Este jueves, debate de la bancada del Polo contra Transmilenio por la Séptima

Este jueves, debate de la bancada del Polo contra Transmilenio por la Séptima

El debate cuestionará la conveniencia del proyecto para la movilidad de la ciudad, así como los atropellos cometidos contra la comunidad y las irregularidades presentadas en la actualización de los estudios técnicos.

El próximo jueves 19 de abril de 2018 el concejal Manuel Sarmiento realizará un debate de control político al proyecto de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima en la Comisión de Plan del Cabildo Distrital, al que han sido citados el secretario de Movilidad, la gerente de Transmilenio y las directoras del IDU y el Jardín Botánico José Celestino Mutis.

El debate revelará al Concejo y a la opinión pública cómo la administración distrital incurre en toda serie de inconsistencias técnicas, económicas y de atropellos con la comunidad del sector para meter a la mala el proyecto del alcalde Enrique Peñalosa de promover buses BRT por todos los corredores de la ciudad.

El debate podrá verse en directo a partir de las 9:00 AM a través de la página de Facebook del concejal Manuel Sarmiento, de la cuenta de twitter @mjsarmientoa con la etiqueta #NoTM7a

Con Peñalosa, presupuesto para la Secretaría de la Mujer sigue siendo insignificante.

Con Peñalosa, presupuesto para la Secretaría de la Mujer sigue siendo insignificante.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Lunes, 21 de noviembre de 2016


En la presentación del presupuesto para la Secretaría de la Mujer, el concejal Manuel Sarmiento advirtió que el dinero dispuesto en 2017 para esta entidad muestra que en el gobierno Peñalosa el sector continúa marginado de la Administración Distrital. De acuerdo con el proyecto, a la Secretaría de la Mujer le corresponde en el próximo año apenas un 0,22% del total del presupuesto programado para todo el Distrito y solo el 0,48% del total del presupuesto de inversión.

Sarmiento también explicó que, a pesar de que el presupuesto para la Secretaría de la Mujer tendrá un insignificante crecimiento en términos reales del 6%, las metas de varios programas se reducen con respecto a las de 2016. En las Casas de Igualdad de Oportunidades, la meta pasa de 26.000 mujeres vinculadas a este programa en este año a 11.000 en 2017, una reducción del 58%. En las Casas Refugio la meta también se reduce de 1.100 personas atendidas en 2016 a 800 en 2017.

Finalmente el concejal del Polo cuestionó la política laboral de la Secretaría Distrital de la Mujer pues, según Cristina Vélez, se continuará con la política de contratar funcionarias que realizan funciones permanentes mediante una planta temporal, vinculación que viola derechos como la estabilidad laboral. “Es inaudito que la entidad encargada de proteger los derechos de las mujeres, viole los derechos laborales con contratos que no garantizan la estabilidad laboral. Quienes trabajan en la Secretaría, en su mayoría mujeres, cumplen funciones permanentes y misionales, por lo que deben vincularse a la planta permanente como lo exige la Constitución y la Ley” afirmó.

Para ver la intervención del concejal Manuel Sarmiento sobre este tema: http://bit.ly/2fGhDUX

Se siguen destapando las mentiras de Peñalosa sobre el metro elevado.

Se siguen destapando las mentiras de Peñalosa sobre el metro elevado.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Domingo, 20 de noviembre


Luego de conocerse el informe de Systra sobre el metro, el concejal Manuel Sarmiento denunció que el alcalde Peñalosa ha mentido de manera reiterada sobre las supuestas bondades de una línea elevada. “En temas tan importantes como el cronograma y los costos del proyecto, el Alcalde ha faltado gravemente a la verdad para seguir ‘embolatando’ el proyecto más importante para Bogotá”, afirmó el cabildante del Polo.

De acuerdo con la Revista Semana, en enero de este año Peñalosa afirmó que la decisión de cambiar el metro subterráneo por el elevado no demoraría la apertura de la licitación para contratar su construcción. Dijo que solo se tomarían tres meses para ajustar los estudios y que “la licitación se abriría antes de que termine el 2016” (goo.gl/J2QOKY). Hoy el Gobierno Distrital reconoce que la licitación estará lista hasta finales de 2017 (goo.gl/6Fsc9v), un año después de la fecha prometida por el mandatario, y que puede alargarse debido a que se deben contratar estudios adicionales por un valor de $23.000 millones.

Respecto a los costos, en noviembre del año pasado, el portal La Silla Vacía informó que “según las cuentas de Peñalosa, un kilómetro de metro elevado cuesta 50 millones de dólares” (goo.gl/Kg5031). Sin embargo, el estudio de Systra calcula que el costo por kilómetro de la línea elevada será de 130 millones de dólares, más del doble de lo afirmado por el Alcalde. Además, los cálculos de Systra no tienen en cuenta variables tan importantes como los costos de operación, mantenimiento y reemplazo de los equipos y la infraestructura, así como tampoco calcula los mayores costos por el tiempo de los viajes, la comodidad de los usuarios y los costos de mitigación de los impactos urbanísticos y ambientales de las obras y la operación del viaducto, como lo explica el ingeniero Rafael Fonseca (https://goo.gl/479pdI).

El informe de Systra reconoce que el metro elevado degradará gravemente el entorno urbano de Bogotá, pues la opción elegida tuvo pésimas calificaciones respecto al efecto urbano-paisajístico, el impacto visual de las estaciones y la interferencia con redes matrices de servicios públicos, además de su vulnerabilidad por los elevados niveles de riesgo sísmico a los que está expuesto. “No es cierto que el metro elevado sea la mejor opción para Bogotá, así lo demuestran las evidentes mentiras en las que ha incurrido el alcalde Peñalosa”, concluyó el concejal Sarmiento.

[Carta a Secretaria de Hábitat] La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.

[Carta a Secretaria de Hábitat] La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.

Doctora

MARÍA CAROLINA CASTILLO

Secretaria de Hábitat y Territorio- Bogotá.

Ciudad

 

Ref.:   La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.   

 

Cordial saludo,

El pasado 6 de mayo el Director del Idiger me respondió un derecho de petición en el cual afirma que la actual administración va a darle continuidad a la política de reasentamiento de los hogares que se encuentran en zonas de alto riesgo.

Con esa determinación parece que la administración de Enrique Peñalosa desconociera que si bien los orígenes de estos barrios es la informalidad, la mayoría fueron ya legalizados o se encuentran en proceso de legalización por parte de la administración distrital. Además, las medidas que se han aplicado en los gobiernos de Bogotá en los últimos años no les garantizan a las familias afectadas una reubicación en iguales o mejores condiciones habitacionales, pues todo consiste en ofrecerles un arriendo transitorio en tanto les es asignada una vivienda que no se ajusta a sus necesidades.

Actualmente, según el Decreto 255 de 2013, la administración les ofrece a las familias, en primer lugar, el Valor Único de Reconocimiento (VUR) que equivale a 50 salarios mínimos, valor que no es suficiente para que éstas puedan acceder una vivienda digna en Bogotá. En algunos casos, las familias también pueden acceder a al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, sin embargo, las viviendas de interés prioritario a las que pueden acceder por este subsidio no responden a las necesidades de las familias que van a ser reubicadas, las cuales cuentan con un amplio número de miembros y basan su subsistencia en la explotación comercial de su vivienda.

Un buen ejemplo es el del barrio El Codito de la localidad de Usaquén, donde cuantiosos grupos de ciudadanos han preferido quedar expuestos a los deslizamientos e inundaciones, en lugar de trasladarse a otras zonas de la ciudad. El riesgo aumenta porque, así las cosas, el Distrito insiste en negarse a construir las obras de amortiguamiento aduciendo que no es mitigable.

Vale recordar que la declaratoria de alto riesgo no mitigable depende, entre otros factores, de los costos de las obras de mitigación que solamente se descartan en caso de ser superiores a los de la reubicación. Este criterio legal se viene quebrantando, en la mayoría de los casos, al promoverse reasentamientos a viviendas con peores condiciones habitacionales.

Y mientras bajo esas políticas se está en el proceso de expulsión que puede llegar a cerca de 8 mil hogares bogotanos, en barrios como Nueva Delhi -de la localidad de San Cristóbal- y La Fiscala –en la localidad de Usme- se están entregando licencias de construcción en zonas aledañas a las declaradas en alto riesgo no mitigable, bajo el argumento de que las constructoras sí tienen el músculo financiero para realizar las obras de mitigación que el Distrito se rehúsa a ejecutar. El resultado final es una discriminación contra los ciudadanos de escasos recursos y es una forma abierta de desplazamiento forzoso en beneficio de terceros. El Distrito debe tener en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya llevó a cabo una Audiencia Pública sobre derechos humanos y procesos reasentamiento en Colombia en el 154 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual la CIDH expresó su preocupación por la forma cómo se están llevando a cabo los reasentamientos por parte de las administraciones locales en el país.

Es inaudito que la administración de Enrique Peñalosa pretenda continuar con una política que, a la vez que pone en peligro la vida e integridad de los ciudadanos que residen en zonas de alto riesgo, máxime cuando los expertos han advertido que se aproxima una temporada con altas probabilidades de ocurrencia de Fenómeno de La Niña, va abriendo camino alternativo a negociantes de la construcción.

Por las razones anteriores, le solicito me informe qué medidas se van a tomar para proteger los derechos de estas personas y qué cambios van a realizar a la política de reasentamiento, advirtiendo que se está configurando así un estado de cosas inconstitucional y violatorio de un derecho humano fundamental como el de una vivienda digna, frente a lo cual me veré en obligación de recurrir a las acciones judiciales atinentes en estos casos en el orden nacional e internacional de ser necesario.

 

MANUEL SARMIENTO

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativo