[Carta] ¿Procederá Corabastos a asignar el contrato de vigilancia privada en un proceso competitivo de una sola empresa?
Doctor MAURICIO PARRA PARRA Gerente Corabastos S.A. Av. Carrera 80 No 2 – 51 Ciudad. Ref.: ¿Procederá Corabastos a asignar el contrato de vigilancia privada en un proceso competitivo de una sola empresa? Atento saludo: Como sucede cada año, desde diciembre 19 de 2016 se viene adelantando la convocatoria abierta para la selección del proveedor de vigilancia y seguridad privada en Corabastos. Llama la atención que este proceso, en el que debería primar la competencia entre varias empresas para asegurar las mejores condiciones técnicas y económicas, esté a punto de cerrarse con un único oferente. De acuerdo con la información que aparece en la página de internet de Corabastos, el proceso de selección inició con 12 empresas interesadas en la adjudicación del contrato. Sin embargo, al final solo quedó un interesado, el consorcio SUNAP conformado por Seguridad Nápoles y Seguridad Superior, que son precisamente las empresas que en este momento prestan el servicio de vigilancia. Es decir, todo indica que las compañías que hoy tienen el contrato de vigilancia serán las beneficiarias, como únicos oferentes, del nuevo proceso de adjudicación, a pesar de que en los medios de comunicación se han revelado los problemas de inseguridad de la central de abastos más importante del país (bit.ly/2jBSiOy). Del análisis de los pliegos de condiciones surgen varios interrogantes para los que, mediante el presente derecho de petición, solicito una pronta respuesta. ¿Por qué se exige en materia de experiencia la prestación del servicio solo en plazas de mercado, grandes superficies y sectores industriales? ¿No considera Corabastos necesario replantear el proceso de contratación, teniendo en cuenta que solo se presentó una empresa y no habrá competencia? Agradezco su atención y respuesta. Cordialmente, MANUEL SARMIENTO Concejal de Bogotá Polo Democrático Alternativo
CONPES de Peñalosa y Santos no garantiza recursos para el metro de Bogotá
Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Miércoles, 11 de enero de 2017 El concejal Manuel Sarmiento afirmó que el CONPES anunciado por el presidente Santos y el alcalde Peñalosa no garantiza los recursos para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. El Cabildante explicó que este documento no sirve para comprometer vigencias futuras de la Nación, que son las que garantizarían los recursos para la construcción del proyecto. Así lo señala una respuesta que la Secretaría de Movilidad le envió al Concejal del Polo en diciembre en la que reconoce que “el documento CONPES que prepara el DNP es de seguimiento a los proyectos de transporte público masivo que la nación puede cofinanciar. Es diferente al documento CONPES donde se declara su importancia estratégica, gracias al cual luego se pueden comprometer vigencias futuras de la nación” (Ver respuesta completa). Sarmiento recordó que en el año 2010 el gobierno nacional expidió un CONPES igual al que están cacareando los mandatarios y que no fue suficiente para asegurar los recursos para la construcción del metro. Agregó que ni siquiera se conocen los costos reales del proyecto, pues el metro elevado propuesto por Peñalosa no cuenta con estudios detallados, como lo señala la consultoría de Systra: “Los valores de los desembolsos necesarios para cubrir los gastos son superiores y deben calcularse a partir de un programa de adquisiciones y obras más detallado que el alcance de esta consultoría”. Para expedir el CONPES con el que se abriría la licitación del metro se necesitan estudios técnicos de detalle que a la fecha ni siquiera han sido contratados. “Lo que demuestra este Conpes es el respaldo de Santos a un metro mediocre y a un modelo de ciudad en el que el jugoso negocio de las concesiones de Transmilenio seguirá siendo el eje estructural del Sistema de Transporte Masivo, condenando a Bogotá, por los próximos 30 años, a los buses articulados que tanto le gustan al alcalde Peñalosa”, aseguró el concejal Sarmiento.
[Carta] Transmilenio debe dar a conocer los detalles de la prórroga de los leoninos contratos de la Fase I.
Doctora ALEXANDRA ROJAS Gerente de Transmilenio S.A. Av. El Dorado No. 66 – 63 Ciudad. Ref.: Transmilenio debe dar a conocer los detalles de la prórroga de los leoninos contratos de la Fase I. Atento saludo: Tras el anuncio de la administración del alcalde Peñalosa de una nueva prórroga a los contratos de la Fase I de Transmilenio (Caracas, Autonorte y Calle 80), es su deber explicar de manera detallada las condiciones que se pactaron para extender estas concesiones. Es inaceptable que usted anuncie la prórroga de unos de los contratos más leoninos en la historia de Bogotá sin dar a conocer los textos acordados con los operadores privados y los estudios que sustentan esta decisión. Esta es la segunda prórroga de las concesiones de la Fase I, que se suma a la realizada en 2013 por el gobierno de Gustavo Petro, en la que los contratos se extendieron en condiciones ampliamente favorables para los operadores privados, al punto que el vocero de los concesionarios cobró $2.500 millones por honorarios y una comisión de éxito. La vida útil de los articulados se amplió de un kilometraje promedio de 850.000 a 1’040.000 kilómetros, sometiendo a los pasajeros a viajar en buses viejos que ponen en riesgo su integridad. Además, hoy la Ciudad y los usuarios les siguen reconociendo a los operadores la inversión en vehículos que ya fueron pagados en su totalidad, lo que ha significado sobrecostos que oscilan entre $140.000 millones y $257.000 millones anuales. Como Gerente de Transmilenio usted debe explicar con todo detalle cuáles serán las condiciones de esta nueva prórroga. Urge conocer cómo se garantizará la integridad de los usuarios al extenderse la vida útil de los buses, así como la fórmula pactada para remunerar a los operadores. Mucho me temo que esta nueva prórroga será otra gabela para los operadores privados que, como la anterior, viola los intereses y derechos de la inmensa mayoría de bogotanos. Este tema debe debatirse con toda la seriedad y profundidad que amerita, por lo que le solicito enviarme copia de los acuerdos suscritos o que se suscribirán con los operadores privados, los estudios en los que se sustenta la prórroga y las actas de las reuniones realizadas con los concesionarios. Cordialmente, MANUEL SARMIENTO CONCEJAL DE BOGOTÁ POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
La administración del alcalde Peñalosa debe respetar los acuerdos con la comunidad del Bosque San Carlos.
Señor: FRANCISCO CRUZ PRADA Secretario Distrital de Ambiente Avenida Caracas No. 54 – 38 Ciudad REF.: La administración del alcalde Peñalosa debe respetar los acuerdos con la comunidad del Bosque San Carlos. Atento saludo. Las comunidades aledañas al Parque Metropolitano Bosque de San Carlos me han manifestado su indignación por el procedimiento adelantado por la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, para talar 18 árboles al interior y al exterior del parque. Con este operativo, la administración del alcalde Peñalosa está violando el compromiso alcanzado entre la comunidad vecina del parque y varias entidades del Distrito, en el que se acordó que solo se talarían tres árboles cuya caída era inminente. Sin embargo, las entidades procedieron de manera arbitraria a talar casi 20 árboles, lo que ha causado una gran indignación entre los vecinos del sector. A esto se suma que la Administración Distrital no ha entregado los estudios técnicos en los que se sustenta la decisión de talar más de 30 árboles, y también son conocidas las declaraciones del Director del IDRD en las que afirma su intención de construir una cancha sintética y una pista dentro del Parque Metropolitano, propuesta que ha sido rechazada por la comunidad. Le solicito, señor secretario, tomar las medidas necesarias para suspender la tala de los árboles y respetar los acuerdos que se han adquirido con los ciudadanos que han protestado contra este operativo. Cordialmente, MANUEL SARMIENTO CONCEJAL DE BOGOTÁ POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Se mantiene la esencia en la reforma tributaria de Peñalosa, golpear a las capas medias
Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el debate sobre el proyecto de simplificación tributaria, 23 de agosto de 2016, Concejo de Bogotá. Quedó demostrado como el proyecto de Peñalosa es una reforma tributaria y no una simplificación tributaria. Nueva propuesta solo modifica la tabla y las tarifas de los distintos rangos. Nuevos remiendos no atacan el fondo y el problema estructural del impuesto predial. La base gravable se está calculando de una forma que incrementa el predial sin tener en cuenta la capacidad de pago. Que aumenten los valores del suelo en determinada zona de la ciuda, no significa que aumente capacidad de pago de los residentes. No es cierto que a 1.3 millones de predios se les vaya a reducir el impuesto. El predial para los pensionados debería aumentar solo en el mismo porcentaje en que les aumenta la pensión. Lo primero, reiterar lo que ya dije cuando la plenaria decidió devolver este proyecto de acuerdo a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público. Teníamos la razón cuando en el primer debate demostramos con cifras cómo esta era una reforma tributaria y no una simplificación tributaria, una reforma tributaria que iba a golpear con mucha dureza a las capas medias. Los hechos nos terminaron dando la razón. La prueba reina es que devolvieron el proyecto de acuerdo. Ahora los ponentes están planteando unas modificaciones, reconociendo que la anterior tabla golpeaba con mucha dureza a los contribuyentes. La reversa es importante, porque en política no es lo mismo tener la razón que no tenerla, y, repito, en el primer debate quedó demostrado que teníamos la razón. Pero la nueva propuesta solo modifica la tabla y las tarifas de los distintos rangos con nuevos remiendos que no atacan el fondo y el problema estructural del impuesto predial. Tasn grave es el problema, que contribuyentes de distintas zonas de la ciudad, y especialmente de barrios de capas medias como Normandía, han venido adelantando protestas por los cobros abusivos, con aumentos que desbordan su capacidad de pago. ¿Cuál es el problema estructural y de fondo que no se está resolviendo? Tiene que ver sobre todo con la base gravable del impuesto. La base gravable, el avalúo catastral, se está calculando de una forma que incrementa el predial sin tener en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Lo que se ha venido haciendo, y lo hicieron también las dos anteriores administraciones, la de Samuel Moreno y la de Gustavo Petro, y lo va a continuar la Administración de Enrique Peñalosa, es aumentar el avalúo catastral con la lógica de la especulación inmobiliaria, aprovechándose del boom inmobiliario que hay en la ciudad, y especialmente en algunas zonas, y el predial se dispara entoces por encima de la capacidad de pago de los contribuyentes. Quiero ser muy claro, y creo que hay un consenso respecto de lo que voy a decir: el avalúo catastral no refleja la capacidad de pago de los contribuyentes. Es muy común el caso de personas con casa en Normandía, cuyos ingresos no aumentan en la misma proporción en que lo hace el avalúo, presionado por la especulación inmobiliaria que allí se viene presentando. Repito la consigna del Comité en Defensa del Contribuyente: “Mi casa es para vivir, no para vender”. La gran mayoría de los residentes no están en el negocio de la especulación inmobiliaria y que aumenten los valores del suelo no significa que se incremente su capacidad de pago. Así lo muestran las cifras: entre el año 2008 y el año 2016, el avalúo catastral en Bogotá aumentó en 288%, lo que hizo que el recaudo del impuesto predial en el mismo periodo se elevara en 320%. Pero el ingreso promedio por habitante en la capital, en el mismo periodo, apenas aumentó 42%. Lo anterior demuestra que se está violando la capacidad de pago de los contribuyentes, elemento esencial del principio de progresividad. Aquí todo el mundo ha hablado de que tenemos que reformar el predial para que esté acorde con el principio de la progresividad y resulta que no es así, porque la progresividad depende de la capacidad de pago del contribuyente. A mayor capacidad de pago, mayor impuesto. Se plantea aquí como premisa que hay progresividad cuando se les aplican las mismas tarifas a los mismos avalúos. No es cierto, como ya lo expliqué, señora secretaria distrital de Hacienda. Puede que haya una vivienda o un predio grande en Normandía cuyo avalúo ascienda a 400 millones de pesos, el mismo de un apartamento mucho más pequeño en Los Rosales, pero resulta que los dos propietarios tienen muy distinta capacidad de pago. Se hace evidente que se viola el principio de la progresividad. Ya entrando en detalle sobre las propuestas, se está planteando reducir el impuesto, no la tarifa sino el impuesto, a 1.3 millones de predios, por un total de 32 mil millones de pesos, según les oí a los ponentes del proyecto de acuerdo. En promedio, la modificación que están planteando es apenas de 24 mil pesos por contribuyente, prácticamente nada, y ya he planteado cómo el impuesto presenta graves problemas y que hay grandes incomodidades entre la gente. Las proyecciones que se presentaron en este recinto no son ciertas, concejal Andrés Forero. No es cierto que a 1.3 millones de predios se les vaya a reducir el impuesto. La secretaria de Hacienda, en respuesta a la pregunta que le hice, me reconoció con toda claridad que en esas proyecciones no están teniendo en cuenta el aumento del avalúo catastral. No pueden entonces aducir los ponentes que se les va a reducir el impuesto a 1.3 millones de predios, cuando dejan de lado ese aumento, que hace que el impuesto suba en vez de disminuir. Por lo tanto, las cifras que nos están presentando para darle un mejor maquillaje a esta reforma tributaria no se corresponden con la realidad. Duro golpe a las capas medias Se sigue golpeando a las capas medias. Por ejemplo, las tarifas les van a aumentar a los
[Carta a Secretaria de Hábitat] La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.
Doctora MARÍA CAROLINA CASTILLO Secretaria de Hábitat y Territorio- Bogotá. Ciudad Ref.: La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos. Cordial saludo, El pasado 6 de mayo el Director del Idiger me respondió un derecho de petición en el cual afirma que la actual administración va a darle continuidad a la política de reasentamiento de los hogares que se encuentran en zonas de alto riesgo. Con esa determinación parece que la administración de Enrique Peñalosa desconociera que si bien los orígenes de estos barrios es la informalidad, la mayoría fueron ya legalizados o se encuentran en proceso de legalización por parte de la administración distrital. Además, las medidas que se han aplicado en los gobiernos de Bogotá en los últimos años no les garantizan a las familias afectadas una reubicación en iguales o mejores condiciones habitacionales, pues todo consiste en ofrecerles un arriendo transitorio en tanto les es asignada una vivienda que no se ajusta a sus necesidades. Actualmente, según el Decreto 255 de 2013, la administración les ofrece a las familias, en primer lugar, el Valor Único de Reconocimiento (VUR) que equivale a 50 salarios mínimos, valor que no es suficiente para que éstas puedan acceder una vivienda digna en Bogotá. En algunos casos, las familias también pueden acceder a al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, sin embargo, las viviendas de interés prioritario a las que pueden acceder por este subsidio no responden a las necesidades de las familias que van a ser reubicadas, las cuales cuentan con un amplio número de miembros y basan su subsistencia en la explotación comercial de su vivienda. Un buen ejemplo es el del barrio El Codito de la localidad de Usaquén, donde cuantiosos grupos de ciudadanos han preferido quedar expuestos a los deslizamientos e inundaciones, en lugar de trasladarse a otras zonas de la ciudad. El riesgo aumenta porque, así las cosas, el Distrito insiste en negarse a construir las obras de amortiguamiento aduciendo que no es mitigable. Vale recordar que la declaratoria de alto riesgo no mitigable depende, entre otros factores, de los costos de las obras de mitigación que solamente se descartan en caso de ser superiores a los de la reubicación. Este criterio legal se viene quebrantando, en la mayoría de los casos, al promoverse reasentamientos a viviendas con peores condiciones habitacionales. Y mientras bajo esas políticas se está en el proceso de expulsión que puede llegar a cerca de 8 mil hogares bogotanos, en barrios como Nueva Delhi -de la localidad de San Cristóbal- y La Fiscala –en la localidad de Usme- se están entregando licencias de construcción en zonas aledañas a las declaradas en alto riesgo no mitigable, bajo el argumento de que las constructoras sí tienen el músculo financiero para realizar las obras de mitigación que el Distrito se rehúsa a ejecutar. El resultado final es una discriminación contra los ciudadanos de escasos recursos y es una forma abierta de desplazamiento forzoso en beneficio de terceros. El Distrito debe tener en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya llevó a cabo una Audiencia Pública sobre derechos humanos y procesos reasentamiento en Colombia en el 154 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual la CIDH expresó su preocupación por la forma cómo se están llevando a cabo los reasentamientos por parte de las administraciones locales en el país. Es inaudito que la administración de Enrique Peñalosa pretenda continuar con una política que, a la vez que pone en peligro la vida e integridad de los ciudadanos que residen en zonas de alto riesgo, máxime cuando los expertos han advertido que se aproxima una temporada con altas probabilidades de ocurrencia de Fenómeno de La Niña, va abriendo camino alternativo a negociantes de la construcción. Por las razones anteriores, le solicito me informe qué medidas se van a tomar para proteger los derechos de estas personas y qué cambios van a realizar a la política de reasentamiento, advirtiendo que se está configurando así un estado de cosas inconstitucional y violatorio de un derecho humano fundamental como el de una vivienda digna, frente a lo cual me veré en obligación de recurrir a las acciones judiciales atinentes en estos casos en el orden nacional e internacional de ser necesario. MANUEL SARMIENTO Concejal de Bogotá Polo Democrático Alternativo
