El decreto expedido por Claudia López deja abonado el terreno para que miles de familias sean desplazadas con los proyectos de renovación urbana.
Como un engaño calificó el concejal Manuel Sarmiento el Decreto 563 de 2023, mal llamado de “protección a moradores y actividades productivas”. “La alcaldesa Claudia López, de espaldas a la ciudadanía, expidió la semana pasada la norma que fija los lineamientos que deberán cumplir los proyectos de renovación urbana de distinta escala en Bogotá. Sorpresivamente, el decreto se convierte en un escudo protector para los intereses de los desarrolladores inmobiliarios y en un instrumento de desplazamiento contra comunidades de vecinos y comerciantes afectados en más de 7 mil hectáreas de la ciudad”, señaló el cabildante de Dignidad y Compromiso.
Sarmiento advirtió que la administración mintió de manera descarada a la ciudadanía sobre las compensaciones a las que tiene derecho por los proyectos de renovación que se impusieron a la brava en el POT. La primera versión del decreto planteaba dos alternativas para los propietarios de predios en zonas de renovación: podían recibir un inmueble del mismo tamaño en el nuevo proyecto inmobiliario o uno del mismo valor. Sin embargo, no le otorgaba a los moradores el derecho a escoger la mejor alternativa, por lo que los desarrolladores podían finalmente imponer la que más le conviniera a sus intereses.
Esta propuesta fue ampliamente rechazada por la ciudadanía en los foros que se desarrollaron en el Concejo de Bogotá para analizar y proponer ajustes al documento. Jugando con la ilusión de cientos de familias, el 19 de septiembre pasado, la Secretaría de Hábitat afirmó que “para que las comunidades tuvieran claros los mecanismos de vinculación (…), nosotros compartimos la necesidad de ajustar el decreto en ese sentido, vamos a hacer aún más explícito que es el morador, el que toma la decisión de qué alternativa elegir, vamos a ajustar la redacción en el artículo 17 para que quede absolutamente claro que es el morador y no el desarrollador el toma la decisión”. (Ver video en min 51:50).
Sin embargo, el decreto expedido por Claudia López no solo incumple el compromiso de la Secretaría de Hábitat, también empeora la situación de los propietarios. En primer lugar, desecha el compromiso pactado con las comunidades y no queda explícito que el propietario es quien toma la decisión. Además, el intercambio metro construido por metro nuevo es optativo, favoreciendo los intereses de los desarrolladores y en contravía de la correcta reparación a los moradores afectados.
Por el grave riesgo que implica este Decreto para el patrimonio de miles de familias bogotanas, Sarmiento llamó a las comunidades vecinales a organizarse y defender sus barrios. La transformación urbana de Bogotá no debe recaer sobre los esfuerzos de décadas que han hecho las familias en Bogotá para que el uso del suelo y su usufructo lo gocen principal o exclusivamente los grandes desarrolladores inmobiliarios.
