Bogotanos deben seguir ejemplo de la Comunidad Muisca de Bosa, hacer valer sus derechos: concejal Manuel Sarmiento

Bogotanos deben seguir ejemplo de la Comunidad Muisca de Bosa, hacer valer sus derechos: concejal Manuel Sarmiento

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Lunes, 8 de agosto de 2016


El Consejo de Estado ordenó “suspender en forma inmediata y transitoria cualquier actividad que se desarrolle en los predios que componen el Plan Parcial ‘Campo Verde’”, luego de que verificara la posible violación del derecho fundamental a la consulta previa de la Comunidad Muisca de Bosa.

De acuerdo con la sentencia, la administración de Enrique Peñalosa y las Constructoras Bolívar, Marval y CONGOTE, deben abstenerse de adelantar cualquier propósito en esta zona de la ciudad hasta que el Ministerio del Interior emita un concepto sobre la presencia de comunidades indígenas dentro de Campo Verde, concepto que deberá tener en Isla.

En el mismo fallo el Consejo de Estado suspendió el Plan Parcial El Edén – El Descanso, ubicado al lado de Campo Verde. El Tribunal verificó que la administración violó el derecho fundamental a la consulta previa y le ordenó al gobierno de Enrique Peñalosa y al Ministerio del Interior iniciar el proceso de consulta como lo ordenan los tratados internacionales y la Constitución.

El concejal Manuel Sarmiento, quien ha acompañado y asesorado la lucha del Cabildo Muisca de Bosa, resaltó la decisión judicial y manifestó que tanto en el caso de las comunidades indígenas como en la de los demás ciudadanos de la capital, el alcalde Enrique Peñalosa y el secretario de gobierno, Miguel Uribe, deben cumplir la ley.

Ver aquí el Fallo del Consejo de Estado.

El jueves 11 de agosto el Cabildo Muisca se concentrará en el Parque Santander desde las 10:00 AM en defensa de su territorio ancestral en la localidad de Bosa en Bogotá.

“Peñalosa insiste en negocio inmobiliario sobre la Van der Hammen para favorecer a empresas de la construcción y propiedades de funcionarios de la administración”.

“Peñalosa insiste en negocio inmobiliario sobre la Van der Hammen para favorecer a empresas de la construcción y propiedades de funcionarios de la administración”.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Miércoles, 20 de julio de 2016


En debate sobre política ambiental citado por la bancada del Polo Democrático, el concejal Manuel Sarmiento reiteró sus críticas a la intención de Enrique Peñalosa de urbanizar la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D. C., “Thomas van der Hammen”, para favorecer intereses de grandes constructores e inmobiliarias, así como propiedades de funcionarios del gabinete distrital. Sarmiento denunció, que la de Peñalosa es una idea ya derrotada por numerosos estudios científicos y por los tribunales judiciales, en la que insiste valiéndose de mentiras para encubrir los conflictos de interés que rodean el proyecto de urbanización Ciudad Norte.

Ante las denuncias del cabildante, el único argumento esgrimido por el Secretario de Ambiente, Francisco Cruz, aludió al salvamento de voto presentado por Juan Nieto Escalante, conocido samperista y exsecretario de ambiente de la administración de Samuel Moreno, sin ahondar en argumentos científicos o mencionar las décadas dedicadas por la comunidad científica colombiana a estudiar la sabana de Bogotá.

“El secretario Cruz debería apoyarse más en la ciencia y menos en funcionarios samperistas y de Samuel Moreno para defender la urbanización de la reserva Thomas van der Hammen”, afirmó el concejal del Polo, reiterando que la administración Peñalosa insiste en un gran negocio inmobiliario para favorecer a poderosas empresas de la construcción entre las que se cuentan a algunas financiadoras de su campaña, así como a propiedades de funcionarios como Andrés Ortiz, Secretario de Planeación, en la reserva. Manuel Sarmiento hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer la movilización contra este despropósito, y a las demás bancadas del Concejo, a oponerse a una iniciativa que contradice toda evidencia técnica.

El debate sobre política ambiental continuará en la Comisión de Plan del Concejo de Bogotá con la proposición presentada por el concejal Sarmiento sobre este tema.

Para ver el video (15:38) del concejal Manuel Sarmiento sobre este tema, siga este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=iu2-Ydcn_zo&feature=youtu.be

“Administración Peñalosa debe aclarar a la ciudad si se ha superado del todo amenaza de inundaciones en Campo Verde”: concejal Manuel Sarmiento

“Administración Peñalosa debe aclarar a la ciudad si se ha superado del todo amenaza de inundaciones en Campo Verde”: concejal Manuel Sarmiento

Equipo de Prensa |Concejal Manuel Sarmiento – Polo Democrático Alternativo | Bogotá | 11 de julio de 2016


 

Ante la decisión del alcalde Peñalosa de darle vía libre a la construcción de 6000 viviendas en el plan parcial Campo Verde, el concejal Manuel Sarmiento afirmó que aún no existe claridad de que se haya superado la amenaza de inundación por desbordamiento, que motivó la orden proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a Metrovivienda en 2014 de “abstenerse de edificar el proyecto denominado Ciudadela Campo Verde en la zona clasificada como de amenaza alta de inundación por desbordamiento”.

El cabildante del Polo explicó que el más reciente concepto del Idiger, en el cual se sustenta Enrique Peñalosa, no adiciona argumentos de fondo que den certeza de la superación de las deficiencias identificadas en las obras de adecuación hidráulica del río Tunjuelo, postura que fue respaldada en su momento por un estudio de la sociedad Fiduoccidente S.A., vocera de las constructoras interesadas en Campo Verde. “El argumento de la administración, según el cual el riesgo ha disminuido por las obras de adecuación en el Río Bogotá es insuficiente, pues la sentencia reseñó que estas medidas no solucionaban la amenaza”.

“Aún no existe certeza de que la Empresa de Acueducto haya hecho en los últimos años lo necesario para proteger los derechos colectivos de los ciudadanos”, declaró Sarmiento. Construir las viviendas anunciadas sin atender los criterios técnicos pondría en riesgo a más de 6000 familias, y solo favorecería a grandes constructoras cercanas a la Alcaldía como Amarilo, Marval y Constructora Bolívar, firmas a cargo del plan parcial Campo Verde.

Señalando que esas empresas están entre las propietarias de la editora, “Dónde Adquirir Vivienda”, que donó $200 millones a la más reciente campaña de Peñalosa, el concejal Sarmiento concluyó: “este es otro caso en el que la actual administración de Bogotá, de la mano del gobierno de Santos, con el vicepresidente Germán Vargas Lleras a la cabeza, actúa en beneficio de las grandes constructoras y financiadoras del Alcalde”, y anunció, que citará un debate en el Concejo de Bogotá sobre la política de vivienda de esta Administración y la construcción en zonas de alto riesgo.

 

¿Quién podrá defender a los ciudadanos (propietarios  de apartamentos) de las compañías constructoras y de sus atropellos?

¿Quién podrá defender a los ciudadanos (propietarios  de apartamentos) de las compañías constructoras y de sus atropellos?

Javier Galvan

Ingeniero.

Muchos de los lectores de este artículo seguramente han sobrevivido a las dificultades que se presentaron cuando se mudaron para disfrutar de un apartamento que adquirieron con los recursos económicos fruto de su trabajo y esfuerzo.  Debo aclara que el valor que los compradores pagamos no solo incluye el apartamento, sino también las zonas y bienes comunes. Adicionalmente, los compradores pagamos por un apartamento que esta insertado en un proyecto urbanístico, es decir que pagamos por tener acceso y poder disfrutar las áreas y equipamiento público.

En el caso de los bienes comunes, la Ley 675 de 2001 en el Artículo 24 ordena a las constructoras hacer entrega a satisfacción una vez se complete el 51% de apartamentos enajenados y entregados a los propietarios. Sin embargo, casi ninguna constructora cumple este mandado. Lo ordenado en la Ley 675 es lógico, pues si un comprador paga y recibe un apartamento debería poder disfrutarlo en su totalidad y esto incluye la posibilidad de disfrutar los bienes comunes.  Actualmente, en Bogotá muchos propietarios reciben de las constructoras los apartamentos y se someten a vivir en medio de las obras sufriendo problemas de seguridad y salud. Lo primero causado por la deficiente gestión realizada por los administradores provisionales nombrados y contratados por las constructoras y que tienen como consigna causar el mínimo gasto posible así eso implique colocar en riesgo la seguridad de los habitantes. La mayoría de robos a apartamentos se ejecutan precisamente durante esta transición mientras los edificios son terminados en su totalidad y bajo la gestión de una administración provisional.

Respecto de problemas de salud, quienes han vivido en un edificio en obra conocen la incomodidad y los problemas causados por la proliferación de polvo que emana del cemento y otros materiales de construcción. Adicionalmente, los propietarios son sometidos a altos niveles de ruido que en muchos casos se extienden fuera de horarios razonables.

Más preocupante aun es que las constructoras ordenan la habitación de los edificios sin cumplir las normas mínimas de seguridad.  La Ley 400 de 1997 y el Decreto 926 de 2010 (Código de construcción sismo resistente NRS-10) ordenan que deben estar en servicio los sistemas de detección y extinción de fuego y los sistemas de evacuación de los edificio. Esto es muy importante si se considera que en muchas áreas de Bogotá se están construyendo edificios de 15 pisos.  El Código NSR-10 (Capítulo I) ordena a las constructoras llevar a cabo y registrar el proceso de control de calidad y supervisión técnica de obra. Las compañías constructoras tienen la responsabilidad de llevar a cabo este proceso. Sin embargo, las deficiencias que se presentan son evidencia de que no se hace o que el control efectuado es deficiente.

Se supone que las constructoras deben solicitar a la autoridad distrital el permiso de ocupación. Para obtenerlo, la compañía constructora debe declarar que las condiciones para habitar un edificio están dadas en lo que respecta a seguridad y salud y que además se ha cumplido lo establecido en el diseño aprobado y registrado en la licencia de construcción. Sin embargo, muchas constructoras autorizan la entrega de apartamentos y por lo tanto la ocupación de los edificios sin cumplir este requerimiento. En otros casos obtienen el permiso de ocupación sin cumplir los requisitos pues la autoridad distrital no tiene capacidad ni la autoridad técnica para determinar si se ha cumplido.

Por otra parte, las constructoras no garantizan la calidad del agua potable. Existen casos en los que los sistemas de almacenamiento y bombeo de agua presentan deficiencias que podrían ocasionar su  contaminación. De que nos sirve a los Bogotanos tener en el páramo Chingaza una de las fuentes de agua potable más pura del mundo y en la EAAB los controles para garantizar la calidad del agua, si en el punto final de consumo este líquido precioso puede ser contaminado debido a las deficiencias en tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo que son construidos en el último rincón del ultimo sótano  como si a nadie le importara lo que allí esta.

Para completar esta situación y para evitar la responsabilidad, la  mayoría de las compañías constructoras constituyen sociedades temporales bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) cuya razón de existir es el desarrollo de un proyecto (conjunto residencial). Una vez han entregado el 51% de los apartamentos inician el proceso de disolución y liquidación que usualmente queda efectivo 18 meses después. En muchos casos este tiempo no es suficiente para terminar los trabajos pendientes en bienes comunes. Por lo tanto, cuando los propietarios, administradores y representantes legales de los conjuntos residenciales intentan reclamar ya no existe a quien hacerlo pues la SAS ha sido disuelta y liquidada.

Corresponde a los ciudadanos, a organizaciones como veedurías, sociedades de profesionales (Ej.  Ingenieros y Arquitectos) y por su puesto a las autoridades distritales y organismos de control hacer cumplir la Ley y proteger a los ciudadanos de los  atropellos de las compañías constructoras.