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La salud es un derecho, no más EPS
La materialización del derecho a la salud debe entenderse como la garantía de condiciones de bienestar físico, mental y social. Su mejoramiento, aunque tiene en la base la intervención sobre la infraestructura hospitalaria y las condiciones laborales del personal de la salud, debe tener en cuenta asuntos como el acceso a agua potable, saneamiento básico, acceso a alimentos sanos y alimentación balanceada, hábitat urbano y rural en el distrito, salud ocupacional, medio ambiente sano, acceso a una mayor y educación en prevención y el autocuidado, la salud sexual y reproductiva, entre otros. El derecho a la salud solo se verá plenamente realizado en el cumplimiento de los demás derechos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales.
Es imposible asegurar condiciones saludables de existencia mientras persista la crisis del Sistema de Seguridad Social en Salud colombiano, causada por la Ley 100 de 1993 y sus EPS. La prestación del servicio de salud está sometida a criterios de rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad en favor de los intereses de las EPS, que empujan a la quiebra a los hospitales y clínicas del país[1] y a padecer la negación de medicamentos y tratamientos a millones de colombianas y colombianos. Este es un marco general del cual el sistema de salud en Bogotá no se escapa e incluso evita que, a pesar de las importantes inversiones distritales en salud pública y atención primaria en salud, se obtengan mejores resultados.
El panorama de salud pública de Bogotá es menos malo comparado con la media de las principales ciudades del país. Las tasas de mortalidad general son las más bajas en el ámbito nacional: mortalidad materna de 28 muertes por cada 100 mil nacidos vivos versus la media nacional de 69, y en embarazo adolescente, la tasa de fecundidad es casi 3 veces inferior a la media del país.
Bogotá ha logrado avanzar en la última década en un paquete de medidas sociales que acercan un poco más los servicios de salud a los habitantes de la ciudad, sobre todo a quienes se encuentran en el régimen subsidiado o no están afiliados. Sin embargo, la calidad del servicio sigue siendo reprobada por más de la mitad la ciudadanía (Encuesta de Calidad de Vida 2013). La razón: la negación de medicamentos y procedimientos, y trámites innecesarios. En otras palabras, a causa de las barreras administrativas y económicas que imponen las EPS. Por nivel socioeconómico, siete de cada 10 bogotanos de estratos medios (3 y 4) sienten que no se les garantiza el derecho a la salud.
Para el gobierno nacional la tal crisis de la salud no existe, y su política es el fortalecimiento de las EPS. El presidente Santos nada hace para detener los graves daños que la intermediación de las EPS hace a las Empresas Sociales del Estado (ESE), a las que se les adeudan casi 5 billones de pesos[2], situación que afecta a trabajadores y trabajadoras de la salud, pacientes, y al conjunto de la sociedad. Los efectos de las EPS también se ven en Bogotá, donde la deuda con los 22 hospitales públicos pasó de $282 mil millones en 2011 a más de $876 mil millones en 2015[3]. Deuda que, según la Veeduría Distrital, tiene a catorce de ellos en riesgo de quiebra.
Al inicio de 2015 el gobierno distrital anuncio el saneamiento financiero de la red pública hospitalaria mediante la inyección de $150 mil millones. Según explicó la administración la medida eliminaría el déficit fiscal de toda la red pública de Bogotá. Sin embargo, el costo de esos recursos tiene tres aspectos: es un alivio para las EPS porque el Distrito asume la deuda que ellas no quieren pagar, esos recursos vienen aparejados con planes de ajuste que cierran servicios en los hospitales y empeoran las condiciones laborales de los trabajadores, y mantienen el modelo que fortalece el Cartel de las EPS.
Los Planes de Saneamiento Fiscal incluyen en todos los casos dos tipos de medidas que atentan contra nuestro derecho a la salud: el recorte de servicios no rentables desde el punto de vista financiero, y la degradación las condiciones laborales en el sector. Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 la Secretaría Distrital de Salud ha reportado el cierre de 1.517 servicios en las ESE bogotanas, afectando el acceso de la población a la atención en diversas especialidades.
Los ajustes fiscales emprendidos con el beneplácito del Ministerio de Hacienda han deteriorado las condiciones laborales del sector, donde la tercerización y la sobrecarga laboral se han hecho el común denominador de las ESE: de cada 10 trabajadores de hospitales públicos de Bogotá, 7 están contratados por Orden de Prestación de Servicios, solo 1 de cada 5 es servidor público con garantías prestacionales y laborales, y 1 de cada 20 se encuentra contratado por una empresa de servicios temporales.
Es postura de principios del Polo Democrático Alternativo la defensa de la red pública hospitalaria, el rechazo a la intermediación financiera de las EPS , así como a la privatización de hospitales y centros de salud y el deterioro de las condiciones de profesionales y trabajadores del sector. Por eso nuestra lucha será contra el ajuste fiscal que degrada a las ESE, y por el pago inmediato de los montos adeudados por las EPS, necesarios para contar con una red hospitalaria pública robusta. En síntesis, nuestro compromiso será el de ir de la mano e impulsar el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas como la Mesa Distrital por el Derecho a la Salud y los Comités No Más EPS, y exigir la ampliación de las plantas de los hospitales públicos, con vinculación directa para todo el personal de la salud, hoy en su gran mayoría tercerizados. Esta propuesta apunta a la realización de la salud como derecho fundamental para la población en Bogotá.
[1] [1] Informe de Contraloría General, 57,7% de los hospitales públicos del país se encuentran en niveles de riesgo y, por tanto, están obligados a implementar programas de saneamiento fiscal y financiero.
[2] [2]Según la Asociación de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos ACESI, la cartera hospitalaria en el país supera los $12 billones de pesos, de los que a los hospitales privados se les adeuda aproximadamente $7 billones de pesos y a los hospitales públicos $4.9 billones de pesos.
[3] [3] Fuente: Sistema de Información Hospitalaria de Secretaría Distrital de Salud. 2015.
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