ETB NO SE VENDE

Manuel Sarmiento

Concejal Polo Democrático Alternativo

Muy irritados se han mostrado los grandes poderes que respaldan a Peñalosa por el fallo de primera instancia que anuló la venta de ETB. El desespero del peñalosismo llegó al absurdo de descalificar a quienes exigimos que el alcalde cumpla con el deber mínimo de cualquier gobernante: respetar la ley. Incluso se han atrevido a mentir con descaro al afirmar que el juez fue contratista de Petro, cuando en realidad tuvo un contrato con el gobierno de Peñalosa.

En un Estado de Derecho los gobernantes deben respetar y acatar la ley, así tengan amplias mayorías como las del alcalde en el Concejo Distrital. El imperio de la ley se hace efectivo a través del control judicial a las decisiones de la rama ejecutiva, que fue precisamente el que actuó para evitar que el alcalde violara el ordenamiento jurídico para feriar un activo estratégico de la ciudad. El fallo que frenó la privatización de ETB es entonces la expresión de uno de los elementos esenciales de cualquier democracia, así a algunos les moleste.

La sentencia de primera instancia confirmó que el alcalde Peñalosa y sus mayorías en el Concejo violaron el principio de unidad de materia al introducir y aprobar en el Plan de Desarrollo un artículo que autorizaba la venta de ETB, impidiendo que esta propuesta tuviera un debate serio, profundo y democrático. Tamaña ilegalidad no solo fue advertida por la bancada del Polo, pues en contra de esta astucia se pronunciaron hasta los amigos de la administración. Y para rematar, el juez declaró que se violaron el reglamento del Concejo y los derechos de concejales de distintas bancadas con la decisión del presidente de la corporación, avalada por el secretario de gobierno Miguel Uribe, de impedirnos intervenir antes de que el artículo se sometiera a votación.

Coherente con su talante demagógico, Peñalosa ha salido a decir que sin la venta de ETB no podrán construirse los colegios y hospitales que necesita la ciudad. Este es otro de sus embustes, pues los recursos que se obtendrían por la venta de ETB apenas equivalen al 3% del plan cuatrienal de inversiones y, en su mayoría, son para financiar las inicuas concesiones privadas de Transmilenio que tanto le gustan al alcalde  y en las que quiere gastarse 28 billones de pesos. Además, con una buena administración de la empresa, el Distrito obtendría importantes recursos para financiar distintas obras, pero para lograrlo es necesario que el alcalde y el presidente de la compañía cambien sustancialmente su política de marchitar a ETB.

El fallo de primera instancia es una excelente noticia para Bogotá, pues impide que el alcalde Peñalosa ferie un activo estratégico. La empresa es una fuente de ingresos permanente del Distrito, al punto que el gobierno va a usar $350 mil millones de sus reservas para financiar el metro, recursos con los que no se contarían si el actual mandatario  hubiese vendido ETB en su primer gobierno. A esto se suma el enorme potencial de la empresa, que hoy tiene la red de fibra óptica más moderna del país, lo que le permite prestar servicios de alta calidad con tarifas muy competitivas. Tan absurdos son los  argumentos del alcalde para venderla, que expertos en finanzas y banqueros de inversión –quienes no hacen parte del Polo- los calificaron de mediocres y superficiales, señalando que parecen “ser más bien producto de una posición política que de un análisis juicioso de un negocio”.

El fallo que anuló en primera instancia la venta de ETB es un triunfo de la ciudadanía y de la democracia. Tenemos razones de sobra para celebrar, pues esta era otra privatización corrupta y un gran negociado para la misma minoría que se ha enriquecido con el empobrecimiento del país y la enajenación del patrimonio público. El fallo que evita un monumental detrimento patrimonial y obliga al alcalde a respetar el ordenamiento jurídico, es un motivo para defender con mayor esfuerzo el patrimonio público y decirle a Peñalosa que ETB no se vende.

 

 

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