Amenazar a gobiernos locales es una grave violación de los principios básicos de la democracia
Sobre las declaraciones del gobierno nacional, el concejal Manuel Sarmiento expresó:
Aunque el metro elevado-privatizado es altamente inconveniente, es muy grave esta actitud autoritaria y amenazante de Gustavo Petro para hacer lo que él diga. Dejaría un pésimo antecedente con el que cualquier presidente podría extorsionar a los gobiernos locales.
El metro elevado le genera grandes daños a Bogotá. No solo por sus impactos urbanísticos, también porque será un metro privatizado y al servicio de TM. No obstante, cambiar el contrato tiene muchos problemas legales. La ley prohíbe que el objeto de un contrato estatal se modifique de tal manera que cambie por completo la obra que se contrató originalmente. Es precisamente lo que pasaría con la idea de Petro, en lugar de construir un viaducto, se construiría un túnel.
Por esta razón, aunque al consorcio chino le interesaría sumarle varios billones al negocio, en su concepto le dijo a Petro que el contrato no se puede modificar como él lo pretende y que la única alternativa viable es extender la línea hasta la calle 100 en un tramo subterráneo.
Como a Petro no le gustó el concepto, contrató con abogados privados sus propios conceptos jurídicos y los muestra como prueba reina de que sí es posible modificar el contrato. Sin embargo, esos conceptos son absolutamente insuficientes. En la historia reciente de Colombia se han tomado decisiones muy inconvenientes con base en conceptos de abogados privados. Por ejemplo, el contrato de Odebrecht se modificó con un concepto jurídico de Néstor Humberto Martínez.
Por esta razón, en lugar de extorsionar y amenazar para imponer su postura, Petro debe utilizar los instrumentos constitucionales y acordar con la alcaldesa Claudia López solicitarle a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado un concepto, entidad encargada de resolver esta controversia. Este concepto, aunque no es vinculante, garantizaría un mayor nivel de imparcialidad sobre qué se puede hacer con el contrato del metro. Las amenazas a los gobiernos locales son una grave violación de los principios básicos de la democracia.
