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Petro y Peñalosa tienen una responsabilidad política por la corrupción en la Universidad Distrital

Con fundamento en las actuaciones y omisiones de los exalcaldes Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, el concejal Manuel Sarmiento los acusó de tener una gran responsabilidad política en la corrupción de la Universidad Distrital.

Con las actas del Consejo Superior Universitario, el Concejal demostró la muy negligente actitud del senador Gustavo Petro, quien como Alcalde Mayor presidía el CSU pero solo asistió a 9 de las 101 sesiones. “Quien posa de gran defensor de la UD no quiso ejercer sus funciones como Presidente del máximo órgano de decisión de la universidad”, cuestionó Sarmiento.

En el año 2012 Wilman Muñoz, condenado por la corrupción en la Universidad Distrital, fue nombrado como Director del Instituto de Extensión. En agosto de 2013, el CSU aprobó una reforma que reestructuró el Instituto y que le dio superpoderes y un cheque en blanco al corrupto de Wilman Muñoz y que le permitió robarse más de $12.000 millones. En ese momento, Petro era el Presidente del Consejo Superior, pero no quiso ir a la reunión y delegó en su Secretario de Educación, Oscar Sánchez. Sin embargo, Sánchez llegó tarde a la reunión y no estuvo presente en la discusión de la reforma.

“¿Por qué Petro, que posa de ser un gran defensor de la Universidad Distrital, no asistió a una reunión en la que se discutiría una reforma de estas dimensiones?”, cuestionó el concejal Sarmiento, quien resaltó que los integrantes del CSU no solo sabían el alcance de la propuesta, sino que en las anteriores reuniones habían conocidos denuncias sobre irregularidades en el Instituto. “Petro fue negligente y por eso le cabe una responsabilidad política por lo sucedido”, señaló el cabildante.

Al también exalcalde Enrique Peñalosa y a María Victoria Angulo, secretaria de educación del momento y actual Ministra de Educación de Duque, también les cabe una responsabilidad política. Con las actas del CSU, Sarmiento demostró que Peñalosa se desentendió de la Universidad y no asistió ni a una sesión y, durante esa administración, hubo solicitudes de varios miembros del Consejo Superior para aclarar la situación de los recursos del Instituto, sin que Peñalosa y su delegado tomaran acciones efectivas para investigar las denuncias.

El actual rector Ricardo García tampoco se salva. Tuvo a William Muñoz más de un año en el cargo sin que se investigaran las graves denuncias que ya existían. Además, no son satisfactorias sus explicaciones de la reunión que sostuvo con Muñoz en un prostíbulo”.

A la grave corrupción en la Universidad Distrital, se suma una política educativa aplicada desde hace cerca de 30 años que ha desfinanciado a las universidades públicas. De acuerdo con el concejal Manuel Sarmiento, la Universidad tiene un déficit de infraestructura que equivale por lo menos a 6 estadios El Campín y antes de construir más facultades toca reducir el hacinamiento que padecen los estudiantes. Además, hay un docente de planta por cada 43 estudiantes, superando el parámetro que consiste en 1 docente de planta por cada 25 estudiantes, y el déficit financiero para el 2020 es mayor a los $88 mil millones.

Sarmiento explicó que este es el resultado de la política neoliberal de descargar sobre las entidades territoriales la financiación a las Instituciones de Educación Superior y que se manifiesta en la ampliación de la brecha entre las transferencias de la nación y del distrito a la Universidad. En los últimos años, las transferencias del Distrito han sido nueve veces mayor que lo destinado por la Nación, mientras que el Gobierno Nacional tiene el mayor poder económico. Esta desfinanciación ha hecho que la universidad dependa cada vez más de sus propios ingresos, lo que se agrava por la decisión del peñalosismo de reducir la estampilla en la pasada administración.

Ante la gravedad de los hechos denunciados en el debate de control político, Sarmiento manifestó “los ex alcaldes Gustavo Petro y Enrique Peñalosa deben responder políticamente por los hechos de corrupción presentados en la Universidad durante sus administraciones y deben explicar por qué fueron negligentes ante las alertas”.

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