En clara violación de la Constitución y la Ley, Transmilenio le negó al concejal Sarmiento el acceso a los documentos que permiten conocer la situación financiera de los operadores privados del Sistema. El concejal de Dignidad señaló: “no existe fundamento legal para negar la información solicitada, y menos cuando esta se solicita en ejercicio de mi derecho y deber de realizar control político a Transmilenio en defensa de usuarios, usuarias, y del patrimonio público de la ciudad.
En 2021, Bogotá destinó el 7% del presupuesto distrital, ¡2 billones de pesos!, para pagar el déficit del Sistema y la remuneración pactada en los contratos de los operadores privados de Transmilenio y el SITP. Ante el agravamiento de la crisis financiera del sistema y las proyecciones de que el déficit continúe en los mismo niveles, el concejal Manuel Sarmiento volvió a citar un debate de control político sobre el deber de Transmilenio de revisar “los contratos existentes y, en especial, de las fórmulas de remuneración” con el propósito de “mitigar la situación fiscal de la ciudad” (artículo 11 del Acuerdo 816 de 2021).
Transmilenio respondió con una clara violación del derecho de acceso a la información pública, por lo que el concejal Sarmiento radicó un recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que exige la entrega de la información solicitada, proceso que debe ser resuelto en un término de 10 días. “La información financiera de los concesionarios es prioritaria para valorar el proceso de renegociación, Transmilenio no puede cobijarlos con confidencialidad”, afirmó.
“El año pasado denuncié las cuantiosas ganancias de los concesionarios. En plena pandemia se ganaron 130 mil millones de pesos mientras miles de personas pasaban hambre y los pequeños negocios quebraban. La información financiera de los concesionarios es prioritaria para valorar el proceso de renegociación, Transmilenio no puede cobijarlos con confidencialidad”, concluyó Sarmiento.
