Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el Concejo de Bogotá, 3 de octubre de 2016.
Rechazo que el gerente de Corabastos le huya al debate llamándome a la cordura, como si yo estuviera loco. El libre comercio y los TLC, amenazas a la seguridad y la soberanía alimentaria. Depender de la comida extranjera hace que estemos sujetos a los movimientos especulativos. Si se acaba Corabastos, toda la comercialización de alimentos queda monopolizada en unas pocas grandes superficies. 85.000 hogares dependen directamente de la Central. Corabastos, en peligro por la política distrital, que busca marchitarla, y por los malos manejos administrativos. Enrique Vargas Lleras, ¿un contratista a dedo? Lo peor, la propuesta de Peñalosa de sacar a Corabastos de Bogotá para montar ahí un negocio inmobiliario.
Abro mi intervención rechazando la actitud del gerente de Corabastos. Inaceptable que el señor gerente le huya a este debate, sabiendo que Corabastos es sujeto de control político por parte del Concejo de Bogotá de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional. Y para colmo, hace unos días le envió una carta al presidente del Concejo pidiéndole que me llamara a la cordura y negándome el derecho de ir a Corabastos a plantear mis puntos de vista a comerciantes y trabajadores. Les solicito formalmente a los órganos de control iniciar una investigación disciplinaria contra este funcionario.
Este debate aspira a destacar la vital importancia de Corabastos para la seguridad alimentaria, no solo de Bogotá, sino de todo el país.
Pretende también demostrar cómo las distintas Administraciones distritales, incluida la de Enrique Peñalosa, vienen marchitando a Corabastos con políticas calculadas para que la empresa no sea viable y se justifique cerrarla, favoreciendo el monopolio en el comercio de alimentos y amenazando gravemente la seguridad alimentaria de toda Colombia.
El libre comercio acabó con la soberanía y seguridad alimentarias
¿Qué es la seguridad alimentaria? Los promotores del libre comercio han planteado que los TLC garantizan la seguridad alimentaria. ¿Con qué argumentos? ¿Qué arguyen Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, Enrique Peñalosa y todos los que promueven este modelo económico? Dos cosas. Lo primero: que el libre comercio garantiza la seguridad alimentaria porque les permite a los consumidores acceder a comida barata. Para sustentar esta afirmación aducen que la competencia internacional va a hacer que los productores nacionales sean mucho más eficientes y, al serlo, van a reducir sus costos de producción y a garantizar alimentos baratos. Plantean además que importar almentos extranjeros subsidiados y baratos va a permitir que los consumidores colombianos accedan más fácilmente a ellos.
Los del Polo Democrático Alternativo nos oponemos a un modelo económico tan perverso. Sostenemos que el Libre Comercio lesiona severamente la seguridad alimentaria, primero, porque no es cierto que la competencia lleve a que los productores nacionales sean más eficientes. Antes por el contrario, los arruina, y no porque, nuestros campesinos y empresarios del campo sean ineficientes, sino porque compiten en condiciones totalmente desiguales. El Congreso norteamericano aprobó hace poco The Farm Bill, la ley que defiende los subsidios estatales para sus agricultores y que garantiza subsidios por US$90.000 millones por los próximos 5 años. En Colombia, mientras tanto, a campesinos, indígenas y empresariado del campo, no les ofrece el gobierno absolutamente nada. No hay casi asistencia técnica ni subsidios ni créditos barato y sí vías en muy mal estado. Son precisamente estos factores y el modelo económico lo que hace que los agricultores nacionales no puedan ser competitivos y que la producción nacional esté en bancarrota.
La seguridad alimentaria depende de la soberanía alimentaria. Es la gran diferencia que tenemos respecto de quienes promueven el libre comercio. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es la capacidad que tiene una nación para producir en forma autónoma los alimentos que necesita su población. Por eso nosotros hemos insistido desde siempre que el Estado debe apoyar y promover la producción nacional en el campo, en lugar de quebrarla con los TLC.
Así como fracasó la tercerización laboral, también ha fracasado teoría neoliberal del libre comercio. Los hechos nos han dado la razón. Señor secretario de Desarrollo Económico, los productores nacionales sí se quebraron. Basta ver la ruina del campo después de 25 años de neoliberalismo y TLC.
Miremos unas cifras que ilustran lo que estoy diciendo. En Colombia hay 28 millones de hectáreas aptas para la agricultura, y de esas solo sembramos 7, o sea, solo se está aprovechando una cuarta parte de lo que tiene Colombia para cultivar los alimentos que necesita su población.
La importación de alimentos está disparada. En 1990, cuando César Gaviria inició el neoliberalismo, importábamos al año 700.000 toneladas de alimentos. En el año 2015, la importación alcanzó la cifra de 12 millones de toneladas. Mientras que las importaciones crecieron en 1.500%, la producción de alimentos nacionales solo creció en un 67%, con la gravedad de que fue solo en productos tropicales, en tanto que la producción de cereales ha venido descendiendo.
El maíz, entre 1990 y 2015, ha perdido 245.000 hectáreas. Recordemos que el maíz es clave, no solo por ser un alimento para los seres humanos, sino porque es un insumo, una materia prima para el alimento del ganado, los cerdos y los pollos. En la cadena de las proteínas, el maíz pesa mucho.
Lo anterior ha generado problemas en la dotación de la comida para los ciudadanos, poniéndonos a depender de la producción extranjera, de la importación de alimentos. Y eso a muchos aquí les parece muy bueno.
En medio de los debates sobre el TLC con Estados Unidos, algunos aducían que el Tratado nos iba a permitir acceder a los alimentos subsidiados que producen los gringos, ¡Qué falsedad! Voy a poner dos ejemplos de la historia reciente del país y del mundo, que demuestran lo grave que es para un país depender de la comida extranjera. El primer es ejemplo es la crisis alimentaria del año 2008.
En 2008 hubo una crisis alimentaria en todo el mundo, porque los precios de los alimentos en el mercado internacional crecieron de manera exorbitante. Según datos de la FAO, entre 2005 y 2008, los precios de los alimentos aumentaron en un 83% en el mercado internacional y, por ende, se incrementaron también los que importamos. ¿Por qué se dispararon los precios de los alimentos en los mercados internacionales? Porque la comida se volvió un commodity, una mercancía susceptible de ser transada como el petróleo en las bolsas de valores, especialmente en las de Chicago y Londres. Hay poderosos especuladores, cacaos internacionales, que especulan con la comida, y en medio de esa especulación se presentan burbujas económicas como la de 2008. Lo ha confirmado el director de la FAO en ese entonces, así como diversos estudios que señalan con toda precisión que el aumento del precio de los alimentos se debió a la especulación en las bolsas de valores.
Depender de la comida extranjera hace que quedemos sujetos a los movimientos especulativos, lo que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de Colombia.
Miremos otro caso reciente: la devaluación del peso. El modelo neoliberal especializó a Colombia en petróleo, quebró la industria y el agro. Pero nos decían que no había nada de qué preocuparnos, porque los dólares que necesita Colombia para adquirir la comida en el extranjero nos van a entrar a manos llenas como producto de la explotación petrolera. Y resulta que el precio del petróleo se cayó, porque también es un commodity, objeto de especulación en las bolsas de valores. Al venirse por tierra los precios del petróleo, el peso se devaluó, y por eso padecemos una devaluación tan fuerte y una inflación no menos preocupante, causada principalmente por el alza en los alimentos, que debemos comprar fuera del país porque nos pusieron a depender de las importaciones. La devaluación del peso hace que la comida se encarezca y que se lesione nuestra seguridad alimentaria.
Miremos otros resultados muy elocuentes. La población desnutrida es de 8%, cifra muy superior al promedio en Suramérica, que es del 5%. El promedio en Suramérica es de 83 gramos de proteína por habitante, mientras que en Colombia solo tenemos 69 gramos.
La seguridad alimentaria no es solo un problema social y económico, también es un problema político, pues guarda estrecha relación con la soberanía del país. Que nuestra alimentación dependa de la producción extranjera nos pone a depender de las imposiciones de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos. Por ello resulta vital defender la soberanía económica, no como un prurito de la izquierda, no, señor. El presidente republicano George Bush padre, una de las personas más representativas de la reacción estadounidense, afirma sobre la soberanía alimentaria:
“Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, (o sea producir alimentos) alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a las presiones internacionales, sería una nación vulnerable y por eso cuando hablamos de la agricultura norteamericana en realidad hablamos de una cuestión de Seguridad Nacional”.
Repito, una cuestión de seguridad nacional. Pero aquí en Colombia no se ve así. A Álvaro Uribe, a Juan Manuel Santos y a todos los que hacen parte del neoliberalismo les importa un comino que la alimentación dependa de las importaciones.
Aprovecho para señalar que en este momento varias organizaciones muy representativas están promoviendo un Referendo por el Agro, que tiene como propósito modificar la Constitución Política para cambiar el mal modelo económico que se nos ha impuesto desde afuera. Invito a los concejales de todos los partidos a que nos metamos a promover ese referendo. En este momento se están recogiendo las firmas e invito a los concejales a apoyar el proceso de recolección para que el Estado, por mandato de la Constitución misma, quede obligado a proteger y a estimular la producción nacional, la pequeña y mediana producción, pero también la producción de los empresarios del campo.
Corabastos, fundamental para la seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria depende en buena parte de la producción nacional de alimentos, pero también de la cadena de abastecimiento en los centros urbanos, o sea, de la cadena de la comercialización.
Lo que tenemos es una política de abastecimiento que cada vez empuja más hacia el monopolio. Las grandes superficies como Almacenes Éxito o Jumbo están acaparando el mercado, lo que amenaza también la seguridad alimentaria, porque someterse a las imposiciones de un oligopolio privado es aceptar que se especule con el precio de los alimentos. Que un oligopolio arme un cartel para fijar a su amaño precios supremamente altos vulnera gravemente los derechos de los consumidores.
Corabastos es determinante para la ciudad si se quiere impedir el monopolio en la comercialización de alimentos. Corabastos garantiza que haya una competencia en la cadena de abastecimiento y que el comercio no quede en manos de un pequeño grupo de especuladores.
En Corabastos hay una pequeña y mediana clase empresarial que adelanta una actividad supremamente importante para la sociedad y que está seriamente amenazada. No solo aquí sino en todos los ámbitos se pretende acabar con la pequeña y mediana clase empresarial, con las capas medias, como está sucediendo con los camioneros. El paro camionero fue una respuesta erguida a un gobierno que hace toda clase de maniobras para sacarlos del mercado.
Corabastos es una sociedad de economía mixta y cuyo grupo de accionistas tiene tres entidades estatales, la Gobernación de Cundinamarca, con 23% de las acciones, el Ministerio de Agricultura con 20% y el Distrito Capital con 4%, una participación muy pequeña, pero ojo, el Distrito, en cabeza del alcalde y el secretario de Desarrollo Económico tienen asiento en la Junta Directiva y, en consecuencia, la Administración distrital debe responder por las pésimas decisiones administrativas que se toman allí. En Corabastos también hay accionistas privados, que detentan la mayoría de las acciones, un poco más de la mitad, el 52%.
Cada día, la Central de Abastos moviliza 12.400 toneladas de comida, equivalentes al 25% de todos los alimentos que se comercializan en Colombia. Bogotá mueve el 25% de la comida del país, una de cada 4 toneladas del total.
El 85% por ciento de los alimentos que se mueven en Corabastos terminan en la red de minoristas. De ahí la gran importancia de esta central de abastos para garantizar la seguridad alimentaria de la capital.
Según un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 40% de los gastos en alimentos de los hogares bogotanos provienen de Corabastos. Si se acaba o se la llevan a otro municipio de la Sabana, se perjudicaría gravemente el abastecimiento de alimentos baratos. Además, Corabastos compite con mejores precios que los ofrecidos por las grandes superficies. En Corabastos la comida es mucho más barata, como tuvimos oportunidad de comprobarlo. Con miembros de mi equipo hicimos un ejercicio de campo el 27 de agosto. Fuimos a comparar los precios de Corabastos con los del Éxito. Algunos resultados: el kilogramo de papa pastusa en Corabastos se comercializaba ese día a $1.100, mientras que en el Éxito, a $4.020, ojo, 265% más caro. El kilogramo de papa sabanera estaba a $1.800 en Corabastos y a $4.120 en el Éxito. El kilogramo de cebolla cabezona se vendía a $900 en Corabastos y a $2.900 en el Éxito. Si se acaba Corabastos, toda la comercialización de alimentos queda monopolizada en unas pocas grandes superficies y los consumidores de Bogotá quedaríamos sometidos a ellas.
Pero además de la importancia que tiene Corabastos para la seguridad alimentaria, es una fuente de empleo importante. Están los comerciantes, alrededor de 6.500, los trabajadores de los comerciantes y los trabajadores informales, como por ejemplo los coteros, los transportadores, los tenderos de barrio, cuya actividad principal también depende del abastecimiento de Corabastos. En total, estamos hablando de 85.000 hogares cuyos ingresos dependen directamente de la Central de Abastos.
Marchitamiento y malos manejos
La política ha sido la de acabarla poco a poco, para ir entregando el monopolio a las multinacionales del comercio.
Comencemos examinando las graves irregularidades en los procesos de contratación. Voy a centrarme en uno solo, el peor, el contrato de concesión de la malla vial con el consorcio Covial. ¿Cómo es la historia? El contrato se firmó el 10 de noviembre de 2005 y seguirá vigente casi que hasta la eternidad. ¿En qué consiste la concesión? Al igual que en las concesiones viales, el contratista, es decir, Covial, se obligó a reparar la malla vial y a mantenerla en buenas condiciones. A cambio, se queda con los ingresos cobrados por los peajes. En Corabastos hay un peaje, igual al de la Autopista Norte, solo que muchísimo más caro. Lo que se paga al salir de la central no es el parqueadero, es un peaje que se cobra por el uso de las vías internas de la central. Del total de los ingresos por ese peaje, el 80% va para el contratista privado Covial y tan solo el 20% para Corabastos.
Hay gravísimas irregularidades en el contrato de Covial. Lo primero, van 18 modificaciones. Se trata de un contrato firmado en 2005 y que ya lleva 18 otrosíes, como se las conoce técnicamente en el mundo del derecho. La Junta Directiva acaba de aprobar el otrosí 19. Con razón la Contraloría General de la República conceptuó que era un contrato totalmente distinto del que se pactó originalmente, desnaturalizado por completo, y que en la actualidad no se sabe cuál es el valor real del contrato ni cuál es el plazo.
La Contraloría General emitió un Informe de Auditoría en 2011, cuando iban 14 modificaciones, en el que señalaba:
“Corabastos a suscrito en el marco del Contrato de Concesión 070 de 2005, 14 otrosíes, lo que ha creado que a la fecha tenga plazo, término y valor indeterminado”.
No se sabe cuánto vale, hecho supremamente grave.
Lo segundo, ¿para qué tantas modificaciones? Para ampliar el objeto, contratar nuevas obras y evadir las normas de contratación pública y el proceso de selección. El contrato se firmó cuando Corabastos era mayoritariamente pública y se regía por la Ley 80 de 1993, especialmente por los criterios de la licitación pública. Ahora está mayoritariamente en manos privadas y no se sujeta a la Ley 80 de 1993 ni a las disposiciones de la licitación pública. Pero ocurre que Corabastos tiene un Manual de Contratación que aún recoge los principios de la Ley 80 de 1993, es decir, de la contratación pública. El Manual señala:
“Cuando se vaya a suscribir un contrato superior a 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, superior a $193.000.000, el procedimiento para seleccionar al contratista es la convocatoria pública.”
La convocatoria pública se parece mucho a una licitación pública: se hace una oferta pública, se definen unos requisitos y se escoge la mejor oferta para cumplir con los criterios de imparcialidad y con los criterios de objetividad. Como para contratar nuevas obras tiene la Central que someterse a ese proceso objetivo de contratación, entonces los socios privados, mayoritarios, echan mano de un truco: en lugar de someterse al proceso para seleccionar de manera objetiva al contratista, amplían el objeto del contrato con Covial para saltarse las normas. Señor secretario de Desarrollo Económico, en las respuestas al cuestionario de la proposición en que lo cito a este Debate, me dice que sí puede haber algunos problemas, pero que no hay mala administración de Corabastos. ¡No, señor secretario, sí la hay y son supremamente graves las irregularidades!
Recordemos que el objeto original del contrato era solo para mantenimiento y reconstrucción de la malla vial. Veamos entonces dónde está la trampa.
En el año 2008 se suscribió un otrosí, el número 10, que le incluye al contrato la construcción de unas obras para mitigar los vertimientos sobre el humedal Chucua de la Vaca. ¿Qué tienen que ver los vertimientos al Humedal la Vaca con la malla vial? Nada, absolutamente nada. Le ampliaron el objeto al contrato para desarrollar una obra que nada tiene que ver con el contrato original, y esa es una forma de saltarse las normas sobre contratación.
Otro ejemplo, el otrosí 14 suscrito en 2014. Le incluyeron al objeto del contrato la ejecución de los estudios, diseños y cimentación de las vigas y contrapisos de cimentación de 44 locales modulares en la vía 39. ¿Qué tiene que ver la construcción de estos 44 locales modulares de ventas con la recuperación y mantenimientos de la malla vial? Nada, absolutamente nada. Lo que hacen es ampliar el objeto del contrato para volver a contratar a dedo a Covial, violando todas las normas sobre contratación estatal.
Miren lo que asevera la Contraloría, máximo ente de control fiscal, en un Informe del año 2011:
“Corabastos ha utilizado el contrato de concesión para no celebrar nuevos procesos de contratación respecto a obras que deben adelantarse al interior de la misma, pero que no guardan relación con el objeto del contrato de concesión.”
La Contraloría repite lo que yo acabé de explicar. Burlan las normas de contratación ampliando el objeto contractual e incluyendo obras no incluidas en el contrato original.
Uno pensaría que después que la Contraloría hizo este pronunciamiento tan duro, los directivos iban a respetar la ley y a parar ese tipo de prácticas irregulares. Era lo obvio. Pero me encuentro que después del 2011 se han celebrado 4 otrosíes más, y la Junta Directiva ya aprobó una quinta modificación, para un total de 19 modificaciones con las mismas prácticas. Lo anterior vulnera expresamente el Manual de Contratación de Corabastos, según el cual “los eventos deben tener una clara relación con el objeto del contrato y tratarse de obras, bienes y servicios que sirven para lograr el fin esencial propuesto con la celebración del contrato adicionado.” Se siguen violando impunemente las normas de contratación.
Vamos a denunciar otros casos no menos graves.
La suscripción del otrosí 18 se hizo para hacerle un reforzamiento a la bodega 35, que presentaba problemas de cimentación. Pero resulta que el reforzamiento tampoco tiene nada que ver con la malla vial. ¿Solución? Volver a ampliar el objeto del contrato. La Junta Directiva de Corabastos alega que esta obra tenía que incluirse en el contrato de Covial para poder arreglar la vía, que está al frente. Y miren la sorpresa. Hicieron el otrosí e incluyeron la obra, pero primero arreglaron la vía y después comenzaron a arreglar la bodega. Si la justificación para modificar el contrato era que primero tenían que arreglar la bodega a fin de arreglar después la vía, ¿por qué lo terminaron haciendo al revés? Una prueba de que no tenía justificación el otrosí suscrito a finales del año pasado.
Los costos de la obra llaman bastante la atención. Resulta que en el 2013 se inició un proceso para seleccionar al contratista encargado del reforzamiento estructural en la bodega 35. Se iba a hacer mediante una convocatoria pública y el presupuesto estimado fue de $498 millones. Pero en el otrosí 18, ¡ojo!, el costo se disparó a $9.400 millones. Una obra que en el 2013 costaba $498 millones, con Covial quedó costando 9.400 millones ¡Alguien nos tiene que explicar este truco de ilusionismo y espero que sea usted, señor secretario de Desarrollo Económico, porque en las respuestas que me dio pasó por alto estas gravísimas irregularidades. ¿Por qué vale $9.400 millones y por qué no se escogió otra oferta más barata, cuando existía una de muchísimo menor valor?
El otrosí 19, el último, se aprobó en reunión de Junta Directiva el 19 de diciembre de 2015. Según reza el acta, se autorizó al gerente para adicionar un otrosí a fin de adecuar y sistematizar las puertas peatonales y modernizar el centro de control. Le pregunto al Secretario de Desarrollo Económico, ¿qué tienen que ver con el objeto original del contrato? Porque si no guardan relación, se están violando en forma flagrante las normas sobre contratación.
Y lo peor, ¿qué tiene que ver la modernización del centro de control de Corabastos con el mantenimiento y la construcción de las vías internas? Nada y, por lo tanto, no se puede contratar esa obra, porque se violan las normas de contratación sobre la selección objetiva del contratista. Surge entonces una duda: ¿cuánto nos van a cobrar? ¿Por qué no se permite que haya bastantes oferentes para que Corabastos pueda elegir la mejor oferta?
Lo más grave es que el contrato de marras se volvió indefinido en el tiempo. Originalmente, se pactó un plazo de 20 años, o sea, tenía que terminar en el 2026, pero el problema es que en el contrato se definió que la terminación del contrato dependía de que Covial recibiera un ingreso esperado, que a pesos del año 2004 era de $342.000 millones, y que con la actualización a valor presente asciende $512.000 millones. Solo cuando Covial acopie esa suma, se termina el contrato. En principio eran 20 años, pero como se ha venido ampliando el objeto del contrato y se incluyen más costos, el contrato prácticamente terminó siendo hasta la eternidad.
Hay un acta de la Junta Directiva de Corabastos, de la reunión del día 9 de diciembre del 2015, que dice:
“Que con una TIR del 14%, o sea con una Tasa Interna de Retorno del 14%, el contrato se ejecutaría hasta el año 2150”.
¡No pasa sino en administraciones como la del doctor Peñalosa! ¡La magia de los otrosíes logró que un contrato a veinte años dure 150, un siglo y medio! Después revisaron la TIR, la Tasa Interna de Retorno, y la bajaron del 14% al 7.6% y nos prometen que con esa modificación el contrato irá apenas hasta el año 2035. Eso dicen, pero quién sabe si es verdad que ese contrato va a llegar hasta el año 2035. Si se termina en el año 2035, significa que un contrato originalmente pactado a 20 años pasó a ser de 29 años, un aumento de un 50%, aproximadamente.
El contrato de Covial pone en riesgo la seguridad alimentaria. En primer lugar, porque, como lo afirma la Contraloría, amenaza seriamente las finanzas de Corabastos e impide que tenga más ingresos por concepto de peajes para poder modernizarse y poder realizar las inversiones que necesita la Central. Pero además, con este negocio, muy parecido al de TransMilenio, los consumidores y los bogotanos estamos pagando uno de los peajes más caros de Colombia.
Para vehículos tipo campero, de menos de una tonelada, como son una buena parte de los carros que ingresan a Corabastos, el peaje de Covial es de $7.800, y el promedio de los peajes de Invías en el país es de $7.300, o sea $500 más caro.
El peaje de Covial para camiones de dos ejes es de $22.800, ¿y saben ustedes que el promedio de los peajes de Invías para ese mismo camión es de $7.900 en el país? El peaje más caro del país para camiones de dos ejes cuesta $16.100 pesos.
Para camiones de más de dos ejes, el peaje de Covial cuesta $40.000, mientras que el promedio del país es de $24.500. ¡Absurdo! Y obvio, el precio de esos peajes tan caros se traslada a los alimentos, vulnerando la seguridad alimentaria de los ciudadanos.
Hay un caso que me llama bastante la atención y lo denuncio a manera de pregunta. Se trata del arbitramento con Corapar, un edificio de parqueaderos en Corabastos entregado a un particular. El privado demandó a Corabastos ante el Tribunal de Arbitramento y me encuentro que el día 8 de junio el 2016, o sea, en la actual administración Peñalosa, la Junta Directiva de Corabastos aprobó contraer un crédito en el sistema financiero hasta por $6.000 millones para contratar al abogado que va a defender a la Central.
¿Saben ustedes a quién? Se contrató a una firma, Vargas Abogados y Compañía Limitada. ¿Saben ustedes quién es el presidente y representante legal de esa firma? Enrique Vargas Lleras, nada menos que el hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Le tengo unas preguntas, secretario de Desarrollo Económico, y espero que me las conteste: primero, ¿hubo ofertas de otras firmas de abogados, además de la propuesta del doctor Enrique Vargas Lleras, para que se pudiera escoger de manera objetiva? Segundo, ¿por cuánto lo contrataron y cuál es el objeto del contrato? Corabastos se negó a responder. Bien, espero que lo haga usted, ya que la Administración de Enrique Peñalosa hizo parte de la Junta Directiva que tomó la decisión de contratar a la firma del hermano del Vicepresidente de la República.
Se benefician los grandes oligopolios
El Distrito Capital solo tiene el 4% de las acciones en Corabastos y alguien dirá que como es una participación muy menor, el Distrito Capital no tiene nada que ver ahí. Yo planteo otra cosa muy distinta: tiene puesto en la Junta Directiva de acuerdo con los estatutos, y como tal, incide en las decisiones que se tomen. Le pedí al secretario de Desarrollo Económico su opinión sobre estas irregularidades y me contestó que sí hay fallas de planificación, pero que la cosa no anda tan mal y que tampoco hay mala administración, solo que podría ser que no planifiquen bien. Fue lo único que usted se dignó informarme. Pero yo le había pedido, en uso de mis atribuciones como concejal, un informe completo de la Administración Distrital de Enrique Peñalosa frente a estas irregularidades tan graves, aquí denunciadas hoy en este debate. Parece, por la respuesta tan indolente, que al alcalde Peñalosa no le interesara lo que pase con la Central, como si no entrañara un problema de seguridad alimentaria para los bogotanos. Insisto en denunciar que la Administración distrital está permitiendo el marchitamiento de la Central en favor de los grandes oligopolios de comercialización de alimentos.
Y lo peor es la propuesta hecha por el alcalde Peñalosa de sacar a Corabastos de la ciudad, para montar en los más de 400.000 metros un gran negocio inmobiliario, un negocio de los que tanto le gustan a él, las típicas Alianzas Público-Privadas, como el Contrato de Covial, como el Modelo Transmilenio. En el anteproyecto del Plan de Desarrollo se introdujo esa APP, y el propio gerente de la Empresa de Renovación Urbana, ERU, reconoció que quieren sacar a Corabastos de la ciudad para montar un negocio inmobiliario. Solo cuando estalló el escándalo, la Administración Distrital de Peñalosa dijo no, eso ya no va.
Hace poco, ustedes deben recordar, tuvimos la discusión del Cupo de Endeudamiento, y una parte de ese cupo va para la estructuración de APP. Al Concejo vino el doctor Jean Philippe Pening, alto consejero de Peñalosa, y expresó que hay una manifestación de interés por montar en Corabastos una Alianza Público-Privada. ¿Entonces qué? ¿No habían dicho que desistían de ese proyecto? ¿O es que aún se mantiene, como una manifestación de interés en los proyectos de APP que tiene contemplados la Alcaldía de Enrique Peñalosa?
En aquel moment, le solicité al Doctor Pening que me explicara el proyecto en cuestión. Él sostuvo que hay una manifestación de interés, pero que no podía decir mayor cosa, porque todo es confidencial, secreto. En esta ocasión le pido al secretario de Desarrollo Economico le aclare a la ciudadanía si van o no con el proyecto, porque sería muy grave sacar a Corabastos de la ciudad, dada la importancia que ya he resaltado.
Concluyamos. Lo primero, reiterar que Corabastos es fundamental para la seguridad alimentaria de Bogotá y Colombia. Allí se comercializa el 25% de los alimentos de todo el país. Segundo, esta Central de Abastos está amenazada por la mala administración y las grandes irregularidades en la contratación, pero también por el desinterés del alcalde Peñalosa en fortalecerla. Y está amenazada por los intereses de los comerciantes inmobiliarios, que quieren hacer negocios en el inmenso lote donde se halla ubicada la Central.
La Administración distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, debe tomar cartas en el asunto y promover que la Junta Directiva de Corabastos demande el contrato de concesión de Covial. Si ustedes no lo hacen, desde ya anuncio que vamos a demandar, mediante una acción popular, las graves irregularidades que se están cometiendo en este contrato de la concesión.
Lo segundo que debe hacer la Administración Distrital es desistir de la idea de desterrar a Corabastos y espero que usted se pare hoy en este atril y les confirme a los comerciantes aquí presentes, a los concejales y a la ciudadanía que van a desistir de esa pésima idea. Y lo tercero, es poner en práctica una política pública para fortalecer a Corabastos, por su importancia para la seguridad alimentaria de toda la ciudad.
Por último, yo diría que todos nos tenemos que unir para salvar a Corabastos, unirnos los trabajadores, los comerciantes, los consumidores. Debe seguir la vigilancia ciudadana. Quiero destacar en especial la valerosa defensa que han hecho los comerciantes, la clase media empresarial de Corabastos, para luchar en contra de estas malas prácticas que ponen en grave peligro a la principal central de abastos de Colombia.
