Con pupitrazo ilegal y exprés, Peñalosa pretende privatizar ETB: concejal Manuel Sarmiento

Con pupitrazo ilegal y exprés, Peñalosa pretende privatizar ETB: concejal Manuel Sarmiento

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Lunes, 2 de mayo de 2016


“El alcalde Peñalosa pretende privatizar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá mediante un pupitrazo ilegal y exprés”, denunció el concejal  Manuel Sarmiento, al calificar como una grave violación de los principios democráticos la inclusión de la venta de ETB en el Plan de Desarrollo.

“El Plan de Desarrollo tiene 600 páginas y toca todos los temas de la ciudad, es un acuerdo de programas generales y de su eventual ejecución y, por tanto, es tramposo que en poco tiempo y enredado en un proyecto tan amplio se ponga al Concejo a discutir sin seriedad ni profundidad una propuesta de tanta trascendencia como la privatización de una de las empresas más importantes del Distrito”, afirmó el concejal del Polo.

Sarmiento advirtió que el artículo incluido en el Plan sobre la enajenación de ETB es ilegal porque, según la Ley 152 de 1994, el gobierno distrital no puede incluir facultades que autoricen al Alcalde a enajenar el patrimonio público. Y explicó que además Peñalosa ha actuado de manera tramposa, porque en el anteproyecto del Plan, el que se le entregó al Concejo Territorial de Planeación y que se puso a disposición de la ciudadanía para la discusión, no se incluyó esta propuesta de privatizar la ETB. Ahí se evidenció otra clara violación del derecho a la participación, al evadirse el debate público sobre la venta de uno de los patrimonios públicos más importantes de la ciudad.

Así como el Polo rechazó en 2011 los intentos de Samuel Moreno de acomodar un ‘socio estratégico’ en ETB y luego el proyecto de venta que Juan Manuel Santos presentó a través de la alcaldesa ad hoc, Cristina Plazas, hoy se pondrá a la cabeza de la resistencia contra las ambiciones privatizadoras de Peñalosa, recordó Sarmiento.

La inconveniencia de esa propuesta está, entre otras, en la pérdida de una fuente permanente de ingresos para el Distrito y existe el riesgo de  consolidar  un oligopolio privado de las telecomunicaciones, Bogotá es el mercado más dinámico y grande del país, ETB juega un papel de regulador en bienestar del consumidor. Varios estudios muestran que la posición dominante de las multinacionales en el sector de las telecomunicaciones le cuesta 8 billones de pesos a los colombianos por año. Sarmiento, finalmente, invitó a los ciudadanos a unirse en el más amplio frente ciudadano, político y social contra la privatización de la ETB y evitar un nuevo detrimento al patrimonio público de la Capital.

Decisiones administrativas de Jorge Castellanos interfieren desempeño de  la ETB y generan suspicacias: Manuel Sarmiento

Decisiones administrativas de Jorge Castellanos interfieren desempeño de la ETB y generan suspicacias: Manuel Sarmiento

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Martes, 19 de abril de 2016


Acogiendo una denuncia de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la ETB –Sintrateléfonos-, en la cual se acusa al Gerente de ordenar a los trabajadores directos entregar toda la herramienta que se usa en la instalación, conexión y mantenimiento de la red del nuevo servicio de fibra óptica, el concejal Manuel Sarmiento deploró que se dé prioridad para funciones misionales estratégicas al sistema de contratistas de trabajadores ‘tercerizados’. Explicó que “esta es una forma de continuar con las malas prácticas gerenciales que le han hecho tanto daño a la empresa y a sus finanzas” y que “supuestamente Castellanos está llamado a corregir”. “Es inexplicable que al recurso humano más calificado se le impida seguir participando en la instalación de los nuevos servicios de fibra óptica y se le limite a trabajar solamente en el mantenimiento de la red de cobre”, argumentó el concejal del Polo.

Con datos provenientes de un informe de la Contraloría Distrital fundamentó su queja: “En el tercer trimestre de 2014 el contratista Consorcio BFTEL incumplió más del 57% de la conexión a hogares de ETB. Así mismo, de 43.714 agendamientos, en todo el año 2014, instalaron apenas 18.450”, con la “pérdida de  cerca de 25.000 clientes”. Otras empresas contratistas, según la Contraloría, como Contact Center, le hicieron acarrear una multa de la SIC a la ETB por más de $2.100 millones debido a la inobservancia en la atención de quejas y reclamos. “Sería una negligencia injustificable que el doctor Castellanos, siendo el presidente de la ETB, desconociera este informe”, expresó Sarmiento.

Contrastó el balance de dichas firmas contratistas con la evaluación de  la tarea estratégica entregada a los trabajadores directos en los últimos años quienes lograron extender la infraestructura para la red de fibra óptica, con una cobertura del 50% de los predios de Bogotá, y un total de 1’207.205 hogares potenciales con red disponible. “De esas decisiones de Castellanos pueden surgir muchas suspicacias si se suman al descrédito sistemático que de la ETB viene haciendo la administración de Peñalosa aún antes de su posesión”, dijo enfáticamente el cabildante del Polo. Acotó que “fuera de ineficiencias y multas es conocido que esas contrataciones han generado sobrecostos y las condiciones laborales de sus trabajadores son indignas, con bajos salarios, inestabilidad laboral y la violación del derecho a asociación”.

A estas cuestionables decisiones administrativas del presidente de la Empresa, Jorge Castellanos, se suma la nueva alerta conocida esta semana, que advirtió el confinamiento de nuevos equipos de terreno: las herramientas de empalme y medición previamente retiradas a los trabajadores directos. Al respecto, el concejal Sarmiento calificó como “inaceptable haber realizado esta importante inversión para que equipos de alto costo estén deteriorándose” y añadió que “la grave denuncia de Sintrateléfonos es otro indicio que corrobora la intención de Peñalosa de marchitar un patrimonio estratégico para los bogotanos.”

Balance semanal. Con el debate sobre el inicuo modelo Transmilenio, concejal Manuel Sarmiento continuó con la tarea de defender los intereses de la ciudadanía bogotana.

Balance semanal. Con el debate sobre el inicuo modelo Transmilenio, concejal Manuel Sarmiento continuó con la tarea de defender los intereses de la ciudadanía bogotana.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Domingo, 3 de abril de 2016


 

Con un contundente debate sobre el inicuo modelo Transmilenio, el pasado lunes 28 de marzo, el concejal Manuel Sarmiento reafirmó que constituye uno de los mayores atentados contra el interés general en la historia de Bogotá. Enfatizó en las descomunales ventajas otorgadas, desde la primera administración Peñalosa y prorrogadas en las subsiguientes, a una decena de grupos empresariales – familiares que operan el sistema. Enunció las altísimas rentabilidades, la rápida recuperación de la inversión de los buses, que los usuarios han pagado dos veces en 15 años, y la estructura de costos, inflada y sin ninguna auditoría oficial.

A contramano, denunció las indignantes condiciones de hacinamiento e inseguridad, los largos tiempos de viaje que padecen 2,5 millones de usuarios al día y el pago de una de las tarifas más elevadas de América Latina. Resaltó que el Distrito, que incurre en cuantiosos gastos, apenas recibe 5 de cada 100 pesos del pasaje y, por tanto, propuso renegociar o modificar unilateralmente los leoninos contratos, instituir una auditoría para la cuantificación real de los costos y permitir el ingreso de un operador público como regulador.

El día miércoles, en el debate sobre la problemática de seguridad, el concejal Sarmiento destacó el defectuoso funcionamiento del alumbrado público en la Capital, en el cual el 77% de las luminarias tiene vencida su vida útil y pese a que, entre 2005 y 2014, el Distrito le ha pagado a Codensa $1,2 billones por la infraestructura, no se ha efectuado el correspondiente reemplazo, teniendo apenas 11 mil luminarias con la tecnología LED. Además rechazó el creciente deterioro tanto de las condiciones laborales de los policías como del respeto a sus derechos.

Ante la directora del IDU, frente a los cobros de valorización, impugnó el método como se está efectuando esta contribución. Se rebasa la capacidad de pago de los bogotanos, se golpea con mayor dureza a las capas medias y hogares de menores ingresos y, citando un autorizado estudio de Óscar Borrero, coincidió en que la forma como se liquida es “a machete”. Invocó al uso de la contribución por plusvalía como fuente alterna, más directa y progresiva. Pidió aplicar estos mismos criterios para el impuesto predial, dado que los actualmente aplicados aumentan la desigualdad, anunciando que en distintas localidades de la ciudad ya se han iniciado protestas por la facturación que se está entregando. Igualmente, recibió la aprobación en la Comisión de Hacienda, para llevar a cabo un debate de control sobre la situación de Corabastos y la política de la administración Peñalosa al respecto.

Así mismo, en esta semana, participó en la conmemoración que el Polo Democrático Alternativo efectuó con motivo del primer aniversario de la muerte de Carlos Gaviria Díaz; acompañó a distintos grupos sociales en las localidades de Antonio Nariño y Engativá; y se dirigió a varias decenas de dirigentes de trabajadores en un curso de la escuela sindical José María Carbonell.

Declaración del concejal Manuel Sarmiento acerca de los despidos en la Empresa de Acueducto de Bogotá

Declaración del concejal Manuel Sarmiento acerca de los despidos en la Empresa de Acueducto de Bogotá

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Miércoles, 23 de marzo de 2016


 

El 18 de marzo fueron despedidos, mediante cartas firmadas por la gerente Eva María Uribe, ocho funcionarios que tenían contrato a término indefinido y con antigüedad promedio de 15 años, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Estos despidos se suman a otros cinco que fueron suspendidos en los primeros meses del año y están dentro de los más de cien que se han anunciado.

Es bien sabida la posición del Alcalde Enrique Peñalosa sobre las empresas públicas de Bogotá, quien en un acto de fanatismo privatizador, en la instalación del Concejo de Bogotá, afirmó que “las empresas de acueducto en Francia todas son privadas”, desconociendo que en los 15 últimos años, al contrario, se registran 94 casos de desprivatización, de reversión a empresa pública, de los servicios de acueducto y saneamiento básico que se habían  hecho en ese país (bit.ly/1R5GkXL). En el mismo sentido reclamó que el Acueducto debería dar billones de pesos de ganancia.

A los 13 despidos sin justa causa del Acueducto de Bogotá, se suman cerca de 40 trabajadores echados en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, según lo ha denunciado SintraTeléfonos, todo lo cual prueba que la desestabilización del ambiente laboral es el primer paso en su estrategia de desguazar el patrimonio público histórico de Bogotá. Es el inicio de una ofensiva anunciada.

Como Concejal del Polo Democrático Alternativo, me opongo y rechazo las acciones de Enrique Peñalosa y de su administración para gestar una masacre laboral en la EAB y demás entidades del Distrito, expreso mi solidaridad con los trabajadores y el sindicato de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado –Sintraemsdes Bogotá e invoco a la ciudadanía a expresarse en ese mismo sentido.  De continuar estos arbitrarios procedimientos, en la misma línea como ha perseguido a vendedores ambulantes, a usuarios del transporte, a taxistas y descalificado a los ambientalistas, se irá consolidando un amplio movimiento de resistencia civil y ciudadana para confrontarlos.

Continua la masacre laboral en Codensa y Emgesa

Continua la masacre laboral en Codensa y Emgesa

Colegas, las empresas mencionadas siguen su abuso incluso violando las leyes laborales Colombianas, al parecer nada les importa, pues dirán como siempre, no les pasara nada en lo absoluto y si algo sucede, cuentan con el recurso económico para pagar lo que requieran.

Porque decimos, lo anterior, pues han disfrazado de planes de retiro voluntario, unos despidos masivos con el objeto de no tener que pedir permiso alguno al Ministerio del trabajo, esto como indicamos viola nuestras leyes.

Ahora, nos han despedido un ingeniero, quien además tiene “Fuero Circunstancial”, por pertenecer a un Sindicato, que está en negociación, buscando con ello, causar terror en las demás personas señaladas y a las que les han dicho los jefes, que su puesto de trabajo no existe y es mejor que se acoja al absurdo plan que ser despedido mañana con solo la indemnización de ley e incluso, a las personas que acaban de despedir, llamarlas a decirles que le cambian el despido por el plan que se le había ofrecido, transformando el despido en una salida acordada y borran con ello su delito. También esta acción se configura, como un ataque al derecho Constitucional de libre asociación, pues no solo afecta al empleado, sino debilitan a los sindicatos y les impiden a los mismos, ejercer la defensa de sus afiliados.

Colegas, no se asusten, no entreguen sus puestos de trabajo, adelantaremos las respectivas acciones legales en contra de estas empresas y su ilegal accionar.

Atte.

La Junta Directiva

El sector eléctrico colombiano: “una burla más para el país”

El sector eléctrico colombiano: “una burla más para el país”

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Estamos de nuevo frente a una situación idéntica a la sucedida a finales de los años 90, donde después de más dos décadas de recibir los bancos enormes utilidades con el ya un poco olvidado “UPAC”, tiempos en que la economía de la nación iba mal, pero los bancos reportaban enormes utilidades, obtenidas con el abuso de los colombianos, tras el sueño de tener una vivienda.

Pues bien, hoy estamos frente a una situación igual que esa pero en el sector eléctrico colombiano, porque desde el año de 1994, año en que se inició la privatización del sector eléctrico del país, los colombianos hemos venido pagando tarifas de energía de las más costosas del mundo, porque la CREG establece los precios de la energía,  solo favoreciendo a los prestadores del servicio, generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores, con cargo al bolsillo de TODOS los usuarios. Estos prestadores del servicio, obtienen utilidades netas que rondan el 40% o superior, en un sector en el cual, internacionalmente se reconoce que una utilidad del 10% es de por sí bastante buena.

No es de extrañar que tengamos visitas tan frecuentes  de presidentes o ministros de otros países, España antes o ahora Italia, con inversiones en el sector, para  presionar que no se cambie ninguna regla del juego y se ponga en riesgo su mina de oro, “las joyas de la corona”, como las llaman los extranjeros a este absurdo. Ahora después de  10 años, de estar pagando todos los usuarios dentro de la tarifa un cargo, que hoy día se llama de cargo por confiabilidad, una especie de seguro todo riesgo para tiempos de crisis, y que ha significado a una serie de generadores ingresos de alrededor de US$ 8.500’000.000.oo, el equivalente a construir 6 proyectos Quimbo o 4 Guavios, en muchos casos sin poner a funcionar sus plantas un solo día, bajos o casi nulos gastos de operación y mantenimiento, ahora que el país requiere que generen, no cumplan su compromiso, porque teóricamente no son financieramente rentables en el P y G inmediato y se van a quebrar y nos amenazan  a todos los colombianos con un racionamiento. Hay que hacer el análisis financiero y la revisión y evaluación del negocio desde mínimo el 2006.

Nuevamente como en el Caribe, sale el gobierno a protegerlos, a cambiar las reglas del juego en favor de los empresarios y  de nuevo somos todos los colombianos ricos y pobres, industriales o comerciales, a quienes la energía les subirá.

Por medio del aumento de las tarifas decretada para tres años, no olvidemos que así empezó el 4×100, deberemos dar el dinero para que estos pobres señores no pierdan dinero alguno, usando como excusa, que es mejor que todos paguemos y evitemos un racionamiento, que sería más costoso, que gran parecido con la época mencionada.

Para explicar un poco más el tema, es bueno conocer lo que pagamos dentro de la tarifa, ver el desglose del precio del KWh, que les envía su distribuidor en la factura, costos como es el de la energía, el cual tiene incluido, el llamado “Cargo por Confiabilidad”, del cual hablaremos más adelante, el costo por transmisión, el costo de distribución, el cual incluye el costo de las pérdidas, absurdo que se ha solicitado a la CREG sea revisado, pues es violatorio a la ley 142 de 1994 enj su Art. 87 y 94, el costo de comercialización, el cual presenta casos aberrantes como el caso del alumbrado público de Bogotá, que presenta disparates como  el de que a pesar de ser un solo cliente, la empresa que presta el servicio no tiene que salir a buscar al cliente pero la emisión de la factura de cobro del servicio, una sola al mes, cuesta alrededor de $7.000.000.000,oo al año, increíble.

Incluye la tarifa, además de otras cosas, el costo por restricciones, que hoy en día están en boga, el cual consiste en reconocer que para cubrir la demanda por un evento en el sistema, es necesario ordenar que entren a generar plantas, cuyo costo de operación es mayor comparativamente frente a las demás, pero siempre dentro de una operación óptima, desde el punto de vista económico como se ha llamado. Es posible que estas se generen incluso porque hoy en día sea más rentable para un generador hidráulico apagar una de estas máquinas con cualquier excusa y generar con una térmica del grupo.

Este costo de restricciones es uno de los que ahora usara el gobierno, subiéndolo, para proteger a los generadores térmicos de gas y combustibles líquidos y  reconocerles sus pérdidas patrimoniales por la operación  y de paso darle mayores utilidades a los demás generadores y al resto de actores de la cadena del servicio eléctrico.Entre todos lo arreglaremos, sumiendo más en la pobreza al pueblo colombiano, perjudicando aún más al industrial, al aumentarle sus costos de producción, que tendrá que disminuir los puestos de trabajo o también se quebrara, dañando de esta forma, la economía del país.

También, será usado, el subir el precio de escasez, que deberá ser asumido igualmente por TODOS los usuarios y permitiendo que los generadores térmicos de gas y combustibles líquidos, no se vean obligados a generar, lo sigan haciendo los de generación hidráulica y térmicos a carbón y ellos sigan recibiendo el “Cargo por Confiabilidad”, pero si me veo en la obligación de generar, se me paguen mis costos. Y qué pasará con los generadores térmicos que recibieron el “Cargo por Confiabilidad” y que hoy en día no cumplen con sus Obligaciones de Energía Firme contratadas, como es el caso de las térmicas a gas, nos deberán devolver por lo menos el dinero que recibieron por este concepto? Cuando recibieron la Obligación de Energía Firme para cobrar el Cargo por Capacidad no advirtieron la falta de gas para generar y parece que a la CREG también se le pasó por alto…pero no así para decretar que los usuarios paguemos más de las 2/3 de las pérdidas patrimoniales en contravía de la Ley.

No estamos diciendo, que los generadores térmicos a gas y combustibles líquidos, no estén perdiendo, creemos que están diciendo la verdad en este momento, pero lo que si criticamos como  absurdo, es que después de más de 20 años de pagar el “Cargo por Confiabilidad”, llamado así desde el año 2012, pero que antes se llamaba “Cargo por Capacidad”, desde el año 1996, con unos cambios en la metodología del cálculo y que antes no tenía obligaciones de prestar el servicio, como si lo tiene desde el 2012, pero que al parecer era solo en teoría, no se hayan pronunciado, pues el problema de la escasez del gas no es de hoy, se viene presentando desde hace varios años, y creemos que tenían contratos de suministro de gas, requisito para poder cobrar el cargo del que hablamos, pero ante la oportunidad de obtener más ganancias y en vista de que no les tocaba generar, lo vendieron en el mercado secundario a muy buen precio. El pago del cargo no los obligaba a generar y como tal se lo ganaban las plantas que mediante una subasta, ofrecieron los menores precios en el evento en que fuera necesario que operaran, luego su participación y su precio, fueron voluntarios, porque ahora que se les requiere, ya no responden cómo deberían? Dónde quedaron las evaluaciones financieras y todos los estudios económicos  que se deben hacer para presentar una oferta de esta naturaleza?

La CREG, tenía pleno conocimiento,  que mediante este cargo, se estaban premiando activos ineficientes y muy costosos, incluso se les llama “activos tóxicos”, por su efecto dañino en el mercado de la energía, ¿por qué no tomaron medidas para incorporar plantas térmicas más eficientes, por ejemplo a carbón? y, muy por el contrario, el mensaje a la comunidad fue el de que el sector era fuerte, no existía ni el menor riesgo de racionamiento, como lo hicieron alrededor de tres meses atrás, cuando el señor Ministro de Energía y el Director de la CREG, ante la Comisión Quinta del Senado, cuando el Senador Jorge E. Robledo, cuestiono al Ministro por las tarifas del sector y la realidad del mismo. ¿A propósito dónde ha estado la SSPD todo este tiempo? Todavía existe?

Que podemos esperar los colombianos, en especial los de a pie, que las tarifas sigan subiendo a ritmos muy por el encima de nuestros salarios y del crecimiento del país. Una vez suban, reiteramos que estas  no retornaran nunca como ha sucedido con todo, no es más que ver el precio de la gasolina, el famoso 4XMil, etc.

Que debemos hacer, igual que con todas las cosas que logra el pueblo colombiano, nada nos será dado por las buenas o con rezos o con argumentos, lo que tenemos es que  irnos por la vía de los hechos e impedir, mediante una gran movilización cívica de protesta, esta nueva burla y robo al pueblo colombiano, no permitiendo, que las tarifas de la energía suban y que la regulación siga favoreciendo a unos pocos, debemos lograr que se negocie con el Gobierno, con representación de los usuarios, “LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL PAÍS”, esta política, debe promover el desarrollo del país y producir bienestar a todos los ciudadanos y no al servicio de las multinacionales y de pequeños grupos de privilegiados.

Los invitamos a realizar apagones de protesta no solo para ahorrar en esta crisis sino para impactar los ingresos de todos  los  usureros o de los gota a gota de la cadena del negocio eléctrico.

Exijamos como usuarios que no solo se revisen las tarifas para subirlas con lo expuesto hasta ahora y que con diligencia el gobierno reglamentó, por lo menos esperamos que para paliar los efectos de su improvisación de la planeación se reduzca el WACC reconocido en las tarifas, dos veces el del mercado mundial, que no se valoren las unidades constructivas con precios de valor de reposición a nuevo sino con precios reales del mercado, que no se incluyan primas de cartera y pérdidas en el CU, que se desmonte el reconocimiento de los planes de inversión para recuperar $USD 6 -8 millones de por cada punto de pérdidas que se recuperen, que solo sean reconocidas en la tarifa las pérdidas técnicas eficientes y no los de una mala gestión, que se excluyan de los activos aquellos cuya vida útil se ha cumplido y siguen en operación con valoración como si fueran nuevos, etc. Por lo menos con acciones como éstas en favor de la justicia con los usuarios se suavizan las consecuencias de tan absurda medida.

Con estas revisiones de urgencia y absolutamente razonables en un mercado normal, no solo administraremos el alza de las tarifas para apoyar a los gota a gota de la generación sino que lograremos reducir las tarifas a valores competitivos mundialmente. Otra razón para decir no a la venta de Isagen, pues ya sabemos cómo actúan los privados en contra de los intereses de los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Finalmente recomendamos acabar con el cargo por capacidad y acometer proyectos de envergadura y tecnologías limpias y eficientes dado que como lo vemos lo pagado por nada hoy a los generadores de usura hubiera servido para desarrollar unos 4 proyectos Guavio y tendríamos energía para exportar, muchísimo más barata.

Los invitamos a acompañarnos el día 11  de Noviembre  de 2015, para promover que cese la horrible noche y en un cabildo abierto en la ciudad de Bogotá, escuchemos todas las propuestas y sentemos las bases de la protesta para negociar la política energética con presencia de quienes pagamos todo, LOS USUARIOS.

Atte.

La Junta Directiva

El modelo Transmilenio en el alumbrado público

El modelo Transmilenio en el alumbrado público

Manuel Sarmiento / @mjsarmientoa

Bogotá, 8 de Septiembre de 2015

En Bogotá se ha impuesto un modelo de ciudad en el que un pequeño grupo de cacaos nacionales y extranjeros se enriquecen sobre la base de violar los derechos ciudadanos y de empobrecer a las capas medias y pobres. Se trata de lo que podría denominarse el modelo Transmilenio, que rige también en el caso del alumbrado público.

Codensa, empresa controlada por la multinacional Enel, ha hecho del alumbrado público un lucrativo negocio. En 1997 el Distrito suscribió un convenio con la Empresa de Energía de Bogotá para la operación de este servicio, contrato que asumió Codensa luego de la privatización de la EEB, proceso en el que la compañía también se apropió de la infraestructura del alumbrado.

Cada año el Distrito le gira cerca de 135 mil millones de pesos a Codensa para que le preste a la ciudad un servicio de calidad. Pero estos recursos, que salen de los impuestos que pagan los ciudadanos, no se están invirtiendo de manera adecuada, lo que lesiona el derecho a disfrutar de un buen alumbrado público y empeora las condiciones de seguridad.

La Contraloría encontró que el 28% de las 332.000 luminarias que hay en la ciudad ya cumplieron su vida útil y no fueron reemplazadas por Codensa, lo que deteriora la calidad del servicio y lesiona el derecho a la seguridad de los ciudadanos. Está demostrado que la iluminación es un factor determinante para evitar delitos como los atracos. Con bombillas viejas, como las 94.000 que no fueron reemplazadas por Codensa, las condiciones de inseguridad aumentan.

Como si esto fuera poco, la Contraloría también cuestionó la decisión de la UAESP de perdonarle a Codensa la mitad de una deuda por $32.000 millones, generando un detrimento por $16.000 millones de pesos. En el año 2002 se demostró que el Distrito incurrió en un sobrecosto en el alumbrado público debido a que pagó por 6.600 luminarias que no fueron instaladas. Por esta razón, en el año 2011 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio dos meses a la UAESP y a Codensa para ponerse de acuerdo sobre el saldo a favor del Distrito y, en caso de no llegar a un acuerdo, la UAESP debía liquidar de manera unilateral la deuda.

La UAESP no acató el fallo. Después de dos meses de la expedición de la sentencia la entidad no liquidó unilateralmente la deuda, pero el 26 de junio de 2014, tres años después, suscribió con Codensa un acuerdo en el que el Distrito inexplicablemente renunció a la mitad de la deuda, calculada en casi $32.000 millones, con lo que le regaló a la multinacional cerca de $16.000 millones.

Lo más grave es que el convenio que le permite a Codensa enriquecerse con el alumbrado público está lleno de irregularidades y el gobierno distrital no ha hecho nada al respecto. Una consultoría contratada por la Alcaldía Mayor recomendó demandar el contrato por vicios tan protuberantes como tener una duración indefinida, lo que le permite a Codensa explotar el alumbrado público de Bogotá hasta la eternidad. Sin embargo, el Alcalde no le hizo caso al estudio y no demandó el convenio, favoreciendo los negocios de la multinacional italiana y de José Antonio Vargas Lleras, presidente de la compañía y hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras.

Codensa se ha enriquecido con los impuestos de los bogotanos y a cambio presta un servicio de muy mala calidad. El gobierno distrital ha sido benevolente y alcahueta con esta multinacional. Es el modelo Transmilenio, en el que el alumbrado público deja de ser un derecho para convertirse en el negocio de un monopolio privado, en el que participan personajes como el hermano del Vicepresidente.

Para hacer valer el derecho a un buen servicio de alumbrado público la ciudadanía debe organizarse y movilizarse, y exigirle al gobierno distrital que demande el convenio, revise los pagos que le esta haciendo a Codensa y termine con un negocio que lesiona a los bogotanos.

Unidad en defensa de ETB

Unidad en defensa de ETB

*Foto tomada de Confidencial Colombia

Manuel Sarmiento

27 de agosto del 2015

@mjsarmientoa

El escándalo que desató el Exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad en relación con el convenio para el funcionamiento de la línea 123 refleja uno de los muchos problemas de ETB. El exfuncionario reveló que la Alcaldía Mayor ha presionado la prórroga de un convenio en el que no se sustentan pagos por cerca de $30.000 millones. Y no es cierto que los recursos se queden en la empresa pública, pues ETB subcontrata compañías privadas que se ganan una parte de la tajada.

Pero esta no es la única irregularidad. En noviembre de 2013 ETB vendió su participación en Colombia Móvil (Tigo) por $240 millones de dólares, suma inferior al valor real de las acciones. De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, la banca de inversión BNP Paribas valoró la participación de ETB en $283 millones de dólares, lo que significa que la empresa bogotana perdió $43 millones de dólares en este negocio, más de $80 mil millones.

También son conocidas las denuncias sobre las multimillonarias primas de éxito que los directivos de ETB han recibido por su “gestión”. Sin embargo, los resultados operacionales de la empresa están lejos de ser exitosos. Las utilidades operacionales cayeron de $266.000 millones en 2011 a $104.000 millones en 2014, mientras que en el mismo período los ingresos operacionales disminuyeron en $59.000 millones. Entre 2011 y 2014 la participación de la empresa en el mercado de internet fijo pasó del 17% al 11% y perdió cerca de 300 mil usuarios de telefonía fija.

¿Por qué entonces los titulares de prensa han registrado utilidades “históricas” de ETB? El Presidente de la compañía ha acudido a una serie de astucias para engañar a la opinión. En 2012 incluyó como ingresos la deuda de Claro por $153.000 millones, recursos que aún no han ingresado a la empresa pero que sí sirvieron para inflar las utilidades netas, irregularidad que la Superfinanciera debería investigar. Las utilidades de 2014 tampoco se deben a la buena gestión de Kattan, sino a los ingresos extraordinarios por la venta de la participación en Colombia Móvil, venta que se hizo a menos precio.

El directivo también se ‘autoelogia’ por los resultados del proyecto N-Play, que consiste en prestar los servicios de internet, televisión y telefonía mediante redes de fibra óptica. Sin embargo, no se han cumplido las metas de conexión. A diciembre de 2014 ETB debía tener 153.000 conectados hogares a fibra, pero solo se conectaron 18.000. Este año debería terminar con 308.000 hogares conectados y a marzo solo tenía 31.000. Lo más grave es que la empresa ha invertido $350.000 millones en este proyecto y solo le han ingresado $6.200 millones.

Por último, son inaceptables las políticas de persecución sindical y tercerización laboral con las que se han violado los derechos de los trabajadores. Con la venia del alcalde Petro, la administración de la empresa demandó a los dirigentes de Sintrateléfonos por protestar contra los atropellos laborales y despidió al Fiscal del sindicato después de que denunció las primas de “éxito” de los directivos de la empresa. La tecerización laboral ha aumentado a niveles dramáticos, llegando a la cifra de cuatro tercerizados por cada directo, lo que explica que los trabajadores ganen salarios de hambre y no puedan ejercer su derecho a sindicalizarse.

La gestión de esta administración ha puesto en peligro el patrimonio público de los bogotanos. Multinacionales como AT&T quieren apropiarse de una empresa que los ciudadanos han construido durante más de un siglo, objetivo que gana terreno con los malos resultados de esta administración. Para evitar que esto suceda, debe promoverse la unidad de trabajadores, académicos y de la ciudadanía en general para cambiarle el rumbo a ETB y evitar su privatización. Desde el Concejo se debe elevar el nivel de conciencia, organización y movilización para defender el patrimonio público de Bogotá.