamente en su implementación. Con nuestra entusiasta y comprometida participación este Plan llegará a las comunidades y organizaciones sociales con las cuales hemos adelantado luchas en defensa de los derechos básicos de una democracia. Un análisis objetivo y alejado del sectarismo permite concluir que el Polo acertó y debe perseverar en su alianza con el Partido Alianza Verde y el Movimiento Activistas.
