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Servicios públicos sí, negocios no
La Constitución de 1991 introdujo la lógica de convertir los bienes y servicios públicos a cargo del Estado en meros nichos de inversión, donde se garantiza por encima de todo la rentabilidad de los inversionistas. Así nacieron las Leyes 142 y 143 de servicios públicos y se fomentaron las privatizaciones, todas ellas realizadas afectando negativamente el patrimonio de los colombianos. Las ventas a menos precio se hicieron con la justificación de que los grandes capitales privados serían más eficientes que el Estado. Afirmación que se quedó en el papel. Las tarifas que se cobran por los servicios de energía eléctrica, telefonía, gas domiciliario y agua y saneamiento básico son confiscatorias. Y las privatizaciones no trajeron calidad, eficiencia y mejor cubrimiento. La calidad en los servicios prestados por empresas privadas se aleja de los mejores estándares y los cortes en por fallas en el servicio siguen siendo pan de cada día.
Aunque en las estadísticas de la capital dicen que las coberturas son altas, estas se encuentran inicuamente distribuidas. En varias localidades de la ciudad la cobertura de energía eléctrica y de agua y saneamiento básico apenas llegan al 80-85% de la población. Son miles los ciudadanos que no tienen acceso a los servicios públicos domiciliarios. Y para los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4 representan una carga económica que le quita espacio al consumo de comida, vestido, salud, vivienda y ocio.
El esquema tarifario determinado por las Comisiones de Regulación, todas adscritas al gobierno nacional, no refleja la realidad de los costos de prestación de los servicios. Parte de supuestos falsos que inflan las ganancias de los operadores. Mientras en toda la cadena de prestación de los servicios públicos domiciliarios priman los monopolios y los oligopolios, los esquemas tarifarios parten del supuesto de que son negocios de libre competencia. La suposición hace que la tasa de ganancia se eleve de 5-6% a 15-17%. La infraestructura que se paga en la tarifa se supone toda como nueva, cuando en el caso de Codensa, por ejemplo, existen instalaciones que datan de hace 50, 60 y hasta 70 años. Abusos que el gobierno nacional no audita de ninguna forma. Y en la medida que se revisan los marcos tarifarios siempre se afecta en favor de las empresa la tasa de rentabilidad. Situación que contra los usuarios, residenciales, comerciales e industriales, se ve agravada por los malos manejos administrativos y las incorrectas decisiones financieras.
Las empresas distritales de servicios públicos son patrimonio de los bogotanos. Tienen que ser bien administradas. El derecho a servicios públicos de la mejor calidad y a precios justos no se cumple. El Concejo de Bogotá es un escenario para promover la defensa del patrimonio público de los bogotanos y las bogotanas y del derecho a los servicios públicos de calidad y de acceso para toda la población y de exigencia de extinción de los abusos de las empresas contra los usuarios y sus trabajadores.
Acueducto, Alcantarillado y Aseo
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) es uno de los activos patrimoniales más importantes de la ciudad. Pero ella ha sido objeto de malos manejos administrativos y financieros y de medidas privatizadoras reflejadas en aumentos tarifarios, caídas en la productividad de la empresa, la prórroga de la planta de Tibitoc, y en degradación de las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa.
En la EAB las decisiones en contra de su sana administración incluyen la entrega del manejo del alcantarillado pluvial, mantenimiento de canales, humedales y ríos a Idiger (Decreto 528 de 2014). Se la descapitaliza y el modelo empresarial que se le intenta instaurar, como lo explica Sintraemsdes, replica el esquema de gestores privados que debilita el erario.
Las pérdidas de la Empresa se incrementan. Sus ingresos cayeron 1,55% de 2013 a 2014, sus utilidades fueron las más bajas en los últimos 9 años, equivalentes a 82 mil millones de pesos. La empresa se salvó del déficit gracias a contrataciones fuera de Bogotá, aumentos en los ingresos por facturación de acueducto y alcantarillado, reducción de las inversiones y algunos rendimientos financieros.
Las maniobras de debilitamiento incrementan las tarifas. Entre 1999 y 2010 crecieron 62% más que la inflación. Los usuarios pagamos la tarifa más cara del país, mientras el Distrito giró al concesionario privado del sistema Tibitoc 304 millones de m³ que la ciudad no ha consumido y equivalentes a demanda anual de toda la ciudad.
La planta de Tibitoc es ejemplo de malos negocios contra la administración pública. Los Estados Financieros (2014) de la empresa señalan que “La EAB y la Concesionaria Tibitoc firmaron acta conciliatoria para dar cumplimiento al resultado del tribunal de arbitramento y se reconoció a la concesionaria los suministros de agua por encima de la demanda mínima garantizada”.
Por iniciativa del Polo Democrático se implementó el mínimo vital de agua gratuito para los estratos 1 y 2, medida que debe ser extendida a toda la ciudadanía. Este es un paso para convertir al agua potable en derecho universal proveído por una empresa estatal. Es necesario aumentar la veeduría ciudadana al manejo de la Empresa, solicitar la reversión de la concesión de la operación de la planta Tibitoc y que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Según el sindicato de la EAB aproximadamente 2.500 personas tienen formas de contratación que facilitan la inestabilidad laboral.
Derecho a un servicio de aseo público y eficiente
Avanzar en un servicio de aseo eficiente a la altura de las necesidades de Bogotá es condición sine qua non del ejercicio del derecho a la salud y a un ambiente sano. La evaluación del funcionamiento del esquema existente es punto de partida para la exigencia de un servicio de recolección, disposición, tratamiento y disposición final de residuos sólidos que sea de calidad y a bajo costo.
El Distrito debe crear y desarrollar una empresa de tamaño adecuado y competitiva para el sector, necesidad no reflejada en el manejo que a las basuras viene dando la actual administración. La entrega de recursos y funciones a terceros con resultados negativos para la ciudad sigue siendo la regla en la prestación del servicio de aseo en la capital.
La entrega de la operación del aseo a Aguas de Bogotá significó desde sus inicios una fuerte carga financiera para el Distrito. La deuda de la EAB con la UAESP para sufragar los sobrecostos por la prestación del servicio de aseo hoy asciende a $32.641 millones. En simultánea el Acueducto entregó a Aguas de Bogotá en 2014 más de $77 mil millones para operación, y aún así esta empresa da pérdidas por unos gastos que superan los ingresos en $37 mil millones. Hecho agravado por la subcontratación que la filial hace con Cupic, cuyo monto ha variado de $11 mil a $19 mil millones entre 2013 y 2014.
Los operadores particulares están siendo financiados con recursos del operador público, afectando las finanzas de Aguas de Bogotá, y en consecuencia las de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. A 2013 el Acueducto de cada 100 pesos recaudados por el servicio de aseo en Bogotá[1], 67 fueron a los operadores privados Aseo Capital, Ciudad Limpia, Lime y Atesa, a la empresa privada que hace el recaudo y al consorcio que opera el Relleno Sanitario doña Juana, mientras que tan solo 33 al operador público, cuando este opera hasta un 53% de las zonas en labores de recolección manual, poda de césped y barrido. La forma en cómo la actual Administración Distrital trata de construir un operado público de aseo, es un ejemplo por lo negativo. La improvisación y las incorrectas decisiones legales, administrativas y financieras deben corregirse, pues se está poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la EAB, ya golpeada por contratos onerosos como el de la planta de Tibitoc.
La recolección de residuos sólidos, asunto crítico de salud pública, sigue siendo un importante negocio para los operadores privados, a quienes les fueron prorrogados los contratos hasta tanto se dé una nueva licitación. Buenos propósitos como crear una empresa pública de aseo deben hacerse bien. El Estado no puede manejarse sin planificación, previsión y criterios positivos de la correcta administración pública. La EAB debe fortalecerse y ser bien administrada. Los trabajadores no pueden seguir cargando con los costos de las malas políticas y las malas decisiones.
La energía eléctrica, costosa y gran negocio para Codensa
En la prestación del servicio de energía eléctrica también se imponen los intereses de los grandes inversionistas sobre el derecho a tener servicios públicos de calidad y a bajo costo. El país además de tener una de las tarifas industriales más caras de América Latina, tiene mala calidad y un esquema tarifario que por sobre las necesidades de lo usuarios garantiza altísimas rentabilidades a los operadores a lo largo de la cadena (generación, transmisión, distribución y comercialización).
El costo de cada kilovato-hora que Codensa cobra a la industria en Bogotá por regulación de la CREG[2], es de 14,8 centavos de dólar/kWh, superior al de todos los Estados de los Estados Unidos, exceptuando Hawaii. En usos residenciales el valor base ha pasado entre finales de 2009 y principios de 2015 de $305 kWh a $379.5 kWh[3]. Codensa, en vez de renovar su infraestructura, extendió la vida útil de sus activos eléctricos haciendo únicamente labores de mantenimiento correctivo, generando eventos como las tres explosiones e incendios ocurridos en 2013 en las subestaciones Concordia, Patio Bonito y Tibabuyes, que no solo generan detrimento en la calidad del servicio, sino que ponen en peligro la vida y bienes de la ciudadanía. La entrada en operación de la subestación Bacatá solo garantiza la confiabilidad del sistema frente a una eventual contingencia por los próximos dos años, mientras sigue pendiente la inversión para lograr modernización de las instalaciones.
Desde el Concejo se deben proteger los derechos de los ciudadanos y ser canal de las denuncias de la ciudadanía. Se deben también contrarrestar y alertar sobre los atropellos que se cometen con la prestación de servicios públicos por parte de una empresa que es 51% estatal pero operada por una multinacional. Es hora de que el gobierno distrital rompa el silencio sostenido en los últimos años sobre los abusos de Codensa, compañía donde la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, es el socio mayoritario.
Alumbrado público de calidad y a bajo costo
La EEB entregó a CODENSA la operación del alumbrado público bogotano a perpetuidad, rubro en el que gasta 132 mil millones de pesos cada año. El Plan Distrital de Desarrollo 2012-2016 asumió el compromiso de cambiar 10 por ciento de las luminarias de sodio a tecnología LED, lo que equivale a 33 mil nuevas luminarias por un costo de $70 mil millones, un ahorro del 45 por ciento del consumo de energía por un monto cercano a los $26 mil millones. A abril de 2015 se habían instalado solo 5.939, el 18% de las propuestas. Una auditoría reciente de la Contraloría Distrital revela falta de diligencia en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público, por lo que el 28% del total de 336.287 luminarias de la capital no han sido reemplazadas a pesar de haber cumplido su vida útil, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
La negación del derecho a un alumbrado público radica en la escasa capacidad de ejecución del gobierno distrital para alcanzar las metas de Plan de Desarrollo Distrital y en los acuerdos leoninos para el patrimonio público como el firmado entre CODENSA y La UAESP de manera extemporánea para reliquidar el pago del servicio. Este arroja que, a pesar de que el operador privado debía asumir el total de la deuda correspondiente a excedentes pagados por el distrito entre los años 1998 y 2000, equivalentes a más de 31 mil millones de pesos, la Unidad Administrativa acordó renunciar al 50% de la deuda a su favor.
A la ciudad no se le puede hacer conejo con el funcionamiento del alumbrado, que debe ser un servicio público y operar con los más altos niveles de eficiencia. El buen manejo de alumbrado impacta positivamente la seguridad de la ciudadanía bogotana. Los incumplimientos y contratos contrarios al interés público se agravan por las medidas del gobierno nacional, quien en su Plan Desarrollo 2015-2018 introdujo la definición de metodologías iguales a las de los otros servicios públicos que lo harán más caro e ineficiente. La negligencia administrativa y el ánimo de lucro no pueden conjugarse contra los bogotanos.
Es necesario que el Distrito demande el convenio que le entrega a Codensa, de manera indefinida, la prestación del servicio de Alumbrado Público.
Por el derecho al patrimonio público protegido y fortalecido
Las empresas públicas son patrimonio de todos y todas. Ellas deben ser administradas con los más altos estándares de la administración pública y no deben convertirse en fuente de extracción de rentas contra la ciudadanía y el desarrollo empresarial de la ciudad. Así como las privatizaciones son malos negocios para todos, las malas decisiones administrativas también lo son. La lógica de lo que no nos cuesta volvámoslo fiesta tiene que ser erradicada de la administración pública. Y la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía son principios que los funcionarios bajo ninguna consideración deben evadir.
La ETB
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá es uno de los activos más valiosos que tiene Bogotá y es una de las empresas más importantes del sector telecomunicaciones de Colombia. Las decisiones del gobierno Santos tienen por objetivo fortalecer el monopolio privado en el servicio de las telecomunicaciones, las cuales generan gigantescos sobrecostos sobre la ciudadanía, cuantificados en $4,5 billones en 2011. El gobierno Santos permitió a Claro, propiedad de Carlos Slim, consolidar el monopolio de los servicios de telefonía participando en la subasta 4G, le regaló 3 billones de pesos a Telefónica, y ahora busca obligar a ETB a prestar su infraestructura de fibra óptica a las mutinacionales a través de la adhesión de Colombia a un TLC denominado Acuerdo Internacional de Comercio de Servicios (TISA).
A la ETB se le ha intendado privatizar de diversas formas. Las decisiones de la Junta Directiva de la compañía la han llevado a perder usuarios.
| Servicio | Usuarios 2011 | Usuarios 2014 | Pérdida |
| Internet fijo | 561.000 | 563.000 | Participación cayó del 17% al 11% |
| Internet Móvil | 40.000 | 29.000 | 11 mil usuarios perdidos |
| Telefonía Móvil | 46.000* | 21.000 | 25 mil usuarios perdidos |
| Telefonía Fija | 1.800.000 | 1.500.000 | 300 mil usuarios perdidos |
* Usuarios en diciembre de 2013
Los esfuerzos financieros de la empresa se han volcado al proyecto N-Play, con el objetivo de reemplazar todas las conexiones de cobre (que soportan la telefonía fija, segmento en el que era muy competitivo) por redes de fibra óptica, endeudándose en montos cercanos a los 300 millones de dólares y con perspectiva de que la cifra se duplique sin que exista en contraprestación un plan de consecución de los 150 mil hogares conectados que fueron el compromiso de la administración de la Empresa a diciembre de 2015[4]. La meta se ha cumplido apenas en una tercera parte[5]. Esta decisión presupuestal tuvo como consecuencia el descuido de la infraestructura de redes de cobre y la tercerización de su operación, deteriorando la calidad del servicio y causando pérdidas de usuarios que afectan los ingresos y utilidades operacionales de la empresa.
| 2011 | 2014 | Caída | |
| Ingresos Operacionales | $1,49 billones | $1,43 billones | -$59 mil millones |
| Utilidades Operacionales | $266 mil millones | $104 mil millones | -$162 mil millones |
Fuente: Estados financieros ETB.
El debilitamiento de una de las “joyas de la corona” de Bogotá ha sido constante en los últimos años. La ETB no debe ser privatizada. Desde el Concejo debe acompañarse su defensa como patrimonio público y promoverse su buena administración. Sintratelefonos ha venido explicando como se intenta ocultar el verdadero estado de la empresa. Sus estados financieros están siendo manipulados o inflados para que no se refleje la realidad financiera. En 2012 se contabilizó la deuda aún no paga de Claro, la venta de la participación de la Empresa en Colombia Móvil (Tigo) por USD40 millones se realizó a menos precio con un detrimento patrimonial a los recursos públicos cuantificado en 94 mil millones de pesos[6], y de la que se benefició la multinacional Millicom.
Desde el Concejo hay que respaldar el buen manejo de la ETB. Y no se puede estar de acuerdo con su venta a privados. TLC como el TISA son negativos para el carácter público de la compañía. Y a los trabajadores no se les puede seguir maltratando. ETB puede y debe seguir siendo competitiva y estatal
[1] [1] De un total de 351.613 millones de pesos.
[2] [2] Comisión Reguladora de Energía y Gas, ente encargado de establecer las fórmulas tarifarias para definir los precios a pagar por los usuarios de los servicios de energía y gas domiciliarios.
[3] [3] Tarifa para consumo superiores al de subsistencia para estratos 1 al 4.
[4] [4] Informe de gestión y sostenibilidad ETB 2014.
[5] [5] Indicadores NPLAY, extraído de intranet.etb.com.co
[6] [6] Informe de auditoría ETB PAD 2014 DE Contraloría Distrital. Septiembre de 2014.
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