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Temas Archives - Página 2 de 53 - Manuel Sarmiento

Manuel Sarmiento

Contrato de la Calle 13 fue adjudicado a ConConcreto como único proponente

A pesar de las advertencias de múltiples oferentes sobre los términos en que la licitación impedía la pluralidad de ofertas, la administración de Claudia López no modificó las condiciones del proceso y prefirió adjudicar con un único proponente. El beneficiario fue ConConcreto que se quedó con los tramos 1 y 2 de la Troncal de Transmilenio en la Calle 13, por un monto total de $977.668 millones de pesos. “Hago un llamado a los órganos de control a investigar las cartas de intención enviadas a la administración por diversas empresas interesadas en participar del tramo 1, dentro de la que me llama la atención la de C&G Ingeniería y Construcciones, en la que se solicita a la entidad que se modifique el criterio de experiencia específica requerida para garantizar la pluralidad de oferentes. Esta solicitud no fue acogida y se mantuvo igual en los pliegos definitivos, impidiendo garantizar una mayor participación”, señaló el concejal Manuel Sarmiento. En el caso del tramo 2, diversas empresas en sus cartas de intención, por el alcance y magnitud del proyecto, le solicitaron a la administración ampliar el plazo de presentación de ofertas, afirmando que el tiempo contemplado por la Entidad era insuficiente para garantizar pluralidad en el proceso licitatorio. Sin embargo, estos plazos se mantuvieron, con los claros resultados de una nula competencia. Los tramos 3 y 4 no recibieron ofertas por lo que quedaron desiertas y se requiere de un nuevo proceso de selección abreviada. Para agravar las cosas, la administración está adelantando el Proyecto sin antes garantizar la viabilidad predial para el Patio Taller, condición necesaria para iniciar el proceso de licitación. En el pasado, ConConcreto fue investigada en el proyecto del tercer carril Bogotá – Girardot. En octubre de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó una multa por 1.128 millones de pesos a Juan Luis Aristázabal, expresidente de ConConcreto, por «competencia desleal» en dicho proyecto. Desde 2018, la Superintendencia había investigado la presunta cartelización en la adjudicación de esa vía, ya que, según la SIC, las ofertas presentadas estaban coordinadas para que ConConcreto resultara ser la adjudicataria del proyecto. “Pese a las múltiples advertencias, el IDU insistió en mantener unos plazos y exigencias técnicas que no permitieron la participación diversa de ofertas que lograran garantizar la mejor selección para la ciudad; solamente se obtuvo una única oferta en los dos primeros tramos y los demás quedaron desiertos. Esto es inadmisible y hago un llamado a los organismos de control y a la ciudadanía a vigilar de cerca este proyecto”, puntualizó el concejal Manuel Sarmiento.

El maestro Germán Moure fue un ferviente defensor del arte y la cultura como derecho: concejal Manuel Sarmiento

Palabras del concejal Manuel Sarmiento del Partido Dignidad y Compromiso. Lamento el fallecimiento del Maestro Germán Moure (1931- 2023), quien entregó su vida al desarrollo y crecimiento del teatro colombiano. Su aporte a la cultura nacional está ligada a la formación de actrices y actores como lo hizo en la Escuela de Arte Dramático del Teatro Libre, a la difusión y formación de público teatral dirigiendo y participando en montajes como “El Rey Lear”, “Macbeth” y “En la diestra de Dios Padre”. El maestro Moure fue un ferviente defensor del arte y la cultura como derecho, lo que lo impulsó a recorrer parte de Colombia, llevando a pequeños teatros, plazas públicas, colegios y caseríos, obras de teatro que contribuyeron al florecimiento del arte y la cultura nacional. Junto a mi familia y equipo le envío un abrazo fraterno a su familia y compañeros y compañeras e invito a que se mantenga el legado de German Moure vivo como patrimonio cultural de la nación. Manuel SarmientoConcejal de BogotáPartido Dignidad y Compromiso

Claudia López tiene una deuda laboral con los trabajadores del Distrito

El concejal Manuel Sarmiento lideró en el Concejo de Bogotá un debate de control político sobre la política de trabajo decente el Distrito. Acuerdos suscritos con la alcaldesa en campaña fueron incumplidos. Las ordenes de prestación de servicio durante la administración de Claudia López siguen representando el 65% de los empleados públicos. En debate de control político, el concejal Manuel Sarmiento del partido Dignidad y Compromiso analizó el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos con los trabajadores por parte de la alcaldesa Claudia López durante la campaña electoral. “Los acuerdos que se suscribieron buscaban revertir la grave situación de precarización laboral en la que dejó Enrique Peñalosa a la ciudad, sin embargo, los contratos basura u OPS se han mantenido en promedio por encima de los 50.000, representando el 65% de los empleados públicos”. El cabildante estableció un ranking de las entidades del Distrito con mayor porcentaje de órdenes de prestación de servicio en relación con los trabajadores totales de las entidades. Los sectores Ambiente (87,3%), Cultura (85,7%), Mujer (82,4%), Integración Social (80,2%), Movilidad (70,8%) y Salud (66.8%) lideran el listado. Así mismo, Sarmiento advirtió que la proliferación de contratos de prestación de servicios para cumplir con funciones misionales y permanente es una política abiertamente ilegal. “Las políticas neoliberales buscan abaratar la mano de obra negando derechos y reduciendo el bienestar de sus trabajadores. Es lamentable que la alcaldesa Claudia López decida violar la constitución para cumplir los requerimientos del FMI”, señalo Sarmiento. El concejal reveló detalles de los procesos de ampliación de planta que se han adelantado durante la actual administración, evidenciando que buena parte de ellos han sido insuficientes, empeoraron las condiciones laborales de los trabajadores actuales e ignoraron las recomendaciones de los estudios técnicos. El concejal del partido Dignidad y Compromiso también alzó su voz en contra de los atropellos contra trabajadores del Sistema TransMilenio, quienes están sometidos a jornadas extenuantes, descuentos arbitrarios, persecución sindical, inseguridad, etc. En igual sentido, lamentó el incumplimiento del gobierno distrital en relación con el plan de corto y mediano plazo para enfrentar la tercerización que padece la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, en donde los tercerizados ya representan más del 81% del total, mientras los trabajadores directos se han reducido 18% desde 2016. Adicionalmente, Sarmiento puso sobre la mesa la situación laboral en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que incluye la decisión de la gerencia actual de insistir en la denuncia a la convención colectiva de los trabajadores, siguiendo la línea de la pasada administración, y de descartar la operación directa de las plantas de tratamiento. Finalmente, el concejal Manuel Sarmiento expuso sus reparos a algunos elementos de la reforma laboral presentada por el gobierno nacional, la cual, en su consideración, permite la tercerización de labores misionales y permanentes de las entidades a través de empresas contratistas y subcontratistas. “Esta reforma avala la tercerización sobre actividades misionales cuando señala que los trabajadores contratados bajo esta modalidad deberán tener los mismos derechos salariales y prestacionales que los directos, sin embargo bajo esta fórmula se garantiza que las empresas puedan tercerizar su producción con un tercero, evadiendo la contratación directa, obstaculizando los derechos a la asociación y a la libertad sindical y abriendo la puerta a que se use este mecanismo para evadir los contratos a término indefinido. Mi llamado a los trabajadores a estudiar a profundidad las reformas del gobierno de Petro, rechazar sus elementos más nocivos y continuar con la lucha democrática”

Claudia López privatizó la Rolita de manera ilegal y tramposa

Violando el artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo, la administración de Claudia López le entregó a la multinacional Enel el 20% de las acciones de la Operadora de Transporte Público -La Rolita- por solo $2.500 millones. A escondidas, la administración distrital se asoció con Enel Colombia que se ha caracterizado por ser un pésimo socio de la ciudad. El artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo autorizó a Claudia López y a TRANSMILENIO S.A., “para participar en la creación de una sociedad por acciones – Operadora Distrital de Transporte-, con la participación de entidades públicas”. Esta norma no contempló la participación de capital privado en la nueva empresa ni la caracterizó como una sociedad de economía mixta, “por lo que es ilegal esta forma velada de privatización”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento. La administración de Claudia López no solo desconoció el mandato del Concejo, también le concedió un poder determinante a Enel dentro de la Operadora Distrital. “El gobierno distrital modificó el estatuto de la Empresa para darle a Enel un poder de veto sobre decisiones tan importantes como la distribución de dividendos e inversiones estratégicas del gobierno distrital, en la medida que para este tipo de decisiones se requerirá el voto positivo de la multinacional”, explicó Sarmiento, quien recordó la muy mala experiencia que el Distrito ha tenido con Enel en Emgesa y Codensa. Se trata de un pésimo negocio para Bogotá, que había constituido “La Rolita” para darle garantías de operación digna a los usuarios del sistema, conocer y optimizar los costos de Transmilenio, así como, para disminuir los abusos de las operadoras privadas. Pero contrario a ello, Claudia López pone la Operadora Pública en manos de grandes pulpos empresariales por menos de lo que vale un bus eléctrico.   “No descarto que estemos ante un detrimento patrimonial, con el agravante de que bajo la argucia de la capitalización pueden continuar diluyendo la participación pública hasta el 50%, un atentado contra el patrimonio público”, concluyó Sarmiento y señaló que ejercerá acciones legales y de control político para demostrar la ilegalidad de esta privatización, así como lo que en su concepto podría ser un detrimento patrimonial. Vea aquí el video.

Se confirma otro engaño de Petro: las tarifas de energía siguen aumentando en Bogotá

En octubre del año pasado Gustavo Petro y su Ministra de Minas anunciaron que habían logrado un acuerdo con las generadoras de energía para contener el grave aumento de las tarifas de electricidad y, de esta manera, aliviar la situación de carestía de los usuarios de este servicio público. Sin embargo, las cifras demuestran que, en el caso de Bogotá, el llamado “pacto tarifario” fue otro engaño del gobierno nacional. “La electricidad en Bogotá sigue carísima, una situación que el pacto tarifario de Petro y la ministra Vélez no resuelve y, al contrario, agrava”, expresó el concejal Manuel Sarmiento, Partido Dignidad & Compromiso. Entre octubre de 2022 y marzo de 2023, el costo unitario(CU) del kilovatio hora que la multinacional Enel les cobra a los capitalinos subió en 16%,al pasar de $717,52 a $835,42. “Este aumento es superior al del salario mínimo para 2023 y 2,4 veces superior al de la inflación en la capital en ese mismo período”, explicó Sarmiento. Mientras en octubre de 2022 con un salario mínimo mensual en Bogotá se podían comprar 1.394 kilovatios hora de electricidad, en marzo de 2023 ese indicador bajó a 1.388 kilovatios hora, -0,4% menos. Esto significa que la pobreza energética de los capitalinos ha seguido creciendo en el gobierno Petro. Entre marzo de 2020 y marzo de 2023, agregó Sarmiento, los kilovatios hora comprados con un salario mínimo cayeron en -11,24% (de 1.564 a 1.388 kilovatios hora). En octubre pasado el gobierno de Petro señaló que en adelante bajaría el precio que se les paga a las generadoras de electricidad −un oligopolio privado controlado por tres multinacionales entre las que está Enel−, porque el valor del factor de generación en el costo unitario se ajustaría con el índice más barato entre el IPC y el IPP. Sin embargo, entre octubre de 2022 y marzo 2023, estos dos índices subieron 7,24% y 3,89% respectivamente, mientras que el componente de generación para Bogotá aumentó en 46,32%. Estamos siendo engañados y saqueados por la política tarifaria del presidente Petro y la ministra Vélez. Bogotá. Variación de las tarifas de electricidad por estrato, CU y Generación Fuente: cálculos propios UAN concejal Manuel Sarmiento con base en cifras de la Superservicios y DANE. Mientras las tarifas no bajan, las compañías prestadoras, en especial las privadas, siguen haciendo inmensas ganancias a costa de la calidad de vida de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. En 2022, Enel ‒compañía controlada por capitales europeos y estadounidenses, y donde también es socio el Grupo de Energía de Bogotá‒, obtuvo utilidades por $4,1 billones, 135% más que en 2021, flujo de recursos que proviene del poder de mercado de esas empresas y de las garantías de rentabilidad otorgadas por el gobierno nacional a través de las resoluciones que expide la CREG. Este abuso de las rentabilidades mínimas garantizadas debe ser suprimido de la regulación, concluyó el concejal Manuel Sarmiento.

La juventud: entre estudiar y pagar la crisis

Boletín de prensa de la oficina del concejal Manuel Sarmiento En sesión del 17 de abril del Consejo Académico de la Universidad Distrital, con presencia del Rector, se mantiene la decisión de no abrir inscripciones para Ingenieria Sanitaria, Licenciatura en Física, Tecnología en Levantamientos Topográficos y Tecnología en Saneamiento Ambiental para el segundo semestre de 2023. A esta decisión podrían sumarse otros 13 programas. Son dos los criterios que la rectoría y el Consejo Académico han dado a conocer. En primer lugar, la disminución en el número de aspirantes y en segundo, la pertinencia de las carreras. El concejal Manuel Sarmiento cuestionó dichas afirmaciones pues para el primer semestre de 2023 se inscribieron 105 jóvenes con deseos de acceder a estos proyectos curriculares. “Con la absurda tesis de la pertinencia y con un criterio meramente financiero, se envía un mensaje desesperanzador a los jóvenes de la ciudad a quienes se les ponen cada vez más barreras de acceso a la educación pública de calidad, empujándolos a un mercado laboral informal en donde resultan cada vez más necesarios agentes de call center que licenciados, topógrafos o ambientales”, replicó el concejal. El cabildante de Dignidad y Compromiso denuncia que “la decisión de no abrir inscripciones se toma principalmente para ahorrarse unos pesos por cada estudiante que no ingresa, pretendiendo aliviar el déficit histórico de la UD a costa del sueño de cientos de jóvenes de educarse dignamente y lograr un proyecto de vida cierto. “Esta pésima decisión ni siquiera resulta ser un paño de agua tibia ante la profunda crisis que atraviesa la UD. Para funcionar en condiciones deseables, a la universidad de Bogotá le hacen falta más de 70 mil millones de pesos”, agregó Sarmiento. Si uno piensa que la situación no puede empeorar, se equivoca. En un comunicado emitido el 12 de abril, la rectoría de la Universidad Distrital expresó la necesidad de que la administración sea «responsable con los recursos y coherente con el compromiso de formar profesionales». Sin embargo, esa administración creó dos nuevas facultades a pesar del déficit financiero que enfrenta la universidad. Solo la construcción y el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales cuesta más de 140 mil millones de pesos. “Es irresponsable que la administración de la UD descargue la crisis en la juventud, y además tome decisiones contradictorias para profundizarla, en su lugar, debe exigir los recursos faltantes y atender con estudios rigurosos la causa de las bajas inscripciones”, advirtió el concejal Sarmiento. El gobierno Distrital de Claudia López debe pronunciarse, buscar alternativas junto a la comunidad universitaria y sumarse a los llamados al Gobierno Nacional pues es sobre quien recae la responsabilidad y cuenta con el musculo financiero para aliviar el histórico déficit presupuestal de la U. Distrital. Cabe aclarar que el Gobierno del “cambio” puede inyectar recursos a las IES públicas sin reformar la Ley 30. De Petro se espera cumpla con sus promesas de campaña y no omita los justos reclamos de la UD como cuando fue alcalde. ¡¡No hagan de la UD un proyecto inviable!!

La Caracas entre Molinos y el Portal de Usme, todavía a un año de terminarse.

Por: William Rodríguez (voluntario del equipo del concejal Manuel Sarmiento e integrante del nuevo partido Dignidad y Compromiso). La anhelada ampliación de la Caracas entre Molinos y el Portal de Usme, una vez terminada, se espera mejore las condiciones de vida de miles de habitantes de las localidades del sur de Bogotá, pero hoy por los intereses mezquinos de la administración Peñalosa y la negligencia de la de Claudia López tiene a los habitantes de estás localidades, especialmente a los y las de Usme, sufriendo a diario por interminables trancones. Está situación tiene origen en que la administración de Enrique Peñalosa, en noviembre de 2019, unas semanas antes de terminar su gobierno, firmó el contrato 1601 de 2019 para estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la Avenida Caracas entre Molinos y el Portal Usme sin antes resolver tres asuntos esenciales: 1) El cerramiento de la Cárcel La Picota, que ya por fin terminaron, 2) la gestión predial de la zona, que el IDU no ha logrado culminar, y 3) El hallazgo arqueológico aún sin fecha proyectada de conclusión. Por ellos, la obra que ya debía haber terminado va apenas en el 42%. Mientras tanto seguimos padeciendo de recorridos de más de una hora entre Molinos y el Portal de Usme, situación que ha afectado a miles de usmeños quienes han perdido sus empleos, han visto afectada su vida académica, entre otras cosas que también afectan su salud física y mental en vista de su realidad actual. Es por eso que invitamos a los y las habitantes del sur de la ciudad a que participen del comité de seguimiento a la obra y exigimos al IDU y las demás entidades competentes del Distrito que avancen con celeridad en la obra y establezcan un plan de manejo de tráfico integral y eficiente para mitigar los impactos de la obra sobre la vida de la gente.

#Usme | Medidas para proteger la vida e integridad de las familias ubicadas en Tocaimita.

En carta enviada a los secretarios de Hábitat y de Gobierno, Nadya Rangel y Felipe Jiménez y a los directores de la Caja de Vivienda Popular y el IDIGER, Javier Baquero y Guillermo Escobar, el concejal Manuel Sarmiento solicita que, de manera urgente, se tomen las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las familias de Tocaimita en la localidad de Usme. El cabildante de Dignidad y Compromiso advierte que existe una grave situación de riesgo de deslizamiento que aumentará con el inicio de la primera temporada de lluvias del año afectando la permanencia de las familias que habitan en esta zona del sur de la ciudad. Leer carta

Juez ordena el reintegro del trabajador de La Rolita despedido sin justa causa

El conductor de la Operadora Distrital de Transporte, LA ROLITA, fue despedido luego de denunciar las malas condiciones laborales que padecen los trabajadores del Sistema TransMilenio. El fallo obliga a la Operadora pública a promover un ambiente que garantice los derechos laborales. Concejales de Bogotá respaldaron la solicitud al Juez.  El conductor de la operadora pública de transporte había sido despedido sin justa causa el mismo día que denunció en el Concejo de Bogotá las malas condiciones en las que debían operar diariamente y los malos salarios. Acompañado de 5 concejales de la ciudad, solicitó a los Jueces de la República su reintegro. El pasado 16 de marzo, el Juzgado 28 Municipal les dió la razón, considerando “que si bien el empleador tiene la potestad de dar por terminado un contrato de trabajo en virtud del principio de autonomía de la voluntad privada, ésta encuentra límites claros en los derechos fundamentales del trabajador.”  De acuerdo con las pruebas presentadas por el trabajador, el Juez consideró que el despido tenía una relación con las manifestaciones de inconformidad realizadas por el trabajador, además constató que en la empresa no existe un ambiente propicio que garantice los derechos laborales. “Se observa de los indicios y pruebas estructuradas y expuestas que sí existió una relación entre las manifestaciones de inconformidad y el despido sin justa causa, porque del temor y la cercanía temporal y además, del nulo beneficio económico que trae consigo el despido para la empresa, se puede inferir que, la razón del despido fueron estas manifestaciones de inconformidad salarial y administrativa expuestas por el accionante.”  El Juzgado recordó que a  pesar de lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, “no es excusa per se el cumplimiento de los requisitos legales para el despido sin justa causa para que se determine su constitucionalidad, sino que, este encuentra límites precisamente en derechos constitucionales, tales como la libertad de expresión”.  Por último, el concejal Manuel Sarmiento le insistió a la Operadora Pública de Transporte respetar los derechos de los trabajadores, a generar un ambiente propicio en donde se garanticen los derechos y a no perseguir a quienes demandan soluciones. “La privatización del transporte público ha dejado a los trabajadores como uno de los sectores más afectados con malos salarios, jornadas extenuantes y condiciones indignas. Con La Rolita se quiere empezar a cambiar los desastres que ha dejado el oligopolio  privado que volvió la movilidad en un simple negocio, por eso no se pueden replicar las mismas prácticas. Mi invitación a los trabajadores a que se organicen para reclamar mejoras en su bienestar” Para consultar el fallo tutela puede ingresar al siguiente enlace: https://manuelsarmiento.com/wp-content/uploads/2023/03/FalloTutela2023-044-4.pdf

Por ilegal, inconveniente y arbitrario, concejales de Bogotá exigen al IDU no abrir la licitación del Transmilenio por Séptima

Los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera, junto a diez concejales más de la ciudad y políticos como el exsenador Jorge Robledo, le enviaron una carta a la alcaldesa Claudia López en la que exigen detener la licitación del Transmilenio por la Séptima Para la construcción del Transmilenio por la Carrera Séptima el IDU suscribió tres contratos para la elaboración de los diseños de detalle de la obra. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos estudios se ha terminado por demoras en su ejecución. Por esto, los Concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera exigen a la Alcaldesa Claudia López y al Director del IDU, Diego Sánchez, desistir de la intención de abrir la licitación de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima la próxima semana. Pues según los concejales, al hacerlo se violaría el principio de planeación de la contratación estatal, los mandatos del artículo 8° de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. Para el tramo 1 (entre la calle 26 y la 32) solo uno de los 13 productos cuenta con todas las aprobaciones. En el tramo 2 (entre la calle 32 y la 93a), la consultoría no ha terminado los diseños de las intersecciones de las calles 85 y 92, por lo que el contrato se prorrogó hasta junio de este año y se le adicionaron $900 millones de pesos. Finalmente, los estudios del tramo 3 (entre las Calles 93A a la 200) no estarán listos antes de octubre, pues el consultor señala que no se cuenta aún con la licencia de construcción del patio calle 200, debido a que la Gerencia de Lagos de Torca no ha remitido los documentos de titularidad que lo permita, retraso que le costará a la ciudad $500 millones de pesos adicionales. A esto se suma, entre otros, que se encuentran pendientes de definición puntos críticos como la conexión del tramo 3 con el tramo 2. “Es ilegal, inconveniente y arbitrario abrir la licitación de la troncal de Transmilenio por la Séptima sin que se hayan terminado y aprobado los estudios”, afirman los Concejales. Las normas señalan que las entidades tienen la obligación de publicar la información de los proyectos dentro del marco del cumplimiento al principio de publicidad, reglamentado en la Ley 80 de 1996: “los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración” así como “las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución”. Por lo anterior, Sarmiento y Rivera insisten en que la apertura de una licitación no se puede hacer hasta que no se cuente con la aprobación de todos los estudios que se contrataron para la obra, pues hacerlo bajo estar circunstancias implica violar en materia grave las disposiciones legales con las consecuentes responsabilidades disciplinarias y penales. Además, los Concejales consideran que se está violando el derecho a la participación ciudadana, debido a que el proceso se viene adelantando con proyecciones inconclusas y parciales que no pueden otorgar información suficiente y veraz a la ciudadanía. Esta falta de diálogo también se vio reflejada el pasado 21 de febrero, cuando en medio de un plantón pedagógico en la Carrera Séptima, con vecinos del sector, el ESMAD reprimió a los manifestantes, en su mayoría personas de la tercera edad, con una aturdidora. Esto, según los Concejales, es una estigmatización a la protesta ciudadana de quienes reclaman el incumplimiento de las promesas que en campaña hizo la Alcaldesa Claudia López de no hacer Transmilenio por la Carrera Séptima y en su lugar acudir a modos férreos.

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