El proyecto de salud de Peñalosa pretende un efecto placebo

El proyecto de salud de Peñalosa pretende un efecto placebo

Manuel Sarmiento

Concejal de Bogotá

@mjsarmientoa

 

La reforma del alcalde Peñalosa para reorganizar la salud en Bogotá no es novedosa. La propuesta de fusionar los 22 hospitales en cuatro Empresas Sociales del Estado para que cada una opere una red integrada de servicios pretende institucionalizar una política que, como lo ha reconocido el propio Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, se ha aplicado en los últimos años, llevando al cierre de más de un millar y medio de servicios.

Las cuatro redes planteadas en el Proyecto de Acuerdo del Alcalde existen desde 2013, año en el que la pasada administración recibió el aval del Ministerio de Salud para ponerlas en funcionamiento. La conformación de tales redes se orientó por lo dispuesto en la Ley 1438 de 2011 y en el primer Plan de Desarrollo de Santos, y se acompañó de los planes de saneamiento aprobados por el Ministerio de Hacienda y el gobierno distrital.

El principal propósito de este diseño no es atender las necesidades, el acceso y el consecuente derecho a la salud de los ciudadanos, sino reducir costos en el intento por mitigar en algo la crisis financiera causada por el modelo de salud vigente en la Ley 100, una de cuyas secuelas son las astronómicas deudas de las EPS con clínicas y hospitales. Al tenor de criterios de negocio, como rentabilidad y redistribución eficiente de los portafolios, que en el proyecto del alcalde Peñalosa se revalida, entre 2013 y 2014, se clausuraron 1.500 servicios en distintos puntos de atención de la red pública hospitalaria. Se suprimieron algunos como control prenatal, pediatría, vacunación, salud mental, terapias respiratorias y citologías cervico-vaginales, entre muchos otros.

A las justificadas quejas de los ciudadanos se respondió con los mismos argumentos que hoy se utilizan para defender la propuesta: que se trata de reubicar los servicios (donde sea rentable) y no de eliminarlos, obviando las barreras geográficas creadas así a los usuarios al tener que recorrer mayores distancias para ser atendidos e incurrir eventualmente en gastos adicionales. En el fondo, la concepción es mayor inflexibilidad en la oferta antes que su ampliación y desarrollo.

En cuanto a la reestructuración administrativa, también se amenaza la estabilidad de miles de trabajadores. Pese a que se ha ofrecido que se respetará a los funcionarios de planta, dicho compromiso no aparece en ningún artículo del Proyecto. Además, el 77% de los trabajadores de los hospitales públicos son tercerizados, al estar contratados, de manera ilegal y en pésimas condiciones, mediante órdenes de prestación de servicio, por lo que no hacen parte de las plantas. La formalización de las labores misionales es mandato constitucional y fundamental para brindar buena atención, su ausencia en la propuesta de la administración sería razón válida para cuestionarla tanto en su concepción estratégica como en su exequibilidad.

El Proyecto también crea, dentro del concepto de economías de escala, una agencia de carácter mixto encargada de orientar las compras de los insumos para los hospitales. Ese criterio, que podría considerarse sano para optimizar el gasto público, se distorsiona al incluir como actores posibles en las transacciones a entidades privadas, presentadas sin ánimo de lucro, incluyendo soterradamente a aquellas con estrechos vínculos con las EPS, lo que les concederá incidencia en el nuevo mercado de insumos al por mayor para los hospitales públicos.

A lo anterior, se suma la forma antidemocrática del trámite. Se ha violado la participación ciudadana que, según la Ley Estatutaria, hace parte del derecho fundamental a la salud; se le entregaron al Concejo los documentos de soporte, de más de 1.400 folios, faltando apenas tres días para la votación en primer debate, y, en una muestra de falta de transparencia, no se conoce la opinión libre del cuerpo directivo que hoy está en los hospitales y en los programas claves del sector.

Bogotá es quizás el ente territorial que más ha invertido de sus propios recursos en la salud, más allá de las transferencias nacionales; creó una EPS semi-pública; ha adelantado impactantes programas de atención y prevención cercanos a la ciudadanía; ha socorrido a su red pública con apoyos de diverso orden y, no obstante, padece -como la que más- los graves menoscabos del modelo de intermediación financiera de la ley 100. Todo hace prever que la solución de Peñalosa, enmarcada en las esencias neoliberales del mismo, agravará la crisis de ciudadanos y trabajadores en el área de la salud y sólo pretende, a lo sumo, un efecto placebo.

“Imposible estudiar 1400 páginas en dos días para discutir Proyecto de Acuerdo del sector salud. Se debe aplazar el debate”: Manuel Sarmiento

“Imposible estudiar 1400 páginas en dos días para discutir Proyecto de Acuerdo del sector salud. Se debe aplazar el debate”: Manuel Sarmiento

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Martes, 8 de marzo de 2016

El concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, se refirió ayer en la sesión de la Comisión de Gobierno al Proyecto de Acuerdo que reorganiza el sector salud de Bogotá, resaltando que en el momento de la presentación realizada por el Secretario, el día 12 de febrero, lo hizo sin los  soportes técnicos indispensables. .

La Secretaría de Salud, durante tres semanas, hizo caso omiso de dicha observación y,  sólo hasta el pasado domingo, mientras se desarrollaba la sesión Plenaria, fueron entregados a los concejales más de 1400 folios de documentos que eventualmente respaldan el Proyecto y que – al reorganizar el sistema distrital en cuatro redes- institucionaliza el cierre, de muchos servicios, que se viene haciendo desde el año 2014. Al forzarse su aprobación para el miércoles 9 de marzo, los concejales tendrán apenas dos días para analizar tan trascendental asunto que atañe con la salud y la vida de 7,5 millones de habitantes.

El concejal Sarmiento calificó como inaceptable esta insólita situación que ni siquiera se subsanó – ante las organizaciones comunitarias, sindicales y profesionales- en el Foro de Socialización que se llevó a cabo la semana pasada en las instalaciones del IDRD.

El concejal del Polo señaló que “es un irrespeto con las reglas básicas de la democracia que tanto concejales como organizaciones sociales, no hayan tenido la información completa y el tiempo suficiente para estudiar en detalle y de esta forma tomar la decisión correcta frente al Proyecto”. Por esta razón, solicitó al Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, tramitar el aplazamiento del primer debate previsto en el cual se hará la discusión y la votación de las respectivas ponencias.

Mientras presidente de ETB viola la ley negándoles a los concejales información pública, desprestigia la Empresa por los medios

Mientras presidente de ETB viola la ley negándoles a los concejales información pública, desprestigia la Empresa por los medios

El pasado 27 de enero, mediante un derecho de petición dirigido al Presidente de ETB, el concejal Manuel Sarmiento demandó información financiera de los últimos diez años, de la situación de mercado, del portafolio de servicios, de la gestión de las inversiones, del pleito pendiente con Claro, de los dividendos entregados a las entidades distritales, de las PQR, del estado del recurso humano y de las filiales, hasta el cierre del año 2015.

En respuesta a dicha misiva, la Gerencia de Atención Legal de ETB se negó a suministrar la información solicitada alegando que “se rige por el derecho privado” y que está amparada en una supuesta reserva.

El concejal Sarmiento señaló que el directivo, mediante esta conducta, está violando la Constitución porque la información solicitada no es reservada y ETB debe atender el control político del Concejo. El cabildante agregó que, insólitamente, mientras Jorge Castellanos se niega a responder su solicitud, denigra de la Empresa por los medios de comunicación, afirma que debe privatizarse y devela pérdidas en 2014 y 2015, lo cual no coincide con los Estados Financieros publicados hasta ahora en la página web oficial de la misma.

En otra comunicación -del 4 de marzo de 2016- Sarmiento le recordó a Jorge Castellanos que su antecesor, Saúl Kattan, fue sancionado por la Procuraduría por negarse al control político del Concejo y, en consecuencia, le reiteró la requisitoria de la información reclamada.

Se anexa el texto de la carta:

 

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2016

Doctor

JORGE CASTELLANOS RUEDA

Presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

Ciudad.

REF.:  Negarse al control político del Concejo es una grave violación de la Constitución y la Ley.

Atento saludo,

El pasado 27 de enero, en ejercicio de mi derecho al ejercicio del control político, le envié un derecho de petición solicitándole información pública sobre ETB. Además de violar los términos que la ley señala para responder este tipo de solicitudes, la Gerente de Atención Legal se negó a contestar mi solicitud alegando que ETB se rige por el derecho privado y que la información solicitada es de carácter reservada.

A esta gravísima violación de la Constitución se suman sus declaraciones sobre la impostergable privatización de ETB, la cual justifica en que la empresa tuvo “pérdidas integrales” de $38 mil millones en 2014 y de $36 mil millones en 2015. Sin embargo, en sus afirmaciones omitió explicar por qué estas cifras no coinciden con las que aparecen en los estados financieros oficiales de la empresa y yo no he podido analizarlas debido a que usted me ha privado de conocerlas, en tanto las divulga desacreditando la Empresa. En efecto, los estados de resultados de 2014 señalan que ETB tuvo utilidades operacionales por $104 mil millones y utilidades netas de $370 mil millones.

Su decisión de negarme la información solicitada constituye una gravísima violación de las normas constitucionales y legales. De acuerdo con la Sentencia T- 181 de 2014 de la Corte Constitucional, ETB es una entidad pública, está sujeta al control político del Concejo y solo puede negarse a suministrar documentos privados, como las actas de la Junta Directiva. La información que le solicité en mi petición es pública y no es de carácter reservada, como los son los estados financieros, el número de usuarios de cada servicio, el plan de inversiones, los dividendos pagados y el estado actual del proyecto de fibra óptica, entre otros.

Es inaceptable que este tipo de información pública se le niegue a un Concejal, y es especialmente grave cuando se trata de uno de los del partido que ha declarado la oposición a la administración de Enrique Peñalosa. Le recuerdo, doctor Castellanos, que su antecesor, Saúl Kattan, también se negó al control político del Concejo y fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, por lo que de persistir su conducta irregular no vacilaré en tramitar la respectiva acción disciplinaria ante ese ente de control y de la Personería.

Por lo anterior, le insisto en mi petición del pasado 27 de enero y además, a las 22 preguntas ya formuladas, le agrego las tres siguientes:

  1. ¿Por qué razón usted afirma que en 2014 ETB tuvo “pérdidas integrales” por $38 mil millones si los Estados Financieros oficiales señalan que la empresa obtuvo utilidades operacionales por $104 mil millones y utilidades netas de $370 mil millones?
  2. ¿Por qué razón usted afirma que en 2015 ETB tuvo “pérdidas integrales” por $36 mil millones si los Estados Financiero a septiembre de 2015 señalan que entre enero y septiembre de ese año las utilidades netas de la empresa fueron de $100 mil millones?
  3. ¿Está usted afirmando que se han manipulado los estados financieros de ETB? Favor sustentar su respuesta con las respectivas pruebas.

La respuesta a las solicitudes presentadas serán recibidas en la Calle 36 # 28 A – 41 Oficina 201, con copia al correo electrónico concejo@manuelsarmiento.com

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

C.C. 80.873.444

CONCEJAL DE BOGOTÁ

C.C. Procurador General de la Nación

Organizaciones sociales rechazan proyecto de reforma de la salud de Peñalosa

Organizaciones sociales rechazan proyecto de reforma de la salud de Peñalosa

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Miércoles, 2 de marzo de 2016


 

En el Foro citado por el Concejo de Bogotá sobre el Proyecto de Acuerdo del alcalde Peñalosa para reorganizar el sector salud, la inmensa mayoría de las organizaciones y participantes rechazaron la propuesta.

Los voceros de los COPACOS distritales y de las asociaciones de usuarios resaltaron la injustificada falta de participación y socialización del proyecto. A su vez, el Doctor Leonardo García, del Colegio Médico de Bogotá, manifestó su desacuerdo, ya que este “profundiza el modelo de la Ley 100 de 1993 y permite que  las EPS continúen lucrándose con la salud de los bogotanos”. Por su parte, Mario Hernández, miembro de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, recordó los graves daños que le ha ocasionado al bienestar y a la vida misma de los colombianos el actual modelo, y que la deuda de las EPS con los Hospitales Distritales, es la primera causa de la crisis que atraviesan. Así mismo, solicitó al Concejo retirarlo e instó a la Administración a recuperar el carácter público y descentralizado de la red hospitalaria.

Los directivos de la CUT y de los distintos sindicatos de trabajadores del sector manifestaron su preocupación por la fusión de los hospitales y el masivo despido de personal que se podría presentar con esta reforma. La Asociación Nacional de Internos y Residentes – ANIR, en el mismo sentido de los anteriores expositores, señaló que ninguna de las problemáticas estructurales que impiden el acceso a la salud de los bogotanos se va a resolver con este proyecto del alcalde Peñalosa.

El concejal Manuel Sarmiento, comentando sobre las intervenciones, se reafirmó en que la propuesta del Alcalde empeora el acceso a los servicios, profundiza la privatización y desconoce los derechos de los trabajadores. Explicó que pretende institucionalizar el cierre de 1.500 servicios de salud que se dio entre los años 2013 y 2014, y agregó que las redes propuestas no funcionarán con base en las necesidades de la ciudadanía, sino de acuerdo con criterios de rentabilidad de las aseguradoras privadas.

“La actual Administración de Bogotá y el Secretario Morales están utilizando el discurso de las redes integradas para tapar las medidas que apuntan a reducir costos mediante el cierre de servicios y el maltrato a los trabajadores” dijo el concejal del Polo, y de antemano anunció su voto negativo al proyecto, coincidiendo en que el Concejo de Bogotá lo debe archivar.

Urbanizar la Reserva Thomas van der Hammen violaría la Constitución

Urbanizar la Reserva Thomas van der Hammen violaría la Constitución

Foto tomada de ElTiempo.com

Manuel Sarmiento
Concejal de Bogotá

@mjsarmientoa

La ciudadanía debe saber que la propuesta de Enrique Peñalosa de urbanizar la Reserva Thomas van der Hammen es inconstitucional. En su primer gobierno, el Alcalde intentó hacer lo mismo que está planteando ahora, en su segundo mandato, pero fue derrotado por la ciencia y los tribunales. Reducir la Reserva a su mínima expresión violaría el principio de la progresividad en materia ambiental, pues la urbanización que propone el Alcalde reversa la protección jurídica de un área estratégica.

En 1999, Peñalosa propuso urbanizar lo que hoy se conoce como la Reserva Thomas van der Hammen, lo que dio origen a que se conformara un panel de expertos encargado de analizar la propuesta. Académicos de la talla de Thomas van der Hammen, Manuel Rodríguez, Julio Carrizosa, Germán Samper, entre otros, concluyeron que no debía urbanizarse, por lo que el Ministerio ordenó a la CAR delimitarla y hacer el correspondiente plan de manejo.

Los últimos estudios de la CAR reafirman la importancia ambiental de este recurso natural. Destacan que “el área de la reserva es un eje articulador en sentido este-oeste de la matriz ecológica principal de la Sabana, al conectar los sistemas montañosos que la rodean con el valle aluvial del río Bogotá y sus sistemas de humedales”, y que “estas estructuras son los últimos espacios de albergue de flora y fauna que aún quedan en la Región” (https://goo.gl/jKNfMl). Acorde con esas evidencias científicas, y luego de un fallo confirmatorio del Consejo de Estado en 2006, la CAR procedió a declarar la existencia de la Reserva Thomas van der Hammen (Acuerdo 11 de 2011) y, mediante el Acuerdo 21 de 2014, expidió su Plan de Manejo Ambiental.

Estas decisiones le dan a la Reserva una protección jurídica que no se puede echar para atrás en forma ligera. Con fundamento en tratados internacionales sobre derechos humanos como el Protocolo de San Salvador, la Corte Constitucional ha señalado que en materia ambiental es aplicable el principio de la progresividad: “(…) de las disposiciones constitucionales se desprende el deber de progresividad en la protección del ambiente” (Sentencia C-123 de 2014). Esto implica que el Estado no puede reducir la protección jurídica que le ha dado a un recurso natural, mandato que se violaría si la CAR y el Ministerio de Ambiente aprueban la propuesta de Peñalosa, pues se trataría de un retroceso frente al nivel de protección ya alcanzado.

Si bien el principio de progresividad no es absoluto, solo puede desconocerse cuando se justifica la necesidad de retroceder en la protección de un derecho. La propuesta del Alcalde Peñalosa no cumple con este requisito, pues contiene varias imprecisiones. Además de afirmar que la Reserva “no tiene árboles sino potreros”, asegura que la urbanización que él propone tendría más zonas verdes, argumento que carece de sustento técnico porque los parques no reemplazan el corredor que se requiere para lograr la conexión entre los Cerros y el Río Bogotá. Los estudios dispusieron que debiera tener entre 800 metros y 1 kilómetro de ancho, lo que no tendría cabida en ninguna urbanización.

Siguiendo el mal ejemplo de su superior, el Secretario de Ambiente, Francisco Cruz, afirma con desparpajo que en esta zona “no hay ninguna conexión” y, respecto a los acuíferos, aseguró que tampoco “hay ninguno en la reserva” (http://goo.gl/MrnMO4). Al contrario, los estudios de la CAR resaltan “la importancia de los acuíferos tanto libres como confinados de la zona, que constituyen recurso indispensable para la vida” (https://goo.gl/E8wzBr). ¿No los habrá leído?

La demanda de construcción de vivienda tampoco justifica urbanizar la Reserva. Expertos han señalado que puede atenderse en otras zonas y que los municipios circundantes y Bogotá pueden llegar a acuerdos para impedir la expansión desregulada. Desde el año 2000, los magnates de la construcción pusieron sus ojos en las tierras de la Reserva y aspiran a concretar allí ambiciosos proyectos. Habrá que velar para que prime el interés general sobre los negocios particulares, otra norma constitucional que también está vigente.

Demanda de nulidad para elección de Contralor y Personero

Demanda de nulidad para elección de Contralor y Personero

Bogotá, 16 de febrero de 2016

 

 

Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

Reparto

 

ASUNTO

DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE CONTRA LOS ARTÍCULOS 2 Y 4 DEL ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA.

DEMANDADA          

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

DEMANDANTE        

MANUEL SARMIENTO ARGÜELLO

ÁLVARO JOSE ARGOTE MUÑOZ

SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA

JUAN CARLOS FLÓREZ

NELSON CASTRO RODRÍGUEZ

CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO

ANGÉLICA LOZANO CORREA

En nuestra calidad de ciudadanos, presentamos demanda de nulidad contra los artículos 2 y 4 del ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, y solicitamos medidas cautelares de urgencia, con fundamento en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

I. HECHOS

  1. Elección de Personero Distrital.
  2. La elección de Personero Municipal y Distrital se encontraba regulada en la ley 1031 de 2006, ley mediante la cual se amplió el periodo de todos los Personero del País. En dicha norma la elección de personeros se realizaba por la sola voluntad política del respectivo Concejo Municipal o Distrital y se preveía la posibilidad de reelección en el cargo para dicho órgano de control.
  3. Posteriormente, el Congreso de la República reguló la elección de los personeros municipales y distritales mediante el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012. De conformidad con esta disposición, “Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año”.
  4. El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C 105 de 2013.
  5. En la referida sentencia, la Corte señaló que el concurso de méritos es válido como mecanismo de selección del personeros municipales y distritales porque “la Carta Política consagra expresamente el sistema de méritos como el mecanismo general de vinculación al sector público, y porque éste está dirigido al cumplimiento de los fines estatales y a asegurar los derechos fundamentales de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y al debido proceso”.
  6. En la misma sentencia C 105 de 2013 dicha corporación indicó que “de acuerdo con la normativa superior, la Corte ha señalado explícitamente que el concurso es constitucionalmente admisible, incluso para la elección de los funcionarios de libre nombramiento y remoción y de los funcionarios sujetos a un período fijo, tal como ocurre en esta oportunidad”. En adición, el concurso de méritos asegura principios esenciales de la administración pública como la transparencia en la elección y la independencia en el ejercicio de los cargos de los organismos de control.
  7. El decreto 2485 de 2014 reglamentó el citado artículo 35 y fijó los estándares mínimos del concurso público y abierto de méritos para la elección de personeros municipales y distritales. Dicho decreto fue compilado en el Decreto Único Reglamentario No. 1083 de 2015.
  8. En consecuencia, frente a la ley 1031 de 2006 operó la derogatoria tacita, por cuanto el legislador estableció en norma posterior la elección de Personeros por parte de todos los Concejos Distritales –sin excepción, lo que incluye al Concejo Distrital de Bogotá– por lo que la norma aplicable resulta ser la ley 1551 de 2012 por expreso mandato de la Constitución Política (artículo 322) y por el Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 de 1993 (artículo 2).
  9. El Concejo de Bogotá aprobó el 09 de diciembre del 2015 en segundo debate, el texto del proyecto que modifica los artículos 107, 108 y 109 del Acuerdo 348 de 2008, que establece como forma de elección del personero y contralor la convocatoria pública y no el concurso de méritos.
  10. El 18 de diciembre de 2015, el ex Alcalde Gustavo Petro objetó el proyecto de acuerdo que modificaba el reglamento del concejo sobre las formas de elección para personero y contralor de Bogotá. Hizo objeciones parciales de carácter jurídico por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, y se abstuvo de sancionarlo.
  11. Las objeciones presentada por el Alcalde de ese momento no se resolvieron por parte del concejo, obviando el trámite previsto para tales casos, que señalan que el concejo debe pronunciarse sobre las objeciones aceptándolas o rechazándolas.
  12. No obstante, el Concejo no se pronunció sobre las objeciones y el periodo institucional se culminó sin que se surtiera el trámite correspondiente sobre las mismas, situación que conlleva al archivo del proyecto.
  13. Con el cambio de administración, el nuevo Alcalde Mayor de la Bogotá, Enrique Peñalosa, retiró las objeciones, escenario que no está contemplado dentro del trámite de las objeciones que establece la ley, y procedió a sancionar el ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ que ya estaba archivado por virtud de la ley (art. 80, Acuerdo 348 de 2008), configurándose una nueva irregularidad que vicia el acto administrativo demandado.
  14. Dicho acuerdo señala que la elección de personero se realizará mediante una convocatoria pública, y no un concurso de méritos como lo establece la Ley vigente de municipios, Ley 1551 de 2012, lo que constituye una violación directa a las normas que regulan la materia, lo que vicia de nulidad el ACUERDO No. 635 DE 2016, pues una norma reglamentaria no puede estar en contra de la ley vigente.
  15. Elección de Contralor.
  16. Por otra parte, el artículo 272 de la Constitución Política establecía que los contralores departamentales, municipales y distritales serían elegidos por las asambleas y concejos municipales y distritales, respectivamente, “de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso administrativo”.
  17. Mediante Acto Legislativo 02 de 2015, se modificó el inciso 4 del artículo 272 de la Constitución Política, y si bien se mantuvo la competencia de las asambleas y concejos municipales y distritales para la elección de contralores territoriales, se modificó el procedimiento que se debe seguir para tal efecto, en el sentido de señalar que la elección se realizará “mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género”
  18. Además de lo preceptuado en el nuevo artículo 272 de la Constitución Política, el constituyente derivado modificó mediante el art. 2º del Acto Legislativo 02 de 2015, el inciso 4º del art.126 de la Constitución Política, estableciendo que en todas las elecciones de servidores públicos atribuidas a una corporación pública –como es el caso de Contralor Distrital– deberá haber una convocaría pública reglada por la ley que garanticé los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
  19. El Concejo de Bogotá mediante ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 modificó el artículo 109 del Acuerdo 348 de 2008, que establece la forma de elección del contralor, permitiéndole a la mesa directiva del Concejo la reglamentación del mecanismo de convocatoria pública.
  20. Dicha asignación reglamentaria, desconoce de manera directa la reserva de ley que establecen los artículos 126 y 272 constitucional, los cuales son enfáticos al señalar que la convocatoria pública debe estar conforme a la ley, luego el competente para regular el mecanismo de convocatoria es el legislador, no el Concejo de Bogotá.
  21. Además el acuerdo 635 de 2016 desconoce flagrantemente el principio de “criterios de mérito” en la selección para el cargo de Contralor Distrital, puesto que no fija ningún tipo de mecanismo objetivo que permita otorgar puntaje o criterio similar dentro del proceso fijado para dicha elección.
  22. A la fecha no se ha expedido una ley que regule el mecanismo de convocatoria pública.
  23. Ante la inexistencia de ley que regule la materia, tanto el Ministerio del Interior, como el Departamento Administrativo de la Función Pública, elevaron consultas sobre el particular al Consejo de Estado.
  24. El Consejo de Estado mediante conceptos No. 2276 del 10 de noviembre de 2015 y No. 2274 del 10 de noviembre de 2015, dejó claro que las normas constitucionales obligan a la expedición de una ley que regule el mecanismo de convocatoria pública, y que le está vedado a los Concejos Municipales y Distritales, regular de manera directa dicho mecanismo sin que exista una Ley.
  25. Así mismo, en los referidos conceptos el Consejo de Estado indicó que mientras se expide la ley que regule el mecanismo de convocatoria pública, se puede aplicar por analogía el procedimiento previsto para la elección del personero, Ley 1551 de 2012 y su decreto reglamentario.
  26. De lo anterior se colige que el ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 es ilegal e inconstitucional pues desconoce la reserva de ley y el principio de legalidad existente sobre la regulación del procedimiento de convocatoria pública, pues el Concejo de Bogotá no puede atribuirse competencias que la propia Constitución Política le ha asignado al legislador.
  27. Sobre el Personero Distrital, se llevará a cabo la elección aplicando el artículo segundo del Acuerdo 365 de 2016, que se encuentra en contravía de la Ley 1551 de 2012, disposición que gobierna la materia.
  28. Sobre el Contralor de Bogotá, no obstante las flagrantes irregularidades del Acuerdo, el Concejo de Bogotá expidió la resolución 0222 de 2016, “por el cual se establece el procedimiento de convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor (a) del Distrito Capital, con fundamentado en un Acuerdo ilegal e inconstitucional, que desconoce las reserva de ley que en materia de regulación de la convocatoria pública fijó expresamente la propia constitución.
  29. El viernes 12 de febrero del 2016, el Concejo de Bogotá aprobó citar sesión plenaria para el lunes 15 de febrero, con el fin de proveer en el cargo de Contralora Distrital Encargada a Ligia Inés Botero, quien ejercía como Contralora Auxiliar y que desempeñará el papel de Contralora Encargada mientras se realiza el nombramiento oficial.

II. NORMAS DEMANDADAS.

A continuación se transcriben los artículos demandados del texto del ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, y se subrayan los apartes impugnados de ilegalidad e inconstitucionalidad.

“ACUERDO No. 635 DE 2016

POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 348 DE 2008 – REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

EL CONCEJO DE BOGOTÁ (…)

ACUERDA: (…)

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo 107 del Acuerdo 348 de 2008, el cual quedará así:

ARTÍCULO 107. ELECCIÓN DE PERSONERO. El Concejo de Bogotá, D.C., elegirá por el procedimiento de Convocatoria Pública al Personero del Distrito Capital, durante el primer mes de Sesiones ordinarias correspondientes al inicio del periodo constitucional, para un periodo institucional de cuatro (4) años, que iniciará el primer (1º) de marzo y concluirá el último día de febrero. Podrá ser reelegido por una sola vez para el periodo siguiente y tomara posesión de su cargo ante el Concejo. Se hará entre los candidatos que reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y la ley.

Parágrafo 1º. El procedimiento de convocatoria pública será reglamentado por parte de la Mesa Directiva a través de la expedición de actos administrativos que corresponda, debiendo garantizar los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana, equidad de género y criterio de mérito, conforme a la ley, y deberá surtir previamente a la elección las siguientes etapas: (…)

ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese el artículo 109 del Acuerdo 348 de 2008, el cual quedará así:

ARTÍCULO 109.- ELECCIÓN DE CONTRALOR. El Concejo Distrital elige mediante proceso de convocatoria pública, al Contralor del Distrito Capital durante el primer mes de sesiones ordinarias correspondiente a la iniciación del periodo constitucional para un periodo de cuatro (4) años. Se hará entre los candidatos que reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes vigentes.

Parágrafo 1º. El procedimiento de convocatoria pública será reglamentado por parte de la Mesa Directiva a través de la expedición de actos administrativos que corresponda, debiendo garantizar los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana, equidad de género y criterio de mérito, conforme a la ley, y deberá surtir previamente al a elección las siguientes etapas: (…)” (Énfasis fuera de texto, en adelante EFT)

El ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, particularmente sus artículos segundo y cuarto en los apartes resaltados líneas atrás, son ilegales e inconstitucionales, toda vez que vulneran el ordenamiento jurídico superior en el que han debido fundarse, en especial las disposiciones contenidas en la Ley 1551 de 2012, el Decreto 2485 de 2014, el artículo 2 del Estatuto Orgánico de Bogotá y el artículo 322 de la Constitución Política en el caso de Personero, así como los artículos 126 y 272 de la Constitución en el caso del Contralor.

III. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

 

La ilegalidad e inconstitucionalidad de las normas demandadas se sustentan en los cargos que se desarrollan a continuación:

  1. RESPECTO DEL PERSONERO DISTRITAL

1.1. VIOLACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO SUPERIOR. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE               LA LEY 1551 DE 2012 Y DEL DECRETO 2485 DE 2014.

El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 prevé:

“Artículo  35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 170. Elección. Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año”. (EFT)

La disposición anterior es sumamente clara al indicar que el procedimiento para la elección del Personero Municipal o Distrital, consistirá en un concurso público de méritos y no mediante convocatoria pública, tal y como lo dispone el acuerdo objeto de la presente acción de nulidad, además dicha norma no permite la relección en el cargo, por lo que resulta que con la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015 en la cual se eliminó la reelección de todos los altos cargos –Presidente, Defensor, Procurador, Registrador, Contralores etc…–, tanto en el nivel central como en el territorial, quedaría siendo el actual Personero de Bogotá el único servidor público del Estado con Derecho a reelección, en directa violación no solo con la ley citada sino con el espíritu de la reciente reforma Constitucional.

Ahora bien, es pertinente aclarar que Bogotá, por expreso mandato de la Constitución Política estará sujeto a un régimen especial, tal y como lo establece el artículo 332, que señala:

ARTICULO  322. Bogotá, Capital de la República y el Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios”. (EFT)

Por su parte, el Estatuto Orgánico de Bogotá, norma especial que gobierna la Capital, en su artículo 2 dispone:

“ARTÍCULO.-  2o.  Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios”. (EFT)

Lo anterior quiere decir que frente a los vacíos normativos que puedan llegar a presentarse, a Bogotá D.C. le serán aplicables las normas vigentes para los municipios y distritos, de conformidad a lo dispuesto tanto por la Constitución (art. 322) como por el Estatuto Orgánico de Bogotá (art. 2).

En ese sentido, resulta preciso examinar el Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto-Ley 1421 de 1993, a fin de establecer si existe una norma especial que regule el procedimiento para selección del Personero, frente a lo cual se encuentra el artículo 96, norma que prevé:

“ARTÍCULO.-  96. Elección y calidades. El Personero Distrital es agente del ministerio público, veedor ciudadano y defensor de los derechos humanos. Será elegido por el Concejo durante el primer mes de sesiones ordinarias, para un período de tres (3) años que se iniciará el primero (1º.) de marzo y concluirá el último día de febrero. No podrá ser reelegido para el período siguiente. (…)

La elección de personero se hará entre los candidatos postulados en sesión anterior a la de la elección. Entre la postulación y la elección debe mediar un término no menor de tres (3) días”.

No obstante lo anterior, la citada disposición especial, fue expresamente derogada por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, norma que indica:

“Artículo  96.- Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga los Artículos: 17 de la Ley 3ª de 1991; Parágrafo 3º del Artículo 11 de la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del Parágrafo del Artículo 97 de la Ley 99 de 1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993; (…)”. (EFT)

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Ley 1551 de 2012 al ser posterior y regular en específico el tema de elección de personero derogó tácitamente la Ley 1031 de 2006, en este momento no existe norma especial que regule el procedimiento de elección del Personero Distrital de Bogotá D.C., razón por la cual, dicho vacío normativo se suple mediante la regulación vigente para los municipios y distritos, esto es la Ley 1551 de 2012 y su Decreto reglamentario 2485 de 2014, compilado en el Decreto Único 1085 de 2015, los cuales establecen de manera clara que el procedimiento de elección del Personero será el Concurso Público de Méritos.

Aclarada la normatividad aplicable para el caso de elección del Personero de Bogotá, salta a la vista que el ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ es ilegal e inconstitucional, pues desconoce abiertamente el mecanismo dispuesto para la elección de este importante empleo público, garante de los derechos fundamentales y primer veedor de la actuación de la administración distrital.

Bajo tales consideraciones, es preciso aclarar que la flagrante nulidad del Acuerdo aquí demandado dejaría vigente la disposición anterior, artículo 107 del Acuerdo 348 de 2008, que también establece como mecanismo de elección la Convocatoria Pública y no el Concurso de Méritos, norma que debe ser ajustada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de municipios y su decreto reglamentario.

En efecto, no puede considerarse como ley especial la norma establecida por el reglamento interno del Concejo de Bogotá, pues tal cuerpo normativo reglamenta lo dispuesto en el Estatuto de Bogotá, y constituiría un serio despropósito jurídico hacer prevalecer una norma reglamentaria, como lo es el artículo 107 del Acuerdo 348 de 2008, sobre el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, disposición que aplica para Bogotá por expreso mandato tanto de la Constitución Política (art. 322) como por el Estatuto Orgánico de Bogotá (art. 2), disposiciones que frente a la existencia de vacío normativo remiten a la Ley de municipios, no a los reglamentos del Distrito Capital.

      1.2. DIFERENCIAS ENTRE CONCURSO DE MÉRITOS Y CONVOCATORIA PÚBLICA.

Con la finalidad de aclarar uno de los puntos neurálgicos del asunto objeto de análisis, es preciso indicar de manera clara las diferencias que existen entre los mecanismos elección del concurso de méritos y la convocatoria pública.

Al respecto, resulta muy ilustrativo el Concepto No. 2274 del 10 de septiembre de 2015 del Consejo de Estado a partir del cual se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

Concurso de méritos Convocatoria pública
-Procedimiento de selección de servidores públicos basado en la libre concurrencia, la publicidad, la transparencia, la objetividad, la eficiencia, la eficacia, la confiabilidad y el mérito.

-Objetivo: búsqueda de las personas más capacitadas e idóneas para el cargo

-Siguen etapas básicas de convocatoria y reclutamiento, evaluación de condiciones objetivas y subjetivas de los candidatos y conformación de la lista de elegibles.

-La lista de elegibles se ordena estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento de selección (regla de mérito), quien obtiene la mejor calificación adquiere el derecho a ser nombrado en el cargo

– Se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en el criterio de mérito)

Diferencia: al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados.

– Discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes pasaron las pruebas.

– No se aplica la regla de mérito.

De lo anterior, se puede colegir que si bien el mecanismo de elección de la convocatoria pública no implica discrecionalidad absoluta, en la medida que se deben cumplir con criterios como transparencia, objetividad y mérito, se diferencia del mecanismo de concurso de méritos en que en éste último se aplica de manera obligatoria la regla de mérito, que consiste en asignar el empleo público al ganador del concurso, es decir, que el aprovisionamiento del cargo público se realizará en estricta sujeción a la lista de elegibles que se conforme atendiendo los resultados del concurso.

El ACUERDO 635 DE 2016 desconoce abiertamente la ley, pues teniendo la obligación de implementar el concurso de méritos para la elección del Personero Distrital, acudió al mecanismo de convocatoria pública, sustrayéndose así de aplicar la regla de mérito y asignándole al Concejo Distrital por la vía de un Acuerdo, una discrecionalidad en la elección que no fue otorgada por la ley., razones suficientes para decretar la nulidad del acuerdo aquí demandado.

  1. RESPECTO DEL CONTRALOR DISTRITAL.

          VIOLACIÓN A LA RESERVA DE LEY Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

La elección del Contralor Distrital estaba regulada por el artículo 109 del reglamento Interno del Concejo, Acuerdo 348 de 2008. No obstante, en virtud del Acto Legislativo 02 de 2015 mediante la reforma constitucional denominada “Equilibrio de Poderes”, se modificó el artículo 272 de la Constitución Política, y con él, el procedimiento de elección de los Contralores, el cual quedó de la siguiente manera:

“ARTICULO   272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. (…)

Modificado por el art. 23, Acto Legislativo 02 de 2015El nuevo texto es el siguiente: Los  Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso”. (EFT)

De la anterior disposición constitucional se concluye que si bien la competencia de elección de los Contralores continuó invariable, no paso lo mismo con el mecanismo de elección pues en adelante corresponderá a una convocatoria pública de conformidad a lo que disponga la ley. Sin embargo, la ley que desarrolla la materia aún no ha sido expedida.

A pesar de la ausencia legal, el Concejo de Bogotá decidió mediante ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 reglamentar la convocatoria pública por cuenta propia, violando así la reserva legal definida desde el mismo texto constitucional (art. 272), que condiciona la aplicación del mecanismo a lo que para dicho efecto prevea la ley.

Así mismo, el acuerdo objeto de la presente acción de nulidad, desconoció lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política, norma que señala:

“ARTICULO  126. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 02 de 2015. El nuevo texto es el siguiente: 

(…)

Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.

La disposición constitucional citada, refuerza la reserva de ley que debe desarrollar el mecanismo de la convocatoria pública, pues indica que en ella se deberán establecer los requisitos y procedimientos que garanticen los principios constitucionales que aseguran una selección objetiva.

Vistas las disposiciones constitucionales que regulan la materia, tanto del mecanismo previsto para la elección de Contralor como de la convocatoria pública, se tiene que el ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 trasgrede tales disposiciones de manera directa, pues a pesar de la claridad sobre el principio de legalidad y la reserva de ley, reglamenta el mecanismo de convocatoria, lo que configura una nulidad manifiesta del Acuerdo objeto de la presente acción.

Ahora bien, frente a las dudas que se suscitaron a partir de la reforma constitucional del equilibrio de poderes, fueron elevadas consultas al Consejo de Estado sobre el particular, solicitando que se aclarara cual era la solución jurídica frente a la inexistencia de ley que regulara la convocatoria pública.

Al respecto, el H. Consejo de Estado, mediante Concepto No. 2276 del 19 de noviembre de 2015 señaló:

No es viable que las asambleas departamentales o los concejos municipales ejerzan, así sea temporalmente, una competencia normativa que la Constitución le asignó directamente al legislador. (…)

 Las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales no pueden desarrollar directamente el artículo 272 de la Constitución Política para establecer, sin sujeción a la ley, las reglas de la convocatoria pública que debe realizarse como paso previo a la elección de los contralores territoriales.

En todo caso, la inexistencia de una ley específica que desarrolle los artículos 126 y 272 de la Constitución Política no impide la elección de los contralores territoriales por parte de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales, en la medida en que estos organismos pueden acudir por analogía a la Ley 1551 de 2012 y su Decreto Reglamentario 2485 de 2014 (compilado en el Título 27 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015), que regulan el concurso público de méritos para la elección de personero”. (EFT)

En tal sentido, resulta claro que los Concejos Municipales y Distritales, así como las Asambleas Departamentales no pueden suplantar al legislador, a quien le ha sido asignada desde el propio texto constitucional, la obligación de regular el mecanismo de selección de la convocatoria pública.

Lo anterior, no quiere decir que sobrevenga una vacío normativo, pues tal y como lo manifiesta el H. Consejo de Estado, mientras que no exista la ley que regula el mecanismo, se podrá aplicar por analogía el procedimiento previsto para la selección de Personeros, desarrollado por la Ley 1551 de 2012 y por el Decreto 2485 de 2014, compilado en el Decreto Único 1083 de 2015.

Lo anterior se encuentra plenamente fundamentado en lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, que dispone:

“Artículo 8. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”.

Justamente, el H. Consejo de Estado se pronunció sobre el particular mediante Concepto No. 2274 del 10 de noviembre de 2015, en el que se pronunció sobre la aplicación de la citada ley en materias de derecho público. Al respecto manifestó:

“Esta disposición [Ley 153 de 1887], que forma parte del conjunto de reglas generales orientadas a solucionar vacíos legislativos, incongruencias en las leyes, oposición entre ley anterior y ley posterior y la forma de hacer el tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-083 de 1995, en la que se indicó que la analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, “pero que solo difieren de las que si lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquellos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma”.

Bajo las anteriores consideraciones, se tiene que la imposibilidad de que Concejos Municipales y Distritales puedan reglamentar de manera directa la convocatoria pública, no quiere decir que no puedan nombrarse los Contralores territoriales, pues tal y como lo reconoció el Consejo de Estado, es compatible con la Constitución y la ley aplicar por analogía las reglas previstas para la elección de personeros.

En consecuencia, se puede concluir que el ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ al reglamentar de manera directa el mecanismo de convocatoria pública, desconoce el principio de legalidad y la reserva de ley que en materia de convocatorias públicas prevén los artículo 126 y 272 de la Constitución Política, lo que constituye una infracción a las competencias asignadas al legislador, motivo suficiente para decretar la nulidad del acto administrativo demandado.

  1. VIOLACIÓN DEL TRÁMITE DE LAS OBJECIONES PRESENTADAS POR EL ALCALDE.

Tal y como se explicó al momento de presentar los hechos que fundamentan la presente demanda, luego de surtirse los debates para la aprobación del ACUERDO 635 DE 2016, el mismo fue remitido al Alcalde para su sanción, quien interpuso objeciones jurídicas por considerar que existían vicios legales y constitucionales. En caso de presentarse tal situación, el trámite previsto para resolver las objeciones se encuentra regulado por el reglamento interno del Concejo, Acuerdo 348 de 2008, que señala:

ARTÍCULO 83.- OBJECIONES JURÍDICAS

Si las objeciones jurídicas fueren por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad y el Concejo las rechazare, el proyecto de Acuerdo será enviado por el Alcalde dentro de los diez (10) días siguientes al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el Distrito Capital, acompañado de un escrito explicativo de las objeciones y de los documentos que tuvo en cuenta el Concejo para rechazarlas.

Si el Tribunal las declarare fundadas, se archivará el proyecto de acuerdo. Si decidiere que son infundadas, el Alcalde lo sancionará dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la notificación respectiva. Si no lo hiciere, el Presidente del Concejo Distrital lo sancionará y ordenará su promulgación. (EFT)

No obstante lo anterior, dicho proceso no se llevó a cabo, y las objeciones no fueron ni aceptadas ni rechazadas por el Concejo de Bogotá. Tampoco se surtió el trámite ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quedando el procedimiento de aprobación del acuerdo incompleto.

Frente a tal escenario, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento del Concejo (Acuerdo 348 de 2008), que dispone:

ARTÍCULO 80.- ARCHIVO

Serán archivados los proyectos de Acuerdo que no fueron discutidos al término de las sesiones en que fueron presentados. Podrán volverse a presentar si se desea que el Concejo se pronuncie sobre ellos. También serán archivados los proyectos de Acuerdo en los que se aprobó ponencia negativa en primero o segundo debate. Así mismo, serán archivados los proyectos de Acuerdo que se encuentren en curso al terminar el período constitucional. (EFT)

Al respecto, se tiene que ante la falta de agotamiento del trámite previsto para resolver las objeciones, el proyecto de acuerdo no concluyó su trámite y quedó en curso, estatus que en virtud del artículo citado conduce al archivo del proyecto, en la medida que ocurrió la terminación del periodo constitucional sin que se haya perfeccionado la aprobación del Acuerdo, la cual ocurre con la sanción y la posterior publicación.

En tal sentido, el proyecto se encontraba archivado, motivo por el nuevo Alcalde no puede simplemente desistir de las objeciones planteadas por su antecesor y proceder a sancionarlo, pues ha debido surtirse nuevamente la discusión ante el Concejo Distrital tal y como lo disponen las normas que gobiernas la materia.

En conclusión, además de los vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad que presenta el acuerdo demandado por asuntos de fondo, relativos al injustificado cambio de mecanismo de elección en el caso del Personero, y a la reglamentación directa del proceso de elección del Contralor violando la reserva de ley que existe sobre la materia, se deben sumar los vicios de forma en los que se incurrió para aprobar de manera irregular el ACUERDO 635 DE 2016, expedido desconociendo el procedimiento establecido por el propio Concejo en su reglamento, lo que refuerza la necesidad de decretar su nulidad.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sustento esta acción en la Ley 1551 de 2012, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 2485 de 2014, compilado en el Decreto Único 1083 de 2015, el Acuerdo 348 de 2008, así como en los artículos 126 y 272 de la Constitución Política de Colombia.

Principio Pro Actione. Así mismo, se solicita a la sala aplicar el principio pro actione, según el cual el examen que se haga de las demandas que se presenten en ejercicio de acciones públicas, debe favorecer el ejercicio de tales acciones presentadas por los ciudadanos, y por ello no puede ser tan exigente que llegue al punto de enervar la efectividad de tales derechos políticos y de acceso a la administración de justicia.

 

V. PRUEBAS

Con el objeto de respaldar lo señalado en la demanda, y demostrar la ilegalidad e inconstitucionalidad del ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, solicito señor juez administrativo, se tengan en cuenta las siguientes pruebas:

  1. ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.
  2. Concepto No. 2274 del 10 de noviembre de 2015, de la Sala de Consulta Civil del H. Consejo de Estado.
  3. Concepto No. 2276 del 19 de noviembre de 2015 de la Sala de Consulta Civil del H. Consejo de Estado.
  4. Resolución 0222 del 12 de febrero de 2016 de la mesa directiva del Concejo de Bogotá.

Todo lo anterior, constituye un Principio de prueba susceptible de ser completado con otras elementos probatorios que se practiquen dentro del proceso, y deberán ser tenidos como válidos, auténticos y veraces, y con todo su valor probatorio, hasta que no se demuestre lo contrario en virtud del principio de buena fe.

 

VI. PRETENSIONES

De conformidad con lo anteriormente expuesto, solicito al señor juez se acojan las siguientes pretensiones:

  1. Decretar la nulidad del ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, en especial de la totalidad del artículo segundo, por infringir el ordenamiento jurídico superior, en particular por desconocer la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 2485 de 2014.
  1. En consecuencia de lo anterior, ordenar al Concejo de Bogotá que haga la elección del Personero Distrital de conformidad a lo establecido en la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 2485 de 2014, compilado por el Decreto Único 1083 de 2015, para que la elección del Personero Distrital efectivamente se realice mediante concurso de méritos como señalan las normas que gobiernan la materia.
  1. Decretar la nulidad del ACUERDO No. 635 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, en especial del artículo cuarto, por infringir el ordenamiento jurídico superior, en particular por desconocer el principio de legalidad y la reserva de ley en materia de convocatoria pública, previstas en los artículo 126 y 272 de la Constitución Política.
  1. En consecuencia de lo anterior, decretar la nulidad de la Resolución 0222 del 2016 “por el cual se establece el procedimiento de convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) del Distrito Capital” y ordenar al Concejo de Bogotá que para la elección del Contralor Distrital aplique por analogía, mientras se expide la ley especial que regule la materia, las normas previstas para la elección del Personero, Ley 1551 de 2012 y Decreto 2485 de 2014, compilado por el Decreto Único 1083 de 2015, tal y como lo señalan los conceptos emitidos por la sala de consulta civil del H. Consejo de Estado.

 

VII. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA

Según el Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo los jueces de esa jurisdicción tienen plena libertad para decretar las medidas cautelares que consideren necesarias[1], como la que se solicita.

Se pide que la medida cautelar a decretar sea de las de urgencia contempladas en el artículo 234 del CPACA, pues de no decretarse de manera inmediata la suspensión del Acto Administrativo demandado, el proceso de elección del Personero y Contralor Distrital se llevaría a cabo sustentado en una abierta ilegalidad e inconstitucionalidad.

Al respecto, vale señalar que la violación tanto a la ley como a la Constitución en la que incurre el Acuerdo demandado, es flagrante y evidente, lo que amerita una actuación por parte del juez contencioso con el propósito de evitar la configuración de una elección ilegal, que termine afectando el normal funcionamiento de instituciones tan importantes como la Contraloría Distrital y la Personería Distrital.

¿Qué objeto tiene que se adelanten nombramientos, trámites administrativos, pagos, y demás actuaciones cuando las normas en la que tales nombramientos se fundamentan están viciadas desde el inicio, y conducirán al entorpecimiento en el funcionamiento de importantes órganos de control?

Es pertinente señalar que el Concejo de Bogotá, para efectos de hacer una convocatoria pública para elegir contralor y personero, destinará cuantiosos recursos económicos, contratos, tiempo y gastos administrativos, los cuales serán desperdiciados ante la ilegalidad de bulto en la que fundamentan la elección de tales dignidades. Por lo tanto, en aras de salvaguardar el patrimonio público y el imperio de la constitución y la ley, resulta preciso que el señor Juez Administrativo del Circuito suspenda los efectos del Acuerdo demandado, con el propósito de evitar el desperdicio de recursos económicos escasos y el entorpecimiento de organismos de control de particular importancia dentro del sistema democrático que rige en Colombia.

Así mismo, a través de diferentes comunicaciones y pronunciamientos dentro del Concejo de Bogotá, el presidente del cabildo distrital ha señalado que se llevará a cabo una convocatoria, exámenes de conocimiento, evaluaciones, todo tipo de acciones que generan costos y que no conducirán materialmente a nada en la medida que el proceso de elección está viciado desde su inicio por el abierto y directo desconocimiento de la ley y la constitución.

El 12 de febrero del 2016 la mesa directiva del Concejo de Bogotá aprobó la Resolución 0222 del 2016, por medio de la cual se establece el procedimiento de convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) del Distrito Capital, basado en un Acuerdo ilegal e inconstitucional que desconoce las reserva de ley que en materia de regulación de la convocatoria pública fijó expresamente la propia constitución. Por lo anterior, se hace urgente

que se decrete la medida cautelar con el propósito de evitar la configuración de una elección ilegal, que termine afectando el normal funcionamiento de instituciones tan importantes como la Contraloría Distrital.

Bajo las anteriores consideraciones, vale señalar que en el presente caso resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, dada la notoria ilegalidad e inconstitucionalidad del acto administrativo demandado.

En virtud de lo anterior, se solicita se decrete como medida cautelar de urgencia:

  1. La suspensión provisional del ACUERDO 635 DE 2016 y de la Resolución 0222 de 2016 de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá
  2. En su defecto, que el señor Juez Administrativo del Circuito decrete la medida cautelar que considere pertinente.

VIII. NOTIFICACIONES

Demandados: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, CONCEJO DE BOGOTÁ

Demandantes: Recibiremos notificaciones en el Concejo de Bogotá, Oficina 201, celular 3213923325 y en el correo electrónico concejalmanuelsarmiento@gmail.com

Del Honorable señor juez, con toda atención,

FIRMA

 

NOMBRE

 

CÉDULA

[1] Artículo  229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

Transmilenio NO hace lo mismo que un metro

Transmilenio NO hace lo mismo que un metro

Foto tomada de Las2orillas.co

Manuel Sarmiento
Concejal de Bogotá
@mjsarmientoa

“Transmilenio en la práctica hace lo mismo que un metro”. Con esta frase Enrique Peñalosa insistió en la errónea idea con la que condenó a Bogotá a tener un servicio de transporte que tiene insatisfechos a 4 de cada 5 ciudadanos. Ese mismo argumento usó para reemplazar el metro por dos buses pegados en la Avenida Caracas, “el peor error técnico en la historia de Bogotá”, como lo ha explicado el senador Robledo (http://bit.ly/1jfPCT3).

No es cierto que los ‘Transmilenios’ o sistemas BRT (Bus Rapid Transit) reemplacen a los metros pesados. Con un hacinamiento insoportable, Transmilenio está transportando 45.000 pasajeros hora-sentido (PHS), mientras que los metros pueden superar facilmente los 60.000 PHS, como lo muestra un análisis de Ming Zhang, investigador del Grupo de Movilidad de Microsoft Research. El metro de Hong Kong transporta 80.000 PHS, el de Ciudad de México llega a 73.000 y el de Bogotá llegaría a 80.000, según el estudio de ingeniería básica que Peñalosa está desconociendo.

La velocidad es otra variable en la que los metros superan a Transmilenio. Según el informe de Bogotá Cómo Vamos, en 2014 la velocidad promedio de los articulados fue de 26 km/h, por debajo de los metros de Londres (33 km/h), Ciudad de México (36 km/h), São Paulo (37,5 km/h), Santiago (32 km/h), Madrid (30,1 km/h), Hong Kong (33 km/h), Praga (35 km/h) y Moscú (41,24 Km/h), entre otros. Debe resaltarse que la rapidez de un sistema de transporte es fundamental para elevar la calidad de vida de los ciudadanos, pues recorta los tiempos de los viajes por lo que las personas pierden menos tiempo transportándose.

En términos de las dos variables fundamentales para la movilidad de la ciudad, velocidad y capacidad, los metros superan a Transmilenio, lo que se refleja en la calidad del servicio. Después de superar filas interminables, los usuarios deben soportar estaciones con tal grado de hacinamiento que algunas superan las 14 personas por metro cuadrado (http://bit.ly/1eZ2Gqd). En los articulados, la ocupación llega a 8 pasajeros por metro cuadrado, mientras que los metros europeos funcionan con 4. De ahí que los propietarios de automóviles no se sientan atraídos para subirse al sistema, lo que se evidencia en el incremento del número de vehículos particulares. Le cae bien el nombre de “Transmilleno”, tal como lo denominan los usuarios.

El dramático aumento del número  de motos en Bogotá demuestra que Transmilenio fracasó como eje estructural del transporte público e incluso como modo accesible para los presupuestos familiares. En el año 2002, la ciudad tenía 30.058 motos, hoy se acerca a 500 mil. Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina señala que las personas prefieren movilizarse en moto, ratificando las razones aquí expuestas. A esto debe agregarse que -desde que entró a operar Transmilenio- los pasajeros movilizados en transporte público han caído en un 25%.

Los sistemas BRT no sustituyen a los metros pesados, los complementan. Transmilenio no los supera ni en carga de pasajeros, ni en velocidad, ni en comodidad e incluso su tarifa cuesta más que muchos metros, ahora es la cuarta más costosa de América Latina.

Una ciudad como Bogotá debe contar con un sistema multimodal cuya columna vertebral sea un metro pesado. Sin embargo, por los anuncios y afirmaciones de Enrique Peñalosa, su propósito es construir uno que funcione como vagón alimentador de Transmilenio, para que los articulados sigan siendo el eje central. Un segundo absurdo que debemos evitar para que, como pasó con la Caracas, no tengamos que pagarlo por varias generaciones.

27 de enero de 2016

Los impactos del salario mínimo en Bogotá

Los impactos del salario mínimo en Bogotá

Manuel Sarmiento
@mjsamientoa
Concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo

Amparados en la errada tesis de que los bajos salarios protegen el empleo formal, Juan Manuel Santos y Luis Eduardo Garzón incrementaron el salario mínimo en apenas un 7%, un aumento exiguo de tan solo $1.500 diarios. En Bogotá, la medida se traduce en un empobrecimiento de los trabajadores, lo que también lesiona a las empresas de la Capital cuyas ventas dependen del mercado interno y, por ende, de la capacidad de compra de los trabajadores.

Para el 60% de los asalariados capitalinos que, según Fasecolda, ganan entre 1 y 1,6 salarios mínimos, el aumento no compensará el encarecimiento del costo de vida. El alza del dólar significa productos más costosos en una ciudad que, como Bogotá, importa cerca de $30.000 millones de dólares anuales, la mitad de todo el país. Con la devaluación del peso, los precios de las importaciones de alimentos e insumos para la industria seguirán disparados, como el caso del fríjol, cuyo precio en 2015 se incrementó en un 81%.

La vida en Bogotá también se encarecerá por cuenta de las decisiones gubernamentales. La factura de energía subirá un 3% debido al aumento tarifario decretado por Juan Manuel Santos y se esperan alzas del agua por la reducción del consumo básico que pretende hacer el gobierno nacional. Transmilenio propuso subir el pasaje a $2.000, lo que significaría un aumento del 11%, a lo que se suman los anuncios del alcalde Peñalosa de crear un nuevo impuesto para las motos, cercar la ciudad con peajes urbanos y establecer cargos por congestión.

El empobrecimiento de los asalariados también lesiona a las empresas de la Capital. Como lo señala la Secretaría de Desarrollo Económico, “el principal mercado de las empresas bogotanas es el interno”, pues las exportaciones de Bogotá apenas representan el 7% de las del país. Por esta razón el aumento salarial por debajo del encarecimiento del costo de vida deteriorará la capacidad de consumo de los trabajadores, perjudicando las ventas de las industrias bogotanas.

Este y los anteriores gobiernos han afirmado que los salarios deben ser bajos para proteger el empleo formal. Sin embargo, los hechos los contradicen. Después de 15 años de recortar derechos laborales y de abaratar la mano de obra, siete de cada diez trabajadores están desempleados o en la informalidad. En Bogotá, cerca de la mitad de los trabajadores son informales y entre 2012 y 2015 el subempleo pasó del 33% al 41%.

Entre mejores salarios y más poder adquisitivo tengan los trabajadores, más podrían ser las ventas de muchos sectores, lo que impulsaría un  círculo virtuoso de mayor dinámica económica que debería incidir en más  empleo. Sin embargo, Juan Manuel Santos ha optado por  implementar políticas que no permiten a la gran mayoría de trabajadores de la Capital y del país compensar sus presupuestos familiares. Es de esperar que, como ya pasó en noviembre, haya un rebote del desempleo bogotano.

8 de enero de 2016

¡Que la crisis económica no la paguen los trabajadores!

¡Que la crisis económica no la paguen los trabajadores!

Declaración Política sobre la Estabilidad Laboral Reforzada

Colombia atraviesa una fuerte desaceleración económica ligada a una aguda crisis económica que se vive en el país y en todo el mundo. La decisión política de mantener el modelo económico actual, definiendo el capital extranjero como principal variable económica, especializar al  país en la actividad minero-energética y desatender renglones estratégicos como el agro y la industria, han empezado a traer consecuencias negativas.

Frente a esta situación, el gobierno nacional –responsable del modelo económico que tenemos- nos presenta como una solución profundizar la crisis y descargarla sobre los trabajadores, las clases medias y los sectores con menos ingresos. El gobierno de Juan Manuel Santos habla de ‘austeridad inteligente’ en el gasto público y también nos presenta como una alternativa una reforma tributaria centrada en el incremento del IVA.

Recientemente han empezado los ataques a la clase trabajadora bajo el argumento de la crisis económica. Varias solicitudes de despidos colectivos a cargo de empresas y multinacionales, anuncios negativos del gobierno frente al salario mínimo y por supuesto, la intención de eliminar la estabilidad laboral reforzada.

Los proyectos de ley 011 y 018 de 2015, presentados por el Centro Democrático y por el Partido de la U, comparten como elemento fundamental la eliminación de la estabilidad laboral reforzada para los trabajadores. Estos proyectos, profundizan la idea de que la única forma para salir de la crisis está en disminuir los salarios, pauperizar las condiciones laborales y hacer más baratos los despidos pero además, ponen en riesgo mecanismo de protección y salvaguarda de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, hecho que es abiertamente inconstitucional y sobre el cual ya se ha pronunciado la Corte Constitucional.

Por todo lo anterior, encontramos importante concretar la más amplia unidad en defensa de la Estabilidad Laboral Reforzada, juntar trabajadores, organizaciones sindicales, centrales obreras, sectores sociales y representantes políticos que compartan este objetivo, con el fin de conformar un Comité en Defensa de la Estabilidad Laboral Reforzada.

De la misma manera, hacemos un llamado a la movilización civilista y democrática para defender nuestros derechos y decirle a los representantes de la política tradicional que no permitiremos que descarguen la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Por tanto convocamos a un mitin frente al Ministerio del Trabajo, el próximo 2 de diciembre a las 9:00 am, con el objetivo de exigirle a Santos, a Luis Eduardo Garzón, culpables de esta situación, que pidan el retiro de los proyectos de ley.

 

Firman:

 

Sintrateléfonos

Central Unitaria de Trabajadores CUT

Centro de Estudios Sindicales y Políticos CEDESIP

Manuel Sarmiento, concejal electo por Bogotá

Escuela Popular José María Carbonell

Copass ETB

Sintragmcol

Sintraemsdes Pereira

Sintraime

Unecol

Sintravidricol

Utibac

Sinantrainbec

Sintrametal

Sintraemcocables

Sintracarcol

Sintrapulcar

Sintraupn

Unitralag

Sintranutresa

Carta abierta del concejal electo por el Polo Democrático, MANUEL SARMIENTO, al magisterio de Bogotá

Carta abierta del concejal electo por el Polo Democrático, MANUEL SARMIENTO, al magisterio de Bogotá

Bogotá, noviembre 18 de 2015

Maestros y maestras de Bogotá:

Con la contribución de casi 14 mil votantes, obtuve la curul en el Concejo de Bogotá. Conté para ese propósito con el apoyo de las compañeras, directivas de la ADE, María Antonieta Cano y Alba Marina Sierra, quienes dirigieron nuestra campaña en el magisterio del Distrito. Agradezco su consciente y valioso acompañamiento al respaldar con su voto mi compromiso con la defensa de la educación pública, los derechos de los educadores, la soberanía nacional y la democracia.

En consecuencia, durante los próximos cuatro años en el Concejo, haré todos los esfuerzos para que en Bogotá se dé un salto en la educación pública que debe contener – como mínimo- los siguientes aspectos:

1. Avanzar en lo público: Significa acabar con las distintas modalidades de privatización, echar para atrás las concesiones educativas, iniciadas por Peñalosa en su primer gobierno, y que Petro prorrogó, y suprimir los “convenios” y bancos de oferentes. Así mismo, contenderé por preservar el incremento del presupuesto para educación y por elevar las transferencias que la Nación debe entregar a municipios y departamentos.

2. Avanzar en la gratuidad: Propugnar por la entrega de textos escolares y uniformes para todos los niños del sector público, como elemento adicional en dirección de la plena gratuidad.

3. Avanzar en calidad- Jornada única de verdad: Implica que se debe desterrar la jornada extendida -hoy rebautizada como jornada completa- un fallido experimento propuesto por Petro y acogido por Santos, con implicaciones tan graves como el alargamiento de la jornada sin contraprestación salarial y la tercerización laboral para los nuevos docentes.

4. Avanzar en equidad. Velar por la implementación del preescolar de tres años, como medida trascendental por la equidad en la educación de los niños y niñas del sector público. Debe estar integrado a la educación formal y en las mejores condiciones pedagógicas y de infraestructura

5. Avanzar en lo laboral. Oposición a la vinculación del magisterio, en cualquiera de los niveles educativos y jornadas, mediante la tercerización, hacer cumplir a cabalidad las leyes que rigen la profesión. Respeto a las organizaciones sindicales de los educadores.

Con Manuel Sarmiento, los maestros y maestras y la comunidad educativa de Bogotá tendrán un vocero de sus reivindicaciones y demandas en el Concejo, seré como Jorge Robledo y Germán Navas en el Congreso, con el firme compromiso de acompañar las luchas que se libren para mantener las garantías que aún amparan a los docentes antiguos, ayudar a los nuevos a reconquistar las que les hayan sido arrebatadas en estos veinte años de pesadilla neoliberal y elevar la educación pública a los niveles por los que han luchado por décadas todos los colombianos que queremos un Colombia digna, democrática y soberana.