Manuel Sarmiento, el Concejal revelación.

Manuel Sarmiento, el Concejal revelación.

Manuel Sarmiento, riguroso investigador, valiente en el control político y entrañable para quienes ha acompañado en la lucha contra los atropellos de Peñalosa.

En su primer periodo Manuel lideró la batalla para evitar que Peñalosa vendiera la ETB, desenmascaró al Alcalde, sus negocios como vendedor de buses y denunció sus corruptelas en beneficio de quienes lo financiaron. Presentó un proyecto de acuerdo para que Transmilenio tenga una operación pública, una propuesta que mejoraría el servicio y reduciría el precio del pasaje. Propuso la implementación de una política de generación empleo mediante el fortalecimiento de la industria bogotana, propuestas rechazadas por los partidos afines a Peñalosa.

Ha acompañado la defensa de trabajadores y usuarios de la Red Pública Hospitalaria ante los cierres de servicios y
la corrupción del sistema. Respaldó la exigencia del derecho a un trabajo digno y estable para todos los trabajadores del Distrito, así como las garantías y respeto hacia los vendedores informales. Hoy encabeza el rechazo al Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa que atropella y desplaza a habitan- tes de los barrios tradicionales y destruye los ecosistemas en favor de los grandes negocios de construcción y la especulación financiera.

La candidatura de Manuel Sarmiento es un proyecto colectivo del que hacen parte voluntarios y electores.

¡Que no vuelva Peñalosa en cuerpo ajeno!

¡Que no vuelva Peñalosa en cuerpo ajeno!

Bogotá está a pocos días de terminar la catastrófica Alcaldía de Enrique Peñalosa y la historia le reservará el lugar del peor alcalde de la ciudad y del país en el cuatrenio.

Bogotá se ha convertido en la ciudad más costosa de Colombia y casi la mitad de quienes la habitan piensan que es mejor irse a un municipio aledaño, huyendo del alto costo de vida. Uno de cada tres hogares sienten que su situación económica ha empeorado y todos los días se en­frentan a impuestos caros, malos salarios, robos callejeros y a la negación de sus derechos. El empobrecimiento de los estratos populares y de la clase media se debe al atraso económico de Bogotá y a la decisión de múltiples alcaldes de entregarle la ciudad a un grupo minoritario de magna­tes criollos y extranjeros que han convertido los derechos básicos de la población en sus lucrativos negocios, una de las peores manifestaciones de la corrupción.

Seis de cada diez personas que quieren trabajar es­tán desempleadas o viven del rebusque y a merced de la persecución del Alcalde; más de un millón de hom­bres y mujeres cuentan con solo 9.000 pesos al día para alimentarse, transportarse y pagar un techo; y lo que les queda deben usarlo para pagar los costosos servicios públicos, educación y salud. Más de 2.000 personas mueren por la contaminación del aire cada año y la educación de alta calidad sigue siendo un privilegio en lugar de un derecho universal.

El sistema de transporte y los desesperantes tranco­nes son la máxima muestra del desprecio del Alcalde por el tiempo de los capitalinos, quienes gastan más de una hora transportándose a sus trabajos u hogares, privándose de compartir con sus familias y amigos, re­crearse o educarse. El servicio de Transmilenio y del SITP es tan malo que si fuera gratuito sería costoso, pero es tan caro que uno de cada ocho bogota­nos no tienen como pagarlos.

En contraste, una minoría de magnates crio­llos y extranjeros se han enriquecido con el su­frimiento de la gente. Bogotá es la más desigual entre las 13 ciudades más grandes del país. Im­portadores y multinacionales hacen fiesta con la destrucción de las empresas bogotanas y de los empleos formales y estables. Los fabricantes y operadores de buses de Transmilenio se llenan sus bolsillos con un servicio malo y caro. Servi­cios públicos como la energía eléctrica, el alum­brado público y el aseo, están en manos de ban­queros y compañías extranjeras que se lucran con tarifas escandalosas.

Mientras la inmensísima mayoría de los capitalinos no tiene una calidad de vida de­cente, unos pocos se han enriquecido gracias a los abusos de poder y los negocios corruptos de Peñalosa. A dos inversionistas que finan­ciaron su campaña les valorizó un negocio inmobiliario en Chapinero en más de $600 mil millones de pesos y a los consuegros de Juan Manuel Santos, que también le dieron plata para la campaña, les quiere entregar jugo­sos contratos en el espacio público. Volvo hizo su mejor negocio en diez años vendiéndole a Bogotá 700 buses que ya no puede vender en Europa por sus altos niveles de contaminación. Para seguir mejorando el negocio de Transmilenio, Peñalo­sa pretende imponerle a Bogotá un metro caro, malo y privatizado.

Este gobierno ha promovido las talas in­discriminadas de árboles e impone canchas sintéticas en parques en contra de la voluntad de la gente, aun cuando distintas alertas lleva­ron a que científicos y autoridades de Estados Unidos pidieran corroborar sus impactos ne­gativos en la salud. Su desprecio por el medio ambiente y su deseo de amarrar 48 billones de pesos en meganegocios podrían llevar a las proximas administraciones a limitarse a ad­ministrar los contratos del alcalde vendedor de buses. Siguiendo los lineamientos de Duque, Peñalosa la promovido la llamada “economía naranja” que reduce el arte y la cultura a un negocio de las multinacionales del entreteni­miento y se ha destacado por intentar feriar y marchitar empresas públicas como la ETB.

En sus últimos meses, Peñalosa pretende im­poner un POT hecho a la medida de los espe­culadores inmobiliarios a costa de arrasar la vi­vienda de los barrios tradicionales de la capital y de la Reserva Van der Hammen, los Cerros Orientales, los Humedales y el Río Bogotá.

Bogotá necesita un cambio de rumbo, no será fácil o rápido lograrlo, pero la digni­dad de esta ciudad emergerá con la razón, sin engañar y votando bien para ponerle fin a la pesadilla peñalosista.

 

Los colegios en concesión , una política privatizadora para reducir el gasto público en educación

Los colegios en concesión , una política privatizadora para reducir el gasto público en educación

Intervención del concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático Alternativo, en la presentación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se autoriza a la Secretaría de Educación del Distrito para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para el periodo 2017-2016”, Concejo de Bogotá, recinto Los Comuneros,

16 de agosto de 2016.

Vigencias futuras para colegios en concesión parten de la premisa falsa de que los colegios en concesión son excelentes. Comparar colegios en concesión con colegios oficiales es un absurdo. En 2015, los colegios privados mostraron una tasa de repetición del 2%, mientras que en los colegios en concesión fue del 3.7%. En los colegios en concesión se está violando la autonomía escolar. Los docentes y directivos docentes de los colegios en concesión están en condiciones inferiores a los de los colegios oficiales. Proyecto no está acorde con el principio de reducir las instituciones privadas en la administración. Alcaldía debe dar a conocer todos los estudios sobre la materia.

El proyecto de acuerdo nace de una premisa a mi juicio falsa: que los colegios en concesión han tenido resultados excelentes durante estos 16 años y cito textualmente. No es cierto, señora Secretaria. Excelentes significa que los colegios en concesión estén entre los primeros puestos en calidad en la ciudad y eso no sucede. Los resultados han sido bastante mediocres de acuerdo con lo que prometió Enrique Peñalosa en su primer gobierno.

Quiero insistir en una idea que planteé en el debate del Plan de Desarrollo y en otras ocasiones. Resulta un absurdo mostrar que los colegios en concesión son excelentes, cotejándolos con los colegios oficiales, porque, insisto, es comparar peras con manzanas. No se pueden comparar ambos tipos de instituciones por una sencilla razón, y es que, según lo señala el estudio de la Universidad Nacional que nos presentó la Secretaria de Educación y que se cita en la Exposición de Motivos, las jornadas en los colegios en concesión tienen una mayor duración que en los colegios oficiales. Allí donde hace la comparación entre colegios oficiales en condiciones similares y colegios en concesión, el estudio de la Universidad Nacional aclara que esos colegios públicos de similares condiciones no tienen la misma jornada que los colegios en concesión y eso ya marca una diferencia abismal.

También es cierto que los colegios en concesión tienen mejor dotación que los colegios oficiales y eso no porque los privados sean grandes administradores, sino porque el Distrito Capital decidió dársela. Cuando la comparación se hace entre los colegios en concesión y colegios que tienen jornadas de similar duración, como son algunos de los colegios privados, pues es evidente que los primeros no obtienen un resultado tan excelente como ustedes los afirman en la Exposición de Motivos.

Comienzo haciendo una aclaración sobre las Pruebas Saber. A mí no me gusta tomar las Pruebas Saber como un indicador, porque las Pruebas Saber y las del ICFES, e incluso las del ECAES en Educación Superior, se basan en la formación por competencias, una visión propia de esta lógica neoliberal de dejar a un lado la formación en conocimientos para enfatizar prioritariamente la formación en habilidades técnicas o prácticas, un tipo de educación que no garantiza calidad. Pero bueno, son las únicas formas para hacer esta comparación.

Cuando uno hace la comparación entre los colegios privados de mejor calidad y los de concesión, los resultados de los colegios de concesión son totalmente malos. No es cierto entonces que tengan excelentes resultados. En el año 2014, por ejemplo, 62% de los colegios privados estuvieron en los niveles superior y muy superior, mientras que apenas el 28% de los colegios en concesión logró estos niveles. No es cierto que hayan tenido entonces excelentes resultados. En 2015, los colegios privados que estuvieron en la categoría de superior y muy superior fueron el 75 %, y los colegios de concesión un 55%.

Miremos otro indicador: la tasa de repetición. En el año 2015, los colegios privados mostraron una tasa de repetición del 2%, mientras que en los colegios en concesión fue del 3.7%. A que me refiero con esto, concejal Cubides. Todos los estudios que ustedes citan comparan los colegios oficiales con los colegios en concesión y, reitero, es comparar manzanas con peras. Pero cuando uno compara los colegios en concesión con los colegios privados de mejor calidad, concluye que se sigue con la misma política, que ofrece educación pobre y mediocre para los pobres y educación de altísima calidad, el objetivo que se debería perseguir para todos los sectores, como un privilegio solamente para quienes tienen capacidad de pago, para quienes pueden pagar matrículas supremamente costosas.

Hay unos estudios que ustedes no citan y a mí parece una grave omisión. Bueno, el de la Universidad Nacional se lo pedí completo a la señora secretaria de Educación, porque ustedes pasan únicamente el informe ejecutivo y me parece importante revisarlo en todos sus capítulos para ver bien la metodología. Pero hay otros estudios que ustedes no mencionan. El año pasado, la Universidad Autónoma de Barcelona publicó uno sobre los colegios en concesión en Colombia y las conclusiones a las que llega son totalmente distintas. Lo voy a detallar en el primer debate, pero señalo ahora lo siguiente: en los colegios en concesión se está violando la autonomía escolar, dice, y los resultados académicos no son tan superiores como los quiere mostrar la Administración. Ese tipo de estudios también deberían mostrárnoslos a los concejales.

Hay otro que ya estoy empezando a revisar, mencionado por el concejal Juan Carlos Flórez en el debate que hicimos sobre el Cupo de Endeudamiento. Me llamó la atención, porque de acuerdo con lo explicado por el concejal Flórez, el estudio señala que no hay la cantidad suficiente de proveedores para garantizar una educación de buena calidad. Ahora, en el listado del ranking que usted nos mostró y que también figura en la exposición de motivos, se ve cómo los colegios que maneja la Asociación de la Calidad Académica, los que maneja el Colegio San Carlos y los que maneja la Universidad de los Andes son los que aparecen punteando, pero ya otros colegios que manejan instituciones no tan prestigiosas aparecen en puestos muy inferiores. Entonces sería importante que también nos muestren otros estudios para saber cuáles son las verdaderas conclusiones.

Resumiría la política de los colegios en concesión de la siguiente manera: es una política privatizadora para reducir el gasto público en la educación. Ahí están las cifras que demuestran cómo la canasta educativa en los colegios oficiales es mayor que la de los colegios en concesión, lo que se explica fundamentalmente porque en los colegios en concesión se deterioran o son peores las condiciones laborales de los docentes, problema que no se soluciona con imponer la obligación en los contratos. Que la duración de los contratos con los docentes sea de 11.5 meses no soluciona el problema.

El estudio que les menciono de la Universidad Autónoma de Barcelona coteja las condiciones laborales en lo relacionado con estabilidad laboral, jornada de trabajo y salarios. Es evidente que los profesores, los docentes y los directivos docentes de los colegios en concesión están en condiciones inferiores a los de los colegios oficiales, y estos últimos no es que gocen de excelentes condiciones laborales. Todos sabemos los enormes problemas que padecen los docentes de los colegios oficiales. Imagínense entonces cómo estarán los profesores de los colegios en concesión.

Y por último, quisiera plantear algunas preguntas de tipo jurídico. Lo primero, sobre el Decreto 1851 de 2015. Según la norma lo establece, además de presentar el estudio de suficiencia, porque para hacer este tipo de contratos debe demostrarse que hay insuficiencia en infraestructura o en planta de personal, se debe expedir una certificación que no he encontrado por ninguna parte. Entonces le pediría el favor de enviarnos copia de la certificación que ya deben tener del Ministerio de Educación.

Otro asunto que ya señaló el doctor Cardozo es que ese decreto incluye el Principio de la Reducción Progresiva de la administración de la educación mediante la utilización de instituciones privadas. Ese principio, como ya lo explicó el concejal Cardozo, y yo estoy totalmente de acuerdo, obliga a que con el tiempo se vaya reduciendo el número de colegios en concesión u otro tipo de modalidades como estas de administración privada de la educación oficial, y lo que se está planteando en este proyecto es todo lo contrario, es ampliar el número de colegios en concesión, lo que violaría dicho principio.

Estoy de acuerdo cuando el concejal Cardozo señala que las vigencias futuras excepcionales que superen un periodo de gobierno solo pueden destinarse a obras de infraestructura, porque la ley y el decreto señalan con toda precisión que para aprobarlas se debe contar con estudios de ingeniería de detalle, obviamente relativas a obras de infraestructura.

Y por último, insisto, los estudios técnicos que ustedes muestran como sustento de este Cupo de Endeudamiento, sobre todo el de Universidad Nacional, no permiten llegar a la conclusión de que se deban mantener los colegios en concesión. El Estudio de Universidad Nacional lo que dice es que la diferencia entre los colegios en concesión y los colegios oficiales se deriva de la jornada y que en la medida en que los colegios oficiales adopten la jornada única se va reducir la diferencia. Pero el estudio no recomienda prorrogar o mantener los veintidós colegios en concesión, como ustedes lo están planteando en este proyecto de vigencias futuras.

En síntesis, hay una diferencia entre la conclusión del Estudio Técnico que ustedes señalan como principal y lo que ustedes proponen en las vigencias futuras, lo que contradice las disposiciones legales que señalan que todas esta vigencias futuras excepcionales deben tener un sustento técnico.

“El metro elevado de Peñalosa sigue en el aire”: concejal Manuel Sarmiento

“El metro elevado de Peñalosa sigue en el aire”: concejal Manuel Sarmiento

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Martes, 23 de agosto de 2016


Ante la intención de la administración de Enrique Peñalosa de engañar a la ciudadanía al presentar el informe preliminar de la firma Systra como un estudio definitivo para la construcción de la primera línea del metro, el concejal Manuel Sarmiento afirmó que “el metro elevado sigue en el aire, pues todavía deben hacerse otros cuatro estudios adicionales, por lo que no es cierto que el gobierno distrital cuente con diseños y estudios definitivos”.

Así lo reconoció el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, en respuesta a un derecho de petición enviado por el cabildante el pasado 10 de febrero, en el que afirma que, además del estudio conceptual contratado con Systra, deben realizarse otros cuatro estudios: 1) Ingeniería de detalle del Tramo I; 2) Estructuración técnica, legal y financiera del Tramo I; 3) Ingeniería de detalle del Tramo II; 4) Estructuración técnica, legal y financiera del Tramo II. Sarmiento aclaró que los “estudios” que Peñalosa mostró en la reunión con el gobierno nacional son apenas unos resultados preliminares de la consultoría contratada con Systra y que “se deben surtir más estudios”, como lo reconoció el Ministro de Hacienda.

“No es cierto que Peñalosa cuente con estudios definitivos para el metro elevado, por lo que sigue siendo un metro en el aire. En su desespero por contrarrestar el descrédito de su gobierno, el Alcalde intenta engañar a la ciudadanía con un informe preliminar, ocultando que falta el diseño conceptual final de Systra y otros cuatro estudios para la primera línea del metro, por lo que es poco probable que la administración abra la licitación en el primer semestre de 2017”, concluyó el concejal Sarmiento.

Concejal Manuel Sarmiento presentó proyecto para que Transmilenio pueda ser operado por una empresa pública.

Concejal Manuel Sarmiento presentó proyecto para que Transmilenio pueda ser operado por una empresa pública.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Viernes, 19 de agosto de 2016


El proyecto de acuerdo permitiría un operador público en el sistema Transmilenio para modificar sustancialmente el servicio de transporte en Bogotá.

Ante la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, el concejal Manuel Sarmiento, respaldado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, presentó un proyecto para permitir que TRANSMILENIO S.A., como empresa pública, pueda operar el sistema de buses articulados. La propuesta busca modificar el Acuerdo 04 de 1999, expedido en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, mediante el cual se creó TRANSMILENIO S.A., y en el que se dispuso que la operación del sistema solo fuera exclusiva para empresas privadas.

Manuel Sarmiento sustentó su propuesta así: “En los distintos debates en el Concejo se demostró que la concesión exclusivamente privada del servicio ha causado una ineficiente operación del sistema, con uno de los pasajes más caros de América Latina, hacinamiento, frecuencia insuficiente para atender la demanda y además un desangre constante de la Hacienda Pública, que con enormes transferencias le financia excesivas ganancias al oligopolio particular  y hasta sobrecostos”.

Ante el anuncio de la administración de Peñalosa que –como hizo la de Petro- va a prorrogar ya hasta 1,5 millones de kilómetros la vida útil de los buses articulados de la fase 1 de Transmilenio, el concejal del Polo advirtió: “La Administración Distrital no debe seguir encubriendo ni promoviendo esta irregularidad que, entre otras, pone en grave riesgo la seguridad de millones de pasajeros diarios. Por esta razón, el Proyecto que presento contempla, para el operador público, la creación de un Fondo de Reposición de Flota que, con los utilidades obtenidas en el tiempo provenientes de las unidades que reciba en reversión, puedan irse sustituyendo los buses que cumplan su vida útil por otros nuevos”, explicó el cabildante.

Al presentar este Proyecto, que daría un cambio sustancial en la prestación del servicio de transporte en Bogotá, agregó Manuel Sarmiento: “La crisis de los operadores actuales es tal que, según nota de la Revista Semana, el sistema bancario está decidiendo si no los sigue apalancando. Cada vez es más evidente la necesidad de que Bogotá  dé oportunidad a la existencia de un operador público, que, tal como sucede en las principales capitales del mundo, funcione con una lógica distinta a la del lucro privado, de auténtico servicio y no como negocio”.

Para ver el texto del Proyecto de Acuerdo, siga este enlace: Proyecto 374/16

“A pesar de la pésima administración de Peñalosa y Castellanos, cifras de ETB confirman su enorme potencial” Concejal Manuel Sarmiento

“A pesar de la pésima administración de Peñalosa y Castellanos, cifras de ETB confirman su enorme potencial” Concejal Manuel Sarmiento

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Miércoles, 17 de agosto de 2016


 

El concejal Manuel Sarmiento sostuvo que, pese a la política del alcalde Peñalosa y Jorge Castellanos de marchitar a la ETB, los resultados del primer semestre evidencian el enorme potencial que tiene la empresa.

Sarmiento resaltó que mientras ETB aumenta el número de suscriptores en servicios como internet fijo y televisión, multinacionales como Claro están perdiendo los suyos. “En internet, ETB ganó 53.000 usuarios en un año y en televisión, a tan solo 18 meses de incursionar en este mercado, la empresa obtuvo 57.000 nuevos clientes, mientras que Claro perdió 20.000 y Direct TV 24.000”, resaltó el Concejal del Polo. Dentro de los resultados mostrados por la ETB es importante mencionar además el aumento en el mercado de telefonía móvil, la cual aumenta 499% en número de clientes.

El concejal del POLO también resaltó el potencial de la empresa en Bogotá, su mercado principal. “La red de fibra óptica que tiene desplegada la ETB en la ciudad ya cubre a 2 de cada 3 hogares, es única y no la tiene ninguno de los competidores de la empresa, y es la principal razón por la que ETB gana clientes, ofreciendo mejor servicio y a costos competitivos” señaló el cabildante. Durante su intervención, Sarmiento también recordó las pésimas estrategias comerciales de la administración de Gustavo Petro, que no lograron consolidar un aumento de clientes, estrategias que hoy deben enfocarse en consolidar aún más la participación de la ETB en el mercado de las telecomunicaciones.

Respecto a las pérdidas mostradas por el Presidente de la empresa, Jorge Castellanos, Sarmiento explicó que se trata de pérdidas contables debido a la aplicación de las normas NIIF, como lo reconoce la propia administración de la empresa.

“Pese a la mala administración y a los deseos de marchitar la empresa por parte de Enrique Peñalosa y Jorge Castellanos, las cifras demuestran que la venta de ETB impediría que la ciudad aproveche el enorme potencial de la empresa”, concluyó el concejal Sarmiento.

No me hago ilusiones de cambio, Peñalosa juega con la camiseta  de los operadores privados

No me hago ilusiones de cambio, Peñalosa juega con la camiseta de los operadores privados

Intervención del concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático Alternativo,  conclusiones del debate de Transmilenio en las sesiones sobre el Plan de Desarrollo, Recinto Los Comuneros, Concejo de Bogotá, 5 de junio de 2016.

¿Transmilenio por la Séptima para volver a ponerle conejo al Metro? Un servicio pésimo y caro. Ya les pagamos los buses a los operadores privados, pero nos los siguen cobrando. Sobrecostos hasta de 42% en la Fase I.  La administración no sabe aún a cuánto ascienden los costos reales de la operación. Tampoco puede garantizar que el overhaul sí se haya hecho, como lo afirman los privados. Que Transmilenio opere directamente mientras culmina la licitación para el nuevo contrato de la Fase I.

La primera conclusión es que en definitiva, según lo reconoció el propio Doctor Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, el servicio de TransMilenio es pésimo. Y empiezo por aclarar que no me opongo a que exista TransMilenio, como lo expliqué en mi primera intervención. El problema es que a TransMilenio lo pusieron a hacer lo que debería hacer un Metro. TransMilenio no tiene la misma capacidad de un Metro y, por eso, cuando lo ponen a funcionar en troncales como la Avenida Caracas, la de más alta demanda en el país, pues colapsa, como ha sucedido. Así que reitero mis críticas y llamo la atención sobre el tema, sobre todo porque abrigo muchas dudas, Doctor Bocarejo, en torno a lo que usted ha explicado sobre el TransMilenio por la Carrera Séptima. Miremos los números. Si lo que va a hacer la Administración de Peñalosa es tender dos troncales de TransMilenio pesado por el corredor oriental de la ciudad, la de la Carrera Séptima y la de la Avenida Caracas, ahí nos suman 80.000 pasajeros hora-sentido. Y si le sumamos la capacidad del Metro por el corredor oriental, serían otros 60.000 pasajeros hora-sentido, o sea, en total, 140.000 hora-sentido con los tres sistemas.

Pero resulta que no hay ningún estudio que señale que en los próximos años vamos a necesitar en ese corredor esa capacidad tan alta. El último estudio que yo revisé, el de Steer Davies Gleave estima que en los próximos años se va a tener una demanda de 80.000 pasajeros hora-sentido, o sea que estaríamos sobredimensionando la demanda en el corredor oriental de la ciudad. Y lo que yo me temo es que la Alcaldía de Peñalosa nos monte la troncal de la Avenida Séptima para luego decirnos ya no se necesita un Metro por el corredor oriental y hacernos de nuevo conejo poniendo el Metro apenas hasta la Calle 26, como si fuera un simple alimentador de TransMilenio.

La segunda conclusión es que el servicio de TransMilenio es supremamente caro. Aquí también mostramos cómo la tarifa de TransMilenio es una de las más caras del Continente. Me quiero detener en el punto, porque me parecen insatisfactorias, Doctora Alexandra Rojas, gerente de TransMilenio, y Doctor Bocarejo, las explicaciones que ustedes han dado sobre las denuncias que hice yo hace dos meses en este mismo recinto. Miremos con detalle. Lo primero, ¿por qué los costos de operación han aumentado tanto? Entre el 2000 y el 2015, la tarifa técnica —que refleja los costos de la operación— aumentó en 57% por encima de la inflación, o sea, se encareció casi 60% por encima de lo que se encareció la economía colombiana. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo?

Lo denuncié y voy a volver a explicarlo, porque no hay explicación por parte de la Administración. A los operadores privados de TransMilenio, y estoy hablando del sistema troncal, básicamente les remuneramos lo siguiente: primero, la inversión que ellos hicieron en los buses; segundo, una rentabilidad sobre los buses; tercero, el costo de la operación y, por último, una rentabilidad razonable, como lo indican los contratos. Razonable. Pero la inversión que ellos hicieron en los buses ya se la pagamos hace mucho tiempo y, lo peor, se la seguimos pagando en virtud de la prórroga que hizo la Administración anterior. Doctora Alexandra Rojas, usted misma me dijo en su respuesta que les seguíamos pagando la inversión sobre los buses y la rentabilidad sobre la inversión.

Miremos ahora el estudio de Valora sobre el que usted pasó muy por encima. El estudio de Valora, Doctor Lozada, precisa que como ya pagamos la inversión de los buses, deberían reducirse la tarifa y los costos de la operación. En el caso de la Fase I, la reducción debería ser del 29% o hasta el 42%, o sea que estaríamos pagando sobrecostos por ese mismo monto. ¿Por qué? Repito, porque ya les pagamos los buses. Sobre la Fase II, añade el estudio de Valora que los sobrecostos podrían estar alrededor entre el 15% y el 39% dependiendo del escenario que uno escoja; o sea que aquí también hay sobrecostos. A mí sí me hubiera gustado que frente a estas denuncias tan graves, la administración me replicara, no, concejal Sarmiento, usted está equivocado, usted está mintiendo, o de pronto, por un milagro, que me dijera, sí, concejal, usted tiene toda la razón. ¡Pero que diga algo! Porque yo aquí hago unas denuncias supremamente graves, pero ustedes guardan silencio, y hay un dicho popular, Doctora Alexandra Rojas: el que calla otorga. No, doctora, me perdona, no lo explicó, no lo explicó. Yo aquí dije que, de acuerdo con el estudio de Valora, hay sobrecostos que podrían ser de 140.000 de pesos anuales e incluso mucho más, de 250.000, una plata que nos podríamos ahorrar, y el déficit de 557.000 millones de pesos se podría así reducir entre 140.000 y 250.000 millones de pesos.

Frente a los costos de la operación es increíble que después de 15 años no se haya hecho todavía un estudio y una auditoría sobre cuánto valen los costos reales, o sea, a cuánto nos están cobrando el conductor de un bus, a cuánto nos están cobrando el mantenimiento de un bus, a cuánto nos están cobrando los lubricantes de un bus. La Administración debería saberlo con absoluta exactitud para poder auditar, porque si los operadores privados están inflando los costos, su rentabilidad se va para las nubes, y eso también explica en parte el gigantesco déficit. Yo hice aquí una propuesta y no sé por qué la Administración no se refiere a las propuestas que yo hago. Dije, contraten una auditoría que investigue exactamente cuáles son los costos por kilómetro y partir de ahí pueden ustedes fijar un esquema de negocios y listo. Claro, que los privados ganen, pero que ganen de acuerdo con los costos reales, no sobre la base de costos inflados.

Paso a referirme a lo del overhaul, concejal Emel Rojas. Le envié hace poco un derecho de petición a TransMilenio. Cuando la prórroga se dio, los operadores privados, a contramano, se comprometieron a hacer una inversión de 85 millones de pesos sobre cada bus para potenciarlo y ampliar su vida útil, el famoso overhaul.  Entonces le pregunté a la Doctora Alexandra Rojas qué a cuántos buses ya se les había hecho el overhaul, me dijo que al 98% de los articulados. Le pedí que me lo certificara, que me mostrara las facturas que demuestren que ya se hizo el overhaul de acuerdo con la información pasada por los operadores privados. ¿Saben qué me contestó? “Esta información se encuentra en proceso de validación de la información remitida por los operadores, con el fin de determinar la consistencia de dichos reportes”. O sea que hoy la Administración no se puede parar en este atril y garantizarnos que sí se hizo el overhaul. No lo sabemos todavía. Nos lo dicen los operadores privados, pero en realidad la consistencia de la información no ha sido verificada por TransMilenio. Y aquí el Concejal Emel Rojas y el Concejal Flórez han venido denunciando en todos estos meses cómo se siguen accidentando y cómo se siguen varando los buses de las Fases I y II.

Termino con una última propuesta, Doctora Alexandra Rojas, y ojalá algún día la Administración se pronuncie sobre las propuestas del POLO, así no les gusten. Hay un problema y es que en enero del próximo año se va a vencer uno de los contratos de la Fase I. Perfecto, Doctor José David Castellanos, antes de que yo haga la propuesta puede decir que no le gusta, pero por lo menos él lo dice, la Administración no, guarda silencio. Y entonces la Administración dijo, en el debate de hace dos meses que había tres alternativas, todas muy malas, como lo denunció perfectamente el Concejal Flórez. Y ante todo lo que ha planteado la Administración es que quiere firmar una nueva prórroga, como lo hizo la Administración de Gustavo Petro, cosa que sería muy grave. Le pregunté a TransMilenio si los buses de las Fases I y II revierten al Distrito, si vuelven a ser propiedad del Distrito, porque no encontré esa cláusula en los contratos y me pareció extraño que no existiera. Y en una respuesta que debía ser muy clara, un sí o no y este es el texto, la doctora Alexandra Rojas responde con ambigüedades. Pero ahora cuando el Concejal Flórez lo planteó, la Doctora Alexandra Rojas aclaró que sí revierten, posiblemente en diciembre. Qué estoy proponiendo yo: para no prorrogar la Fase I y mientras se hace la nueva licitación, que sea TransMilenio el que la opere directamente. Si no, vamos a estar condenados a una prórroga en la que los operadores privados tienen todo el poder de negociación y van a someter a la Administración. La propuesta es entonces muy sencilla: que reviertan los buses cuando se acaben los contratos, más o menos en diciembre, y que TransMilenio siga operando porque ya tiene experiencia, como lo dijo el Doctor Emel Rojas. Es además una ocasión propicia para que TransMilenio pueda mirar cuáles son los costos reales de operación. Y mientras tanto se hace la licitación.

¿Para que se acepte esta propuesta qué necesitaríamos, colegas? Necesitaríamos modificar el Acuerdo 04 de 1999, según el cual, TransMilenio puede operar el Sistema, pero solo en tres casos: caducidad, que no se aplica; Terminación Anticipada del Contrato, que tampoco; e incumplimiento grave, que tampoco. Adicionémosle entonces otra clausula a ese acuerdo, otro parágrafo u otra causal, para que TransMilenio puede operar mientras culmina el proceso de la licitación. Esa es la baja que les propongo, porque como ya dije, la propuesta esencial del POLO es que el Distrito pueda contar con una empresa pública como operadora. TransMilenio se lo inventaron con un sesgo ideológico, que el Distrito no podía operar. Pero en las ciudades capitalistas más desarrolladas del mundo, Nueva York, por ejemplo, es el Estado el que opera directamente los sistemas de transporte. Entonces, la invitación, colegas, es a que evitemos una nueva prórroga, un nuevo detrimento patrimonial para el Distrito. Permitamos que los buses reviertan al Distrito y que TransMilenio opere mientras sale una nueva licitación. Y que en esa nueva licitación, y es mi propuesta más de fondo, TransMilenio pueda participar como operador.

Me parecen bastante insatisfactorias las respuestas brindadas por parte de la Administración Distrital, como lo dije en el primer debate. Lo que sucede acá es que el alcalde Peñalosa juega con la camiseta de los operadores privados y es un fervoroso defensor de su negocio. Por eso yo no me hago ilusiones de que este modelo que privilegia a unos pocos en detrimento de los usuarios y de los trabajadores vaya a cambiar en algo.

Para ver el vídeo de la intervención siga este enlace: Intervención