Es inaceptable que el Ministerio de Trabajo autorice la masacre laboral en la multinacional General Motors

Es inaceptable que el Ministerio de Trabajo autorice la masacre laboral en la multinacional General Motors

Señora
ALICIA ARANGO OLMOS
Ministra del Trabajo
Carrera 14 No. 99-93
Ciudad

Ref. Es inaceptable que el Ministerio de Trabajo autorice la masacre laboral en la multinacional General Motors.

Atento saludo,

La multinacional estadounidense General Motors – Colmotores notificó a sus trabajadores la decisión del Ministerio del Trabajo de autorizar el despido masivo de un grupo de 103 trabajadores, medida frente a la cual debo manifestar mi más enfático rechazo.

Es inaudito que el Ministerio de Trabajo, que debería velar por los derechos de los trabajadores colombianos, se preste para que una trasnacional descargue en sus trabajadores la crisis generada por una política económica que acaba con la producción industrial localizada en el territorio nacional. En lugar de permitir este tipo de masacres laborales y ante el evidente fracaso del libre comercio, el gobierno nacional debería tomar medidas para proteger el trabajo nacional. Sin embargo, el presidente Duque, así como lo hicieron los gobiernos de Uribe y de Santos, prefiere privilegiar los intereses del capital extranjero, demostrando su total desprecio por el verdadero progreso nacional.

A esta masacre laboral se suman otros atropellos cometidos por General Motors contra sus trabajadores, como su decisión unilateral de eliminar varios de los beneficios convencionales de los sindicalizados.

Por lo anterior, le solicito proteger los derechos laborales de los trabajadores de General Motors y revocar la autorización del despido masivo que traerá lamentables consecuencias para los trabajadores y sus familias. Le solicito finalmente, en ejercicio de mi derecho fundamental de petición, me responda de fondo esta carta y me haga llegar un informe con los argumentos en los que se fundamentó esta decisión.

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO
CONCEJAL DE BOGOTÁ
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Con nuevas pruebas bancada del Polo demuestra la ilegalidad del metro elevado de Peñalosa

Con nuevas pruebas bancada del Polo demuestra la ilegalidad del metro elevado de Peñalosa

La bancada del Polo Democrático Alternativo radicó ante el Consejo de Estado los estudios de costos de inversión y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá que comprobarían la ilegalidad de dicho proyecto. El concejal Manuel Sarmiento recordó que esta información le fue entregada por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, órgano que en dos oportunidades aclaró que la información solicitada no era objeto de reserva legal y que podía ser usada por el concejal para el ejercicio de su labor de control político.

El concejal reveló que estos estudios comprueban que el Conpes 3900 se aprobó sin contar con los estudios de factibilidad definitivos, lo que viola la Ley 310 de 1996. “Los documentos demuestran que los estudios de los costos de inversión y de operación se terminaron en julio y diciembre de 2018 un año después de la aprobación del Conpes”, explicó el concejal. 

A esto se suman una serie de inconsistencias entre los estudios en los que se fundamentó la aprobación del Conpes y los estudios finales que fueron entregados al Consejo de Estado. “Encontramos que el Metro que están licitando tiene características distintas al que aprobó el Gobierno Nacional en el Conpes 3900”, denunció el concejal del Polo.

Algunas de las inconsistencias denunciadas por la bancada del Polo fueron las siguientes: i) La solicitud del préstamo al BID señala que el metro movilizará 656.000 pasajeros al día, pero el estudio del OPEX se hizo calculando solo 304.500 pasajeros diarios; ii) Se eliminaron obras incluidas para la aprobación del Conpes y se introdujeron nuevas obras en la licitación; iii) Se redujo a 39 el número de km de vías para el desvío del tráfico, cuando el documento soporte del Conpes establecía 195 km; iv) Se elevaron los parámetros de cimentación de las pilas o pilotes, pero se redujo en un 42% ($655.000 millones) el presupuesto para hacerlo; v) Aumentaron una estación, de 15 a 16, pero el presupuesto para este rubro se incrementó en un 28% ($ 431.625 millones); vi) en los estudios entregados aparecen los costos de los riesgos del proyecto, que no se habían presupuestado en el documento original y que incrementan el rubro en más de $ 817.000 millones de pesos.

 “Andrés Escobar, gerente del proyecto, le dijo a Portafolio que el Conpes se había aprobado para un proyecto específico, pero resulta que estas pruebas demuestran que algunas de las características del proyecto cambiaron luego de que se terminaran los estudios de factibilidad. Por eso el temor de la administración de Peñalosa y su tono amenazante con el que buscaba impedirme ejercer mi derecho al control político”, afirmó Sarmiento.

En los siguientes enlaces se pueden descargar los estudios de los costos de de inversión y operación, así como los memoriales radicados por la bancada del Polo ante el Consejo de Estado:

  1. Opex Conpes 3900
  2. Opex licitacion Julio 2018.
  3. Capex Conpes 3900 y Anexo 2
  4. Capex licitacion diciembre 2018.
  5. Memorial nuevas pruebas a la demanda del Metro
  6. Memorial solicitud de medidas cautelares
Bancada del POLO revelará nuevas pruebas de la ilegalidad del metro

Bancada del POLO revelará nuevas pruebas de la ilegalidad del metro

Este jueves 18 de julio, a las 9:00 AM, la bancada de concejales del Polo Democrático presentará ante el Consejo de Estado (calle 12 con 7) nuevas pruebas que confirman la ilegalidad del metro elevado.

Las pruebas serán entregadas en el marco del proceso de la demanda de nulidad presentada en marzo y frente a la cual se están solicitado medidas cautelares de urgencia.

Los documentos que la bancada polista radicará fueron entregados al concejal Manuel Sarmiento por la Empresa Metro luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señalara que dichas pruebas no gozan de reserva legal. Se trata de los estudios definitivos de los costos del proyecto que, según Sarmiento, además de confirmar la ilegalidad del metro elevado, muestran graves inconsistencias que el cabildante explicará mañana en el Consejo de Estado.

Igualmente, los concejales del POLO le preguntarán al presidente Duque y al ministro Carrasquilla si conocían de los cambios en la inversión del proyecto.

La bancada del Polo Democrático enviará copia de estas pruebas a los órganos de control.

Los taxistas tienen la razón en su protesta en contra de la ilegalidad: Senador Robledo y concejal Manuel Sarmiento

Los taxistas tienen la razón en su protesta en contra de la ilegalidad: Senador Robledo y concejal Manuel Sarmiento

El paro de taxistas es justo; las autoridades no pueden seguir alcahueteando la ilegalidad de Uber y otras aplicaciones tecnológicas; la congestión vehicular, la contaminación y la inseguridad sí aumentan por estas empresas ilegales de transporte público

El paro adelantado por los taxistas es en contra de la ilegalidad de Uber, Beat, Picap y Didi. Para el senador Jorge Enrique Robledo y el concejal de Bogotá Manuel Sarmiento estas compañías que se presentan como simples aplicaciones tecnológicas cuando son es empresas ilegales de transporte público y siguen actuando gracias a la alcahuetería del gobierno nacional y de la alcaldía de Bogotá, entidades que con su permisividad abonan el camino para más caos vehicular, contaminación e inseguridad en el transporte público de pasajeros.

Crecen el número de estudios que demuestran que si los carros particulares se vuelven taxis aumenta la congestión del tráfico en todas las ciudades. Este año, por ejemplo, la autoridad la Autoridad de Transporte del Condado de San Francisco, ciudad de donde es originaria Uber, y expertos de la Universidad de Kentuky concluyeron que “entre 2010 y 2016 la congestión del tráfico en San Francisco aumentó aproximadamente en un 60 por ciento, y Uber y Lyft son responsables de más de la mitad de ese aumento.” (Ver)

Robledo expresó que Uber y otras empresas ilegales del transporte están actuando de mala fe. Violan el Código Penal cuando suplantan a las autoridades públicas de transporte, gastan miles de millones de pesos en publicidad engañosa, mueven su plata por el sistema financiero y aparecen como empresarios ejemplares cuando no lo son.

El concejal Sarmiento señaló que “el gobierno Peñalosa ha sido negligente en combatir la ilegalidad y se ha empecinado en imponer cargas que los terminan haciendo menos competitivos frente a los ilegales. El ejemplo son las tabletas que encarecen el servicio hasta en un 25 por ciento y no resuelven de fondo ninguno de los problemas del taxismo.”

Los dos voceros del Polo Democrático reiteraron su llamado a Duque y a Peñalosa a que dejen de ser complacientes con la ilegalidad de Uber y otras aplicaciones, y atiendan los justos reclamos de empresarios, propietarios y conductores de taxis. Si se quiere de verdad mejorar el transporte público de taxi, como tanto se repitió durante la última campaña presidencial, hay que combatir a las multinacionales de la ilegalidad en el transporte público.

Bogotá, 10 de julio de 2019

Oficina de Prensa

Senador Jorge Enrique Robledo y concejal Manuel Sarmiento

Procuraduría confirma vicios de ilegalidad en el trámite del POT, su trámite se debe suspender

Procuraduría confirma vicios de ilegalidad en el trámite del POT, su trámite se debe suspender

En respuesta a una solicitud del Consejo Territorial de Planeación, la Procuraduría General de la Nación confirmó que el acta de concertación firmada entre la CAR y el gobierno de Enrique Peñalosa es ilegal ya que el tramite debió suspenderse hasta que no se resuelva por el Consejo de Estado la recusación que existe contra el Director de la CAR, Néstor Franco. Así mismo señaló que el trámite que adelanta Peñalosa para aprobar su propuesta de POT debe suspenderse.

El concejal Manuel Sarmiento manifestó que, una vez más, se corrobora que las actuaciones de la alcaldía de Peñalosa y la CAR son abiertamente ilegales al empeñarse en darle continuidad a un trámite que ha sido considerado como irregular por el Ministerio Público.

El cabildante recordó que la propuesta de Peñalosa en materia ambiental es el típico caso de volteo de tierras, ya que sin justificación técnica y con cifras poblacionales cuestionables, “se plantea sustituir el concepto de Estructura Ecológica Principal por Estructura Ambiental y de Espacio Público para convertir a los ecosistemas más importantes de la ciudad en áreas de desarrollo de proyectos inmobiliarios y turísticos, lo que explica el carácter abusivo y arbitrario con el cual se adelanta este trámite”.

Peñalosa debe suspender la presentación del POT al CTPD por irregularidades en su concertación ambiental

Peñalosa debe suspender la presentación del POT al CTPD por irregularidades en su concertación ambiental

A pesar de que la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo Directivo de la CAR revocar los actos administrativos que permitieron a su Director firmar la concertación ambiental del POT, el alcalde Enrique Peñalosa decidió continuar con el trámite de aprobación de su proyecto ante el Consejo Territorial de Planeación.

El concejal Manuel Sarmiento señaló que la actuación de la alcaldía y de la CAR es totalmente abusiva y arbitraria, pues se empeñan en darle continuidad a un trámite que ha sido catalogado como irregular e inconveniente por el Ministerio Público y por la ciudadanía.

El cabildante aseguró que: “el alcalde Peñalosa plantea sustituir el concepto de “Estructura Ecológica Principal” por “Estructura Ambiental y de Espacio Público”, con la finalidad de convertir los ecosistemas más importantes de la ciudad en áreas destinadas a ejecución de proyectos inmobiliarios y turísticos, factor que explica porqué se han pasado por la faja todos los procesos de socialización del nuevo POT”.

En razón a ello, el concejal radicó una solicitud formal a la Secretaría de Planeación para que suspenda de inmediato el trámite de aprobación del POT, hasta que la Procuraduría no resuelva el conflicto de intereses del Director de la CAR, que sin duda interfirió en el proceso de concentración ambiental.

Es deplorable la represión de su administración en contra de los vecinos de Ciudadela Colsubsidio

Es deplorable la represión de su administración en contra de los vecinos de Ciudadela Colsubsidio

Señor
ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
Alcalde Mayor de Bogotá
Carrera 8 No. 10-65
Ciudad

Señora
ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
Alcaldesa Local
Alcaldía Local de Engativá
Calle 71 No. 73A-44
Ciudad

Ref. Es deplorable la represión de su administración en contra de los vecinos de Ciudadela Colsubsidio.

Atento saludo.

Conocidos los hechos ocurridos el día lunes 8 de abril en la Localidad de Engativá en los que la administración distrital y local recurrieron a cientos de agentes de policía y del ESMAD para reprimir a las personas que se oponen a la construcción de canchas sintéticas, además del corredor ambiental con el que se pretende endurecer los bordes del humedal Juan Amarillo – Tibabuyes, debo deplorar por vil y antidemocrática la actuación de su gobierno.

Ordenar a la fuerza disponible y al escuadrón antidisturbios (ESMAD) reprimir ferozmente a los manifestantes de Ciudadela Colsubsidio, entre quienes había adultos mayores, resulta simplemente inaceptable y es muestra del grado de desprecio frente a los reclamos de los ciudadanos, sus necesidades y sus demandas.

Exijo como concejal de Bogotá y como ciudadano de la capital que cese inmediatamente cualquier obra en el humedal Juan Amarillo – Tibabuyes y que cada intervención en el espacio público, especialmente en parques y entornos naturales, responda a las necesidades e intereses de quienes los habitan, predominando el criterio de conectividad y funcionalidad ecológica por encima de cualquier otro.

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO
CONCEJAL DE BOGOTÁ
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Fallo de un juez obliga a Peñalosa a revelar los costos finales del métrico elevado

Fallo de un juez obliga a Peñalosa a revelar los costos finales del métrico elevado

Tribunal Administrativo da la razón al concejal Manuel Sarmiento y ordena al gerente del metro entregar el presupuesto final del metro elevado.

Después de las declaraciones de septiembre de 2018 en las que el Gerente de la Empresa Metro manifestó desconocer los costos finales del proyecto, el concejal Sarmiento solicitó en reiteradas ocasiones los documentos que detallan el presupuesto final del metro elevado. La negativa a entregar los costos, alegando confidencialidad, fue llevada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien le dio la razón al concejal Sarmiento para el cumplimiento de sus deberes de control político. (Fallo Tribunal)

“Es evidente que el metro elevado de Peñalosa avanza en un rio de incertidumbres que puede llevar a la ciudad a un mar de sobrecostos”, alertó el concejal del Polo Democrático. El concejal de oposición recordó que en entrevista de enero de este año el alcalde Peñalosa reveló que presentaría al Concejo de Bogotá una solicitud para modificar las vigencias futuras aprobadas para el metro, modificación actualmente prohibida en el último año de gobierno, pero que sería posible de ser aprobado el artículo 52 del Plan Nacional de Desarrollo en el que Duque le haría el favor a Peñalosa.

 “La próxima semana sabremos si el propósito de esconder esta información tiene que ver con la demanda de nulidad que presentamos con la bancada del Polo Democrático ante el Consejo de Estado. Seguiremos investigando las graves irregularidades con la que se tramita el métrico elevado alimentador de Transmilenio. Pero le recomiendo al alcalde Peñalosa que no amenace con cárcel a los candidatos que rechacen su metrico elevado, que no se arrime a la candela porque tiene rabo de paja con las ilegalidades.”

POT de Peñalosa revive la pésima idea de quitarle predios a la Universidad Nacional

POT de Peñalosa revive la pésima idea de quitarle predios a la Universidad Nacional

Peñalosa pretende abrir la puerta para que algunos predios de la UN se pongan al servicio del negocio inmobiliario.

Jennifer Pedraza, Santiago Fonseca y Juan Carlos Rodríguez, representantes estudiantiles de la Universidad Nacional, denunciaron a través de un comunicado que el POT del alcalde Peñalosa pretende cambiar la destinación del suelo de los predios donde funcionan el edificio Uriel Gutiérrez, la unidad Camilo Torres y en el que está proyectado construir la la fase 2 del Hospital Universitario, con el propósito de ponerlos al servicio de la especulación inmobiliaria.

De acuerdo con los mapas del POT propuesto por la actual administración, estos predios quedarían clasificados como áreas de uso múltiples para centros de negocios y oficinas asociadas a corredores de renovación urbana, donde el comercio y los servicios de escala metropolitana quedarían como usos principales mientras el dotacional educativo sería apenas un uso complementario. (Ver cuadro) De esta manera Peñalosa pretende abrir la puerta para mutilar la Universidad Nacional en beneficio del negocio inmobiliario que quiere dejar amarrado en toda la zona del Centro Administrativo Nacional – CAN.

“Es absurdo que predios que hoy solo se pueden destinar para cumplir los objetivos misionales de la Universidad Nacional pasen a ser objeto de la especulación inmobiliaria que tanto le gusta al alcalde Peñalosa. Es la misma idea que en 2013 fracasó gracias a la movilización de la comunidad universitaria”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento.

El cabildante del Polo respaldó el llamado a la movilización de los representantes estudiantiles indicando que “esta es una lucha que la comunidad de la Universidad ya ha ganado con estudio, organización y resistencia civil y democrática. Es el momento de sumarse a todos los sectores afectados por el pésimo modelo de ordenamiento de ciudad que busca imponer Peñalosa y detener este atropello contra Bogotá.”

Intervención en el Concejo: https://youtu.be/O8QB24Z-sNQ

Canal Capital debe garantizar los pagos oportunos a sus trabajadores

Canal Capital debe garantizar los pagos oportunos a sus trabajadores

Señor

DARÍO MONTENEGRO TRUJILLO

Gerente General – Canal Capital

Av. El Dorado No. 66 – 63, piso 5

Ciudad

Ref. Canal Capital debe garantizar los pagos oportunos a sus trabajadores.

Atento saludo.

Desde hace varios años vengo denunciando las irregulares prácticas de contratación a las que entidades públicas como Canal Capital acuden para contratar a sus trabajadores. En lugar de vincularlos a las plantas permanentes como lo exige la ley, usan las órdenes de prestación de servicios, que llegan a ser la regla y no la excepción, con plazos de ejecución no mayores a los treinta (30) días a personas que llevan 15 años o más desempeñando labores para el Canal. Técnicos que han dedicado su vida a especializarse en la producción audiovisual y al desarrollo de contenidos educativos y culturales para la televisión pública, se ven sometidos a la más cruel incertidumbre cuando su continuidad depende de la voluntad del superior de turno, dejándolos sin el sustento mínimo durante días o incluso meses. Cabe resaltar que además de la inestabilidad laboral, estos trabajadores tienen malos salarios, no tienen derecho a vacaciones remuneradas y peor aún, no pueden ejercer sus derechos fundamentales a la sindicalización y a la negociación colectiva.

Al mismo tiempo que usted, doctor Montenegro, se ufana de tener utilidades por U$ 1 millón de dólares en 2018 (https://bit.ly/2W0DB72), insiste en una política laboral, que aplaudida por la administración de Enrique Peñalosa, viola todas las disposiciones legales que ordenan la vinculación laboral cuando se cumplen funciones misionales y permanentes, y vulnera los derechos de las personas que trabajan en la entidad a su cargo, interponiendo todo tipo de obstáculos para el desembolso de los pagos.

Tengo conocimiento de los atropellos a los que son sometidos contratistas a los que, en ciertos casos, se les asignan funciones que no se relacionan con el objeto de sus contratos. En peores circunstancias, a camarógrafos, sonidistas, escenógrafos, luminotécnicos se les exige asumir responsabilidades que corresponden al contratante como el costo de equipos de seguridad, cursos de altura, exámenes médicos específicos, largos y múltiples desplazamientos por su propia cuenta y riesgo a los sitios de las grabaciones y transmisiones. Debo añadir, y rechazar, que su desdén llegó al extremo de impedir que los trabajadores impriman en las instalaciones del canal sus cuentas de cobro y los documentos que exigen sus contratos mes a mes para el pago de sus salarios.

Ante la aberrante situación planteada, le solicito abstenerse de entorpecer el pago oportuno de salarios y proceder a iniciar el proceso de vinculación de trabajadores que a lo largo de años han contribuido a la promoción de la cultura y la construcción de nuestra identidad.

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

C.C Ministerio del Trabajo

C.C. Personería de Bogotá

C.C. Procuraduría General de la Nación