Los reclamos de usuarios residenciales y empresariales por altas tarifas y deterioro en el servicio están aumentando, son justos y merecen la solidaridad de todas las fuerzas políticas y gremiales
Manuel Sarmiento
Las familias bogotanas y en general las colombianas están siendo gravemente afectadas por las alzas en las tarifas de los servicios públicos. El mayor valor de las facturas se debe a la política nacional de tarifas que genera beneficios a los prestadores, muchos de ellos empresas multinacionales, a costa del acceso de los usuarios a estos servicios.
Según las fórmulas definidas por las comisiones de regulación ˗organismos adscritos al gobierno nacional˗, las tarifas se ajustan con el Índice de Precios al Productor (IPP), el cual, en razón a que Colombia es un gran importador de mercancías agropecuarias e industriales, es dependiente del valor que se paga por un dólar. Esto significa que las tarifas de los servicios públicos están atadas al dólar en medio de la creciente devaluación y a pesar de que los insumos necesarios para la prestación de los servicios públicos, como el gas, el agua (para consumo humano y para la electricidad), el diésel y el carbón, no son importados, sino que se producen dentro de Colombia.
En Bogotá, por ejemplo, el cargo fijo del servicio de acueducto y el cargo por metro cúbico consumido entre enero y julio aumentaron más del 6% para todos los estratos. En electricidad el valor de kilovatio hora, entre noviembre de 2021 y julio de 2022, subió en más del 15%. Mientras en noviembre pasado un hogar de estrato 4 con un salario mínimo podía comprar 1.487 kilovatios hora al mes, a julio la capacidad de compra se le redujo a 1.419.
Los injustos incrementos en las tarifas de los servicios públicos tampoco están exentos de procesos especulativos, como el sucedido entre diciembre y enero pasados cuando, según la Superservicios (Boletín de Mercados Mayoristas de Energía y Gas, pp. 43-73), EMGESA (propiedad de Enel y el Grupo de Energía de Bogotá, GEB) fue el principal actor en el abrupto aumento del precio en la bolsa, a pesar de que los informes del IDEAM anunciaban la creciente probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la Niña. Además, las decisiones de la CREG ˗Comisión de Regulación de Energía y Gas˗ les están reconociendo a las empresas las inversiones para reducir las pérdidas no técnicas, es decir, que un riesgo propio del negocio se lo cargan a los usuarios a pesar de que este es un frente de trabajo rentable en sí mismo porque si las empresas reducen estas pérdidas, ganan ingresos.
En medio de la compleja situación socioeconómica, con las familias alimentándose menos, pagando créditos más caros y enfrentando al hoyo negro de las tarifas de los servicios públicos, las quejas y movilizaciones de los usuarios residenciales y empresariales por altas tarifas y deterioro en el servicio están aumentando, justos reclamos que merecen la solidaridad de todas las fuerzas políticas y gremiales. La solución a la situación pasa por generar alivios en Bogotá y en todo el país en contención del aumento de las tarifas y revisión de las fórmulas, para evitar mayor sufrimiento entre la gente y establecer unas tarifas acordes con las realidades nacionales.
Gracias señor concejal Manuel Sarmiento, y a su equipo de trabajo por estar pendientes y estar en defensa de los ciudadanos. Esperamos puedan hacer algo para que nos cobren tarifas justas.