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Defendamos nuestro ambiente
El crecimiento descontrolado del territorio y el consumo masivo de energía, sumados a la improvisación de las administraciones distritales y la falta de conciencia ambiental de la ciudadanía, han tenido como consecuencia serias afectaciones en los recursos de suelos, agua, aire, flora y fauna que constituyen la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, con especial deterioro de los humedales, el río Bogotá y los Cerros Orientales. Los problemas que impiden la realización del derecho a un ambiente sano para todas y todos están diagnosticados. Y en los planes gubernamentales es persistente el incumplimiento de las medidas de protección al medio ambiente. A la falta de ejecución se suma también la prevalencia que los Gobiernos Nacional y Distrital han dado a los intereses de grupos económicos inmobiliarios sobre los de la totalidad de bogotanos y bogotanas a tener un ambiente sano.
En la actual administración el incumplimiento también es regla. Del total de inversión directa del sector, solo el 4% se destinó a protección, preservación, conservación, mejoramiento, manejo y sostenibilidad de los recursos naturales. Además se incluyeron en nivel central y en localidades acciones como mantenimiento de malla vial en rubros de ejecuciones ambientales. Y en el caso de los humedales siguen primando los interés de los constructores sobre los de la gente, con casos de nepotismo y favorecimiento a intereses de grandes capitales inmobiliarios. La defensa acérrima de la construcción de vivienda por parte de la inmobiliaria de un cuñado del Alcalde Mayor, en inmediaciones de La Conejera y la entrega de parte del parque Simón Bolívar con características de humedal para la construcción del gran proyecto inmobiliario Ciudad CAN, son prueba del manejo inclinado a defender las rentas de unos pocos antes que el interés general de la ciudad.
La recuperación del Río Bogotá es otro aspecto sensible de la administración ambiental de la ciudad, ya que la Estrategia para el Manejo Ambiental del Río[1] indica que “En su recorrido es utilizado como drenaje de un área aproximada de 6.000 km², en donde habitan alrededor de 1.3 millones de habitantes, utilizando parte de las aguas para beber, cocinar y lavar, y a su vez en mayor cantidad para la producción de bienes, alimentos y ganadería entre otras actividades. En su paso por el Distrito Capital alcanza un margen de afectación de aproximadamente 8 millones de habitantes, es decir el 19% de la población del país, a lo cual se suma que la ciudad genera el 25% de las actividades de la económica nacional”.Los impactos negativos de la contaminación incluyen daño ambiental ocasionado a las aguas y elementos aledaños de espacio público, a la salud y el patrimonio de habitantes de la región capital.
Solo fue hasta marzo de 2014, con el fallo de Consejo de Estado frente a una acción popular interpuesta por la ciudadanía que se ordena poner en marcha un plan de recuperación y saneamiento del río, que carga la mayor parte de los costos al Distrito Capital, incluyendo a EAB, a distintos ministerios, empezando por el de Ambiente, y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a la vez que exime de buena parte de los mismos a Emgesa, principal beneficiaria de la descontaminación con el complejo hidroeléctrico Pagua. Los costos de la descontaminación del río ascienden, según cifras de Contraloría Distrital, a $9.3 billones que saldrán en proporción del 85 por ciento de las arcas del Distrito y por supuesto, del bolsillo de las y los contribuyentes, en una orden judicial que beneficia enormemente al capital italiano dueño de Emgesa y que debe ser ampliamente denunciada por lo onerosa que resultará a la ciudadanía de Bogotá.
Los Cerros Orientales de la ciudad han sido objeto de explotación y uso no planificado durante las últimas décadas por cuenta de la negligencia de las distintas administraciones municipales que no hicieron respetar los límites de la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá creada en 1977. Se han urbanizado y/o construido 519 hectáreas de los cerros entre asentamientos informales e inmuebles suntuarios, además de los suelos destinados a usos agropecuarios y explotación minera. La legalización de las irregularidades que ya tienen poca posibilidad de ser revertidas tomó la forma de “franja de adecuación” en resolución de 2005 demandada por una ciudadana, pero confirmada por el Consejo de Estado en noviembre de 2013.
La franja compuesta a su vez por franjas de recuperación ambiental con afectación antrópica, de conservación y de recuperación ecológica y paisajística implica en la práctica que la Reserva Forestal perdió 973 de sus 14.197 hectáreas, área de no poca importancia si se tiene en cuenta la función de regulación del clima, el aire y los acuíferos de la sabana que tienen los cerros tutelares de Bogotá.
A la afectación ambiental se suma el manejo de la situación de cerca de 95 mil personas asentadas en 34 barrios legalizados y 26 pendientes de legalización ubicados en área de recuperación que no podrán cumplir con todos los requisitos de norma urbana vigente y se encuentran en riesgo de perder sus viviendas, para quienes no existen soluciones de mediación distintas al pago de adecuaciones estructurales o la demolición, en contraste con las más de cien grandes iniciativas de construcción de vivienda de lujo en cabeza de los grupos Helm Trust y Fiduciaria Tequendama, entre otros, a las que el Consejo de Estado permite desconocer el fallo y beneficiarse de los exorbitantes precios del suelo en estas zonas. Existe un enorme peligro de gentrificación y expulsión de población vulnerable que es imperativo denunciar, y va de la mano de los amplios márgenes de especulación que tienen los grandes agentes inmobiliarios y han configurado en los últimos años una burbuja de precios.
Parte fundamental de la cadena de saneamiento básico es la disposición final y aprovechamiento de residuos producidos en el territorio. Según la Contraloría Distrital, en el Relleno Sanitario Doña Juana se disponen diariamente 6.247 toneladas de residuos sólidos en un área de 234 ha, que a pesar de ser reconocida como insuficiente, no ha aumentado en 15 años, lo que quiere decir que Bogotá se encuentra en riesgo manifiesto de volver a tener derrumbes como el ocurrido en 1997 afectando a 1500 personas; o en el peor de casos, de entrar en situación de emergencia sanitaria por falta de un lugar para la disposición final de los residuos sólidos que produce. Cada día aumenta la presión sobre la capacidad del relleno, mientras los aumentos antitécnicos de capacidad autorizados por la CAR a la administración distrital no resuelven en nada el problema y, por el contrario, ponen en riesgo la vida y salud de las y los habitantes de las localidades del sur de la ciudad.
Al déficit de 500 hectáreas para el relleno sanitario se suma el escaso avance en infraestructura de aprovechamiento de residuos sólidos. Anteriores administraciones incluyeron en sus metas de plan de desarrollo la puesta en funcionamiento de 6 parques de reciclaje, promesa a la que el gobierno Petro sumó la de 60 bodegas de reciclaje y el aprovechamiento del 100% de residuos sólidos y devolución al ciclo productivo. A noviembre de 2014 el avance en cumplimiento de esta meta era del 2,3% equivalente a 142,8 de 6.274 toneladas diarias que produce la ciudad, mientras el aprovechamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario Doña Juana apenas si llega a la tercera parte de lo proyectado. Bogotá sigue sin tener parques de reciclaje y sin formalizar las bodegas de reciclaje, a pesar de que “Basura Cero” es uno de los programas bandera de la actual administración. A los recicladores/recuperadores, motivo central del “nuevo modelo”, apenas les tocó el 1,3 %, y de un censo de 13.757, solo poco más de 4 mil han salido favorecidos hasta ahora.
La Corte Constitucional se ha pronunciado también sobre la necesidad de democratizar la prestación del servicio de aseo, de manera que incluya a la población recicladora como eslabón más vulnerable de todo el proceso. Pero la promesa de “democratizar el negocio el aseo y entregarlo a las y los recicladores” en cumplimiento de la sentencia T-124 de la Corte Constitucional ha quedado en veremosen lugar incluir a la población recicladora de oficio en el esquema de aseo. Y al contrario la UAESP ha abarcado por orden de la alcaldía a habitantes de calle, abultando el censo de beneficiados de modo que no se promueve la asociatividad ni la formalización de las y los recolectores.[2]
Bogotá no puede seguir con un esquema de aseo lesivo para las finanzas del Distrito, y favorable a unos pocos operadores privados. Las funciones de Aguas de Bogotá deben ser asumidas sin improvisación, de modo que la empresa se fortalezca y hagan más competitiva, con miras a que la operación de barrido, recolección, limpieza, así como las de recuperación y disposición final de residuos sólidos sea 100% pública.
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