Carta pública del concejal Manuel Sarmiento a Secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, sobre el inicuo cobro del impuesto predial.

Carta pública del concejal Manuel Sarmiento a Secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, sobre el inicuo cobro del impuesto predial.

Bogotá D.C., 06 de abril de 2016

Doctora

BEATRIZ ARBELÁEZ

Secretaria Distrital de Hacienda

Ciudad

Ref.:    Administración de Enrique Peñalosa debe corregir iniquidades heredadas de administraciones anteriores en el cobro del impuesto predial y no aprovecharse de ellas. Urge una reforma que respete la capacidad de pago de los bogotanos.

Atento saludo,

Hasta el 15 de abril hay plazo para pagar con descuento el impuesto predial en Bogotá, pero muchos contribuyentes no cuentan con los recursos para cumplir con el pago y en bastantes casos deberán endeudarse. Esto es debido a las políticas que han aumentado el predial de manera exagerada y sin tener en cuenta el ingreso real  de los bogotanos.

Según el Censo Inmobiliario de Bogotá, entre 2012 y 2016 el avalúo catastral se ha incrementado en 71%, crecimiento que, según las entidades respectivas, se explica en todas las zonas de la Capital por la actualización de los avalúos acorde con los movimientos especulativos del negocio inmobiliario, y que repercuten en alzas del impuesto predial, muy por encima de la capacidad de pago de los contribuyentes y de la realidad de las mayorías. El recaudo por dicho tributo fue en 2012 de $1,21 billones, entre tanto, para 2016 está presupuestado en $2,53 billones, más del doble.  A contramano, el salario mínimo tan solo lo ha hecho en 21% y el ingreso por habitante apenas en el 14%.

Es necesario que esta administración plantee una reforma estructural al impuesto predial que, en primer lugar, corrija las iniquidades heredadas de anteriores administraciones y que no proceda, como lo está haciendo con ánimo alcabalero, a aprovecharse de ellas. Tal reforma debe respetar tanto el principio de progresividad tributaria como la capacidad de pago de los ciudadanos, correctivos que en campaña el hoy alcalde Enrique Peñalosa prometió adoptar , cuando se quejó de que “las clases medias pagan cada vez más predial, ven deteriorar su calidad de vida” (El Tiempo, mayo 6 de 2015). Dicha promesa no puede  ignorarse burlando la buena fe y la conciencia de sus electores.

Y, en esa misma dirección, para aliviar en algo la apremiante situación de los ciudadanos, es necesario que el Distrito aplace la fecha para el pago con descuento mientras corre la  reforma estructural forzosa a dicho impuesto, puesto que es inaceptable, doctora Arbeláez,  que, como le expresé, se violen principios constitucionales fiscales tornándose  en una exacción general de los presupuestos familiares.

Para ver el video de la intervención del concejal Sarmiento, el 4 de abril, en el Concejo de Bogotá, siga este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CREBT3i9iZg

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativo.

Carta al Secretario de Desarrollo Económico sobre los mercados campesinos.

Carta al Secretario de Desarrollo Económico sobre los mercados campesinos.

Bogotá, D.C. 04 de abril de 2016

 

Doctor

FREDDY CASTRO BADILLO

Secretario Distrital de Desarrollo Económico

Ciudad.

REF.:   Es inaceptable excusarse en errores de la anterior

administración para acabar con los mercados campesinos.

Atento saludo,

 

Los mercados campesinos, que vienen funcionando desde el año 2004, son pieza básica para garantizar la seguridad alimentaria de Bogotá. Uno de los grandes problemas para el acceso a alimentos en la ciudad, que explica parte de la persistencia de 4,7% de desnutrición infantil, es su encarecimiento al final de las cadenas de distribución y, por consiguiente, deben ser apoyadas todas las iniciativas encaminadas a reducirlo.

Los mercados campesinos han demostrado ser herramienta altamente efectiva para atacar dicha problemática, pues eliminan excesos de intermediación de tal medida que los alimentos vendidos por esta vía son entre el 11,21% y el 22% más baratos que por otros canales establecidos.

Igualmente, estos mercados son una de las alternativas para el sostenimiento de la economía campesina y rural de Bogotá y los municipios aledaños. De acuerdo con la Alianza Campesina Comunal ALCAMPO, los ingresos campesinos han aumentado hasta en un 129% gracias a este proyecto. Lo anterior es aún más importante si se tiene en cuenta que el 80% de los alimentos que consumen los bogotanos son proveídos en 300 kilómetros a la redonda de la Capital.

Por estas razones, resultan sumamente graves sus declaraciones en el sentido de reducir a mínima expresión los mercados campesinos en Bogotá, alegando falta de presupuesto. Aun si fuere cierto que la administración anterior redujo el rubro correspondiente, ese error debe enmendarse y no puede tenerse como excusa ni para acabar con este programa ni mucho menos para entregarlo al usufructo de un operador privado.

La administración distrital está en la capacidad de asegurar los recursos necesarios para este plan alimentario, como lo señala el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Bogotá y usted mismo lo demostró con el traslado de recursos de su despacho a la nueva Secretaría de Seguridad. Por tanto, es urgente que la administración no solo provea los dineros necesarios para mantener los mercados campesinos, sino que deben inyectárseles todavía más para fortalecerlos.

Agradezco de antemano su atención.

Cordial saludo,

 

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

Concejal de Bogotá D.C.

Polo Democrático Alternativo

 

Carta pública al alcalde Peñalosa firmada por Jorge Robledo, Germán Navas Talero y Manuel Sarmiento.

Carta pública al alcalde Peñalosa firmada por Jorge Robledo, Germán Navas Talero y Manuel Sarmiento.

Bogotá D.C., 4 de abril de 2016

 

Doctor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Ciudad

Ref.: Otra razón para que desista de destruir la Reserva Natural Van der Hammen es que ese atentado beneficia a donantes a su campaña y a miembros de su gabinete.

Atento saludo,

La escandalosa revelación del diario El Espectador sobre los predios que varios de los financiadores de su campaña, grandes firmas constructoras y bancarias y miembros de su gabinete tienen en la Reserva Van der Hammen (http://bit.ly/1Y7L4fj) constituye otra razón en contra de su despropósito de urbanizar esta zona de Bogotá.

Entre los aportantes a su campaña con propiedades e intereses en la Reserva se encuentran Pedro Gómez y Cía., Davivienda y Arpo Arquitectos. También posee un lote en la Van der Hammen la actual Gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, Astrid Álvarez, quien dirigió su campaña electoral a la Alcaldía.

El caso del Secretario de Planeación, Andrés Ortiz, carece de toda transparencia. Además de ser propietario de uno de los predios, la firma Contexto Urbano, que él fundó y que le aportó a su campaña, tiene como clientes a Colpatria y a Arquitectura y Diseño, empresas que también poseen propiedades en la Reserva. Y es ya el colmo que sea la entidad que dirige el doctor Ortiz la encargada de estructurar el plan de urbanización de casi todas las 1.400 hectáreas que hoy protegen las normas ambientales. Que usted califique como irrelevantes estas relaciones y formas de gobernar debe leerse como otra versión del detestable “Usted no sabe quién soy yo”.

Es obvio que desarrollar proyectos inmobiliarios en la Van der Hammen, además de causar graves daños ambientales, enriquecerá en grandes proporciones a los mencionados beneficiarios, verdad que no taparán las frases absurdas de su parte, como lo reveló La Silla Vacía (http://bit.ly/1LrpJHe). Cinismos aparte, estamos ante otro caso de la historia nacional donde se usa el poder público para adelantar negocios particulares, y de los peores.

Los más elementales criterios de la ética pública y del bienestar general indican que usted debe anunciarles a los bogotanos que desiste de destruir la Reserva Natural Van der Hammen.

Cordialmente,

JER

JORGE ENRIQUE ROBLEDO              

Senador de la República                           

Polo Democrático Alternativo                 

 

(Firmado)

GERMÁN NAVAS TALERO

Representante a la Cámara por Bogotá

Polo Democrático Alternativo

Firma-transparente

MANUEL SARMIENTO

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativo

 

 

Balance semanal. Con el debate sobre el inicuo modelo Transmilenio, concejal Manuel Sarmiento continuó con la tarea de defender los intereses de la ciudadanía bogotana.

Balance semanal. Con el debate sobre el inicuo modelo Transmilenio, concejal Manuel Sarmiento continuó con la tarea de defender los intereses de la ciudadanía bogotana.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Domingo, 3 de abril de 2016


 

Con un contundente debate sobre el inicuo modelo Transmilenio, el pasado lunes 28 de marzo, el concejal Manuel Sarmiento reafirmó que constituye uno de los mayores atentados contra el interés general en la historia de Bogotá. Enfatizó en las descomunales ventajas otorgadas, desde la primera administración Peñalosa y prorrogadas en las subsiguientes, a una decena de grupos empresariales – familiares que operan el sistema. Enunció las altísimas rentabilidades, la rápida recuperación de la inversión de los buses, que los usuarios han pagado dos veces en 15 años, y la estructura de costos, inflada y sin ninguna auditoría oficial.

A contramano, denunció las indignantes condiciones de hacinamiento e inseguridad, los largos tiempos de viaje que padecen 2,5 millones de usuarios al día y el pago de una de las tarifas más elevadas de América Latina. Resaltó que el Distrito, que incurre en cuantiosos gastos, apenas recibe 5 de cada 100 pesos del pasaje y, por tanto, propuso renegociar o modificar unilateralmente los leoninos contratos, instituir una auditoría para la cuantificación real de los costos y permitir el ingreso de un operador público como regulador.

El día miércoles, en el debate sobre la problemática de seguridad, el concejal Sarmiento destacó el defectuoso funcionamiento del alumbrado público en la Capital, en el cual el 77% de las luminarias tiene vencida su vida útil y pese a que, entre 2005 y 2014, el Distrito le ha pagado a Codensa $1,2 billones por la infraestructura, no se ha efectuado el correspondiente reemplazo, teniendo apenas 11 mil luminarias con la tecnología LED. Además rechazó el creciente deterioro tanto de las condiciones laborales de los policías como del respeto a sus derechos.

Ante la directora del IDU, frente a los cobros de valorización, impugnó el método como se está efectuando esta contribución. Se rebasa la capacidad de pago de los bogotanos, se golpea con mayor dureza a las capas medias y hogares de menores ingresos y, citando un autorizado estudio de Óscar Borrero, coincidió en que la forma como se liquida es “a machete”. Invocó al uso de la contribución por plusvalía como fuente alterna, más directa y progresiva. Pidió aplicar estos mismos criterios para el impuesto predial, dado que los actualmente aplicados aumentan la desigualdad, anunciando que en distintas localidades de la ciudad ya se han iniciado protestas por la facturación que se está entregando. Igualmente, recibió la aprobación en la Comisión de Hacienda, para llevar a cabo un debate de control sobre la situación de Corabastos y la política de la administración Peñalosa al respecto.

Así mismo, en esta semana, participó en la conmemoración que el Polo Democrático Alternativo efectuó con motivo del primer aniversario de la muerte de Carlos Gaviria Díaz; acompañó a distintos grupos sociales en las localidades de Antonio Nariño y Engativá; y se dirigió a varias decenas de dirigentes de trabajadores en un curso de la escuela sindical José María Carbonell.

Cárdenas violó la libre competencia al entregar Isagen en subasta de uno.

Cárdenas violó la libre competencia al entregar Isagen en subasta de uno.

 

Andrés Pachón, Asesor Jurídico del Concejal Manuel Sarmiento.

@AndresPachon85

 

peich

1. El régimen especial de enajenación de acciones del Estado, que es distinto al régimen general de contratación estatal, debe asegurar el derecho colectivo a la libre competencia.

La libre competencia económica no es ajena a los procesos de contratación del Estado, ni mucho menos a los procesos de enajenación de la participación accionaria de la Nación, y por lo tanto, el derecho colectivo a la libre competencia debe asegurarse en el marco de tales procedimientos administrativos. De ahí que la Ley 226 de 1995, ley especial que gobierna la enajenación de la propiedad accionaria del Estado, disponga en sus artículos 2 y 9 lo siguiente:

“Artículo  2º.- Democratización. Todas las personas, naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la propiedad accionario que el Estado enajene. En consecuencia, en los procesos de enajenación se utilizarán mecanismos que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos que promuevan la masiva participación en la propiedad accionaria. (…)

 Artículo 9º.- La enajenación de la participación accionaria se hará utilizando mecanismos que contemplen condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia”. (Énfasis fuera de texto)

(…)

Precisamente, “el principio de libre concurrencia plural de interesados al mercado, busca ante todo hacer énfasis y determinar los procesos de contratación pública bajo senderos de competencia real con el fin de obtener a través de la presencia plural de oferentes interesados interactuando, una oferta adecuada al mercado y por lo tanto óptima para la administración pública contratante”.

En ese sentido, la existencia de una “subasta” con oferente único implicaría desconocer los efectos positivos derivados de la libre concurrencia, traducida en la pluralidad de oferentes, razón por la cual, la figura excepcional del Oferente Único, riñe de manera profunda con la esencia y la naturaleza del mecanismo de subasta y de los principios de democratización y libre concurrencia que deben asegurarse en este tipo de transacciones.

El argumento del Ministerio de Hacienda para justificar la antinatural subasta con Oferente  Único, consiste en invocar normas del régimen de contratación estatal, como el Decreto 1082 de 2015, que es una norma reglamentaria de la ley de la contratación pública, esto es, que desarrolla un marco normativo de referencia, el cual no es aplicable al proceso de enajenación de ISAGEN por expreso mandato del artículo 2 de la Ley 226 de 1995, norma especial que –se insiste- regula la enajenación de la propiedad accionaria del Estado. La citada disposición señala:

 ARTÍCULO 2o. DEMOCRATIZACIÓN. Todas las personas naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado enajene. En consecuencia, en los procesos de enajenación se utilizarán mecanismos que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos que promuevan la masiva participación en la propiedad accionaria. La Ley 80 de 1993 no es aplicable a estos procesos de enajenación accionaria”. (Énfasis fuera de Texto)

No obstante la claridad de la norma anterior, el Ministerio de Hacienda, en el Reglamento de Enajenación de ISAGEN, en el Anexo 6, numeral 2, (v), (a) dispuso: 

“(v) El Presidente de la Subasta procederá de la siguiente manera:

(a) Única Oferta Económica Aceptable: En el evento en que se reciba una sola Oferta Económica Aceptable, se procederá a declarar como Inversionista Adjudicatario al respectivo Inversionista Preclasificado”. (Énfasis fuera de texto).

La anterior disposición, es la única norma del proceso de enajenación en la cual se ampara el Ministerio de Hacienda para asegurar que si es posible realizar una “subasta” con Oferente Único. No obstante, una disposición en tal sentido es abiertamente ilegal e inconstitucional por desconocer el derecho colectivo a la libre competencia, en la medida que la Ley 226 de 1995, que es ley especial, de ninguna manera permite tal hipótesis, y por el contrario, propende por mecanismos que permitan la mayor publicidad y libre concurrencia, lo cual no se cumple solo con anuncios en prensa de posibles participantes, sino con la participación real y efectiva de pluralidad de sujetos en la subasta.

En ese sentido, ni la ley 226 de 1995, ni los Decretos 1609 de 2013, 2316 de 2013, y 1512 de 2014, por medio de los cuales se aprobó el programa de enajenación de la participación de la Nación en ISAGÉN, autorizan que el mecanismo de subasta se pueda surtir con un Oferente Único, ésta posibilidad solamente aparece en el reglamento de enajenación. Pero como se explicó con suficiencia, tal regla no cuenta con un soporte jurídico, al contrario, parase introducida como un salvavidas arbitrario e ilegal en caso de que solo exista un oferente, o sabiendo que así sucedería, pero carece de toda fundamentación legal, pues –se insiste- tal posibilidad no ha sido prevista para el específico régimen de enajenación de acciones del Estado.

2. La existencia de un Oferente Único desconoce la esencia del mecanismo seleccionado por el Ministerio de Hacienda para adjudicar las acciones de ISAGEN, consistente en la subasta pública, y así lo ha reconocido la jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

 El mecanismo seleccionado voluntariamente por el Ministerio de Hacienda, la subasta pública, tiene la finalidad principal de maximizar los recursos del Estado, toda vez que la interacción dinámica de los diferentes ofrecimientos económicos conducen a la obtención de un mayor valor al momento de la venta, finalidad que queda absolutamente eliminada ante la existencia de un Oferente Único, escenario en el que se pierden todos los espacios de negociación, pues la administración estaría limitada a los términos de la única oferta. Tal escenario convierte el valor mínimo por acción, en el precio de adjudicación, desechando toda posibilidad de obtener un mejor rendimiento fruto de la libre y leal competencia.

Así las cosas, la existencia de un Oferente Único desconoce la libre competencia, y transforma, de manera irregular y arbitraria, la subasta pública en un contrato directo.

Al respecto, es pertinente referir que el Honorable Consejo de Estado, mediante sentencia de Sala Plena, en el caso de la licitación del tercer canal de televisión privada, se pronunció sobre la subasta pública y el proponente único, y señaló entre otras cosas que:

(…) esa pluralidad se requiere para que a través de la confrontación de estos actores, surjan precios que maximicen los recursos para el Estado (…)[1]. “[tal] Exigencia (…) no constituye un mero requisito formal o del arbitrio del legislador, sino por el contrario, una talanquera legal para evitar procesos de selección carentes de la sustantividad pluralista y participativa necesaria en relación con un bien tan preciado, valioso y vital para la vida de la colectividad nacional como lo es el espectro electromagnético, en especial, cuando de por medio está la asignación de un servicio público de absoluto interés público, como lo es el de la televisión de operación privada y de cubrimiento nacional, que por su  misma naturaleza y magnitud, no puede ser objeto de un simple proceso de asignación o de concesión por fuera de los más elementales marcos que la cláusula del Estado social y democrático de derecho, en concordancia con el postulado también constitucional de la libre competencia económica, reclaman para la contratación pública, como es, el conformado por los principios de concurrencia, pluralidad, igualdad y no discriminación, que deben ser garantizados siempre por la administración pública en todos sus niveles”. 

Frente a lo anterior, es preciso señalar que si bien el referido pronunciamiento se efectuó en atención a un caso particular como lo es la asignación del tercer canal privado de televisión y la existencia de una normativa particular, sus consideraciones resultan plenamente válidas para la enajenación de ISAGEN, toda vez que dicha venta está relacionada con un bien sumamente preciado y escaso como es la segunda generadora eléctrica de un país al borde de un Apagón, dueña de un sinnúmero de hidroeléctricas, parques eólicos, infraestructura eléctrica y el agua como fuente de energía, “vital para la vida de la colectividad nacional”, en especial “cuando de por medio esta la asignación de un servicio público de absoluto interés público”, como es el aprovisionamiento de energía eléctrica, sin la cual no solo no se podría ver televisión, sino también resultaría lesionada la producción, la competitividad y, por supuesto, los consumidores en sus más habituales actividades. Todas estas arbitrariedades a favor de grandes fondos de capitales, y en detrimento del patrimonio público y la energía del país demandan todo el peso de la Censura al Ministro Cárdenas.

[1] CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), Radicación número: 11001-03-26-000-2010-0036-01(IJ).

En el modelo Transmilenio, ganan diez grupos empresariales y pierden millones de usuarios: Manuel Sarmiento

En el modelo Transmilenio, ganan diez grupos empresariales y pierden millones de usuarios: Manuel Sarmiento

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Lunes, 28 de marzo de 2016


En el debate sobre Transmilenio en el Concejo de Bogotá quedó claro que luego de más de quince años de este sistema de transporte, los grandes ganadores son diez grupos empresariales – familiares como Fanalca (Losada-Herrera); la multinacional francesa del grupo Veolia (Transdev-Ille de France); Grupo Colvanes – Coltanques (Cubides); Baquero – González; Hernández ; Prieto y SI 99 (Martínez), los cuales, sumados a otros 3 más, acumulan 620 derechos de los 900 posibles en las 9 troncales del sistema.  

Estos grupos, según denunció el concejal Manuel Sarmiento, a través de la fórmula de la tarifa técnica, ideada desde la primera administración de Enrique Peñalosa, han gozado de enormes prerrogativas como una tasa de rentabilidad mínima del 15%, mejor que la de cualquier negocio en Colombia; una estructura de costos incluida sin ninguna auditoría, a su acomodo, y utilidades netas, que luego de descontar inversiones, gastos financieros, y demás, les han permitido ganar $478.000 millones de pesos en valor presente, el equivalente a 400 buses de última generación, precisamente el número que hoy se reclama para mejorar el sistema.

Dichas ventajas, acotó Sarmiento, se agrandaron con la prórroga del contrato hecho en el gobierno de Petro ya que, pese a los estudios que dada esa opción plantearon como posible una disminución de la tarifa hasta del 29%,  se hizo caso omiso de los mismos y, antes bien, se siguió remunerando los buses como si eso no se hubiera hecho en los diez años anteriores. Los buses rojos de la Fase I y la Fase II de Transmilenio, los han pagado los bogotanos ya varias veces. Y lo peor, dijo el concejal del Polo, “es que el pago de $6.729 por kilómetro que cubre la operación está inflado en  por lo menos $2.000”.

Todo lo anterior, se hace con base en hacinar 8 pasajeros por metro cuadrado en los buses y hasta 19 en las estaciones, con gran inseguridad y delitos sexuales, cuyas principales víctimas son las mujeres; con reducidas frecuencias -que cada vez aumentan más los tiempos de viaje- y con uno de los pasajes más caros de América Latina. La conclusión, según el concejal del Polo, es que la estructura del contrato original y su prórroga han hecho que el servicio de Transmilenio “sea malo y caro”, que no resultó cierto que “podía hacer lo mismo que un metro”. Una opinión desfavorable del 80% acerca del servicio, lo corrobora.

A pesar de que la administración Peñalosa ha planteado que hará lo mismo que la de Petro; es decir, prorrogar los contratos, el concejal Sarmiento propuso: 1) crear una auditoría para fijar los costos reales; 2) renegociar o, en su defecto modificar unilateralmente como lo permite la Ley, los contratos de concesión con las empresas operadoras y 3) cambiar el régimen actual que sólo admite operadores privados.

El lunes 28 de marzo: A debate el modelo Transmilenio ideado por Enrique Peñalosa

El lunes 28 de marzo: A debate el modelo Transmilenio ideado por Enrique Peñalosa

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Domingo, 27 de marzo de 2016


El próximo lunes 28 de marzo de 2016, en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, mediante proposiciones presentadas por el concejal Manuel Sarmiento, en conjunto con la bancada del Polo Democrático Alternativo, y los concejales Juan Carlos Flórez y Emel Rojas, se realizará el esperado debate de control político a Transmilenio.

En este debate, a partir de las indignantes condiciones en la prestación del servicio y de la reciente elevación de los pasajes en más del 4% por encima de la inflación, se develarán los inicuos beneficios de los que durante más de 15 años han disfrutado cerca de  una decena de grupos empresariales – familiares, incluida la compañía multinacional europea Veolia, por las gabelas introducidas en los contratos originales, gestados en la primera administración de Enrique Peñalosa, y en la prórroga de los mismos, adelantada en la administración de Gustavo Petro.

Dentro de las exorbitantes ventajas conferidas -que se denunciarán- están:

  • Concederles, con la garantía de una rentabilidad anual neta del 15%, el uso exclusivo de troncales a toda costa y pérdida de la Hacienda Distrital, que solo recibe $5 de cada $100 que ingresan al sistema. Por tales razones, en los últimos 4 años se les ha transferido además cerca de $750 mil millones, en un grave desequilibrio financiero del contrato en contra del patrimonio público.
  • Facilitarles el hacinamiento a los usuarios en extremos inusitados, en los peores niveles a escala global, de 8 personas por metro cuadrado en los buses, y hasta de 19 por metro cuadrado en las estaciones.
  • Remunerarles, de modo que raya con la usura y mediante la fórmula de la tarifa técnica, la inversión en los buses articulados y biarticulados. Sumados los contratos originales y la prórroga, los pasajeros han pagado, a través de complejos “artificios” matemáticos, más de dos veces los equipos a los operadores privados.

Al debate están citados Alexandra Rojas, Gerente de Transmilenio y Juan Pablo Bocarejo, Secretario de Movilidad, para responder cómo, la presente Administración de Enrique Peñalosa, va a corregir todas estas aberraciones en contra del Distrito y de los millones de usuarios que al día padecen del modelo Transmilenio.

El debate podrá verse en directo a partir de las 2:00 PM a través de la página web del Concejo, www.concejodebogota.gov.co.

Haga click en la imagen para ver la explicación gráfica del modelo Transmilenio, o siga este enlace: https://manuelsarmiento.com/tmdebate-2-2/

Modelo Transmilenio

Declaración del concejal Manuel Sarmiento acerca de los despidos en la Empresa de Acueducto de Bogotá

Declaración del concejal Manuel Sarmiento acerca de los despidos en la Empresa de Acueducto de Bogotá

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Miércoles, 23 de marzo de 2016


 

El 18 de marzo fueron despedidos, mediante cartas firmadas por la gerente Eva María Uribe, ocho funcionarios que tenían contrato a término indefinido y con antigüedad promedio de 15 años, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Estos despidos se suman a otros cinco que fueron suspendidos en los primeros meses del año y están dentro de los más de cien que se han anunciado.

Es bien sabida la posición del Alcalde Enrique Peñalosa sobre las empresas públicas de Bogotá, quien en un acto de fanatismo privatizador, en la instalación del Concejo de Bogotá, afirmó que “las empresas de acueducto en Francia todas son privadas”, desconociendo que en los 15 últimos años, al contrario, se registran 94 casos de desprivatización, de reversión a empresa pública, de los servicios de acueducto y saneamiento básico que se habían  hecho en ese país (bit.ly/1R5GkXL). En el mismo sentido reclamó que el Acueducto debería dar billones de pesos de ganancia.

A los 13 despidos sin justa causa del Acueducto de Bogotá, se suman cerca de 40 trabajadores echados en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, según lo ha denunciado SintraTeléfonos, todo lo cual prueba que la desestabilización del ambiente laboral es el primer paso en su estrategia de desguazar el patrimonio público histórico de Bogotá. Es el inicio de una ofensiva anunciada.

Como Concejal del Polo Democrático Alternativo, me opongo y rechazo las acciones de Enrique Peñalosa y de su administración para gestar una masacre laboral en la EAB y demás entidades del Distrito, expreso mi solidaridad con los trabajadores y el sindicato de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado –Sintraemsdes Bogotá e invoco a la ciudadanía a expresarse en ese mismo sentido.  De continuar estos arbitrarios procedimientos, en la misma línea como ha perseguido a vendedores ambulantes, a usuarios del transporte, a taxistas y descalificado a los ambientalistas, se irá consolidando un amplio movimiento de resistencia civil y ciudadana para confrontarlos.

Sobran justas razones para participar en el Paro Nacional en Bogotá

Sobran justas razones para participar en el Paro Nacional en Bogotá

Manuel Sarmiento

Concejal de Bogotá- Polo Democrático Alternativo.

@mjsarmientoa

 

El jueves 17 de marzo se realizará el Paro Nacional convocado por las Centrales Obreras y diversas organizaciones sociales y políticas. En todo el país, los colombianos protestarán contra las políticas neoliberales de Santos, que prorrogan la condición colonial de  Colombia al servicio del gran capital y de las multinacionales, y que la tienen sumida en una  crisis profunda con sus secuelas de atraso, de estrechez para las mayorías y una de las máximas desigualdades del mundo. En lo que respecta a Bogotá, la jornada también servirá para rechazar y denunciar las muy lesivas medidas implementadas y anunciadas por el gobierno de Enrique Peñalosa, en línea con las del santismo.

A los bogotanos les sobran razones para participar en el Paro Nacional. La carestía va en aumento debido a que los costos de los principales bienes y servicios crecen escandalosamente. En los dos primeros meses de 2016 la inflación en Bogotá fue del 2,76%, la segunda más alta entre las ciudades colombianas. Este encarecimiento es resultado de la devaluación que influye en los alimentos importados que consumimos los bogotanos, pero también de las decisiones de Santos y Peñalosa para descargar la crisis en las capas medias nacionales, incluido el empresariado, y en los hogares de menores ingresos.

Por ejemplo, en Transmilenio, el Alcalde prefirió aumentar los pasajes en un 11% y en el SITP el 13% en lugar de renegociar o modificar los leoninos contratos con los operadores privados, contratos que son los principales causantes de la crisis financiera del sistema. Con la misma lógica, Santos, a la sazón del corto circuito energético, decretó un alza de las tarifas, a pesar de que los usuarios hemos pagado 18 billones de pesos para evitar este tipo de incrementos. Desde la adopción de esta medida en diciembre, la tarifa en Bogotá ha aumentado en 5,64%, casi 3% más que la inflación. A esto se suma la decisión del gobierno nacional de reducir el consumo básico de agua a los hogares bogotanos de estratos 1, 2 y 3 y que podría significarles alzas de hasta del 90% en los próximos dos años.

La situación tiende a empeorar debido a que la política de libre comercio, que tanto profesa Santos, está acabando con la producción nacional y el empleo formal. Entre noviembre de 2015 y enero de este año, la tasa de desempleo de Bogotá se ubicó en 10,4%, superior a lo registrado un año antes, cuando fue del 8,7%. En el último año la ciudad ha perdido 70 mil empleos por la crisis de la industria manufacturera, cuya producción ha caído continuamente en los últimos cuatro años. Muchos de estos trabajadores son lanzados a la informalidad, y calificados y perseguidos por Peñalosa, como criminales.

En el sector público, la inmensa mayoría de funcionarios están contratados mediante “contratos basura”; como en ETB, donde por cada trabajador directo hay cuatro tercerizados, y en los hospitales públicos, donde el 77% de los operarios está vinculado ilegalmente mediante órdenes de prestación de servicios. En empresas privadas como Claro, de propiedad de Carlos Slim, la tercerización también es la regla general, violando los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga.

Las privatizaciones del dúo Santos-Peñalosa son otra razón para participar en el paro. Después de feriar a Isagén, el Presidente tiene en la mira a Ecopetrol y a sus filiales, mientras que Peñalosa insiste en denigrar a la ETB para entregarla a la barata a alguna multinacional. A esto se suman el proyecto del Alcalde que fusiona los hospitales para obstaculizar todavía más el acceso ciudadano a los servicios de salud, su propuesta de un metro mediocre y su despropósito de urbanizar la Reserva Thomas van der Hammen, entre otras cosas. Además Transmilenio, el consentido de la Administración, sigue siendo una costosa tortura para los 2,5 millones de pasajeros forzados a utilizarlo.

La protesta es una herramienta democrática para la reivindicación de los derechos ciudadanos y la Constitución la protege como derecho fundamental. Cuando los gobernantes actúan en contra del interés general, como lo están haciendo Santos y Peñalosa, es justo manifestar la inconformidad. Por eso, el jueves 17 de marzo los militantes del Polo Democrático acompañaremos el Paro Nacional, sobran las razones.

Dentro y fuera del recinto, Manuel Sarmiento defiende la salud de la ciudadanía bogotana. Balance semanal

Dentro y fuera del recinto, Manuel Sarmiento defiende la salud de la ciudadanía bogotana. Balance semanal

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Domingo, 13 de marzo de 2016


 

La actividad principal del concejal Manuel Sarmiento, entre el 7 y el 13 de marzo,  giró en torno a la oposición al proyecto presentado por el alcalde Enrique Peñalosa, que reorganiza el sistema público de salud en Bogotá, agrupando en 4 grandes empresas a los 22 hospitales públicos del Distrito. Aunque desde hace dos años, en la administración pasada, se venía montando este modelo, ahora se va a convertir en la nueva forma de institución del sector.

Manuel Sarmiento, a través de distintos pronunciamientos en boletines, videos e intervenciones en el recinto, ha explicado que esta iniciativa se inspira en criterios de negocio como rentabilidad y eficiencia que le dificultará a la ciudadanía tener acceso cercano y pronto a los servicios de atención, al creársele barreras geográficas; que los trabajadores de la salud siguen en condiciones de contratación ilegal y que se adecúa más a la operación de las EPS que a los derechos y las necesidades de los pacientes. (https://manuelsarmiento.com/el-proyecto-de-salud-de-penalosa-pretende-un-efecto-placebo/)

Además, el concejal Sarmiento ha denunciado en las sesiones de la Comisión de Gobierno los procedimientos arbitrarios e irregulares con los que se ha adelantado el debate respectivo por parte de las directivas del Cabildo y del Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales. Desde flagrantes violaciones del reglamento hasta la absurda presentación -48 horas antes de la discusión de la ponencia- de 1400 folios que soportan la propuesta (http://bit.ly/1QWn9LM). Tanta improcedencia obligó en dos ocasiones a las bancadas del Polo y del Movimiento MIRA a retirarse del recinto. (http://bit.ly/1YOqyl3)

También fuera del recinto, el concejal Sarmiento ha enarbolado la defensa del derecho a la salud de la ciudadanía bogotana. En conjunto con la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, el Colegio Médico de Bogotá – Cundinamarca, sindicatos como Sindess, Sindistritales y Anthoc, los COPACOS, los comités “No más EPS” de distintas localidades, la ANIR, entre otros, ha promovido la movilización y la resistencia civil contra este abuso que el alcalde Peñalosa quiere cometer en consonancia con la Ley 100 y con las políticas del gobierno de Santos.

Para ver el video del concejal Manuel Sarmiento explicando detalladamente este proyecto de acuerdo, ingrese a través de este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Rs67ZrVU6_w