Los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera, junto a diez concejales más de la ciudad y políticos como el exsenador Jorge Robledo, le enviaron una carta a la alcaldesa Claudia López en la que exigen detener la licitación del Transmilenio por la Séptima
Para la construcción del Transmilenio por la Carrera Séptima el IDU suscribió tres contratos para la elaboración de los diseños de detalle de la obra. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos estudios se ha terminado por demoras en su ejecución.
Por esto, los Concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera exigen a la Alcaldesa Claudia López y al Director del IDU, Diego Sánchez, desistir de la intención de abrir la licitación de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima la próxima semana. Pues según los concejales, al hacerlo se violaría el principio de planeación de la contratación estatal, los mandatos del artículo 8° de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.
Para el tramo 1 (entre la calle 26 y la 32) solo uno de los 13 productos cuenta con todas las aprobaciones. En el tramo 2 (entre la calle 32 y la 93a), la consultoría no ha terminado los diseños de las intersecciones de las calles 85 y 92, por lo que el contrato se prorrogó hasta junio de este año y se le adicionaron $900 millones de pesos. Finalmente, los estudios del tramo 3 (entre las Calles 93A a la 200) no estarán listos antes de octubre, pues el consultor señala que no se cuenta aún con la licencia de construcción del patio calle 200, debido a que la Gerencia de Lagos de Torca no ha remitido los documentos de titularidad que lo permita, retraso que le costará a la ciudad $500 millones de pesos adicionales. A esto se suma, entre otros, que se encuentran pendientes de definición puntos críticos como la conexión del tramo 3 con el tramo 2.
“Es ilegal, inconveniente y arbitrario abrir la licitación de la troncal de Transmilenio por la Séptima sin que se hayan terminado y aprobado los estudios”, afirman los Concejales.
Las normas señalan que las entidades tienen la obligación de publicar la información de los proyectos dentro del marco del cumplimiento al principio de publicidad, reglamentado en la Ley 80 de 1996: “los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración” así como “las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución”. Por lo anterior, Sarmiento y Rivera insisten en que la apertura de una licitación no se puede hacer hasta que no se cuente con la aprobación de todos los estudios que se contrataron para la obra, pues hacerlo bajo estar circunstancias implica violar en materia grave las disposiciones legales con las consecuentes responsabilidades disciplinarias y penales.
Además, los Concejales consideran que se está violando el derecho a la participación ciudadana, debido a que el proceso se viene adelantando con proyecciones inconclusas y parciales que no pueden otorgar información suficiente y veraz a la ciudadanía.
Esta falta de diálogo también se vio reflejada el pasado 21 de febrero, cuando en medio de un plantón pedagógico en la Carrera Séptima, con vecinos del sector, el ESMAD reprimió a los manifestantes, en su mayoría personas de la tercera edad, con una aturdidora. Esto, según los Concejales, es una estigmatización a la protesta ciudadana de quienes reclaman el incumplimiento de las promesas que en campaña hizo la Alcaldesa Claudia López de no hacer Transmilenio por la Carrera Séptima y en su lugar acudir a modos férreos.
