Un aumento injustificado de los costos y una operación ineficaz del servicio público de transporte son algunos de los cuestionamientos del concejal Manuel Sarmiento para advertir la inconveniencia del contrato de concesión para la L2MB.
En medio de la discusión en el Concejo de Bogotá sobre un nuevo endeudamiento por $9,4 billones para la Empresa Metro, el cabildante de Dignidad llamó la atención de la administración distrital por los sobrecostos y el martirio que implica para la ciudadanía bogotana continuar la privatización del transporte público. Sarmiento relató que, por cuenta de los contratos de concesión en el modelo Transmilenio, y usando el mismo supuesto engañoso de que los concesionarios asumen todos los riesgos, el dinero de la ciudad se ha destinado a pagar billonarios subsidios y costosos pasajes para financiar las utilidades de los operadores privados.
En este sentido, y aludiendo a la necesidad de un debate público informado, el concejal Sarmiento también criticó al gerente del Metro por no presentar información suficiente sobre las diferencias y ventajas entre un contrato de obra y uno de concesión. Sobre esto advirtió que en la estructuración financiera de la concesión se evidencia que, mientras los costos de la obra están proyectados en 16 billones de pesos, los costos financieros sumarían 18 billones. “Es absurdo que el gobierno de Claudia López siga promoviendo una concesión que le saldrá más cara a la ciudadanía bogotana. Lo que han mostrado las cifras es que en la concesión valen más los costos financieros del proyecto que lo que vale construir la segunda línea del metro”.
A pesar de que los costos financieros en un contrato de obra son inferiores a los de la concesión, como lo reconoció el equipo directivo de la Empresa Metro, la administración prefirió insistir en continuar con la privatización de la segunda línea, lo que representa un perjuicio para la ciudad.
Sarmiento también cuestionó las implicaciones del modelo de remuneración planteado en la concesión pues se desconocen los costos reales del endeudamiento con la banca, así como los costos fijos y variables de la operación. Recordó que en los contratos de concesión se pactan condiciones tan leoninas que impiden conocer los costos reales que se originan por kilómetro recorrido, lo que permite que los operadores privados incrementen sus ganancias a costa de los usuarios y la ciudad. “La dolorosa experiencia de Transmilenio en este aspecto debería bastar para ratificar la inconveniencia de la privatización”, señaló.
Por último, el concejal de Dignidad explicó que al entregar en concesión el transporte público, se le garantiza al concecionario que la remuneración cubra tanto los costos financieros como sus ganancias, costos que terminan transfiriéndose a los bolsillos de los usuarios por dos vías, pagando tarifas caras y destinando parte de los impuestos a los subsidios que debe seguir poniendo el Distrito. “En un metro público, los subsidios no se irían a llenar las cuentas de negociantes privados, sino que se invertirían en ofrecerle a la ciudadanía tarifas accesibles y un servicio de buena calidad.”
