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Servicios p√ļblicos s√≠, negocios no

La Constituci√≥n de 1991 introdujo la l√≥gica de convertir los bienes y servicios p√ļblicos a cargo del Estado en meros nichos de inversi√≥n, donde se garantiza por encima de todo la rentabilidad de los inversionistas. As√≠ nacieron las Leyes 142 y 143 de servicios p√ļblicos y se fomentaron las privatizaciones, todas ellas realizadas afectando negativamente el patrimonio de los colombianos. Las ventas a menos precio se hicieron con la justificaci√≥n de que los grandes capitales privados ser√≠an m√°s eficientes que el Estado. Afirmaci√≥n que se qued√≥ en el papel. Las tarifas que se cobran por los servicios de energ√≠a el√©ctrica, telefon√≠a, gas domiciliario y agua y saneamiento b√°sico son confiscatorias. Y las privatizaciones no trajeron calidad, eficiencia y mejor cubrimiento. La calidad en los servicios prestados por empresas privadas se aleja de los mejores est√°ndares y los cortes en por fallas en el servicio siguen siendo pan de cada d√≠a.

Aunque en las estad√≠sticas de la capital dicen que las coberturas son altas, estas se encuentran inicuamente distribuidas. En varias localidades de la ciudad la cobertura de energ√≠a el√©ctrica y de agua y saneamiento b√°sico apenas llegan al 80-85% de la poblaci√≥n. Son miles los ciudadanos que no tienen acceso a los servicios p√ļblicos domiciliarios. Y para los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4 representan una carga econ√≥mica que le quita espacio al consumo de comida, vestido, salud, vivienda y ocio.

El esquema tarifario determinado por las Comisiones de Regulaci√≥n, todas adscritas al gobierno nacional, no refleja la realidad de los costos de prestaci√≥n de los servicios. Parte de supuestos falsos que inflan las ganancias de los operadores. Mientras en toda la cadena de prestaci√≥n de los servicios p√ļblicos domiciliarios priman los monopolios y los oligopolios, los esquemas tarifarios parten del supuesto de que son negocios de libre competencia. La suposici√≥n hace que la tasa de ganancia se eleve de 5-6% a 15-17%. La infraestructura que se paga en la tarifa se supone toda como nueva, cuando en el caso de Codensa, por ejemplo, existen instalaciones que datan de hace 50, 60 y hasta 70 a√Īos. Abusos que el gobierno nacional no audita de ninguna forma. Y en la medida que se revisan los marcos tarifarios siempre se afecta en favor de las empresa la tasa de rentabilidad. Situaci√≥n que contra los usuarios, residenciales, comerciales e industriales, se ve agravada por los malos manejos administrativos y las incorrectas decisiones financieras.

Las empresas distritales de servicios p√ļblicos son patrimonio de los bogotanos. Tienen que ser bien administradas. El derecho a servicios p√ļblicos de la mejor calidad y a precios justos no se cumple. El Concejo de Bogot√° es un escenario para promover la defensa del patrimonio p√ļblico de los bogotanos y las bogotanas y del derecho a los servicios p√ļblicos de calidad y de acceso para toda la poblaci√≥n y de exigencia de extinci√≥n de los abusos de las empresas contra los usuarios y sus trabajadores.

Acueducto, Alcantarillado y Aseo

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) es uno de los activos patrimoniales más importantes de la ciudad. Pero ella ha sido objeto de malos manejos administrativos y financieros y de medidas privatizadoras reflejadas en aumentos tarifarios, caídas en la productividad de la empresa, la prórroga de la planta de Tibitoc, y en degradación de las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa.

En la EAB las decisiones en contra de su sana administración incluyen la entrega del manejo del alcantarillado pluvial, mantenimiento de canales, humedales y ríos a Idiger (Decreto 528 de 2014). Se la descapitaliza y el modelo empresarial que se le intenta instaurar, como lo explica Sintraemsdes, replica el esquema de gestores privados que debilita el erario.

Las p√©rdidas de la Empresa se incrementan. Sus ingresos cayeron 1,55% de 2013 a 2014, sus utilidades fueron las m√°s bajas en los √ļltimos 9 a√Īos, equivalentes a 82 mil millones de pesos. La empresa se salv√≥ del d√©ficit gracias a contrataciones fuera de Bogot√°, aumentos en los ingresos por facturaci√≥n de acueducto y alcantarillado, reducci√≥n de las inversiones y algunos rendimientos financieros.

Las maniobras de debilitamiento incrementan las tarifas. Entre 1999 y 2010 crecieron  62% más que la inflación. Los usuarios pagamos la tarifa más cara del país, mientras el Distrito giró al concesionario privado del sistema Tibitoc 304 millones de m³ que la ciudad no ha consumido y equivalentes a demanda anual de toda la ciudad.

La planta de Tibitoc es ejemplo de malos negocios contra la administraci√≥n p√ļblica. Los Estados Financieros (2014) de la empresa se√Īalan que ‚ÄúLa EAB y la Concesionaria Tibitoc firmaron acta conciliatoria para dar cumplimiento al resultado del tribunal de arbitramento y se reconoci√≥ a la concesionaria los suministros de agua por encima de la demanda m√≠nima garantizada‚ÄĚ.

Por iniciativa del Polo Democr√°tico se implement√≥ el m√≠nimo vital de agua gratuito para los estratos 1 y 2, medida que debe ser extendida a toda la ciudadan√≠a. Este es un paso para convertir al agua potable en derecho universal prove√≠do por una empresa estatal. Es necesario aumentar la veedur√≠a ciudadana al manejo de la Empresa, solicitar la reversi√≥n de la concesi√≥n de la operaci√≥n de la planta Tibitoc y que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Seg√ļn el sindicato de la EAB aproximadamente 2.500 personas tienen formas de contrataci√≥n que facilitan la inestabilidad laboral.

Derecho a un servicio de aseo p√ļblico y eficiente

Avanzar en un servicio de aseo eficiente a la altura de las necesidades de Bogotá es condición sine qua non del ejercicio del derecho a la salud y a un ambiente sano. La  evaluación del funcionamiento del esquema existente es punto de partida para la exigencia de un servicio de recolección, disposición, tratamiento y disposición final de residuos sólidos que sea de calidad y a bajo costo.

El Distrito debe crear y desarrollar una empresa de tama√Īo adecuado y competitiva para el sector, necesidad no reflejada en el manejo que a las basuras viene dando la actual administraci√≥n. La entrega de recursos y funciones a terceros con resultados negativos para la ciudad sigue siendo la regla en la prestaci√≥n del servicio de aseo en la capital.

La entrega de la operaci√≥n del aseo a Aguas de Bogot√° signific√≥ desde sus inicios una fuerte carga financiera para el Distrito. La deuda de la EAB con la UAESP para sufragar los sobrecostos por la prestaci√≥n del servicio de aseo hoy asciende a $32.641 millones. En simult√°nea el Acueducto entreg√≥ a Aguas de Bogot√° en 2014 m√°s de $77 mil millones para operaci√≥n, y a√ļn as√≠ esta empresa da p√©rdidas por unos gastos que superan los ingresos en $37 mil millones. Hecho agravado por la subcontrataci√≥n que la filial hace con Cupic, cuyo monto ha variado de $11 mil a $19 mil millones entre 2013 y 2014.

Los operadores particulares est√°n siendo financiados con recursos del operador p√ļblico, afectando las finanzas de Aguas de Bogot√°, y en consecuencia las de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot√°. A 2013 el Acueducto de cada 100 pesos recaudados por el servicio de aseo en Bogot√°[1], 67 fueron a los operadores privados Aseo Capital, Ciudad Limpia, Lime y Atesa, a la empresa privada que hace el recaudo y al consorcio que opera el Relleno Sanitario do√Īa Juana, mientras que tan solo 33 al operador p√ļblico, cuando este opera hasta un 53% de las zonas en labores de recolecci√≥n manual, poda de c√©sped y barrido. La forma en c√≥mo la actual Administraci√≥n Distrital trata de construir un operado p√ļblico de aseo, es un ejemplo por lo negativo. La improvisaci√≥n y las incorrectas decisiones legales, administrativas y financieras deben corregirse, pues se est√° poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la EAB, ya golpeada por contratos onerosos como el de la planta de Tibitoc.

La recolecci√≥n de residuos s√≥lidos, asunto cr√≠tico de salud p√ļblica, sigue siendo un importante negocio para los operadores privados, a quienes les fueron prorrogados los contratos hasta tanto se d√© una nueva licitaci√≥n. Buenos prop√≥sitos como crear una empresa p√ļblica de aseo deben hacerse bien. El Estado no puede manejarse sin planificaci√≥n, previsi√≥n y criterios positivos de la correcta administraci√≥n p√ļblica. La EAB debe fortalecerse y ser bien administrada. Los trabajadores no pueden seguir cargando con los costos de las malas pol√≠ticas y las malas decisiones.

La energía eléctrica, costosa y gran negocio para Codensa

En la prestaci√≥n del servicio de energ√≠a el√©ctrica tambi√©n se imponen los intereses de los grandes inversionistas sobre el derecho a tener servicios p√ļblicos de calidad y a bajo costo. El pa√≠s adem√°s de tener una de las tarifas industriales m√°s caras de Am√©rica Latina, tiene mala calidad y un esquema tarifario que por sobre las necesidades de lo usuarios garantiza alt√≠simas rentabilidades a los operadores a lo largo de la cadena (generaci√≥n, transmisi√≥n, distribuci√≥n y comercializaci√≥n).

El costo de cada kilovato-hora que Codensa cobra a la industria en Bogot√° por regulaci√≥n de la CREG[2], es de 14,8 centavos de d√≥lar/kWh, superior al de todos los Estados de los Estados Unidos, exceptuando Hawaii. En usos residenciales el valor base ha pasado entre finales de 2009 y principios de 2015 de $305 kWh a $379.5 kWh[3]. Codensa, en vez de renovar su infraestructura, extendi√≥ la vida √ļtil de sus activos el√©ctricos haciendo √ļnicamente labores de mantenimiento correctivo, generando eventos como las tres explosiones e incendios ocurridos en 2013 en las subestaciones Concordia, Patio Bonito y Tibabuyes, que no solo generan detrimento en la calidad del servicio, sino que ponen en peligro la vida y bienes de la ciudadan√≠a. La entrada en operaci√≥n de la subestaci√≥n Bacat√° solo garantiza la confiabilidad del sistema frente a una eventual contingencia por los pr√≥ximos dos a√Īos, mientras sigue pendiente la inversi√≥n para lograr modernizaci√≥n de las instalaciones.

Desde el Concejo se deben proteger los derechos de los ciudadanos y ser canal de las denuncias de la ciudadan√≠a. Se deben tambi√©n contrarrestar y alertar sobre los atropellos que se cometen con la prestaci√≥n de servicios p√ļblicos por parte de una empresa que es 51% estatal pero operada por una multinacional. Es hora de que el gobierno distrital rompa el silencio sostenido en los √ļltimos a√Īos sobre los abusos de Codensa, compa√Ī√≠a donde la Empresa de Energ√≠a de Bogot√°, EEB, es el socio mayoritario.

Alumbrado p√ļblico de calidad y a bajo costo

La EEB entreg√≥ a CODENSA la operaci√≥n del alumbrado p√ļblico bogotano a perpetuidad, rubro en el que gasta 132 mil millones de pesos cada a√Īo. El Plan Distrital de Desarrollo 2012-2016 asumi√≥ el compromiso de cambiar 10 por ciento de las luminarias de sodio a tecnolog√≠a LED, lo que equivale a 33 mil nuevas luminarias por un costo de $70 mil millones, un ahorro del 45 por ciento del consumo de energ√≠a por un monto cercano a los $26 mil millones. A abril de 2015 se hab√≠an instalado solo 5.939, el 18% de las propuestas. Una auditor√≠a reciente de la Contralor√≠a Distrital revela falta de diligencia en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado p√ļblico, por lo que el 28% del total de 336.287 luminarias de la capital no han sido reemplazadas a pesar de haber cumplido su vida √ļtil, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

La negaci√≥n del derecho a un alumbrado p√ļblico radica en la escasa capacidad de ejecuci√≥n del gobierno distrital para alcanzar las metas de Plan de Desarrollo Distrital y en los acuerdos leoninos para el patrimonio p√ļblico como el firmado entre CODENSA y La UAESP de manera extempor√°nea para reliquidar el pago del servicio. Este arroja que, a pesar de que el operador privado deb√≠a asumir el total de la deuda correspondiente a¬† excedentes pagados por el distrito entre los a√Īos 1998 y 2000, equivalentes a m√°s de 31 mil millones de pesos, la Unidad Administrativa acord√≥ renunciar al 50% de la deuda a su favor.

A la ciudad no se le puede hacer conejo con el funcionamiento del alumbrado, que debe ser un servicio p√ļblico y operar con los m√°s altos niveles de eficiencia. El buen manejo de alumbrado impacta positivamente la seguridad de la ciudadan√≠a bogotana. Los incumplimientos y contratos contrarios al inter√©s p√ļblico se agravan por las medidas del gobierno nacional, quien en su Plan Desarrollo 2015-2018 introdujo la definici√≥n de metodolog√≠as iguales a las de los otros servicios p√ļblicos que lo har√°n m√°s caro e ineficiente. La negligencia administrativa y el √°nimo de lucro no pueden conjugarse contra los bogotanos.

Es necesario que el Distrito demande el convenio que le entrega a Codensa, de manera indefinida, la prestaci√≥n del servicio de Alumbrado P√ļblico.

Por el derecho al patrimonio p√ļblico protegido y fortalecido

Las empresas p√ļblicas son patrimonio de todos y todas. Ellas deben ser administradas con los m√°s altos est√°ndares de la administraci√≥n p√ļblica y no deben convertirse en fuente de extracci√≥n de rentas contra la ciudadan√≠a y el desarrollo empresarial de la ciudad. As√≠ como las privatizaciones son malos negocios para todos, las malas decisiones administrativas tambi√©n lo son. La l√≥gica de lo que no nos cuesta volv√°moslo fiesta tiene que ser erradicada de la administraci√≥n p√ļblica. Y la transparencia y la rendici√≥n de cuentas a la ciudadan√≠a son principios que los funcionarios bajo ninguna consideraci√≥n deben evadir.

La ETB

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá es uno de los activos más valiosos que tiene Bogotá y es una de las empresas más importantes del sector telecomunicaciones de Colombia. Las decisiones del gobierno Santos tienen por objetivo fortalecer el monopolio privado en el servicio de las telecomunicaciones, las cuales  generan gigantescos sobrecostos sobre la ciudadanía, cuantificados en $4,5 billones en 2011. El gobierno Santos permitió a Claro, propiedad de Carlos Slim, consolidar el monopolio de los servicios de telefonía participando en la subasta 4G, le regaló 3 billones de pesos a Telefónica, y ahora busca obligar a ETB a prestar su infraestructura de fibra óptica a las mutinacionales a través de la adhesión de Colombia a un TLC denominado Acuerdo Internacional de Comercio de Servicios (TISA).

A la ETB se le ha intendado privatizar de diversas formas. Las decisiones de la Junta Directiva de la compa√Ī√≠a la han llevado a perder usuarios.

Servicio Usuarios 2011 Usuarios 2014 Pérdida
Internet fijo 561.000 563.000 Participación cayó del 17% al 11%
Internet Móvil 40.000 29.000 11 mil usuarios perdidos
Telefonía Móvil 46.000* 21.000 25 mil usuarios perdidos
Telefonía Fija 1.800.000 1.500.000 300 mil usuarios perdidos

* Usuarios en diciembre de 2013

Los esfuerzos financieros de la empresa se han volcado al proyecto N-Play, con el objetivo de reemplazar todas las conexiones de cobre (que soportan la telefonía fija, segmento en el que era muy competitivo) por redes de fibra óptica, endeudándose en montos cercanos a los 300 millones de dólares y con perspectiva de que la cifra se duplique sin que exista en contraprestación un plan de consecución de los 150 mil hogares conectados que fueron el compromiso de la administración de la Empresa a diciembre de 2015[4]. La meta se ha cumplido apenas en una tercera parte[5]. Esta decisión presupuestal tuvo como consecuencia el descuido de la infraestructura de redes de cobre y la tercerización de su operación, deteriorando la calidad del servicio y causando pérdidas de usuarios que afectan los ingresos y utilidades operacionales de la empresa.

 

2011 2014 Caída
Ingresos Operacionales $1,49 billones $1,43 billones -$59 mil millones
Utilidades Operacionales $266 mil millones $104 mil millones -$162 mil millones

Fuente: Estados financieros ETB.

El debilitamiento de una de las ‚Äújoyas de la corona‚ÄĚ de Bogot√° ha sido constante en los √ļltimos a√Īos. La ETB no debe ser privatizada. Desde el Concejo debe acompa√Īarse su defensa como patrimonio p√ļblico y promoverse su buena administraci√≥n. Sintratelefonos ha venido explicando como se intenta ocultar el verdadero estado de la empresa. Sus estados financieros est√°n siendo manipulados o inflados para que no se refleje la realidad financiera. En 2012 se contabiliz√≥ la deuda a√ļn no paga de Claro, la venta de la participaci√≥n de la Empresa en Colombia M√≥vil (Tigo) por USD40 millones se realiz√≥ a menos precio con un detrimento patrimonial a los recursos p√ļblicos cuantificado en 94 mil millones de pesos[6], y de la que se benefici√≥ la multinacional Millicom.

Desde el Concejo hay que respaldar el buen manejo de la ETB. Y no se puede estar de acuerdo con su venta a privados. TLC como el TISA son negativos para el car√°cter p√ļblico de la compa√Ī√≠a. Y a los trabajadores no se les puede seguir maltratando. ETB puede y debe seguir siendo competitiva y estatal

[1]             [1] De un total de 351.613 millones de pesos.

[2]             [2] Comisión Reguladora de Energía y Gas, ente encargado de establecer las fórmulas tarifarias para definir los precios a pagar por los usuarios de los servicios de energía y gas domiciliarios.

[3]             [3] Tarifa para consumo superiores al de subsistencia para estratos 1 al 4.

[4]             [4] Informe de gestión y sostenibilidad ETB 2014.

[5]             [5] Indicadores NPLAY, extraído de intranet.etb.com.co

[6]             [6] Informe de auditoría ETB PAD 2014 DE Contraloría Distrital. Septiembre de 2014.

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