Este jueves, debate de la bancada del Polo contra Transmilenio por la Séptima

Este jueves, debate de la bancada del Polo contra Transmilenio por la Séptima

El debate cuestionará la conveniencia del proyecto para la movilidad de la ciudad, así como los atropellos cometidos contra la comunidad y las irregularidades presentadas en la actualización de los estudios técnicos.

El próximo jueves 19 de abril de 2018 el concejal Manuel Sarmiento realizará un debate de control político al proyecto de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima en la Comisión de Plan del Cabildo Distrital, al que han sido citados el secretario de Movilidad, la gerente de Transmilenio y las directoras del IDU y el Jardín Botánico José Celestino Mutis.

El debate revelará al Concejo y a la opinión pública cómo la administración distrital incurre en toda serie de inconsistencias técnicas, económicas y de atropellos con la comunidad del sector para meter a la mala el proyecto del alcalde Enrique Peñalosa de promover buses BRT por todos los corredores de la ciudad.

El debate podrá verse en directo a partir de las 9:00 AM a través de la página de Facebook del concejal Manuel Sarmiento, de la cuenta de twitter @mjsarmientoa con la etiqueta #NoTM7a

[Carta] ¿Procederá Corabastos a asignar el contrato de vigilancia privada en un proceso competitivo de una sola empresa?

[Carta] ¿Procederá Corabastos a asignar el contrato de vigilancia privada en un proceso competitivo de una sola empresa?

Doctor

MAURICIO PARRA PARRA

Gerente

Corabastos S.A.

Av. Carrera 80 No 2 – 51

Ciudad.

 

Ref.: ¿Procederá Corabastos a asignar el contrato de vigilancia privada en un proceso competitivo de una sola empresa?

 

Atento saludo:

Como sucede cada año, desde diciembre 19 de 2016 se viene adelantando la convocatoria abierta para la selección del proveedor de vigilancia y seguridad privada en Corabastos. Llama la atención que este proceso, en el que debería primar la competencia entre varias empresas para asegurar las mejores condiciones técnicas y económicas, esté a punto de cerrarse con un único oferente.

De acuerdo con la información que aparece en la página de internet de Corabastos, el proceso de selección inició con 12 empresas interesadas en la adjudicación del contrato. Sin embargo, al final solo quedó un interesado, el consorcio SUNAP conformado por Seguridad Nápoles y Seguridad Superior, que son precisamente las empresas que en este momento prestan el servicio de vigilancia. Es decir, todo indica que las compañías que hoy tienen el contrato de vigilancia serán las beneficiarias, como únicos oferentes, del nuevo proceso de adjudicación, a pesar de que en los medios de comunicación se han revelado los problemas de inseguridad de la central de abastos más importante del país (bit.ly/2jBSiOy).

Del análisis de los pliegos de condiciones surgen varios interrogantes para los que, mediante el presente derecho de petición, solicito una pronta respuesta. ¿Por qué se exige en materia de experiencia la prestación del servicio solo en plazas de mercado, grandes superficies y sectores industriales? ¿No considera Corabastos necesario replantear el proceso de contratación, teniendo en cuenta que solo se presentó una empresa y no habrá competencia?

Agradezco su atención y respuesta.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO
Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativo

CONPES de Peñalosa y Santos no garantiza recursos para el metro de Bogotá

CONPES de Peñalosa y Santos no garantiza recursos para el metro de Bogotá

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Miércoles, 11 de enero de 2017


El concejal Manuel Sarmiento afirmó que el CONPES anunciado por el presidente Santos y el alcalde Peñalosa no garantiza los recursos para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. El Cabildante explicó que este documento no sirve para comprometer vigencias futuras de la Nación, que son las que garantizarían los recursos para la construcción del proyecto.

Así lo señala una respuesta que la Secretaría de Movilidad le envió al Concejal del Polo en diciembre en la que reconoce que “el documento CONPES que prepara el DNP es de seguimiento a los proyectos de transporte público masivo que la nación puede cofinanciar. Es diferente al documento CONPES donde se declara su importancia estratégica, gracias al cual luego se pueden comprometer vigencias futuras de la nación” (Ver respuesta completa).

Sarmiento recordó que en el año 2010 el gobierno nacional expidió un CONPES igual al que están cacareando los mandatarios y que no fue suficiente para asegurar los recursos para la construcción del metro. Agregó que ni siquiera se conocen los costos reales del proyecto, pues el metro elevado propuesto por Peñalosa no cuenta con estudios detallados, como lo señala la consultoría de Systra: “Los valores de los desembolsos necesarios para cubrir los gastos son superiores y deben calcularse a partir de un programa de adquisiciones y obras más detallado que el alcance de esta consultoría”.

Para expedir el CONPES con el que se abriría la licitación del metro se necesitan estudios técnicos de detalle que a la fecha ni siquiera han sido contratados. “Lo que demuestra este Conpes es el respaldo de Santos a un metro mediocre y a un modelo de ciudad en el que el jugoso negocio de las concesiones de Transmilenio seguirá siendo el eje estructural del Sistema de Transporte Masivo, condenando a Bogotá, por los próximos 30 años, a los buses articulados que tanto le gustan al alcalde Peñalosa”, aseguró el concejal Sarmiento.

Con Peñalosa, presupuesto para la Secretaría de la Mujer sigue siendo insignificante.

Con Peñalosa, presupuesto para la Secretaría de la Mujer sigue siendo insignificante.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Lunes, 21 de noviembre de 2016


En la presentación del presupuesto para la Secretaría de la Mujer, el concejal Manuel Sarmiento advirtió que el dinero dispuesto en 2017 para esta entidad muestra que en el gobierno Peñalosa el sector continúa marginado de la Administración Distrital. De acuerdo con el proyecto, a la Secretaría de la Mujer le corresponde en el próximo año apenas un 0,22% del total del presupuesto programado para todo el Distrito y solo el 0,48% del total del presupuesto de inversión.

Sarmiento también explicó que, a pesar de que el presupuesto para la Secretaría de la Mujer tendrá un insignificante crecimiento en términos reales del 6%, las metas de varios programas se reducen con respecto a las de 2016. En las Casas de Igualdad de Oportunidades, la meta pasa de 26.000 mujeres vinculadas a este programa en este año a 11.000 en 2017, una reducción del 58%. En las Casas Refugio la meta también se reduce de 1.100 personas atendidas en 2016 a 800 en 2017.

Finalmente el concejal del Polo cuestionó la política laboral de la Secretaría Distrital de la Mujer pues, según Cristina Vélez, se continuará con la política de contratar funcionarias que realizan funciones permanentes mediante una planta temporal, vinculación que viola derechos como la estabilidad laboral. “Es inaudito que la entidad encargada de proteger los derechos de las mujeres, viole los derechos laborales con contratos que no garantizan la estabilidad laboral. Quienes trabajan en la Secretaría, en su mayoría mujeres, cumplen funciones permanentes y misionales, por lo que deben vincularse a la planta permanente como lo exige la Constitución y la Ley” afirmó.

Para ver la intervención del concejal Manuel Sarmiento sobre este tema: http://bit.ly/2fGhDUX

[Carta] Transmilenio debe dar  a conocer los detalles de la prórroga de los leoninos contratos de la Fase I.

[Carta] Transmilenio debe dar a conocer los detalles de la prórroga de los leoninos contratos de la Fase I.

Doctora
ALEXANDRA ROJAS
Gerente de Transmilenio S.A.
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

Ref.: Transmilenio debe dar  a conocer los detalles de la prórroga de los leoninos contratos de la Fase I.

Atento saludo:

Tras el anuncio de la administración del alcalde Peñalosa de una nueva prórroga a los contratos de la Fase I de Transmilenio (Caracas, Autonorte y Calle 80), es su deber explicar de manera detallada las condiciones que se pactaron para extender estas concesiones. Es inaceptable que usted anuncie la prórroga de unos de los contratos más leoninos en la historia de Bogotá sin dar a conocer los textos acordados con los operadores privados y los estudios que sustentan esta decisión.

Esta es la segunda prórroga de las concesiones de la Fase I, que se suma a la realizada en 2013 por el gobierno de Gustavo Petro, en la que los contratos se extendieron en condiciones ampliamente favorables para los operadores privados, al punto que el vocero de los concesionarios cobró $2.500 millones por honorarios y una comisión de éxito. La vida útil de los articulados se amplió de un kilometraje promedio de 850.000 a 1’040.000 kilómetros, sometiendo a los pasajeros a viajar en buses viejos que ponen en riesgo su integridad. Además, hoy la Ciudad y los usuarios les siguen reconociendo a los operadores la inversión en vehículos que ya fueron pagados en su totalidad, lo que ha significado sobrecostos que oscilan entre $140.000 millones y $257.000 millones anuales.

Como Gerente de Transmilenio usted debe explicar con todo detalle cuáles serán las condiciones de esta nueva prórroga. Urge conocer cómo se garantizará la integridad de los usuarios al extenderse la vida útil de los buses, así como la fórmula pactada para remunerar a los operadores. Mucho me temo que esta nueva prórroga será otra gabela para los operadores privados que, como la anterior, viola los intereses y derechos de la inmensa mayoría de bogotanos.

Este tema debe debatirse con toda la seriedad y profundidad que amerita, por lo que le solicito enviarme copia de los acuerdos suscritos o que se suscribirán con los operadores privados, los estudios en los que se sustenta la prórroga  y las actas de las reuniones realizadas con los concesionarios.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO
CONCEJAL DE BOGOTÁ
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

La administración del alcalde Peñalosa debe respetar los acuerdos con la comunidad del Bosque San Carlos.

La administración del alcalde Peñalosa debe respetar los acuerdos con la comunidad del Bosque San Carlos.

Señor:

FRANCISCO CRUZ PRADA

Secretario Distrital de Ambiente

Avenida Caracas No. 54 – 38

Ciudad

REF.: La administración del alcalde Peñalosa debe respetar los acuerdos con la comunidad del Bosque San Carlos.

 

Atento saludo.

Las comunidades aledañas al Parque Metropolitano Bosque de San Carlos me han manifestado su indignación por el procedimiento adelantado por la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, para talar 18 árboles al interior y al exterior del parque.

Con este operativo, la administración del alcalde Peñalosa está violando el compromiso alcanzado entre la comunidad vecina del parque y varias entidades del Distrito, en el que se acordó que solo se talarían tres árboles cuya caída era inminente. Sin embargo, las entidades procedieron de manera arbitraria a talar casi 20 árboles, lo que ha causado una gran indignación entre los vecinos del sector.

A esto se suma que la Administración Distrital no ha entregado los estudios técnicos en los que se sustenta la decisión de talar más de 30 árboles, y también son conocidas las declaraciones del Director del IDRD en las que afirma su intención de construir una cancha sintética y una pista dentro del Parque Metropolitano, propuesta que ha sido rechazada por la comunidad.

Le solicito, señor secretario, tomar las medidas necesarias para suspender la tala de los árboles y respetar los acuerdos que se han adquirido con los ciudadanos que han protestado contra este operativo.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Se mantiene la esencia en la reforma tributaria de Peñalosa, golpear a las capas medias

Se mantiene la esencia en la reforma tributaria de Peñalosa, golpear a las capas medias

Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el debate sobre el proyecto de simplificación tributaria, 23 de agosto de 2016, Concejo de Bogotá.

Quedó demostrado como el proyecto de Peñalosa es una reforma tributaria y no una simplificación tributaria. Nueva propuesta solo modifica la tabla y las tarifas de los distintos rangos. Nuevos remiendos no atacan el fondo y el problema estructural del impuesto predial. La base gravable se está calculando de una forma que incrementa el predial sin tener en cuenta la capacidad de pago. Que aumenten los valores del suelo en determinada zona de la ciuda, no significa que aumente capacidad de pago de los residentes. No es cierto que a 1.3 millones de predios se les vaya a reducir el impuesto. El predial para los pensionados debería aumentar solo en el mismo porcentaje en que les aumenta la pensión.

Lo primero, reiterar lo que ya dije cuando la plenaria decidió devolver este proyecto de acuerdo a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público. Teníamos la razón cuando en el primer debate demostramos con cifras cómo esta era una reforma tributaria y no una simplificación tributaria, una reforma tributaria que iba a golpear con mucha dureza a las capas medias. Los hechos nos terminaron dando la razón. La prueba reina es que devolvieron el proyecto de acuerdo. Ahora los ponentes están planteando unas modificaciones, reconociendo que la anterior tabla golpeaba con mucha dureza a los contribuyentes. La reversa es importante, porque en política no es lo mismo tener la razón que no tenerla, y, repito, en el primer debate quedó demostrado que teníamos la razón.

Pero la nueva propuesta solo modifica la tabla y las tarifas de los distintos rangos con nuevos remiendos que no atacan el fondo y el problema estructural del impuesto predial. Tasn grave es el problema, que contribuyentes de distintas zonas de la ciudad, y especialmente de barrios de capas medias como Normandía, han venido adelantando protestas por los cobros abusivos, con aumentos que desbordan su capacidad de pago.

¿Cuál es el problema estructural y de fondo que no se está resolviendo?

Tiene que ver sobre todo con la base gravable del impuesto. La base gravable, el avalúo catastral, se está calculando de una forma que incrementa el predial sin tener en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Lo que se ha venido haciendo, y lo hicieron también las dos anteriores administraciones, la de Samuel Moreno y la de Gustavo Petro, y lo va a continuar la Administración de Enrique Peñalosa, es aumentar el avalúo catastral con la lógica de la especulación inmobiliaria, aprovechándose del boom inmobiliario que hay en la ciudad, y especialmente en algunas zonas, y el predial se dispara entoces por encima de la capacidad de pago de los contribuyentes. Quiero ser muy claro, y creo que hay un consenso respecto de lo que voy a decir: el avalúo catastral no refleja la capacidad de pago de los contribuyentes. Es muy común el caso de personas con casa en Normandía, cuyos ingresos no aumentan en la misma proporción en que lo hace el avalúo, presionado por la especulación inmobiliaria que allí se viene presentando.

Repito la consigna del Comité en Defensa del Contribuyente: “Mi casa es para vivir, no para vender”. La gran mayoría de los residentes no están en el negocio de la especulación inmobiliaria y que aumenten los valores del suelo no significa que se incremente su capacidad de pago. Así lo muestran las  cifras: entre el año 2008 y el año 2016, el avalúo catastral en Bogotá aumentó en 288%, lo que hizo que el recaudo del impuesto predial en el mismo periodo se elevara en 320%. Pero el ingreso promedio por habitante en la capital, en el mismo periodo, apenas aumentó 42%. Lo anterior demuestra que se está violando la capacidad de pago de los contribuyentes, elemento esencial del principio de progresividad.

Aquí todo el mundo ha hablado de que tenemos que reformar el predial para que esté acorde con el principio de la progresividad y resulta que no es así, porque la progresividad depende de la capacidad de pago del contribuyente. A mayor capacidad de pago, mayor impuesto.

Se plantea aquí como premisa que hay progresividad cuando se les aplican las mismas tarifas a los mismos avalúos. No es cierto, como ya lo expliqué, señora secretaria distrital de Hacienda. Puede que haya una vivienda o un predio grande en Normandía cuyo avalúo ascienda a 400 millones de pesos, el mismo de un apartamento mucho más pequeño en Los Rosales, pero resulta que los dos propietarios tienen muy distinta capacidad de pago. Se hace evidente que se viola el principio de la progresividad.

Ya entrando en detalle sobre las propuestas, se está planteando reducir el impuesto, no la tarifa sino el impuesto, a 1.3 millones de predios, por un total de 32 mil millones de pesos, según les oí a los ponentes del proyecto de acuerdo. En promedio, la modificación que están planteando es apenas de 24 mil pesos por contribuyente, prácticamente nada, y ya he planteado cómo el impuesto presenta graves problemas y que hay grandes incomodidades entre la gente.

Las proyecciones que se presentaron en este recinto no son ciertas, concejal Andrés Forero. No es cierto que a 1.3 millones de predios se les vaya a reducir el impuesto. La secretaria de Hacienda, en respuesta a la pregunta que le hice, me reconoció con toda claridad que en esas proyecciones no están teniendo en cuenta el aumento del avalúo catastral. No pueden entonces aducir los ponentes que se les va a reducir el impuesto a 1.3 millones de predios, cuando dejan de lado ese aumento, que hace que el impuesto suba en vez de disminuir. Por lo tanto, las cifras que nos están presentando para darle un mejor maquillaje a esta reforma tributaria no se corresponden con la realidad.

Duro golpe a las capas medias

Se sigue golpeando a las capas medias. Por ejemplo, las tarifas les van a aumentar a los predios del estrato 3 con avalúo superior a 159 millones de pesos. Se les va a aumentar el impuesto a una cantidad de predios cuyos dueños no son ningunos magnates. Se les va aumentar la tarifa y por supuesto también el impuesto predial.

Lo planteaba el concejal Cardozo. A todos los predios del estrato 4 cuyo avalúo sea superior a 389 millones de pesos se les va a aumentar también la tarifa, y los propietarios tampoco son magnates. Los 389 millones de peso se ciñen a las condiciones del mercado inmobiliario y no a la capacidad de pago de la gente.

Otro problema grave es el criterio que se plantea en la reforma tributaria para actualizar los rangos, por el cual fácilmente un predio pasa de un rango a otro mucho más alto y con mayor tarifa. El indicador es el índice de vivienda nueva. Cuando uno ve las cifras, advierte que el índice de precios de vivienda nueva se ha estado actualizando por debajo de lo que aumenta el avalúo catastral. Solo pongo el ejemplo del 2015: el índice de precios de vivienda nueva aumentó en 6.8%, mientras que el avalúo catastral de Bogotá se incrementó en 15%. Lo anterior va hacer que muy fácilmente un predio que se encontraba, por decir algo, en el rango o en una tarifa del 5.5 por mil o 6 por mil, pase en el año siguiente a un rango o una tarifa del 6.5 por mil o superior.

Los topes de los aumentos anuales tampoco son suficientes. Aquí se están planteando topes entre el 15 y el 20%, que más que topes, indican en realidad el porcentaje en el que va subir el impuesto predial. El aumento de la base gravable del avalúo catastral va a hacer que los impuestos se incrementen año tras año por encima del ingreso promedio de los ciudadanos. Miren ustedes: entre el año 2008 y el año 2016, el ingreso por habitante en Bogotá aumentó en 5.3%, muy inferior a lo que la reforma tributaria plantea como topes a los aumentos del predial.

Insisto en el tema que mencionaron otros concejales en lo relacionado con los pensionados. El predial para los pensionados debería aumentar máximo lo que aumenta la pensión a nivel nacional. Respaldo la propuesta que han elevado varios concejales. Anuncio incluso que voy a presentar un proyecto de acuerdo para poner ese límite señalado por algunos colegas.

En los predios no residenciales, en los predios comerciales, no se aplica la progresividad. Todos los predios con un avalúo o valor igual o superior a 114 millones de pesos van a tener una tarifa del 9.5 por mil, y ahí debería haber mayor progresividad, porque no es progresivo que a un tendero de barrio o a un pequeño o mediano comerciante le descarguen la misma tarifa que se les aplica a Almacenes Éxito o alguna de las grandes superficies.

Se va a eliminar el descuento por pronto pago, cuando la gente opte por el pago por cuotas del predial. Considero que se debería mantener. En conclusión, señor presidente, esta es una Reforma Tributaria que sigue golpeando a las capas medias y que va a seguir generando bastantes reclamos entre los contribuyentes. Insisto entonces en lo que dije en el anterior debate: ¡Hay que tener preparadas las pancartas para las protestas que se nos vienen! Esta es una reforma tributaria al mejor estilo santista, que sigue golpeando a las capas medias y violando la capacidad de pago de los contribuyentes.

 

 

Los colegios en concesión , una política privatizadora para reducir el gasto público en educación

Los colegios en concesión , una política privatizadora para reducir el gasto público en educación

Intervención del concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático Alternativo, en la presentación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se autoriza a la Secretaría de Educación del Distrito para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para el periodo 2017-2016”, Concejo de Bogotá, recinto Los Comuneros,

16 de agosto de 2016.

Vigencias futuras para colegios en concesión parten de la premisa falsa de que los colegios en concesión son excelentes. Comparar colegios en concesión con colegios oficiales es un absurdo. En 2015, los colegios privados mostraron una tasa de repetición del 2%, mientras que en los colegios en concesión fue del 3.7%. En los colegios en concesión se está violando la autonomía escolar. Los docentes y directivos docentes de los colegios en concesión están en condiciones inferiores a los de los colegios oficiales. Proyecto no está acorde con el principio de reducir las instituciones privadas en la administración. Alcaldía debe dar a conocer todos los estudios sobre la materia.

El proyecto de acuerdo nace de una premisa a mi juicio falsa: que los colegios en concesión han tenido resultados excelentes durante estos 16 años y cito textualmente. No es cierto, señora Secretaria. Excelentes significa que los colegios en concesión estén entre los primeros puestos en calidad en la ciudad y eso no sucede. Los resultados han sido bastante mediocres de acuerdo con lo que prometió Enrique Peñalosa en su primer gobierno.

Quiero insistir en una idea que planteé en el debate del Plan de Desarrollo y en otras ocasiones. Resulta un absurdo mostrar que los colegios en concesión son excelentes, cotejándolos con los colegios oficiales, porque, insisto, es comparar peras con manzanas. No se pueden comparar ambos tipos de instituciones por una sencilla razón, y es que, según lo señala el estudio de la Universidad Nacional que nos presentó la Secretaria de Educación y que se cita en la Exposición de Motivos, las jornadas en los colegios en concesión tienen una mayor duración que en los colegios oficiales. Allí donde hace la comparación entre colegios oficiales en condiciones similares y colegios en concesión, el estudio de la Universidad Nacional aclara que esos colegios públicos de similares condiciones no tienen la misma jornada que los colegios en concesión y eso ya marca una diferencia abismal.

También es cierto que los colegios en concesión tienen mejor dotación que los colegios oficiales y eso no porque los privados sean grandes administradores, sino porque el Distrito Capital decidió dársela. Cuando la comparación se hace entre los colegios en concesión y colegios que tienen jornadas de similar duración, como son algunos de los colegios privados, pues es evidente que los primeros no obtienen un resultado tan excelente como ustedes los afirman en la Exposición de Motivos.

Comienzo haciendo una aclaración sobre las Pruebas Saber. A mí no me gusta tomar las Pruebas Saber como un indicador, porque las Pruebas Saber y las del ICFES, e incluso las del ECAES en Educación Superior, se basan en la formación por competencias, una visión propia de esta lógica neoliberal de dejar a un lado la formación en conocimientos para enfatizar prioritariamente la formación en habilidades técnicas o prácticas, un tipo de educación que no garantiza calidad. Pero bueno, son las únicas formas para hacer esta comparación.

Cuando uno hace la comparación entre los colegios privados de mejor calidad y los de concesión, los resultados de los colegios de concesión son totalmente malos. No es cierto entonces que tengan excelentes resultados. En el año 2014, por ejemplo, 62% de los colegios privados estuvieron en los niveles superior y muy superior, mientras que apenas el 28% de los colegios en concesión logró estos niveles. No es cierto que hayan tenido entonces excelentes resultados. En 2015, los colegios privados que estuvieron en la categoría de superior y muy superior fueron el 75 %, y los colegios de concesión un 55%.

Miremos otro indicador: la tasa de repetición. En el año 2015, los colegios privados mostraron una tasa de repetición del 2%, mientras que en los colegios en concesión fue del 3.7%. A que me refiero con esto, concejal Cubides. Todos los estudios que ustedes citan comparan los colegios oficiales con los colegios en concesión y, reitero, es comparar manzanas con peras. Pero cuando uno compara los colegios en concesión con los colegios privados de mejor calidad, concluye que se sigue con la misma política, que ofrece educación pobre y mediocre para los pobres y educación de altísima calidad, el objetivo que se debería perseguir para todos los sectores, como un privilegio solamente para quienes tienen capacidad de pago, para quienes pueden pagar matrículas supremamente costosas.

Hay unos estudios que ustedes no citan y a mí parece una grave omisión. Bueno, el de la Universidad Nacional se lo pedí completo a la señora secretaria de Educación, porque ustedes pasan únicamente el informe ejecutivo y me parece importante revisarlo en todos sus capítulos para ver bien la metodología. Pero hay otros estudios que ustedes no mencionan. El año pasado, la Universidad Autónoma de Barcelona publicó uno sobre los colegios en concesión en Colombia y las conclusiones a las que llega son totalmente distintas. Lo voy a detallar en el primer debate, pero señalo ahora lo siguiente: en los colegios en concesión se está violando la autonomía escolar, dice, y los resultados académicos no son tan superiores como los quiere mostrar la Administración. Ese tipo de estudios también deberían mostrárnoslos a los concejales.

Hay otro que ya estoy empezando a revisar, mencionado por el concejal Juan Carlos Flórez en el debate que hicimos sobre el Cupo de Endeudamiento. Me llamó la atención, porque de acuerdo con lo explicado por el concejal Flórez, el estudio señala que no hay la cantidad suficiente de proveedores para garantizar una educación de buena calidad. Ahora, en el listado del ranking que usted nos mostró y que también figura en la exposición de motivos, se ve cómo los colegios que maneja la Asociación de la Calidad Académica, los que maneja el Colegio San Carlos y los que maneja la Universidad de los Andes son los que aparecen punteando, pero ya otros colegios que manejan instituciones no tan prestigiosas aparecen en puestos muy inferiores. Entonces sería importante que también nos muestren otros estudios para saber cuáles son las verdaderas conclusiones.

Resumiría la política de los colegios en concesión de la siguiente manera: es una política privatizadora para reducir el gasto público en la educación. Ahí están las cifras que demuestran cómo la canasta educativa en los colegios oficiales es mayor que la de los colegios en concesión, lo que se explica fundamentalmente porque en los colegios en concesión se deterioran o son peores las condiciones laborales de los docentes, problema que no se soluciona con imponer la obligación en los contratos. Que la duración de los contratos con los docentes sea de 11.5 meses no soluciona el problema.

El estudio que les menciono de la Universidad Autónoma de Barcelona coteja las condiciones laborales en lo relacionado con estabilidad laboral, jornada de trabajo y salarios. Es evidente que los profesores, los docentes y los directivos docentes de los colegios en concesión están en condiciones inferiores a los de los colegios oficiales, y estos últimos no es que gocen de excelentes condiciones laborales. Todos sabemos los enormes problemas que padecen los docentes de los colegios oficiales. Imagínense entonces cómo estarán los profesores de los colegios en concesión.

Y por último, quisiera plantear algunas preguntas de tipo jurídico. Lo primero, sobre el Decreto 1851 de 2015. Según la norma lo establece, además de presentar el estudio de suficiencia, porque para hacer este tipo de contratos debe demostrarse que hay insuficiencia en infraestructura o en planta de personal, se debe expedir una certificación que no he encontrado por ninguna parte. Entonces le pediría el favor de enviarnos copia de la certificación que ya deben tener del Ministerio de Educación.

Otro asunto que ya señaló el doctor Cardozo es que ese decreto incluye el Principio de la Reducción Progresiva de la administración de la educación mediante la utilización de instituciones privadas. Ese principio, como ya lo explicó el concejal Cardozo, y yo estoy totalmente de acuerdo, obliga a que con el tiempo se vaya reduciendo el número de colegios en concesión u otro tipo de modalidades como estas de administración privada de la educación oficial, y lo que se está planteando en este proyecto es todo lo contrario, es ampliar el número de colegios en concesión, lo que violaría dicho principio.

Estoy de acuerdo cuando el concejal Cardozo señala que las vigencias futuras excepcionales que superen un periodo de gobierno solo pueden destinarse a obras de infraestructura, porque la ley y el decreto señalan con toda precisión que para aprobarlas se debe contar con estudios de ingeniería de detalle, obviamente relativas a obras de infraestructura.

Y por último, insisto, los estudios técnicos que ustedes muestran como sustento de este Cupo de Endeudamiento, sobre todo el de Universidad Nacional, no permiten llegar a la conclusión de que se deban mantener los colegios en concesión. El Estudio de Universidad Nacional lo que dice es que la diferencia entre los colegios en concesión y los colegios oficiales se deriva de la jornada y que en la medida en que los colegios oficiales adopten la jornada única se va reducir la diferencia. Pero el estudio no recomienda prorrogar o mantener los veintidós colegios en concesión, como ustedes lo están planteando en este proyecto de vigencias futuras.

En síntesis, hay una diferencia entre la conclusión del Estudio Técnico que ustedes señalan como principal y lo que ustedes proponen en las vigencias futuras, lo que contradice las disposiciones legales que señalan que todas esta vigencias futuras excepcionales deben tener un sustento técnico.

Peñalosa acaba con 15.000 cupos para niños de prejardín: Manuel Sarmiento

Peñalosa acaba con 15.000 cupos para niños de prejardín: Manuel Sarmiento

Equipo de prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Miércoles, 7 de septiembre de 2016


La Asociación Distrital de Educadores –ADE- denunció que mediante la Resolución 1293 de 2016 la Secretaría de Educación Distrital suprimió el grado de prejardín en los colegios públicos de Bogotá. La norma establece que la matrícula de preescolar en 2017 sólo será para los grados de jardín y transición, excluyendo así la posibilidad de que se abran cupos en el primer grado de preescolar.

La decisión elimina 15.000 cupos para niños de 3 años que hoy son atendidos en el grado de prejardín y que ahora pasarán a distintos programas de cuidado que no corresponden con un proyecto pedagógico de educación formal, agravando un factor determinante de la aberrante desigualdad que agobia a Bogotá. “El prejardín, como primer grado de preescolar, es fundamental para el desarrollo biológico y cognitivo de la primera infancia, por lo que la decisión de Peñalosa es un verdadero descaro”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento.

El cabildante calificó como regresiva dicha medida que además provocaría el despido de los docentes que regularmente atienden este grado. “Peñalosa engaña a los bogotanos cuando afirma que su prioridad son los niños, mientras elimina 15.000 cupos en prejardín y le abre camino a la privatización de este nivel educativo, recortando cada vez más el acceso a la educación en la etapa más importante del desarrollo y el crecimiento de una persona”, concluyó Sarmiento.

Concejal Manuel Sarmiento presentó proyecto para que Transmilenio pueda ser operado por una empresa pública.

Concejal Manuel Sarmiento presentó proyecto para que Transmilenio pueda ser operado por una empresa pública.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Viernes, 19 de agosto de 2016


El proyecto de acuerdo permitiría un operador público en el sistema Transmilenio para modificar sustancialmente el servicio de transporte en Bogotá.

Ante la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, el concejal Manuel Sarmiento, respaldado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, presentó un proyecto para permitir que TRANSMILENIO S.A., como empresa pública, pueda operar el sistema de buses articulados. La propuesta busca modificar el Acuerdo 04 de 1999, expedido en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, mediante el cual se creó TRANSMILENIO S.A., y en el que se dispuso que la operación del sistema solo fuera exclusiva para empresas privadas.

Manuel Sarmiento sustentó su propuesta así: “En los distintos debates en el Concejo se demostró que la concesión exclusivamente privada del servicio ha causado una ineficiente operación del sistema, con uno de los pasajes más caros de América Latina, hacinamiento, frecuencia insuficiente para atender la demanda y además un desangre constante de la Hacienda Pública, que con enormes transferencias le financia excesivas ganancias al oligopolio particular  y hasta sobrecostos”.

Ante el anuncio de la administración de Peñalosa que –como hizo la de Petro- va a prorrogar ya hasta 1,5 millones de kilómetros la vida útil de los buses articulados de la fase 1 de Transmilenio, el concejal del Polo advirtió: “La Administración Distrital no debe seguir encubriendo ni promoviendo esta irregularidad que, entre otras, pone en grave riesgo la seguridad de millones de pasajeros diarios. Por esta razón, el Proyecto que presento contempla, para el operador público, la creación de un Fondo de Reposición de Flota que, con los utilidades obtenidas en el tiempo provenientes de las unidades que reciba en reversión, puedan irse sustituyendo los buses que cumplan su vida útil por otros nuevos”, explicó el cabildante.

Al presentar este Proyecto, que daría un cambio sustancial en la prestación del servicio de transporte en Bogotá, agregó Manuel Sarmiento: “La crisis de los operadores actuales es tal que, según nota de la Revista Semana, el sistema bancario está decidiendo si no los sigue apalancando. Cada vez es más evidente la necesidad de que Bogotá  dé oportunidad a la existencia de un operador público, que, tal como sucede en las principales capitales del mundo, funcione con una lógica distinta a la del lucro privado, de auténtico servicio y no como negocio”.

Para ver el texto del Proyecto de Acuerdo, siga este enlace: Proyecto 374/16