Metro elevado podrá diseñarse y construirse sin interventoría

Metro elevado podrá diseñarse y construirse sin interventoría

Andrés Escobar y el concesionario del metro aprovecharon el Coronavirus y la situación de la economía mundial para modificar el contrato y debilitar los mecanismos de control al proyecto de infraestructura.

 

El Gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, acordó con el contratista del metro elevado eliminar la obligatoriedad de la interventoría encargada de vigilar la elaboración de los diseños de detalle y la construcción del viaducto, señalando que dicha vigilancia técnica puede reemplazarse por una supervisión a cargo de la misma Empresa Metro.

Así lo señala el otrosí firmado el pasado 9 de marzo que modificó el contrato de concesión: “en cualquier momento la EMB podrá optar por reemplazar la figura del Interventor por la de una supervisión directa a cargo de la EMB o viceversa“. El contrato original señalaba que la interventoría solo se podía reemplazar por una supervisión después de que terminará la construcción del proyecto y se culminará la fase de pruebas, lo que significa que ahora los diseños de detalle y la construcción del metro no serán objeto de una vigilancia técnica e independiente.

El concejal aseguró que este otrosí es abiertamente ilegal pues contraría el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), según el cual la interventoría consiste en “el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal”, y que deberá contratarse “cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen”, tal y como sucede con el contrato del metro. También recordó que la misma norma define la supervisión como el seguimiento que la entidad contratante hace sobre el cumplimiento del contrato “cuando no requieren conocimientos especializados”, hecho que corrobora la inviabilidad de que la interventoría sea sustituida por la supervisión de la Empresa Metro.

Esta modificación abre la posibilidad a que la interventoría sea sustituida indefinidamente por un supervisor sin la experticia requerida, y no solo durante 240 días como equivocadamente se ha afirmado. Así lo establece la Cláusula Primera del Otrosí, que faculta a la Empresa Metro para determinar en qué momento y durante qué periodo de la ejecución del contrato operará dicha sustitución.

Además, el contrato original señalaba que la firma del acta de inicio del contrato solo podía hacerse después de la suscripción del contrato de interventoría, condición que debía cumplirse dentro de los 240 días siguientes a la firma del contrato de concesión. Con la modificación, solo se requerirá que la empresa metro notifique al concesionario de la decisión de reemplazar la interventoría por una supervisión directa, notificación que deberá hacerse dentro de los 240 días siguientes a la firma de la concesión.

El documento que modificó el contrato justifica eliminar la obligatoriedad de la interventoría debido al “efecto que el comportamiento reciente de los mercados internacionales puede tener sobre el proceso de selección” de la firma interventora. “Escobar está aprovechando la situación internacional para debilitar los mecanismos de control sobre un proyecto de la envergadura del metro. Está violando la ley, pues la crisis económica no es una excusa para prescindir de la interventoría”, explicó el cabildante del Polo.

Resoluciones de la Supersalud confirman denuncias sobre estados financieros de Capital Salud

Resoluciones de la Supersalud confirman denuncias sobre estados financieros de Capital Salud

El exalcalde Peñalosa y el exsecretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, intentaron en varias oportunidades que la Superintendencia de Salud levantara la medida de seguimiento especial sobre Capital Salud argumentando, entre otras cosas, que la EPS había logrado históricas utilidades en 2017 ($47.000 millones) y 2018 ($103.000 millones). Sin embargo, la entidad se negó a la levantar la medida con argumentos que confirman las denuncias que ha hecho el concejal Manuel Sarmiento sobre la manipulación de la realidad financiera de Capital Salud.

En diciembre de 2019, la Superintendencia no aceptó los argumentos de la Secretaría de Salud y prorrogar la medida de vigilancia especial impuesta en 2015 por las inconsistencias de los estados financieros de Capital Salud, los cuales no fueron aprobados por la revisoría fiscal en los años 2016, 2017 y 2018. De acuerdo con la Resolución 10309 de 2019, “para esta Superintendencia la reiterada opinión negativa proferida por parte de los revisores fiscales respecto de los estados financieros con corte a diciembre de 2016, 2017 y 2018 se constituye como un factor determinante para concluir que la entidad no ha logrado superar las deficiencias financieras que ha venido presentando en los últimos cuatro (4) años“.

La más reciente decisión de la Superintendencia sobre Capital Salud reitera los problemas identificados en los estados financieros. A pesar de que la Resolución 994 de 2020 levantó la restricción para realizar nuevas afiliaciones, mantuvo la prórroga de la medida especial de vigilancia por tres meses. La Supersalud afirmó que “las pérdidas acumuladas que viene asumiendo Capital Salud EPS-S SAS son un factor determinante en el detrimento de su Patrimonio; afectando de la misma forma los Resultados del Ejercicio, que para los 5 periodos evaluados (octubre de 2015, diciembre de 2016, 2017 y 2018 y noviembre de 2019), 3 periodos han generado PÉRDIDAS”, y agregó que las utilidades de 2018 se deben a ingresos no operacionales originados en la liberación de reservas técnicas bajo una metodología contable que no ha sido verificada.

El debate sobre los estados financieros de Capital Salud se remonta a junio de 2018 cuando el concejal Manuel Sarmiento denunció a Peñalosa y Morales por engañar a la opinión pública mostrando un nivel de utilidades de la EPS que no correspondían con su realidad financiera. A pesar de que el exfuncionario no tuvo éxito en la tutela que interpuso para que el cabildante se retractara, Morales sigue defendiendo los resultados financieros de la EPS. Sin embargo, los recientes pronunciamientos de la Superintendencia de Salud confirman las graves denuncias hechas por el concejal del Polo.

 Al celebrar el levantamiento de la restricción para afiliar nuevos usuarios, la alcaldesa Claudia López resaltó que este paso se pudo dar porque la nueva administración sinceró los estados financieros, afirmación que ratifica los problemas generados por una tergiversación de los resultados contables de la EPS.

“Las recientes decisiones de la Superintendencia de Salud confirman la manipulación de los estados financieros y las mentiras del Peñalosa y Morales. Es bueno que la administración de Claudia López haya mostrado la realidad financiera de la EPS, como ella lo explicó. Ahora el reto es fortalecer la entidad para ponerla al servicio de los usuarios”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento.

Aprobado debate por mal servicio de Codensa y atropellos de la multinacional ENEL

Aprobado debate por mal servicio de Codensa y atropellos de la multinacional ENEL

Comisión de Plan aprobó el debate propuesto por el concejal Manuel Sarmiento. Codensa cada vez se parece más a Electricaribe. En Bogotá se pagan unas de las tarifas más altas del continente. Calidad del servicio ha empeorado.

En los últimos meses se han incrementado las quejas por los reiterados cortes de energía en distintas localidades de la ciudad, principalmente en Chapinero, Santa Fe, Usaquén y Teusaquillo. Esta es una situación de vieja data, las quejas de los usuarios suman varios años. “Hay un clamor ciudadano que exige poner en cintura a la multinacional Enel, quien tiene el control administrativo de Codensa. Son miles las quejas por cortes de energía. En 2019 aumentaron, y la gente se queja por daños en electrodomésticos y nadie les responde”, señaló el concejal Manuel Sarmiento, quien aprovechó para recordar que Bogotá paga tarifas de energía más altas que la mayoría de ciudades de Estados Unidos.

A esto se suman las decisiones arbitrarias de la multinacional ENEL que ponen en riesgo un patrimonio estratégico para la ciudad como lo es el Grupo de Energía de Bogotá (GEB). “La multinacional italiana no tiene la mayoría de acciones en Codensa y Emgesa pero, por la magia de las privatizaciones, tiene el control administrativo de las dos empresas, poder que ha aprovechado para no girarle al GEB los dividendos a los que tiene derecho y montar negocios en perjuicio del patrimonio público“, afirmó el concejal del Polo.

Por último, el concejal del Polo invitó a todos los bogotanos a estar pendientes de este debate en defensa de la joya de la corona, como se le conoce al Grupo de Energía de Bogotá, y hace un llamado a enviar las quejas por el mal servicio al correo electrónico: bogotasitienearreglo@gmail.com o diligenciando el siguiente formulario: https://forms.gle/vktCPW3X4EKqNXQR7

Se deben tomar medidas para garantizar las condiciones de infraestructura óptimas para la comunidad educativa del Colegio Alexander Fleming de la localidad de Rafael Uribe Uribe

Se deben tomar medidas para garantizar las condiciones de infraestructura óptimas para la comunidad educativa del Colegio Alexander Fleming de la localidad de Rafael Uribe Uribe

Doctora
EDNA BONILLA SEBÁ
Secretaria de Despacho
Secretaria de Educación del Distrito
Av. El Dorado No 66-63.
Ciudad

 

Asunto:  Se deben tomar medidas para garantizar las condiciones de infraestructura óptimas para la comunidad educativa del Colegio Alexander Fleming de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

 

Atento saludo,

En una visita de mi equipo de trabajo el pasado 3 de febrero de 2020, pudimos corroborar los graves problemas de la infraestructura de la sede A del Colegio Alexander Fleming ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La infraestructura se encuentra deteriorada y representa un peligro para sus estudiantes.

Los salones son muy pequeños, la cancha de fútbol está clausurada por una grieta en un muro, las baterías sanitarias están en precarias condiciones, la enfermería es en realidad un pasillo que dirige a los baños de los docentes con una camilla, la red eléctrica y de internet está en mal estado, no hay comedor, la biblioteca tiene una grieta entre las paredes y techo; el laboratorio dejó de ser usado porque hace un tiempo se presentó un accidente y hay filtraciones de agua.

Las condiciones descritas no son las adecuadas para que cerca de 700 estudiantes de las dos jornadas realicen sus actividades académicas y los docentes cumplan con sus labores de formación. Esta situación ha sido informada por los padres de familia y docentes en repetidas ocasiones, a pesar de eso la Secretaría de Educación ha manifestado que se debe realizar acciones de mantenimiento con recursos del colegio.

Sin embargo, la situación es tan grave que no se resuelve solo con ese tipo de acciones. Por lo tanto le solicito que se realice un plan de acción por parte de la Secretaría que garantice las condiciones óptimas de infraestructura para esta comunidad educativa.

 

Atentamente,

 

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO
Concejal de Bogotá

En Bogotá se debe avanzar en una política que garantice la salud mental

En Bogotá se debe avanzar en una política que garantice la salud mental

Más de 180 mil personas oyen voces sin saber de dónde vienen.

En el debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre la salud mental, el concejal Manuel Sarmiento se refirió a la gravedad de los indicadores de la Capital. De acuerdo de con un estudio realizado en 2017 por la Secretaria Distrital de Salud y la Organización Panamericana de Salud, en Bogotá más de 700.000 personas se sienten tristes constantemente; 229.000 personas han tenido la idea de quitarse la vida; y 180.000 personas oyen voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden oír.

El concejal Sarmiento señaló que “la salud mental es un tema que demanda toda la atención, porque es evidente que tiene una incidencia en el desarrollo de una vida digna de las personas. Es momento de pasar resolver el tema”.

El cabildante afirmó que las mujeres, las personas de ingresos bajos y medios y los adultos mayores son las principales afectadas por los síntomas de trastornos de salud mental en Bogotá. Sarmiento recordó que en el gobierno de Enrique Peñalosa se acabaron las ambulancias psiquiátricas y se cerraron 12 servicios de salud mental.

“Lo que sucede en Bogotá es consecuencia de diseñar una política de salud pública orientada a la rentabilidad y no al bienestar de la ciudadanía. La administración de Claudia López debe avanzar en la revisión de esta problemática. Se debe garantizar este derecho fundamental”, señaló el concejal del Polo.

El concejal Sarmiento concluyó su intervención invitando al Secretario de Salud a que se realice un estudio riguroso para evaluar la reapertura de servicios, se amplíe el cupo de camas para la salud mental y se garantice que existan ambulancias que atiendan este tipo de casos, primando en interés general sobre la rentabilidad del sistema de salud. 

Duque no ha respetado la protesta en el Paro Nacional

Duque no ha respetado la protesta en el Paro Nacional

El asesinato de Dilan Cruz fue un crimen de Estado. El Polo respalda la protesta pública y pacífica. Los gobiernos de Iván Duque y Enrique Peñalosa violaron sistemáticamente este derecho. El ESMAD debe ser desmontado. Nuevo protocolo de la alcaldesa Claudia López es un acierto.

En el Concejo de Bogotá se desarrolló el debate de control político citado por el concejal Manuel Sarmiento y la bancada del Polo Democrático. Con videos, declaraciones y documentos oficiales, se demostró la constante violación del derecho fundamental a la protesta pública y pacífica durante las movilizaciones de finales del año pasado. “El gobierno de Duque y el partido de gobierno adelantaron primero una estrategia de estigmatización desconociendo las razones del Paro Nacional y ligando a los manifestantes con grupos violento, y luego adelantaron una política de represión”, señaló el concejal Sarmiento, quien además recordó que estas prácticas son condenadas por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Al detallar lo sucedido el 23 de noviembre, el concejal del Polo responsabilizó al presidente Iván Duque y al entonces alcalde, Enrique Peñalosa, por ordenar la represión de la protesta pacífica en la que se encontraba el joven Dilan Cruz. “Es un crimen de Estado, la gente se estaba movilizando de manera pacífica como lo demuestran los llamados de la Personería y la Comisión de Verificación. Sin embargo, la orden fue no permitir el bloqueo de vías ni la llegada de los manifestantes a la Plaza de Bolívar ni al ICETEX, basados en riesgos pasados. Esta visión alarmista, peligrosa y antidemocrática le terminó costando la vida a Dilan Cruz”, señaló Sarmiento. Con pruebas documentales quedó en evidencia el uso alevoso de la escopeta calibre 12 por parte del ESMAD. “Estas armas se deben prohibir, hay estudios internacionales que demuestran sus efectos mortales. En el mundo han fallecido 53 personas víctimas de estas armas, que son un negocio multimillonario, 1.921 resultaron heridas y 294 sufrieron incapacidades permanentes

 Por último, Manuel Sarmiento resaltó la necesidad de desmontar el ESMAD, una fuerza que se ha convertido en un verdadero ejército para reprimir la protesta pública. Adicionalmente, destacó el nuevo protocolo de atención a las movilizaciones realizado por la alcaldesa Claudia López: “Contrario a lo realizado por los anteriores gobiernos, esta administración reconoce que la protesta no es un problema de orden público ni la estigmatiza. Al contrario, considera que es un derecho que debe ser protegido y sus reivindicaciones destacadas”, concluyó el concejal del Polo.

El concejal Manuel Sarmiento anunció la presentación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá para honrar la vida y memoria de Dilan Cruz.

Duque y la Directora del ICBF deben resolver la problemática en los Centro Zonales del ICBF en Bogotá

Duque y la Directora del ICBF deben resolver la problemática en los Centro Zonales del ICBF en Bogotá

Desde la semana pasada, las trabajadoras del Centro Zonal Kennedy del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF se encuentran en paro con el propósito de rechazar las pésimas condiciones en las que laboran y el incumplimiento de acuerdos por parte de la Administración. “El sindicato Sintrabienestar denuncia que hay sobrecarga laboral por la gran demanda de la localidad, la infraestructura con la que cuentan es deficiente y ni siquiera cuenta con material de trabajo”, advirtió el concejal Manuel Sarmiento.

“La situación es bastante complicada, porque la sobrecarga laboral afecta la adecuada prestación de servicios de protección y restablecimiento de derechos de la niñez. El sindicato también denuncia que en el Acuerdo Laboral se había pactado la creación de un Centro Zonal adicional para la localidad y no se ha cumplido” afirmó el cabildante del Polo.

Lamentablemente, según denuncia de la organización sindical, esta situación se presenta en diferentes centros zonales de la ciudad. El año pasado hubo paro en San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. El concejal Sarmiento finalizó señalando que “son fundadas las razones de las protestas de las trabajadoras del ICBF y cuentan con mi acompañamiento para continuar denunciando la falta de atención del Gobierno Nacional con el sector y la violación de los derechos laborales.”

Concejales piden vigilancia especial para la troncal de TM por la Av. 68

Concejales piden vigilancia especial para la troncal de TM por la Av. 68

Los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera solicitaron la conformación de una comisión accidental del Concejo de Bogotá

Los concejales manifestaron que la vigilancia se realizará a través de una comisión conformada por los representantes de la comunidad de cada uno de los lotes de obra en los que se dividió el proyecto, el IDU, los contratistas y los órganos de control. “Persisten las observaciones que nos llevaron a solicitar la suspensión del proyecto, por lo que nos corresponde vigilar la protección de los derechos y garantías para las comunidades afectadas” manifestó el concejal Manuel Sarmiento.

De igual manera, el concejal Martin Rivera Alzate de la Alianza Verde, ha insistido en la necesidad de buscar la mejora y complementacion al proyecto actual, tanto en obras de infraestructura como en su gestion predial y social: “Debemos ser muy riguroso con las obras que de aquí en adelante le entregamos a la ciudad, que en el siglo XXI se merece las mejores condiciones.”

Las comisiones accidentales son una herramienta de control político con la que cuenta el Concejo ante las actuaciones del Gobierno Distrital, a ellas se encuentran obligados a asistir las entidades responsables de ejecutar el proyecto, la Personería y Contraloría de Bogotá. “Nuestro interés es construir acuerdos colectivos que beneficien a la comunidades afectadas y alivien los impactos del proyecto” declaró Rivera.

Esta comisión hace parte de las acciones que han promovido siete concejales de las bancadas del Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde ante los serios cuestionamientos de infraestructura y presupuesto del proyecto. El IDU se encuentra licitando los contratos de interventoría que se adjudicarían en marzo y con los cuales se tiene proyectado iniciar oficialmente los nueve contratos de obra. “Desde el Polo vamos a seguir luchando en defensa de los derechos de las miles de familias afectadas por un proyecto inconveniente para la ciudad”, concluyó el concejal del Polo.

“Hay que cambiar el enfoque de la política social en Bogotá”: concejal Manuel Sarmiento

“Hay que cambiar el enfoque de la política social en Bogotá”: concejal Manuel Sarmiento

Indicadores sociales de pobreza y desigualdad empeoraron durante el gobierno de Peñalosa. Focalización y asistencialismo no reducen desigualdad. 

En el debate de control político citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, el concejal Manuel Sarmiento planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la política social en la ciudad. “Los debates teóricos y la evidencia muestran que la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad requieren pasar de un enfoque asistencialista basado en la focalización, hacia una política que se fundamente en la generación de empleo y la universalidad de los derechos”, afirmó el cabildante del Polo.

Cifras oficiales señalan que en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peñalosa hubo un aumento de la pobreza monetaria (10,4% en 2015 al 12,4% en 2018), la pobreza extrema (2% en 2015 a 2,5% en 2018), la desigualdad (GINI 0,498 en 2015 a 0,504 en 2018) y el desempleo, afectando con mayor dureza a las mujeres y a los jóvenes. En 2017 Bogotá tenía 110 mujeres en pobreza monetaria por cada 100 hombres en la misma situación, mientras que, de acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico, los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNis) pasaron de 350.000 en 2015 a 400.000 en 2018. Sarmiento también recordó que algunos de estos indicadores como la desigualdad y la pobreza extrema comenzaron a desmejorar desde el gobierno de Gustavo Petro.

“Las cifras ponen en evidencia la necesidad de cambiar el enfoque de la política social. En el mundo se ha cuestionado el asistencialismo y la focalización como criterio principal para el diseño de políticas. La evidencia señala que hay que superar este enfoque. Por ejemplo, un estudio del DNP concluyó que los programas de subsidios monetarios del gobierno nacional no han servido para reducir de manera sustancial la desigualdad. La universalidad y una política dirigida a la generación de empleo debe ser el nuevo enfoque de la política social”, afirmó Sarmiento.

El concejal del Polo resaltó algunas propuestas para lograr este cambio: 1) Aumentar la cobertura de programas sociales como los de comedores comunitarios, pues Peñalosa sacó a cerca de 30.000 personas de este tipo de proyectos; 2) Introducir el enfoque de la universalización y avanzar en derechos como la educación pública y gratuita; 3) Diseñar e implementar una política de desarrollo económico basada en el apoyo del Distrito a la industria; y, 4) Diseñar una política de empleo público en la que el Estado, como último empleador, genere empleos para poblaciones en extremas condiciones de vulnerabilidad como jóvenes que no culminaron sus estudios, adultos mayores, madres cabeza de familia en pobreza extrema y personas con discapacidad. “Todo esto se debe hacer con un enfoque de género y con medidas específicas para los jóvenes, especialmente los NiNis. El Sistema Distrital de Cuidado propuesto por la alcaldesa Claudia López se enmarca en este nuevo enfoque, concluyó Sarmiento.

Los cuestionamientos a los contratistas de TM por la 68

Los cuestionamientos a los contratistas de TM por la 68

“Bogotá no ha tenido una buena experiencia con las firmas que se quedaron con la licitación de la troncal de Transmilenio por la 68”. Así lo señaló el concejal Manuel Sarmiento tras revisar los pleitos jurídicos y sobrecostos que el Distrito ha tenido en otros proyectos con los mismos contratistas. Además, los contratistas de la 68 han sido los grandes beneficiarios de otros megacontratos de Peñalosa.

Mario Huertas Cotes fue el gran ganador de la licitación al quedarse con 4 de los 9 contratos adjudicados para la Avenida 68, recursos que suman más de $1 billón de pesos. En el primer gobierno de Peñalosa se le entregó el contrato para la construcción de la troncal de la Calle 80, proyecto que tuvo sobrecostos del 162%[1]. En su segundo mandato, Peñalosa le adjudicó otros 4 contratos, el más importante de ellos la extensión de la troncal de la Caracas por $250 mil millones. (Enlace)

Conconcreto, que se quedó con 2 de los 9 contratos de la 68 por más de $423 mil millones, se encuentra actualmente investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta cartelización en la selección del contratista para la construcción del Tercer Carril Bogotá – Girardot y acaba de ser sancionada por más de 21 mil millones de pesos por obstruir esta investigación. (Enlace)

El último caso es el de la Constructora LHS, firma que a la que el IDU le tuvo que pagar un más de 18 mil millones de pesos por sobrecostos y obras adicionales en el intercambiador de la calle 6ta y sus estaciones. (Enlace“A las múltiples observaciones que presentamos se suman los escándalos de los contratistas, que deja a la troncal de la 68 en muy malas manos, desde el Concejo tenemos todas las alarmas prendidas,” indicó el concejal del Polo.

Huertas y Conconcreto se quedaron además con las fases II y III de Transmilenio a Soacha, por más de $ 337 mil millones. Todos están detrás de la troncal de la carrera séptima y Pavimentos de Colombia y Mario Huertas son las originadoras de la APP de la Avenida Longitudinal de Occidente tramo sur, un negocio de $1 billón de pesos.

“Desde el concejo vamos a constituir una comisión accidental que vigile el proyecto y garantice la incidencia de las veedurías ciudadanas de cada uno de los contratos de los lotes”, concluyo en concejal Sarmiento.

Boletín  de prensa – 28 de enero 2020

Contacto: 3213923325

 

[1] Suarez, A (2017) Bogotá en el limbo. Bogotá, Colombia. Penguin Random House Group.